Por Canuto  

El Departamento del Tesoro de EE.UU. se prepara para proponer nuevas reglas que obligarían a los emisores de stablecoins a reforzar sus defensas contra lavado de dinero, violaciones de sanciones y otras finanzas ilícitas, en uno de los pasos más relevantes hasta ahora para implementar la Ley GENIUS.

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  • FinCEN y OFAC trabajan en una propuesta conjunta para exigir controles de riesgo a emisores de stablecoins en EE.UU.
  • Las firmas tendrían que poder bloquear, congelar y rechazar transacciones sospechosas o potencialmente sancionables.
  • La iniciativa busca aplicar la Ley GENIUS sin frenar el desarrollo del ecosistema estadounidense de stablecoins de pago.

 

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos está por presentar una propuesta regulatoria que elevaría de forma significativa las obligaciones de los emisores de stablecoins frente al lavado de dinero, la financiación del terrorismo y las violaciones de sanciones. La medida perfila a estas empresas como actores con deberes similares a los de otras instituciones financieras sujetas a controles estrictos.

La iniciativa será impulsada de manera conjunta por la Red de Ejecución de Delitos Financieros, conocida como FinCEN, y la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC. Ambas oficinas son las principales responsables dentro del Tesoro en materia de finanzas ilícitas y sanciones internacionales.

Según información reportada por CoinDesk, el borrador revisado plantea que los emisores de stablecoins deberán contar con capacidades para bloquear, congelar y rechazar transacciones. También tendrían que fortalecer sus políticas internas para cumplir con la Ley de Secreto Bancario, una de las bases del régimen antilavado en Estados Unidos.

La propuesta aparece como uno de los desarrollos más importantes en la implementación de la Ley Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins, o Ley GENIUS, aprobada el año pasado. Esa legislación fue presentada como la primera gran ley federal del sector cripto en Estados Unidos y está prevista para entrar plenamente en vigor en 2027.

Qué exigiría la propuesta del Tesoro

El enfoque planteado por el Tesoro no se limita a una supervisión genérica. Las reglas buscarían que cada emisor diseñe programas efectivos para detectar y detener operaciones marcadas de forma específica por las autoridades, así como identificar clientes o actividades de mayor riesgo para asignarles más atención y recursos.

En la práctica, esto supondría que una empresa regulada de stablecoins tenga la capacidad operativa de revisar sus propios registros cuando FinCEN persiga a una persona o entidad determinada. Si una dirección, cliente o contraparte aparece vinculada a un objetivo de investigación, la firma tendría que rastrear cualquier actividad relacionada en su sistema.

Además, los emisores serían tratados como aliados directos en la ofensiva contra actores considerados por FinCEN como “preocupaciones primarias de lavado de dinero”. Ese punto eleva el rol de estas empresas más allá de la simple emisión de tokens respaldados en dólares o activos equivalentes.

En el frente de sanciones, OFAC exigiría salvaguardas basadas en riesgo tanto para la actividad en mercados primarios como secundarios. Las políticas internas tendrían que ser capaces de detectar y rechazar transacciones que puedan violar o directamente violen sanciones de Estados Unidos.

Esto implicaría controles más profundos sobre transferencias, relaciones comerciales y movimientos de fondos. También aumentaría la presión sobre empresas que hasta ahora han intentado mantener un equilibrio entre la eficiencia de las stablecoins y las exigencias crecientes de cumplimiento normativo.

Un mensaje de firmeza, pero también de deferencia hacia la industria

Aunque el marco apunta a endurecer la vigilancia, el Tesoro también parece enviar una señal de flexibilidad hacia el sector. El resumen revisado por la fuente sostiene que las instituciones financieras están en la mejor posición para identificar y evaluar sus propios riesgos de lavado de dinero, financiación del terrorismo y otras finanzas ilícitas.

Esa idea es importante porque sugiere un enfoque regulatorio basado en riesgo, no una receta única para todos. En otras palabras, el gobierno definiría el estándar esperado, pero dejaría que cada emisor estructure los mecanismos concretos según su modelo de negocio, sus clientes y su exposición operativa.

El mismo documento añade que una firma que mantenga un programa apropiado de prevención antilavado, en términos generales, no debería preocuparse por acciones de cumplimiento futuras. La excepción sería una “falla significativa o sistémica” para sostener ese programa, lo que marca el umbral de responsabilidad que buscaría aplicar el Tesoro.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó en un comunicado que estas medidas protegerán al sistema financiero de Estados Unidos frente a amenazas a la seguridad nacional, sin obstaculizar la capacidad de las empresas estadounidenses para avanzar en el ecosistema de stablecoins de pago.

El contexto político y regulatorio detrás de la medida

Las stablecoins se han convertido en una de las áreas más sensibles de la regulación cripto porque funcionan como puente entre el dinero tradicional y los mercados digitales. Para los reguladores, ese papel las vuelve especialmente relevantes en materia de sanciones, monitoreo de flujos y prevención del delito financiero.

Por eso, la industria ha seguido con atención el desarrollo de la Ley GENIUS y de las normas asociadas. Empresas como Tether, Circle, Ripple y World Liberty Financial han esperado una regulación que ayude a consolidar la percepción de sus activos como instrumentos seguros y confiables para pagos y operaciones en cadena.

Sin embargo, el sector cripto en su conjunto mantiene tensiones históricas con la intervención estatal. Desde sus orígenes, parte del movimiento defendió la idea de crear sistemas monetarios y financieros menos dependientes del control gubernamental, una aspiración que choca con las exigencias de trazabilidad y cooperación con autoridades.

Ese choque es todavía más visible en el ámbito de las finanzas descentralizadas o DeFi. Allí, el objetivo de reducir intermediarios y permitir interacciones directas entre usuarios hace más compleja la aplicación de controles tradicionales, y ese debate aún no está resuelto en las negociaciones sobre la Ley de Claridad del Mercado de Activos Digitales en el Senado estadounidense.

Mientras tanto, la propuesta sobre stablecoins se suma a otras piezas regulatorias ya en marcha. A comienzos de este año, la Oficina del Contralor de la Moneda, organismo independiente del Tesoro que supervisa bancos nacionales y fideicomisos, propuso sus propios estándares y procedimientos para emisores bajo su jurisdicción. Esta misma semana, la Corporación Federal de Seguro de Depósitos presentó una propuesta en gran medida paralela.

Tornado Cash, Binance y el caso World Liberty

El debate sobre controles de finanzas ilícitas no ocurre en el vacío. FinCEN había intentado en 2023 catalogar a mezcladores de criptomonedas como Tornado Cash dentro de la categoría de preocupación primaria por lavado de dinero. Sin embargo, a comienzos de este año el propio Departamento del Tesoro dio marcha atrás y sugirió que los mezcladores también pueden servir a usos legítimos y legales de privacidad.

Ese giro muestra la dificultad de regular herramientas cripto que pueden tener usos duales. La misma tecnología que sirve para ocultar rastros en actividades ilícitas puede ser defendida por otros usuarios como un mecanismo válido para proteger su privacidad financiera.

En materia de sanciones, los errores de cumplimiento han sido una de las principales críticas de los detractores de la industria. La atención reciente sobre Binance, el mayor exchange del mundo, es parte de ese contexto y ha reforzado la presión sobre cualquier actor relevante que procese grandes volúmenes de transacciones globales.

También destaca el caso de World Liberty Financial, firma parcialmente propiedad y controlada por la familia del presidente Donald Trump. La empresa solicitó una licencia como banco fiduciario en enero y gestiona la stablecoin USD1, pero esta semana quedó bajo nuevo escrutinio tras reportes que indican que desconocía que su socio AB DAO estaba involucrado en un proyecto con posibles vínculos con Prince Group de Camboya.

Ese conglomerado ha sido objetivo de importantes investigaciones en Estados Unidos, así como de sanciones y de la incautación el año pasado de un récord de BTC 14.000 millones. De concretarse la propuesta pendiente del Tesoro, relaciones comerciales de ese tipo quedarían sometidas a controles internos mucho más estrictos administrados por los propios emisores.

Lo que viene para el mercado de stablecoins

La propuesta aún deberá abrirse a comentarios públicos y puede sufrir cambios antes de ser finalizada. Aun así, su dirección general parece clara: Washington quiere que las stablecoins reguladas se integren más profundamente al perímetro de cumplimiento financiero tradicional.

Para el mercado, esto puede traducirse en mayores costos operativos, más inversión en monitoreo y una revisión más estricta de socios, clientes y canales de distribución. Pero también puede ofrecer una ruta más definida para aquellas empresas que buscan operar dentro de Estados Unidos con mayor legitimidad regulatoria.

El resultado será observado de cerca por emisores, bancos, plataformas de pagos y actores institucionales. Lo que está en juego no es solo la emisión de tokens estables, sino el modelo bajo el cual estos activos podrán expandirse como infraestructura de pagos en una economía fuertemente vigilada.

Por ahora, las barandillas regulatorias siguen tomando forma. El Tesoro da una nueva señal de que el futuro de las stablecoins en Estados Unidos pasará por controles comparables a los del sistema financiero tradicional, incluso si todavía quedan grandes zonas del ecosistema cripto sin resolver.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA

 


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