Por Canuto  

Utah abrió un nuevo frente contra Kalshi: el fiscal general Derek Brown presentó cargos penales contra la plataforma y dos de sus principales ejecutivos por presuntamente promover juegos de azar en línea ilegales. La acusación incluye 13 cargos por violar la prohibición estatal de las apuestas y otro relacionado con obtener ganancias de actividades ilegales. La medida se suma a una demanda estatal y a la disputa de jurisdicción que la CFTC llevó a los tribunales.
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  • El fiscal general de Utah, Derek Brown, acusó a Kalshi, a su CEO Tarek Mansour y a su directora de operaciones Luana Lopes Lara de promover juegos de azar en línea ilegales.
  • Los cargos incluyen 13 presuntas violaciones de la prohibición estatal de las apuestas y otro relacionado con obtener ganancias de actividades ilegales; la acusación también alega que la plataforma permitió apostar a un agente encubierto.
  • La CFTC demandó a Utah para frenar la aplicación de sus leyes estatales, dentro de una disputa federal que, según el reporte citado en el borrador original, involucra al menos a 10 estados.

Utah escala su disputa con Kalshi y presenta cargos penales contra sus directivos

Utah presentó cargos penales contra Kalshi y dos de sus principales ejecutivos, en una nueva escalada de la disputa sobre si los contratos que ofrece la plataforma constituyen mercados de predicción o juegos de azar sujetos a las leyes estatales. El fiscal general Derek Brown señaló a la empresa, a su CEO Tarek Mansour y a su directora de operaciones Luana Lopes Lara por presuntamente promover apuestas ilegales en línea y permitir que un agente encubierto realizara apuestas.

La acusación incluye 13 cargos por presuntas violaciones de la prohibición estatal de las apuestas y otro relacionado con obtener ganancias de actividades ilegales, según reportes sobre la presentación. El anuncio llegó en medio de varios litigios entre el estado y el gobierno federal. Utah había demandado previamente a Kalshi y a dos firmas de negociación de Susquehanna, mientras la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) acudió a los tribunales para impedir que Utah aplicara sus leyes de juego a los mercados de predicción.

Los cargos penales amplían la ofensiva de Utah

Brown presentó los cargos el jueves 29 de octubre contra Kalshi y sus dos directivos, según informó Al Jazeera. La acusación sostiene que promovieron ilegalmente juegos de azar en línea y que permitieron que un agente encubierto hiciera apuestas en la plataforma. Los reportes disponibles indican que se presentaron 13 cargos por violar la prohibición estatal de las apuestas y otro relacionado con obtener ganancias de actividades ilegales.

El fiscal general defendió la acción con una interpretación amplia de las leyes estatales sobre apuestas: afirmó que estas alcanzan tanto a quien apuesta como a quien dirige o promueve el juego. También rechazó que la denominación comercial de los productos o el registro federal de la compañía la eximan automáticamente de cumplir las normas de Utah, una postura que pone en el centro del caso la naturaleza de los contratos de Kalshi.

Brown sostuvo que llamar a una oferta «mercado de predicción» no altera lo que, a juicio del estado, es una apuesta. Su declaración fija una diferencia de criterio con la empresa: para Utah, el formato y el nombre de un contrato no bastan para cambiar su clasificación si los usuarios arriesgan dinero sobre el resultado de un evento.

Los cargos se suman a una demanda civil que Brown presentó el 20 de octubre contra Kalshi y dos firmas de negociación de Susquehanna. En esa acción, el estado alegó que la plataforma operaba un negocio ilegal de juegos de azar y cuestionó que sus ofertas, descritas como «contratos de eventos», pudieran quedar fuera de las normas estatales.

Deportes, elecciones y política, en el centro del litigio

La demanda de octubre se enfocó en que residentes de Utah podían apostar sobre resultados deportivos, electorales, políticos y otros eventos. El estado argumentó que esos productos violaban sus leyes de juego, pese a que Kalshi los presenta como contratos vinculados a eventos y no como apuestas convencionales.

La disputa no se limita a una diferencia de vocabulario. La clasificación determina qué autoridad reclama poder para supervisar las operaciones y qué normas pueden regirlas: Utah invoca sus restricciones locales sobre juegos de azar, mientras la CFTC sostiene que los mercados de predicción bajo su jurisdicción corresponden al marco federal de derivados de materias primas.

En términos prácticos, los cargos penales abren un frente distinto al de la demanda civil. La acción civil busca que un tribunal resuelva la aplicación de las normas estatales a la actividad de la plataforma, mientras los cargos anunciados por Brown atribuyen a Kalshi y a sus ejecutivos una conducta presuntamente delictiva; la información publicada no permite anticipar el calendario ni el resultado de ese proceso.

La acusación sobre el agente encubierto añade un elemento concreto a la posición del fiscal general, pues Utah afirma que esa persona pudo realizar apuestas en el sitio. Sin embargo, la presentación de cargos no equivale a una sentencia ni establece por sí sola que Kalshi o sus directivos hayan cometido una infracción; esas alegaciones deberán tramitarse y evaluarse dentro del proceso correspondiente.

La CFTC también lleva el conflicto a los tribunales

El martes anterior a la presentación de los cargos, la CFTC demandó a Utah para bloquear la aplicación de las leyes estatales contra los juegos de azar en los mercados de predicción. La agencia sostiene que el Congreso le asignó responsabilidad exclusiva para supervisar esos mercados, según declaró su presidente, Michael Selig. La agencia anunció la demanda en un comunicado oficial.

Selig dijo que la CFTC cuenta con la experiencia y la responsabilidad de defender su jurisdicción sobre los derivados de materias primas. Esa es la base del reclamo federal contra Utah: la agencia no solo cuestiona la aplicación de una norma estatal en un caso particular, sino que busca sostener su autoridad regulatoria sobre esta clase de productos.

La disputa excede a Kalshi y al estado de Utah. La CFTC ha demandado a al menos 10 estados mientras busca afirmar la supervisión federal de los mercados de predicción, de acuerdo con el reporte citado en el borrador original; la información disponible no identifica a todos esos estados ni detalla el estado procesal de cada acción.

Kalshi también había llevado a Utah ante un tribunal federal en febrero y pidió una orden para impedir que el estado aplicara sus leyes de juego. Un juez rechazó esa solicitud y concluyó que la ley federal invocada por la empresa no impedía que Utah hiciera cumplir sus normas, un antecedente que muestra que la discusión judicial ya había producido un revés para la plataforma antes de los nuevos cargos.

Un conflicto abierto sobre quién regula estos productos

Los procesos plantean una pregunta central para las plataformas de predicción: si sus contratos deben tratarse como instrumentos sujetos a supervisión federal o como apuestas sometidas a las prohibiciones estatales. En este caso, Utah sostiene que apostar sobre deportes, elecciones, política u otros resultados sigue siendo juego ilegal, aunque el producto tenga una estructura y un nombre distintos.

La posición federal, según la demanda de la CFTC, se apoya en la competencia de la agencia sobre los derivados de materias primas y en su afirmación de que el Congreso le confió la supervisión exclusiva de esos mercados. El choque entre ambas interpretaciones todavía no queda resuelto por el anuncio de cargos: los litigios estatales y federales avanzan por vías distintas y podrían examinar aspectos diferentes de la actividad de Kalshi.

Por ahora, la información disponible no indica que un tribunal haya emitido una decisión sobre los nuevos cargos penales ni ofrece una respuesta pública de Kalshi. Al Jazeera informó que se había solicitado un comentario a la compañía, por lo que el balance de las posiciones conocidas hasta el momento incluye las acusaciones de Utah y los argumentos jurisdiccionales expuestos por la CFTC.

La secuencia de acciones muestra cómo una disputa regulatoria puede pasar de la discusión sobre el diseño de un producto a una confrontación judicial entre autoridades estatales y federales, además de involucrar personalmente a los responsables de una empresa. El desenlace dependerá de cómo los tribunales evalúen la clasificación de los contratos y el alcance de las competencias invocadas, cuestiones que siguen abiertas en los procesos descritos.

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