Por Canuto  

La designación de Palestine Action como organización terrorista por parte del gobierno de Donald Trump amplía las sanciones contra el grupo y genera nuevas dudas sobre los límites entre protesta, vandalismo y terrorismo.
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  • El gobierno de EE.UU. incluyó a Palestine Action y a otras dos entidades europeas en la lista de Terroristas Globales Especialmente Designados.
  • La medida permite congelar activos, prohibir transacciones y castigar determinadas formas de apoyo material o servicios al grupo.
  • La decisión reaviva el debate sobre el uso político del concepto de terrorismo y sus efectos sobre la libertad de expresión.

La administración de Donald Trump comunicó el 26 de agosto una nueva escalada contra el activismo de izquierda al designar como organización terrorista a Palestine Action, un grupo con sede en el Reino Unido que realiza protestas de acción directa contra empresas vinculadas con la industria militar de Israel. La decisión, publicada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, incluyó también a otras dos entidades europeas en la lista de Terroristas Globales Especialmente Designados, conocida por sus siglas SDGT.

La incorporación a esa categoría no representa solamente una condena política o retórica, sino que activa un amplio conjunto de sanciones financieras y restricciones legales. El caso plantea una pregunta central para quienes siguen los debates sobre derechos civiles, vigilancia y poder estatal: hasta dónde puede avanzar un gobierno cuando convierte actos de protesta, daños a la propiedad y expresiones de solidaridad en elementos de una estrategia antiterrorista.

Una designación con consecuencias financieras y penales

La lista SDGT fue creada después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 y permite al gobierno estadounidense imponer sanciones económicas contra las organizaciones incluidas y contra las personas asociadas con ellas. En el caso de Palestine Action, la medida puede congelar cualquier activo que el grupo tenga bajo jurisdicción estadounidense y bloquear sus transacciones financieras con actores de Estados Unidos.

Las restricciones no se limitan a transferencias bancarias o a la administración de fondos. Las personas estadounidenses también tienen prohibido participar en interacciones definidas de forma amplia como “apoyo material” o “servicios” para la organización, y quienes incumplan pueden enfrentar sanciones civiles o penales, además de la posibilidad de ser incluidos en la misma lista.

El alcance práctico de esas prohibiciones dependerá de cómo interpreten las autoridades qué conductas constituyen apoyo ilegal. Esa incertidumbre resulta especialmente relevante para organizaciones sin fines de lucro, abogados, investigadores, donantes y manifestantes que podrían expresar respaldo político al grupo sin participar en sus acciones directas, pero que temen que cualquier contacto sea presentado como asistencia prohibida.

La administración estadounidense afirmó al anunciar la designación que las actividades protegidas constitucionalmente no darían lugar a sanciones. Sin embargo, el análisis advierte que esa garantía ofrece poco alivio frente a antecedentes en los que el gobierno ha ampliado el alcance de las normas antiterroristas hasta abarcar conductas relacionadas con la expresión, la asociación o la búsqueda pacífica de soluciones a conflictos.

El historial de Palestine Action y la respuesta británica

Palestine Action sostiene que trabaja para poner fin a la participación global en lo que describe como un régimen israelí genocida y de apartheid. Sus llamados actos de acción directa suelen incluir vandalismo contra instalaciones o bienes de fabricantes de armas que el grupo considera cómplices de la campaña militar israelí en Gaza, una operación que organizaciones de derechos humanos como Amnesty International y B’Tselem han calificado de genocidio.

El Reino Unido declaró a Palestine Action como organización terrorista el año pasado, con especial referencia a un incidente ocurrido en 2024. En aquella ocasión, integrantes del grupo irrumpieron en una base militar y rociaron pintura roja sobre dos aeronaves, una acción que las autoridades británicas utilizaron como parte de la justificación para prohibir la organización.

Desde la entrada en vigor de la prohibición británica, cientos de personas han sido arrestadas simplemente por sostener carteles de apoyo a Palestine Action. La diferencia institucional señalada por el análisis es que el sistema estadounidense cuenta, al menos en teoría, con la protección de la Primera Enmienda para la libertad de expresión y asociación, una salvaguarda que no existe de la misma manera en el modelo británico.

La protección constitucional, no obstante, no elimina todos los riesgos derivados de una designación SDGT. La Corte Suprema de Estados Unidos ha determinado que ayudar a una organización designada a resolver pacíficamente sus reclamos puede constituir apoyo criminal al terrorismo, mientras que el Departamento del Tesoro llegó a sugerir en el pasado que recibir a dirigentes de un grupo designado para un diálogo pacífico podría considerarse una asistencia prohibida.

La frontera entre delito y terrorismo

El principal cuestionamiento gira alrededor de la definición misma de terrorismo. Aunque el gobierno de Trump describe a Palestine Action como parte de una “red terrorista violenta de extrema izquierda”, los cargos contra sus integrantes se relacionan principalmente con daños a la propiedad de fabricantes de armas, mientras que solo un manifestante fue condenado por causar lesiones a un agente policial.

El caso recuerda el proceso impulsado por el Departamento de Justicia contra manifestantes en Texas que lanzaron fuegos artificiales y vandalizaron automóviles frente al centro de detención de inmigrantes Prairieland ICE. Durante el incidente, uno de los participantes intercambió disparos con un agente y lo hirió, pero los fiscales presentaron cargos por apoyo material al terrorismo contra 15 manifestantes.

Las condenas dictadas contra ese grupo sumaron cientos de años de prisión, incluso para participantes que no estuvieron involucrados en actos violentos. Los fiscales federales sostuvieron que los acusados formaban parte de una célula de Antifa que planeaba terrorismo, y mencionaron como indicios elementos como la ropa negra y la posesión de literatura antifascista.

La comparación expone la dificultad de distinguir entre vandalismo, violencia política y terrorismo cuando las autoridades utilizan una categoría legal con consecuencias extraordinarias. Un daño contra una propiedad puede constituir un delito grave y ameritar una investigación, pero convertirlo automáticamente en terrorismo puede permitir penas, restricciones y mecanismos de persecución que normalmente no aplicarían a una protesta criminal ordinaria.

La expansión de una estrategia contra la disidencia

La ofensiva encaja con el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional NSPM-7, titulado “Contrarrestar el terrorismo doméstico y la violencia política organizada”. El documento promete una campaña contra las fuerzas del antifascismo, los partidarios del “antiamericanismo” y distintas expresiones de extremismo u hostilidad hacia quienes sostienen posiciones tradicionales sobre la familia, la religión y la moralidad en Estados Unidos.

La administración también ha afirmado que un manifestante muerto por agentes de inmigración era un terrorista doméstico y declaró a Antifa como organización terrorista doméstica, aunque esa figura no existe formalmente como categoría de designación. Además, difundió un informe que alegaba una amplia conspiración dirigida desde Cuba para sostener a organizaciones progresistas poderosas, colectivos contrarios a las autoridades migratorias, grupos socialistas y organizaciones militantes marxistas en Estados Unidos.

Estas medidas abren interrogantes sobre quienes expresan desacuerdo con la política exterior estadounidense respecto de Israel o Cuba. También dejan sin respuesta clara qué ocurriría con una persona que afirme que Palestine Action fue designada de manera indebida, con una organización que financie actividades de protesta o con alguien que asista pacíficamente a una manifestación legal en la que otros participantes cometan acciones no autorizadas.

El problema, según el análisis, no se limita a una interpretación jurídica puntual, sino al poder de las autoridades para decidir qué grupos y conductas recibirán la etiqueta de terrorismo. Desde los ataques del 11 de septiembre, presidentes, fiscales, agentes migratorios y funcionarios de seguridad nacional han ejercido amplias facultades contra personas consideradas terroristas, un enfoque que sus críticos consideran cada vez más politizado y dirigido contra poblaciones desfavorecidas.

Un debate que trasciende a Palestine Action

La discusión sobre Palestine Action también conecta con preocupaciones más amplias acerca de la libertad de asociación y el uso de sanciones financieras para controlar la actividad política. Cuando una designación bloquea activos y restringe vínculos con actores estadounidenses, sus efectos pueden alcanzar a redes de apoyo, instituciones educativas, fundaciones y proveedores de servicios que no comparten necesariamente las acciones más controvertidas del grupo.

El antecedente de Mahmoud Khalil, un estudiante y académico no ciudadano que enfrentó detención y amenazas de deportación por protestas pacíficas y opiniones que la administración describió como favorables al terrorismo, refuerza ese temor. Para los críticos del gobierno, la combinación de normas migratorias, sanciones y acusaciones de seguridad nacional puede producir un efecto disuasorio incluso cuando no existe una participación directa en actos violentos.

La fuente sostiene que la llamada guerra contra el terrorismo se apoyó durante casi 25 años en varias premisas: tratar el terrorismo como algo distinto de un delito común, presentar ciertos delitos como actos de guerra, interpretar la protesta como traición y aceptar mecanismos extraordinarios para enfrentar amenazas definidas de manera flexible. Desde esa perspectiva, la designación de Palestine Action no sería un episodio aislado, sino una continuación de una estructura que permite ampliar la excepcionalidad estatal.

El desafío para las instituciones estadounidenses consistirá en demostrar que la nueva medida distingue con precisión entre violencia, destrucción de bienes, apoyo logístico y expresión política. Sin esa delimitación, la etiqueta terrorista puede transformarse en una herramienta para castigar la oposición y convertir la solidaridad con una causa en un riesgo legal, aun cuando la Primera Enmienda continúe siendo invocada como garantía de protección.

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Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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