Por Canuto  

Donald Trump amplió un compromiso voluntario con gobernadores, empresas eléctricas y desarrolladores para evitar que los centros de datos de inteligencia artificial trasladen sus costos a los consumidores. Sin embargo, el aumento de la demanda energética, la oposición política y la falta de mecanismos vinculantes mantienen abierta la disputa.
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  • La Casa Blanca informó que 23 gobernadores y al menos 187 empresas firmaron el compromiso, incluidas 55 compañías eléctricas y 27 desarrolladores de centros de datos.
  • Un análisis de ICF estima que la demanda energética podría elevar las facturas mensuales entre 15% y 40% para 2030.
  • El pacto no es vinculante, mientras un proyecto bipartidista busca obligar a los centros de datos a pagar las actualizaciones de la red eléctrica.

 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el jueves 23 de julio de 2026 que gobernadores y compañías eléctricas se sumaron a un compromiso voluntario para proteger a los consumidores de los mayores costos asociados con los centros de datos de inteligencia artificial.

Trump presentó el acuerdo en la Agencia de Protección Ambiental, en Washington, como una respuesta a la inquietud por el impacto energético de la expansión de la IA. La iniciativa busca impedir que las familias y los pequeños negocios terminen pagando la construcción de nuevas instalaciones, plantas eléctricas y mejoras en la red.

La Casa Blanca informó que 23 gobernadores y al menos 187 empresas firmaron el pacto. Entre los participantes figuran 55 compañías eléctricas y 27 desarrolladores de centros de datos.

El compromiso también incluye a empresas tecnológicas y de inteligencia artificial como Google, Microsoft, Meta, Oracle, xAI, OpenAI y Amazon. La administración Trump había anunciado el acuerdo inicial con compañías líderes del sector en marzo.

Associated Press señaló que aquel primer compromiso no logró disipar las dudas de los votantes. La preocupación surge mientras los hogares enfrentan problemas de asequibilidad y compiten por electricidad, agua y terrenos con empresas tecnológicas controladas por algunos de los hombres más ricos del mundo.

Trump pidió a los ejecutivos y gobernadores convencer a sus comunidades sobre las ventajas de alojar centros de datos. El presidente afirmó que los pueblos y ciudades que reciban estas instalaciones serán “ricos” y les dijo: “Tienen que convencer a su comunidad. No pueden luchar contra ello. Tienen que ir con ello”.

La presión energética amenaza las facturas familiares

El pacto no vinculante llega en un momento de crecimiento acelerado de la demanda eléctrica. Los centros de datos requieren grandes cantidades de energía para operar servidores, sistemas de refrigeración y equipos especializados para entrenar y ejecutar modelos de IA.

Trump sostuvo que los precios de la electricidad bajarán gracias al compromiso y a la existencia de un excedente de generación. “Las facturas de electricidad para las familias estadounidenses realmente disminuirán”, afirmó, y agregó que la energía sobrante podría incorporarse a la red.

La evidencia disponible no permite confirmar que los consumidores obtendrán ahorros genuinos. Tampoco está claro si los centros de datos que generen su propia electricidad lograrán compensar el aumento general de la demanda.

Un análisis reciente de ICF, empresa de consultoría y tecnología, estima que la demanda energética podría provocar un aumento de entre 15% y 40% en las facturas mensuales de los servicios públicos para 2030. El cálculo ilustra la magnitud del riesgo que enfrentan los hogares si las inversiones no se asignan correctamente.

El debate no se limita al precio de la energía. Las comunidades también cuestionan el consumo de agua, el uso de terrenos y la posibilidad de que los centros de datos hagan que sus ciudades sean más costosas y menos habitables.

Las compañías del sector responden que sus instalaciones generan ingresos fiscales para los distritos escolares y pueden reducir la carga del impuesto a la propiedad para los propietarios de viviendas. Ese argumento compite con la preocupación de que los costos de infraestructura terminen distribuyéndose entre todos los usuarios.

El problema se ha convertido en un asunto bipartidista. Los votantes también expresan inquietudes sobre el uso de la IA en las escuelas, la pérdida potencial de empleos y la concentración de riqueza en un grupo reducido de magnates tecnológicos.

La oposición se extiende por estados demócratas y republicanos

En Texas, un bastión republicano, la expansión de los centros de datos generó frustración con el gobernador Greg Abbott. Abbott se encuentra entre los 23 gobernadores republicanos que firmaron el compromiso voluntario impulsado por Trump.

Gina Hinojosa, candidata demócrata a la gobernación de Texas, utiliza el tema para desafiar a Abbott antes de las elecciones de noviembre. “Son propiedad de los hombres más ricos del mundo”, afirmó sobre los centros de datos. “Todos estamos pagando la factura. No hay reglas. Es el Lejano Oeste de los centros de datos”.

En Nueva York, la gobernadora demócrata Kathy Hochul firmó una orden para prohibir durante un año la construcción de grandes almacenes de servidores. La medida refleja el creciente interés estatal por revisar el impacto ambiental y económico de estas instalaciones.

Florida adoptó otro enfoque. En mayo, el gobernador republicano Ron DeSantis firmó una ley que, según explicó, impediría que las compañías eléctricas transfirieran los costos energéticos de los centros de datos a los consumidores residenciales y a los pequeños negocios.

Decenas de legislaturas estatales y comisiones de servicios públicos también han tomado medidas para exigir que los centros de datos paguen el costo de su electricidad. Estas obligaciones pueden incluir nuevas plantas de generación y actualizaciones del sistema de transmisión.

En California, la industria tecnológica se opone a una legislación diseñada para proteger a los consumidores de los aumentos de precios atribuibles a los centros de datos. Matthew Freedman, abogado de Utility Reform Network, cuestionó la distancia entre las promesas nacionales y las posiciones empresariales a nivel estatal.

“Es decepcionante, pero quizás no sorprendente, que las mismas empresas tecnológicas que firman el Pacto de Protección del Consumidor estén simultáneamente oponiéndose a los esfuerzos a nivel estatal para forzarlas a cumplir sus promesas”, dijo Freedman.

El crecimiento de la IA choca con la seguridad energética

La construcción de centros de datos se ha convertido en uno de los principales impulsores del crecimiento económico de Estados Unidos. Una desaceleración podría afectar la actividad industrial, aunque también podría reducir la presión sobre las redes eléctricas locales.

La administración Trump sostiene que limitar el desarrollo de infraestructura tecnológica podría hacer que Estados Unidos pierda ventaja frente a China. La Casa Blanca vincula la capacidad de generación eléctrica con la competencia tecnológica y con riesgos para la seguridad nacional.

Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, dijo en una entrevista con la Associated Press que la debilidad de Estados Unidos es la falta de generación de energía para desarrollar más la tecnología. Los chips de Nvidia impulsan buena parte de la expansión de la inteligencia artificial.

El crecimiento del sector también presenta un costo laboral y social. La capacidad de la IA para conducir, analizar hojas de cálculo y escribir software podría amenazar millones de empleos, mientras las empresas concentran niveles históricos de riqueza.

La disputa energética refleja una tensión central de la economía digital. Los centros de datos pueden crear empleos, ingresos fiscales y capacidad tecnológica, pero sus beneficios no garantizan que cada comunidad reciba una compensación proporcional por el consumo de recursos.

La Casa Blanca criticó específicamente a PJM Interconnection, el operador de la red eléctrica que supervisa el suministro en 13 estados, desde Virginia hasta Illinois. La administración considera que la organización no ha garantizado suficiente electricidad a precios razonables durante el auge impulsado por la IA.

Taylor Rogers, portavoz de la Casa Blanca, afirmó que PJM no ha aplicado una declaración bipartidista de principios firmada por la administración Trump y los 13 gobernadores de la región. Rogers pidió reformar el proceso de participación de las partes interesadas, la gobernanza de la junta y la aplicación de esa declaración.

La portavoz advirtió que PJM y sus empresas asociadas deben actuar “antes de que sea demasiado tarde”. La presión refleja la preocupación oficial por una red que podría enfrentar una demanda superior a la capacidad disponible.

Del pacto político a una posible obligación legal

El compromiso de Trump no tiene fuerza vinculante, por lo que su eficacia dependerá de las decisiones de las compañías y de los reguladores estatales. Esta característica alimenta las dudas sobre la capacidad del acuerdo para impedir aumentos futuros en las facturas.

Las empresas podrían comprometerse públicamente a cubrir sus costos, pero todavía enfrentarían decisiones regulatorias sobre conexiones, tarifas y ampliaciones de la red. Las diferencias entre los estados dificultan la aplicación de un estándar nacional uniforme.

La tensión también aparece entre los proyectos federales y las iniciativas estatales. Mientras la Casa Blanca promueve un pacto amplio, algunos gobiernos locales buscan imponer requisitos específicos para que cada centro de datos asuma el costo de la infraestructura que necesita.

El Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley bipartidista destinado a formalizar parte del compromiso. La propuesta exigiría que los centros de datos paguen las actualizaciones de la red eléctrica.

Una norma de ese tipo modificaría el equilibrio entre las empresas tecnológicas, las compañías eléctricas y los consumidores. También podría elevar los costos directos de los nuevos proyectos, aunque reduciría el riesgo de que esas inversiones se distribuyan entre los usuarios residenciales.

El debate será especialmente relevante antes de las elecciones de medio término. La inteligencia artificial ya no aparece solamente como una promesa tecnológica, sino también como un asunto relacionado con el precio de la energía, el empleo, el agua y la vivienda.

Por ahora, Trump intenta presentar el crecimiento de los centros de datos como una oportunidad inevitable para Estados Unidos. Sus críticos sostienen que la expansión debe avanzar con reglas claras y con garantías verificables para que las familias no terminen financiando la infraestructura de las grandes empresas tecnológicas.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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