Legisladores de Utah plantean que los gobiernos locales decidan si avanzan los grandes centros de datos, con divulgaciones ambientales más tempranas y menos incentivos fiscales. El plan surge tras la controversia por el Proyecto Stratos, pero todavía no es un proyecto de ley y su aplicación a ese desarrollo sigue sin aclararse.
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- La propuesta daría a ciudades y condados la iniciativa para presentar y evaluar proyectos de centros de datos, mientras MIDA conservaría un rol de asesoría.
- Los desarrolladores tendrían que divulgar antes estimaciones de consumo de agua, demanda energética y emisiones; también se discuten límites al enfriamiento evaporativo.
- Los legisladores buscan reducir incentivos fiscales y proteger a las comunidades anfitrionas, pero aún no definen si las reglas alcanzarían al Proyecto Stratos.
🏛️ Utah plantea cambiar las reglas para centros de datos
Ciudades y condados decidirían sobre nuevos proyectos. Se exigirían datos anticipados de agua, energía y emisiones.
La propuesta reduciría incentivos fiscales. Aún no es un proyecto de ley y no está claro si aplicaría al… pic.twitter.com/94vb2wWBro
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Utah busca dar más poder local y limitar incentivos para centros de datos
Una propuesta legislativa presentada en Utah busca cambiar quién decide si un gran centro de datos puede instalarse en una comunidad y qué información deben conocer los residentes antes de una aprobación. El esquema plantea dar la iniciativa a ciudades y condados, exigir datos ambientales en etapas tempranas y reducir incentivos fiscales, en medio de la controversia por el Proyecto Stratos, en el condado de Box Elder.
La presentación tuvo lugar el 18 de noviembre ante el Comité Interino de Desarrollo Económico y Servicios Laborales, pero los legisladores no sometieron el planteamiento a votación ni obtuvieron una decisión del comité. El representante republicano Paul Cutler, de Centerville, y el senador Chris Wilson, de Logan, expusieron un marco preliminar que aún debe convertirse en texto legislativo y discutirse con gobiernos locales, la oficina del gobernador y otros actores.
Los gobiernos locales tendrían la primera palabra
El esquema asignaría a un condado, una ciudad o un pueblo la responsabilidad de presentar una propuesta para un centro de datos dentro de su jurisdicción. Antes de avanzar, ese gobierno tendría que decidir si el proyecto encaja con las prioridades de su comunidad, una fórmula que daría a las autoridades locales un papel más definido cuando un inversionista privado o una entidad estatal impulse una construcción.
La propuesta también reduciría las facultades de la Autoridad de Desarrollo de Instalaciones Militares de Utah, conocida como MIDA, en el proceso de promoción de estos proyectos. Cutler sostuvo que MIDA y la Autoridad del Puerto Interior de Utah podrían aportar asesoría técnica y apoyo, pero no presentarían proyectos por cuenta propia ni tendrían poder para anular una decisión local bajo el marco descrito.
Otro componente del plan apunta a la transparencia durante las primeras etapas de evaluación: prohibiría que funcionarios públicos firmen acuerdos de confidencialidad vinculados con proyectos de centros de datos. La intención, según Cutler, es que los residentes accedan a más detalles mientras las autoridades todavía valoran si respaldar una iniciativa, y puedan sopesar los beneficios previstos junto con los costos potenciales.
Ese cambio trasladaría parte del debate desde las negociaciones entre promotores y organismos públicos hacia instancias en las que las comunidades puedan revisar las propuestas antes de que se consoliden decisiones. Sin embargo, el esquema presentado no detalla todavía qué documentos tendrían que hacerse públicos, cómo se organizaría la consulta ni qué procedimiento seguirían los gobiernos locales para emitir su decisión.
Stratos está en el centro de la discusión
La propuesta aparece después de meses de oposición y debate por el Proyecto Stratos, un desarrollo previsto en el condado de Box Elder que combina un centro de datos con instalaciones de energía. El 24 de abril de 2026, la junta directiva de MIDA aprobó la creación del área del Proyecto Stratos, según la hoja de preguntas frecuentes de la oficina del gobernador de Utah. El 4 de mayo, la Comisión del Condado de Box Elder votó a favor de permitir que la autoridad incluyera terrenos privados dentro de esa área.
La decisión permitió que avanzaran la planificación del centro de datos y el desarrollo energético mientras continuaban la revisión ambiental y los trámites de permisos. El plan original abarcaba unas 40.000 acres distribuidas en tres sitios. En junio, el impulsor del proyecto, Kevin O’Leary, dijo que el desarrollador dejaría dos de esas ubicaciones y concentraría la iniciativa en unas 20.000 acres de Hansel Valley. Más adelante, The Salt Lake Tribune informó que O’Leary describió un nuevo plan con una extensión de 10.000 acres o menos.
La superficie que se mantendría incluiría el centro de datos planificado, instalaciones de energía y terrenos que seguirían sin desarrollar, de acuerdo con la información disponible sobre el cambio. Cutler no aclaró si el nuevo marco estatal se aplicaría a Stratos, por lo que permanece abierta la pregunta de si un proyecto que ya atraviesa procesos de planificación y permisos tendría que ajustarse a futuras reglas.
La incertidumbre es relevante porque el alcance de la ley dependerá de cómo se redacte y de si contempla proyectos que ya iniciaron gestiones. La presentación legislativa no resolvió ese punto ni modificó el estado de Stratos; mientras tanto, los residentes pueden consultar una página separada del condado de Box Elder, que reúne registros de reuniones, documentos oficiales y un canal para enviar preguntas.
Agua, energía y efectos ambientales entrarían antes en la evaluación
El esquema exigiría a los desarrolladores entregar estimaciones verificadas del consumo de agua, la demanda de energía y las emisiones al aire antes de que los funcionarios decidan si aprueban un proyecto. También prevé divulgar impactos más cercanos a los sitios, de modo que los residentes puedan conocer cómo los promotores esperan gestionar cuestiones como el ruido y el calor mientras la iniciativa todavía está bajo revisión.
Cutler dijo a FOX 13 News que quiere promover sistemas de enfriamiento de circuito cerrado u otras tecnologías más eficientes, y descartar el enfriamiento evaporativo. Un sistema de circuito cerrado recircula el refrigerante, mientras que el método evaporativo utiliza agua que se evapora para extraer el calor; el planteamiento presentado no especifica aún cómo se verificaría el cumplimiento de una eventual restricción.
Los legisladores también consideran maneras de que los operadores contribuyan a los suministros de agua de Utah, con ideas como dirigir agua hacia el Gran Lago Salado o el sistema del río Colorado. La propuesta todavía no define los mecanismos para cumplir esos objetivos ni la forma en que el estado mediría el beneficio, aspectos que deberán precisarse si las ideas pasan al texto de un proyecto de ley.
La discusión ambiental se relaciona con la evaluación más amplia de los costos y beneficios para las comunidades anfitrionas, pero el material presentado no establece cifras de consumo ni impactos concretos para cada desarrollo. En consecuencia, la obligación central que se perfila es entregar estimaciones verificadas antes de la aprobación, sin que por ahora se conozcan umbrales, métodos uniformes de cálculo o sanciones por incumplimiento.
Menos incentivos fiscales y más debate sobre quién paga
Cutler también propone reducir los incentivos fiscales que Utah ofrece a los desarrolladores de centros de datos, con el objetivo declarado de dejar más ingresos tributarios en las comunidades que albergan las instalaciones. Esas localidades, señaló, pueden enfrentar efectos cotidianos como el tráfico asociado a las obras y nuevas exigencias para la infraestructura local, aunque la presentación no cuantificó esos costos.
Entre las opciones incluidas en el esquema figura dirigir parte de los ingresos a escuelas locales, mejoras relacionadas con el agua y proyectos para reducir daños ambientales. También se discutió destinar ingresos del impuesto sobre la propiedad personal de servidores y otros equipos a la conservación del Gran Lago Salado, una alternativa reportada por Deseret News que todavía no se traduce en una asignación legislativa definida.
La infraestructura de servicios públicos representa otro punto de disputa: un centro de datos requiere recursos y conexiones que pueden involucrar a operadores de servicios y clientes locales. El marco contempla protecciones para evitar que estos últimos carguen con aumentos en las tarifas relacionados con un proyecto, pero la presentación de noviembre dejó pendiente la manera de calcular, aplicar y supervisar esas salvaguardas.
La combinación de menores exenciones y posibles aportes comunitarios busca que una parte mayor de los ingresos asociados a estos desarrollos permanezca en las localidades anfitrionas. Aun así, el esquema no fija montos, porcentajes ni criterios para distribuir recursos, por lo que el diseño del proyecto de ley determinará si esas ideas se convierten en obligaciones claras o permanecen como objetivos generales.
La pausa en Salt Lake City y el calendario legislativo
En paralelo al debate estatal, el Concejo Municipal de Salt Lake City aprobó el 17 de noviembre una medida temporal de zonificación que pausa por hasta 180 días el desarrollo de nuevos centros de datos. Durante ese periodo, el personal municipal preparará reglas sobre consumo de energía y agua, ruido, calor e iluminación, asuntos que también figuran entre las preocupaciones de las autoridades estatales.
La pausa podría retrasar la evaluación de un centro de datos propuesto en Northpoint, aunque un acuerdo de desarrollo existente podría permitir que el proyecto avance bajo la zonificación actual. Ese matiz significa que la medida temporal no determina por sí sola el destino de la iniciativa y que su alcance dependerá de las reglas vigentes y de los términos del acuerdo mencionado.
A nivel estatal, Cutler dijo que espera que continúe el desarrollo de centros de datos. El representante republicano David Shallenberger, de Orem, sostuvo que las reglas propuestas buscan que los proyectos beneficien tanto a las comunidades anfitrionas como a la economía de Utah, mientras la representante electa demócrata Kim James respaldó una mayor participación local y planteó si el estado debería albergar más instalaciones ante los problemas del Gran Lago Salado y la calidad del aire.
Cutler y Wilson siguen conversando sobre el esquema con ciudades, condados, la oficina del gobernador y otros interlocutores, y Wilson anticipó oportunidades para recibir comentarios públicos durante la sesión legislativa. La sesión general de 2027 está programada para comenzar el 19 de enero y concluir el 5 de marzo; cuando se publique el texto, los residentes podrán revisar qué proyectos cubre, qué divulgaciones exige y si alcanza desarrollos que ya están en trámite.
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