Por Canuto  

La propuesta del alcalde Ken Sim para que Vancouver mantuviera Bitcoin en sus reservas municipales enfrenta un duro freno. Un informe del personal de la ciudad concluyó que la ley provincial impiden este tipo de inversión, aunque aún deja abierta una vía más limitada para aceptar pagos en BTC si se convierten de inmediato a dólares canadienses.

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  • El personal municipal concluyó que Bitcoin no es una inversión permitida bajo la Carta de Vancouver.
  • La ley provincial refuerza el límite a activos tradicionales y conservadores.
  • Vancouver podría aún explorar pagos en Bitcoin para impuestos o tarifas, siempre que se conviertan inmediatamente a dólares canadienses.

 

La iniciativa del alcalde de Vancouver, Ken Sim, para incorporar Bitcoin a las reservas de la ciudad encontró una barrera legal de peso. El personal municipal concluyó que la criptomoneda no puede ser mantenida como activo de reserva bajo la Carta de Vancouver, por lo que recomendó al consejo abandonar formalmente la propuesta presentada en 2024.

La discusión no solo afecta a Vancouver. También vuelve a poner sobre la mesa una pregunta más amplia sobre el papel que pueden jugar las criptomonedas en la administración pública, especialmente cuando las normas que rigen el manejo de fondos municipales fueron diseñadas para instrumentos financieros tradicionales.

En este caso, el debate mezcla innovación financiera, restricciones regulatorias y una narrativa política que buscaba presentar a Vancouver como una ciudad amigable con Bitcoin. Sin embargo, el informe técnico del personal de la ciudad marca una distancia clara entre ese objetivo político y lo que hoy permite la ley.

Según el reporte de actualización de mociones, el equipo municipal, encabezado por Colin Knight, gerente general del Departamento de Gestión de Finanzas y Cadena de Suministro, determinó de forma concluyente que Bitcoin no es una “inversión permitida” para la ciudad.

Con base en esa conclusión, el personal recomendó fusionar la moción con otras iniciativas relacionadas para repriorizar recursos. La decisión final quedaba pendiente de una votación del consejo programada para el martes, en la que se revisaría el futuro de la propuesta.

Moción aprobada en 2024 ahora pierde impulso

La propuesta fue introducida a finales de 2024 por Ken Sim bajo el título “Preservar el poder adquisitivo de la ciudad mediante la diversificación de reservas financieras, convertirse en una ciudad amigable con Bitcoin”. En ese momento, el consejo municipal aprobó la moción con seis votos a favor y dos en contra.

La idea buscaba estudiar la posibilidad de usar Bitcoin como parte de una estrategia para proteger el valor de los recursos municipales frente a la inflación. Sim presentó el activo como una alternativa de diversificación financiera, apoyándose en la visión, común entre parte de la industria cripto, de que BTC puede funcionar como una especie de oro digital.

La moción señalaba que Bitcoin, como activo digital abierto, descentralizado y seguro, había sido reconocido por muchos expertos financieros y analistas como una posible cobertura frente a la inflación y la devaluación monetaria. Ese razonamiento fue central para defender la propuesta en su fase inicial.

Sin embargo, el avance político que tuvo la iniciativa en 2024 no resolvió el problema jurídico de fondo. El análisis posterior del personal municipal concluyó que la ciudad simplemente no cuenta con facultades legales para mantener Bitcoin dentro de sus reservas.

La Carta de Vancouver y la ley provincial limitan inversiones

El punto clave del informe es que la Carta de Vancouver restringe de forma estricta el tipo de activos en los que la ciudad puede invertir fondos ociosos. Ese marco, además, está reforzado por la Ley de la Autoridad de Finanzas Municipales de Columbia Británica, que establece límites similares para las municipalidades de la provincia.

De acuerdo con esa estructura legal, Vancouver solo puede invertir en un conjunto acotado de instrumentos conservadores. Entre ellos figuran valores del gobierno federal o provincial, bonos garantizados por gobiernos, deuda municipal, inversiones garantizadas por bancos, depósitos en cooperativas de crédito y ciertos vehículos de inversión colectiva.

También se incluyen activos como bonos, obligaciones, certificados de depósito y pagarés, todos alineados con un esquema centrado en renta fija y equivalentes de efectivo. En ese universo legal no aparecen las acciones, las materias primas ni las criptomonedas.

El personal municipal sostuvo por ello que Bitcoin no califica como activo elegible para inversión. La evaluación fue presentada como una conclusión definitiva bajo la normativa vigente, lo que reduce de manera importante el margen del consejo para avanzar con la propuesta sin un cambio legal previo.

CoinDesk indicó que este resultado refleja el marco altamente restrictivo bajo el cual las municipalidades canadienses administran fondos públicos. En otras palabras, incluso si existiera voluntad política para adoptar Bitcoin, la estructura jurídica actual prioriza activos de bajo riesgo y perfil conservador.

La narrativa de Bitcoin como cobertura inflacionaria pierde fuerza

El caso también coincide con un momento complejo para el argumento de Bitcoin como cobertura contra la inflación. Aunque esa tesis ha sido repetida durante años por defensores del activo, su comportamiento reciente de mercado ha debilitado parte de esa narrativa entre analistas y responsables públicos.

La noticia recuerda que Bitcoin ha caído cerca de un 50% desde su máximo de octubre de 2025, cuando superó USD $126.000. El retroceso llevó su precio de vuelta a niveles observados a finales de 2024, con mínimos breves cerca de USD $60.000.

Para una tesorería municipal, esta volatilidad complica la idea de usar BTC como herramienta de resguardo del poder adquisitivo. Los gobiernos locales suelen operar con criterios de preservación de capital, liquidez y previsibilidad, objetivos que pueden entrar en tensión con los movimientos abruptos del mercado cripto.

Aun así, el debate no está completamente cerrado en el plano intelectual. Algunos macroeconomistas continúan viendo valor en Bitcoin frente a otros activos escasos. Entre ellos está Lyn Alden, quien afirmó en el pódcast New Era Finance que, si tuviera que apostar entre Bitcoin y el oro en los próximos dos o tres años, apostaría por Bitcoin.

Esa visión muestra que el desacuerdo no es solo legal, sino también financiero. Mientras algunos siguen viendo a BTC como una reserva emergente de valor, las normas que rigen a los entes públicos continúan tratándolo como un activo fuera de los parámetros aceptables para la gestión de tesorería.

Una puerta sigue entreabierta para pagos en Bitcoin

A pesar del revés para una reserva, aún queda una posibilidad limitada sobre la mesa. Vancouver podría todavía explorar la aceptación de Bitcoin para el pago de impuestos o tarifas, siempre que esos fondos se conviertan de inmediato a dólares canadienses.

La distinción es importante porque la Carta de Vancouver regula cómo se invierten los fondos de la ciudad, pero no necesariamente determina de la misma forma cómo se procesan los pagos. Eso abre una zona gris operativa que podría permitir cierta exposición funcional a Bitcoin sin mantenerlo en balance.

En la práctica, este modelo no implicaría una reserva en BTC. Más bien supondría usar a la criptomoneda como medio de pago de entrada, con liquidación instantánea en moneda fiduciaria para evitar riesgo de precio y posibles conflictos con las reglas de inversión pública.

Ese enfoque ya ha sido utilizado en otras jurisdicciones que buscan mostrarse abiertas a la innovación sin asumir volatilidad patrimonial. Para Vancouver, podría representar una salida intermedia entre el rechazo total y la visión más ambiciosa planteada por Sim.

Por ahora, no obstante, el núcleo de la propuesta queda virtualmente bloqueado. La conclusión del personal municipal es clara: bajo la legislación vigente, la ciudad no puede mantener Bitcoin como parte de sus reservas financieras.

La discusión deja una lección más amplia para otras administraciones interesadas en activos digitales. Antes de convertir el entusiasmo político en política pública, el primer filtro sigue siendo jurídico. En Vancouver, ese filtro terminó pesando más que la narrativa de innovación y diversificación.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA

Imagen de Unsplash

 

 


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