Por Canuto  

Turquía aprobó la mayoría de las recomendaciones del GAFI y conserva su salida de la lista gris, pero el organismo detectó fallas en la conversión de investigaciones en condenas. Ankara tendrá tres años para atender un rezago de más de 7.000 casos, reforzar la persecución de delitos financieros y completar la supervisión de los proveedores de servicios de activos virtuales.

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  • Turquía cumple o cumple en gran medida 38 de las 40 recomendaciones evaluadas por el GAFI.
  • El organismo identificó más de 7.000 casos de delitos financieros pendientes de procesamiento y cuestionó la baja tasa de condenas.
  • La hoja de ruta de tres años también incluye riesgos de financiamiento del terrorismo, recuperación de activos y supervisión de plataformas de criptomonedas.

 

 

Turquía superó la mayor parte de la evaluación mutua de quinta ronda del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, pero no obtuvo una aprobación completa sobre la eficacia de sus controles contra los delitos financieros. El organismo concluyó que el país cumple o cumple en gran medida 38 de sus 40 recomendaciones, aunque identificó un rezago judicial superior a 7.000 casos pendientes de procesamiento.

El resultado permite a Ankara conservar los avances logrados desde su salida de la lista gris en junio de 2024, pero también abre un periodo de presión regulatoria más intensa. En los próximos tres años, las autoridades deberán demostrar que pueden transformar investigaciones, inteligencia financiera y cooperación internacional en condenas judiciales y activos recuperados, mientras terminan de consolidar el marco aplicable a las plataformas de criptomonedas.

Una aprobación amplia, con límites importantes

La evaluación revisó tanto el cumplimiento formal de las normas como la manera en que funcionan en la práctica. En el primer componente, Turquía recibió calificaciones de cumplimiento o cumplimiento amplio en 38 recomendaciones, mientras que las dos restantes obtuvieron la categoría de parcialmente conforme, según el informe y el Ministerio de Tesorería y Finanzas turco.

La fotografía fue menos favorable cuando el GAFI examinó la efectividad del sistema, una medición que considera si las instituciones detectan, investigan, procesan y sancionan los delitos financieros. Turquía obtuvo tres calificaciones sustanciales y ocho moderadas en las 11 áreas de efectividad, un resultado que explica por qué el avance normativo no bastó para cerrar el seguimiento reforzado de las deficiencias operativas.

El seguimiento intensificado de las medidas correctivas no equivale a una reincorporación a la lista gris ni representa una lista negra. Turquía salió de la lista gris en junio de 2024; el resultado actual combina esa mejora regulatoria con la persistencia de problemas operativos y judiciales que el GAFI espera que el país atienda.

El Ministerio de Tesorería y Finanzas descartó el mismo día cualquier riesgo de regreso a la lista gris y sostuvo que la revisión confirma la ausencia de deficiencias críticas en la lucha contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Sin embargo, el resultado del GAFI deja claro que la aprobación técnica no elimina la obligación de producir resultados verificables ante los tribunales.

El rezago judicial concentra la presión

El principal cuestionamiento del GAFI apunta a la distancia entre las investigaciones abiertas y los casos que llegan a un veredicto. El organismo indicó que los problemas para convertir plenamente las investigaciones en resultados judiciales dejaron un backlog de más de 7.000 casos pendientes de procesamiento, una acumulación que limita la capacidad del sistema para disuadir el lavado y castigar sus beneficios.

Los datos citados por el medio turco BirGün muestran una dimensión todavía mayor del desafío en los tribunales. A finales de 2025, los casos de lavado de dinero alcanzaban 12.629 expedientes, con 17.969 acusados y 28.477 delitos subyacentes pendientes de sentencia, cifras que reflejan cómo una investigación financiera puede quedar atada durante años a procesos relacionados con narcotráfico, contrabando o apuestas ilegales.

El GAFI también señaló una limitación estructural de la legislación turca: en muchos escenarios, las autoridades solo pueden imponer sanciones administrativas a las empresas porque el marco legal no permite aplicar responsabilidad penal a las personas jurídicas. Para el organismo, esta respuesta resulta insuficiente frente al perfil de riesgo de Turquía, especialmente cuando las estructuras corporativas pueden facilitar operaciones ilícitas o dificultar la identificación de los beneficiarios finales.

La recomendación no se limita a aumentar el número de investigaciones, sino que exige elevar la proporción de condenas y fortalecer la conexión entre delitos financieros y delitos subyacentes de alto riesgo. La presión será especialmente visible en los expedientes vinculados con narcotráfico, contrabando y apuestas ilegales, donde el GAFI espera una acción judicial más selectiva, rápida y capaz de alcanzar los activos obtenidos ilegalmente.

Criptomonedas y hoja de ruta de tres años

La hoja de ruta entregada a Ankara incluye acciones que Turquía deberá completar en un plazo de tres años. Entre ellas figuran una comprensión más profunda de los riesgos de financiamiento del terrorismo, el aumento de las condenas por lavado, el rastreo de activos trasladados al extranjero y la recuperación efectiva de esos recursos mediante mecanismos de confiscación.

Los proveedores de servicios de activos virtuales, conocidos como PSAV, forman parte de este proceso porque el marco regulatorio específico todavía se encontraba en implementación durante la visita in situ de noviembre de 2025. El GAFI observó que los supervisores habían intensificado los controles de cumplimiento basados en riesgos sobre instituciones financieras y plataformas de criptomonedas, con mayor atención en las entidades consideradas de riesgo elevado.

La revisión encontró que las empresas, en términos generales, comprenden su exposición al lavado de dinero y sus obligaciones de cumplimiento. No obstante, fuera del sector bancario todavía existen deficiencias en la gestión del riesgo de financiamiento del terrorismo y en el reporte de transacciones sospechosas, dos áreas que pueden afectar tanto a intermediarios tradicionales como a negocios vinculados con activos virtuales.

El seguimiento también tendrá una dimensión institucional y política. Ankara planea desarrollar estrategias nacionales contra el lavado, el financiamiento del terrorismo y la confiscación de activos para el periodo 2026-2030, además de un plan de financiamiento de la proliferación para 2025-2029, pero el GAFI medirá esos documentos por sus resultados y no únicamente por su aprobación formal.

Qué puede ocurrir si Turquía no cumple

El plazo de tres años ofrece a Turquía una oportunidad para corregir las fallas sin perder de inmediato el reconocimiento obtenido desde su salida de la lista gris. Aun así, el GAFI advirtió que el incumplimiento puede provocar una escalada de medidas, incluida una misión de alto nivel destinada a evaluar la voluntad política del Gobierno para aplicar los cambios recomendados.

La cuestión central será determinar si las autoridades logran reducir el atraso de expedientes y demostrar una mayor eficacia en las cortes. El organismo también espera evidencias sobre la identificación de activos criminales ubicados en el extranjero, su congelamiento y su recuperación, porque una condena sin decomiso puede dejar intactos los incentivos económicos de las redes ilícitas.

El escrutinio llega en un contexto de críticas externas sobre la exposición de Turquía a flujos financieros ilícitos. Analistas de Nordic Monitor sostuvieron a principios de este año que una propuesta de exención fiscal de 20 años para ingresos de origen extranjero destinada a nuevos residentes, presentada por el presidente Recep Tayyip Erdoğan, podría ampliar los canales de lavado si no se acompaña de controles más estrictos sobre el origen de los fondos.

Por ahora, la posición de Turquía es más sólida que la que enfrentaba antes de abandonar la lista gris, pero todavía no representa una victoria definitiva. La evaluación del GAFI reconoce avances en inteligencia financiera, cooperación con autoridades extranjeras y supervisión de entidades de mayor riesgo, mientras deja una exigencia concreta sobre la mesa: convertir ese progreso administrativo en procesos concluidos, condenas y recuperación de activos.


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