Por Canuto  

Chevron anunció un plan de USD $7.000 millones para desarrollar dos campos adicionales en la Faja del Orinoco, mientras un acuerdo paralelo otorga a Washington control sobre una parte del petróleo venezolano. La expansión prevé elevar la producción de Petroindependencia, donde Chevron tiene una participación del 49%, hasta aproximadamente 420.000 barriles diarios para 2028, pero enfrenta dudas sobre inversión, plazos, gobernanza y viabilidad política.
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  • Chevron planea desarrollar dos nuevos campos en la Faja del Orinoco y aumentar 50% su producción venezolana hasta aproximadamente 420.000 barriles diarios para 2028.
  • Un acuerdo separado contempla una nueva empresa con 35% para la Oficina de Capital Estratégico estadounidense y derecho de compra sobre 20% de la producción.
  • Analistas estiman que la recuperación petrolera podría tardar entre uno y diez años, mientras Exxon asegura que su postura sobre Venezuela no cambió.

Chevron anunció un acuerdo valorado en USD $7.000 millones para desarrollar dos campos petroleros adicionales en la Faja del Orinoco, una de las principales zonas productoras de Venezuela. La empresa mixta Petroindependencia, en la que la petrolera estadounidense mantiene una participación de 49%, prevé elevar su producción hasta aproximadamente 420.000 barriles diarios para 2028, un aumento cercano al 50% según el anuncio corporativo.

La operación representa el primer movimiento empresarial relevante después de que la Asamblea Nacional de Venezuela aprobara un nuevo acuerdo petrolero, aunque ambos procesos tienen estructuras distintas. Mientras Chevron ampliará operaciones cercanas a sus activos existentes, un pacto separado concede a Washington mecanismos de control sobre una quinta parte del petróleo venezolano mediante una compañía diferente, lo que ha convertido la iniciativa en un asunto económico y geopolítico.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, llegó a Venezuela el martes por la noche para presentar las nuevas inversiones, de acuerdo con la información disponible. Chevron es el único gran productor estadounidense que continuó en el país después de la nacionalización impulsada por Hugo Chávez en 2007, una decisión que expulsó a Exxon y ConocoPhillips y dejó a la compañía como el principal vínculo corporativo de Washington con la industria venezolana.

Una expansión con objetivos ambiciosos

El proyecto de Petroindependencia contempla dos emplazamientos ubicados cerca de las operaciones que Chevron ya mantiene en la Faja del Orinoco. La empresa no presentó en la información citada un calendario detallado de construcción ni especificó cómo se distribuirá cada tramo del desembolso de USD $7.000 millones, pero sí vinculó la inversión con un aumento productivo hasta cerca de 420.000 barriles diarios para 2028.

La magnitud de la meta explica por qué el anuncio ha atraído atención internacional: no se trata únicamente de mantener una presencia existente, sino de ampliar significativamente el flujo de crudo desde una región cuya infraestructura y capacidad operativa han sido objeto de dudas. El salto previsto dependerá de la ejecución de los nuevos campos, de la disponibilidad de capital privado y de la capacidad para convertir reservas subterráneas en barriles comercializables.

Chevron permaneció en Venezuela incluso después de que la nacionalización de 2007 sacara del país a Exxon y ConocoPhillips, dos compañías estadounidenses con una larga trayectoria en el sector. Esa continuidad le proporciona conocimiento operativo y una relación previa con Petroindependencia, pero también la coloca en el centro de un acuerdo que ahora combina intereses empresariales, decisiones de política exterior y una disputa sobre quién tendrá la última palabra en los activos.

La llegada de Chris Wright coincidió con la presentación pública de las inversiones y con la aprobación legislativa del acuerdo más amplio. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, describió el pacto en una entrevista publicada en línea como un acuerdo esencialmente establecido con el gobierno estadounidense y, específicamente, con el Departamento de Defensa, que administraría una cuenta especial para tomar posesión de un porcentaje determinado de los activos.

El acuerdo paralelo y la disputa por el control

La Asamblea Nacional venezolana aprobó el acuerdo separado a mano alzada el martes por la noche, aunque algunos legisladores opositores se abstuvieron porque aseguraron que no habían visto los términos completos. El diputado Luis Emilio Rondón resumió la objeción al reclamar que los parlamentarios debían conocer qué decía la letra pequeña, mientras el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, respondió que el petróleo no beneficia a nadie si permanece bajo tierra.

Según la descripción ofrecida por Rubio, la mayoría de los 17 campos involucrados había estado previamente en manos chinas y rusas. La Casa Blanca presentó el arreglo como una reafirmación de la Doctrina Monroe, mientras que esos activos, asociados a derechos de 100 años para la estadounidense Blue Energy Partners, contendrían 65.000 millones de barriles.

El diseño contempla la creación de una empresa nueva en la que la Oficina de Capital Estratégico del Departamento de Defensa de Estados Unidos tendría una participación de 35%. Además, el Departamento de Estado quedaría autorizado para comprar 20% de la producción a costo de producción, los ciudadanos estadounidenses deberían ocupar la mayoría del consejo de administración y Washington tendría poder de veto sobre los nombramientos.

La estructura propuesta no equivale a que Estados Unidos financie directamente la recuperación de los campos, según los funcionarios citados, pero sí busca utilizar el respaldo político y administrativo de Washington para atraer inversión privada. La diferencia será determinante para evaluar el riesgo del proyecto, porque el capital privado deberá asumir los costos de desarrollo mientras las autoridades estadounidenses obtendrían influencia sobre la gobernanza y una parte de la producción.

Cuestionamientos sobre los socios y los plazos

El acuerdo también ha generado escrutinio por la participación de Alejandro Betancourt, propietario de NABEP, entidad vinculada con la estructura descrita para los activos. Betancourt ha enfrentado investigaciones por presunto lavado de dinero en España y Suiza sin que se hayan presentado cargos, y además ha sido acusado de participar en un esquema de corrupción relacionado con la productora estatal PDVSA.

Un funcionario estadounidense no identificado lo calificó de operador probado y reconoció que la geopolítica puede obligar a trabajar con figuras imperfectas. La misma fuente aclaró que no se estaba proponiendo a nadie para la santidad, sino señalando que Betancourt había sido útil para el gobierno estadounidense en el pasado, una defensa que probablemente alimentará el debate sobre transparencia y debida diligencia.

Los analistas mantienen una visión cautelosa sobre la velocidad con la que Venezuela podría recuperar su producción. Las estimaciones citadas van desde uno hasta diez años antes de que los nuevos barriles lleguen al mercado, un rango suficientemente amplio para mostrar que la expansión anunciada no se traducirá automáticamente en una oferta inmediata.

Washington tampoco comprometería dinero propio en la empresa, de acuerdo con los funcionarios mencionados, porque la administración considera que su respaldo será suficiente para atraer el capital necesario. Esa apuesta enfrenta una prueba práctica: las compañías deberán valorar la seguridad jurídica, la estabilidad operativa, el estado de la infraestructura y las condiciones políticas antes de convertir el respaldo oficial en inversiones efectivas.

La presión por los precios y la respuesta empresarial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el lunes que otras grandes petroleras seguirían a Chevron y mencionó a Exxon entre las compañías que entrarían en Venezuela. Sin embargo, la posición pública de Exxon no mostraba cambios el martes, cuando un portavoz declaró que nada había cambiado después de que su director ejecutivo, Darren Woods, calificara al país de no invertible a comienzos de este año.

La divergencia entre el anuncio político y la respuesta corporativa ilustra el desafío que enfrenta la administración estadounidense. Una cosa es presentar a Venezuela como una nueva fuente estratégica de crudo y otra convencer a empresas con accionistas, equipos legales y exigencias de retorno de que los riesgos del país son manejables.

La urgencia de Washington también tiene un componente interno. Trump se reunió el martes con ejecutivos petroleros en la Casa Blanca mientras los precios de la gasolina subían por los nuevos ataques estadounidenses contra objetivos iraníes cercanos al estrecho de Ormuz, y posteriormente publicó un mensaje en el que afirmó que estaba desatando el dominio energético estadounidense.

El combustible más barato figura entre las prioridades de la administración antes de las elecciones legislativas de noviembre, en las que los republicanos podrían perder el control tanto de la Cámara de Representantes como del Senado. En ese contexto, el acuerdo de Chevron funciona simultáneamente como una apuesta de largo plazo para aumentar la oferta petrolera y como una señal política destinada a mostrar que la Casa Blanca busca responder a la presión inmediata sobre los consumidores.

El resultado dependerá de si los compromisos anunciados sobreviven a la complejidad del terreno venezolano y a las tensiones sobre el control de los activos. Por ahora, Chevron ofrece una cifra concreta de inversión y una meta de producción de aproximadamente 420.000 barriles diarios para 2028, mientras Washington ofrece influencia y respaldo, pero el mercado todavía espera pruebas de que ambas promesas pueden convertirse en barriles adicionales.

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Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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