Por Canuto  

Los republicanos del Senado presentaron una versión revisada de la Clarity Act antes de la primera votación procesal del 15 de septiembre. El texto incorpora reglas para protocolos de trading no DeFi, pero mantiene sin cambios sustanciales la sección ética que enfrenta críticas demócratas y complica el camino de la legislación.
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  • La primera votación procesal de la Clarity Act está prevista para el 15 de septiembre, cuando el Senado regrese a Washington.
  • La nueva versión de 630 páginas ordena registrar ante la CFTC a ciertos protocolos de trading no DeFi y encarga reglas al regulador y al Tesoro.
  • El texto mantiene la aplicación principal de las disposiciones éticas en manos del Departamento de Justicia, sin cambios significativos.

Una votación con poco margen

Los republicanos del Senado de Estados Unidos difundieron una versión revisada de la Clarity Act, su principal iniciativa para establecer por primera vez un marco federal amplio para la industria de las criptomonedas. El texto, de 630 páginas, llegó antes de la primera votación procesal prevista para el 15 de septiembre, cuando la Cámara Alta regrese a Washington con un calendario limitado para impulsar el proyecto.

La votación procesal no representa todavía la aprobación definitiva de la legislación, pero marcará si el Senado puede abrir formalmente el camino para debatirla y avanzar hacia una eventual votación final. El momento resulta especialmente sensible porque la propuesta ha acumulado retrasos, desacuerdos entre partidos y disputas sectoriales que podrían impedir que llegue al escritorio del presidente Donald Trump.

Durante el último año, los legisladores han intentado convertir la Clarity Act en la primera ley federal estadounidense destinada a ordenar de manera integral el mercado cripto. La iniciativa busca reducir la incertidumbre sobre las competencias de los reguladores, aunque su contenido continúa en negociación por asuntos que incluyen las stablecoins, las finanzas ilícitas, las plataformas descentralizadas y la conducta ética de los funcionarios públicos.

La senadora Cynthia Lummis, una de las principales impulsoras republicanas del proyecto, afirmó que su equipo incorporó más de 114 disposiciones solicitadas por colegas demócratas. Según Lummis, esos cambios convierten el texto en un producto bipartidista sólido y ofrecen a la industria una solución duradera, en lugar de dejarla expuesta a los cambios de reglas asociados con cada nueva administración presidencial.

Nuevas reglas para protocolos no DeFi

Una de las novedades centrales de la versión revisada es la creación de un marco específico para los llamados protocolos de trading de finanzas no descentralizadas. El texto los describe como estructuras en las que una persona o un grupo actúa coordinadamente y conserva la autoridad, directa o indirecta, para controlar o modificar de forma material la funcionalidad, la operación o las reglas de consenso de un protocolo de trading de finanzas descentralizadas.

Bajo la nueva propuesta, esos protocolos de trading no DeFi tendrían que registrarse ante la Commodity Futures Trading Commission, conocida por sus siglas CFTC. Además, el proyecto ordena a la CFTC y al Departamento del Tesoro elaborar las reglas necesarias para implementar ese régimen, una tarea que trasladaríaparte importante de la definición práctica del sector a los organismos reguladores.

Una fuente de la industria cripto citada por The Block señaló que la incorporación de esta sección respondía a una demanda de los demócratas. El cambio intenta diferenciar entre sistemas con una estructura de control identificable y protocolos verdaderamente descentralizados, aunque la aplicación concreta dependería de cómo los reguladores interpreten conceptos como autoridad indirecta, control material y actuación coordinada.

El texto actualizado también precisa que las disposiciones relacionadas con DeFi se aplicarían únicamente a transacciones al contado y en efectivo de materias primas digitales. Lummis indicó que ese lenguaje busca atender las inquietudes de gobiernos tribales sobre el posible impacto de la Clarity Act en los mercados de predicción, un sector que podría quedar expuesto a interpretaciones regulatorias más amplias.

La disputa ética sigue abierta

Pese a las modificaciones regulatorias, la nueva versión no introduce cambios significativos en la sección dedicada a la ética. Esa parte mantiene al Departamento de Justicia como autoridad principal para hacer cumplir las restricciones, en lugar de conceder esa función a fiscales estatales, una decisión que ya había generado objeciones entre legisladores demócratas.

En julio, Trump aceptó una disposición que prohíbe a funcionarios públicos, empleados gubernamentales y sus cónyuges emitir o patrocinar activos digitales. La medida tendría una vigencia limitada hasta enero de 2029 y, según el texto, su aplicación quedaría bajo la responsabilidad del Departamento de Justicia, una estructura que sus críticos consideran insuficiente para abordar posibles conflictos de interés.

Las preocupaciones aumentaron por la riqueza cripto vinculada a Trump, que ha alcanzado cientos de millones de dólares asociados con World Liberty Financial y la memecoin TRUMP. Los demócratas han cuestionado que las salvaguardas previstas sean suficientes, mientras que el senador republicano Thom Tillis también participó en el envío de una versión alternativa de las disposiciones éticas.

Politico informó que la última versión no cuenta con apoyo demócrata confirmado, un dato decisivo para una iniciativa que necesita respaldo de ambos partidos para superar los obstáculos legislativos. Aunque Lummis sostiene que el proyecto incorporó numerosas solicitudes demócratas, la ausencia de respaldo explícito mantiene abierta la posibilidad de que la votación procesal enfrente una resistencia significativa.

Cooperativas, mercados y el futuro del proyecto

La revisión incluye además aclaraciones sobre la forma en que las cooperativas de crédito podrían realizar actividades relacionadas con criptomonedas. La fuente no detalló el alcance operativo de esas precisiones, pero su inclusión refleja la presión de distintos sectores financieros para obtener reglas más claras antes de que una ley federal modifique la distribución de competencias regulatorias.

El conflicto entre bancos y empresas cripto sobre el tratamiento de las recompensas de las stablecoins ha sido uno de los principales obstáculos para la iniciativa. A esa disputa se sumaron las preocupaciones sobre finanzas ilícitas y el debate sobre cómo regular protocolos que no encajan fácilmente en las categorías tradicionales de intermediarios financieros.

La dimensión política también pesa sobre el calendario. La Clarity Act encara un camino difícil hasta la firma presidencial, porque todavía debe superar la votación procesal, las negociaciones legislativas posteriores y las diferencias sobre ética, mientras el Senado dispone de un tiempo limitado para trabajar en el texto tras su regreso a Washington.

Lummis, quien dejará el Congreso en enero de 2027 porque no buscará otro mandato, ha intensificado públicamente su defensa de la propuesta. En una publicación, sostuvo que Estados Unidos debe escribir sus propias reglas en lugar de observar cómo Singapur o los Emiratos Árabes Unidos establecen las suyas, y apeló a la tradición de liderazgo estadounidense para justificar la aprobación del proyecto.

El resultado del 15 de septiembre mostrará si las nuevas disposiciones sobre protocolos no DeFi bastan para atraer apoyos adicionales o si las diferencias éticas seguirán bloqueando el consenso. Mientras tanto, la industria cripto enfrenta una etapa de incertidumbre: la legislación podría ofrecer un marco federal más estable, pero también someter a nuevas obligaciones de registro a actores cuya clasificación regulatoria todavía está en disputa.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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