Por Canuto  

El Reino Unido abrió sus primeras convocatorias de un plan de £100 millones para que startups nacionales de inteligencia artificial desarrollen soluciones para el NHS, la defensa, el cómputo y la ciberseguridad, aunque una investigación revela que la adopción interna de estas herramientas todavía es desigual.
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  • Las primeras cuatro convocatorias buscan resolver desafíos de productividad del NHS, defensa, eficiencia del cómputo y seguridad de agentes de IA.
  • El esquema forma parte de Sovereign AI y complementa un fondo de capital de riesgo separado por £500 millones.
  • Aunque todos los departamentos británicos reportan algún uso de IA, solo 30% ha ordenado a su personal emplearla para mejorar la productividad.

El gobierno del Reino Unido abrió las primeras convocatorias de un programa de contratación pública por £100 millones, diseñado para ofrecer a las startups británicas de inteligencia artificial una vía de acceso a contratos estatales. La iniciativa busca convertir necesidades concretas del sector público en oportunidades para empresas nacionales que todavía se encuentran en fases tempranas de desarrollo. El anuncio fue realizado por el canciller John Healey durante una reunión de ministros de Finanzas del G20 en Carolina del Norte, según informó The Register.

El plan plantea que las compañías seleccionadas trabajen directamente con distintos departamentos gubernamentales para crear tecnologías en etapa de demostración, con posibilidades de ampliarse dentro del sector público y, posteriormente, en otros mercados. La apuesta combina objetivos industriales y estratégicos: fortalecer a empresas consideradas importantes para el Reino Unido, ayudarlas a escalar desde el mercado local y aumentar sus probabilidades de competir internacionalmente. Sin embargo, el despliegue ocurre mientras la adopción de IA dentro de Whitehall, el centro administrativo del gobierno británico, mantiene un ritmo desigual.

Un programa para convertir desafíos públicos en contratos

Las primeras cuatro convocatorias se concentran en áreas donde el gobierno identifica necesidades operativas y riesgos de seguridad relevantes. Una de ellas está dirigida a la productividad del Servicio Nacional de Salud, conocido como NHS, y busca sistemas capaces de automatizar flujos de trabajo, coordinar la atención y apoyar la toma de decisiones de los servicios sanitarios. La convocatoria no se limita a financiar investigación abstracta, porque exige que las propuestas se orienten hacia demostradores con una utilidad potencialmente medible.

El Ministerio de Defensa, por su parte, busca tecnologías que permitan conectar de manera segura datos y capacidades de inteligencia artificial avanzada entre distintos sistemas de defensa. El objetivo refleja una preocupación central para cualquier institución militar que adopta modelos de IA: aprovechar herramientas cada vez más capaces sin perder control sobre la información, la infraestructura ni los procesos que las integran. Las soluciones deberán responder a exigencias de seguridad propias de un entorno donde los errores pueden tener consecuencias operativas y estratégicas.

La tercera convocatoria está liderada por el Departamento de Empresa, Innovación, Ciencia y Comercio junto con el Scaling Inference Lab de ARIA, la Agencia de Investigación e Invención Avanzadas. Este desafío busca tecnologías que hagan más eficiente la infraestructura utilizada para inteligencia artificial, especialmente en un contexto donde el costo y la disponibilidad del cómputo condicionan la capacidad de entrenar y ejecutar modelos. El énfasis en la eficiencia apunta a que la expansión de la IA no dependa únicamente de añadir más hardware.

La cuarta línea de trabajo se desarrolla junto con el National Cyber Security Centre, o NCSC, y aborda la seguridad y la resiliencia de los agentes de IA. Estas herramientas pueden ejecutar tareas con un grado creciente de autonomía, por lo que el gobierno quiere apoyar tecnologías para comprender, administrar y mitigar los riesgos asociados con su comportamiento. En conjunto, las convocatorias cubren salud, defensa, infraestructura y ciberseguridad, cuatro sectores donde la adopción tecnológica debe avanzar acompañada de controles institucionales.

Sovereign AI combina compras e inversión

El programa de contratación forma parte de Sovereign AI, una iniciativa más amplia del gobierno británico para fortalecer las capacidades nacionales en inteligencia artificial. Su lógica es que el Estado no actúe únicamente como regulador o comprador ocasional, sino también como un cliente inicial capaz de ayudar a las empresas locales a probar sus productos. Para una startup, obtener un primer contrato público puede facilitar la validación comercial, el acceso a nuevos clientes y la expansión de sus equipos técnicos.

Sovereign AI también opera un fondo de capital de riesgo separado por £500 millones, destinado a invertir directamente en startups británicas de IA consideradas prometedoras. La diferencia entre ambos instrumentos es relevante: el fondo aporta capital a compañías seleccionadas, mientras que el programa de contratación busca pagar por el desarrollo de soluciones vinculadas con problemas definidos por departamentos públicos. El gobierno pretende así cubrir tanto la necesidad de financiamiento como la falta de compradores iniciales que suele frenar a las empresas tecnológicas jóvenes.

El ministro de IA, Kanishka Narayan, sostuvo que el Estado británico gasta cada año miles de millones en productos y soluciones destinados a enfrentar desafíos sociales, desde la salud hasta la defensa nacional. En ese contexto, describió el programa como una oportunidad para que los innovadores locales presenten ideas con capacidad de generar un impacto significativo y desarrollen sus negocios en el Reino Unido antes de competir en el exterior. La declaración atribuye al poder de compra público un papel central en la construcción de una industria nacional.

El diseño también revela una intención geopolítica e industrial: capturar una mayor proporción de los beneficios económicos y tecnológicos asociados con la inteligencia artificial. El gobierno considera que respaldar empresas locales puede evitar que el gasto público termine fortaleciendo exclusivamente a proveedores extranjeros, aunque la noticia no detalla cuántas compañías serán seleccionadas ni el monto individual de cada contrato. Por ahora, el resultado dependerá de la capacidad de los departamentos para definir problemas concretos y evaluar si los demostradores funcionan fuera de entornos controlados.

La adopción interna todavía enfrenta obstáculos

La apertura de contratos coincide con una investigación separada sobre el uso de IA en la administración británica. El estudio, realizado por Mattison Public Relations, concluyó que la tecnología ya está presente en todos los departamentos del gobierno, frente a 81% registrado un año antes. No obstante, la medición no explica qué herramientas fueron contabilizadas como inteligencia artificial, por lo que no permite saber si una consulta ocasional a ChatGPT recibió el mismo peso que un sistema integrado en los procesos institucionales.

La diferencia entre disponibilidad y adopción aparece con mayor claridad cuando se revisan las instrucciones al personal. Solo 30% de los departamentos habría emitido una directiva general para que sus trabajadores utilicen IA con el fin de elevar la productividad o mejorar la calidad de los servicios. Esto sugiere que instalar herramientas o permitir su acceso no garantiza que los empleados las incorporen de forma sistemática, particularmente cuando faltan capacitación, objetivos claros o confianza en la calidad de las respuestas.

La investigación también situó en 63% la proporción de departamentos con una estrategia formal de inteligencia artificial, mientras que otro 13% planea elaborar una. Mattison argumenta que contar con una hoja de ruta resulta esencial para coordinar el uso de estas tecnologías y evitar que cada oficina adopte soluciones de manera aislada. Para los programas de contratación, esa coordinación será importante, porque los demostradores desarrollados por las startups necesitarán encajar en sistemas, reglas y prioridades que no son idénticos en todo el gobierno.

El panorama de ahorro presupuestario tampoco parece definido. Mattison señaló que los departamentos que establecieron metas de reducción de costos mediante IA suelen manejar objetivos modestos y difíciles de seguir, mientras que el Tesoro británico apunta a ahorros cercanos a 1,5% de su presupuesto. El año pasado, el Parlamento recibió información sobre planes para ahorrar £45 mil millones mediante la aplicación de IA en el sector público, pero esos cálculos fueron cuestionados por su falta de claridad y por apoyarse en supuestos generales.

Un ensayo de M365 Copilot de Microsoft realizado por el Gobierno Digital británico entre el 30 de septiembre y el 31 de diciembre de 2024 tampoco estableció una mejora general discernible de la productividad, según los resultados citados en la cobertura original. La herramienta aceleró ciertas tareas, pero ralentizó otras debido a la baja calidad de sus resultados, un recordatorio de que el impacto de la IA depende tanto del modelo como del proceso donde se utiliza. Para el Reino Unido, el reto será demostrar que los nuevos contratos producen beneficios verificables y no solo una colección de pilotos tecnológicos con titulares atractivos.

La iniciativa de £100 millones coloca al gobierno británico en una posición de comprador, inversionista y usuario de inteligencia artificial al mismo tiempo. Su éxito dependerá de si logra transformar las convocatorias en soluciones desplegables, medir sus resultados y resolver la brecha entre la presencia de estas herramientas y su adopción efectiva por parte de los funcionarios.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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