Por Canuto  

Una propuesta republicana permitiría a los titulares de derechos obtener órdenes judiciales para que grandes ISP, proveedores de DNS y VPN bloqueen sitios extranjeros acusados de piratería. La iniciativa promete respuestas rápidas contra transmisiones ilegales, pero organizaciones tecnológicas alertan sobre censura, afectaciones a negocios legítimos y riesgos para la privacidad.
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  • El proyecto de Darrell Issa contempla órdenes contra proveedores con al menos 100.000 usuarios o suscriptores mensuales en Estados Unidos.
  • Los jueces podrían acelerar los bloqueos para transmisiones deportivas en vivo o contenidos lanzados durante las 24 horas previas.
  • Defensores de la web abierta citan errores en sistemas extranjeros, incluido Piracy Shield en Italia, como advertencia.

El representante estadounidense Darrell Issa, republicano por California, presentó un proyecto de ley que permitiría a los titulares de derechos de autor solicitar órdenes judiciales para bloquear sitios extranjeros de piratería. La propuesta alcanzaría a proveedores de servicios de Internet, resolutores de nombres de dominio y redes privadas virtuales, con el objetivo de cortar el acceso a plataformas que distribuyan contenido protegido sin autorización.

La iniciativa llega después de que Issa anticipara su intención de impulsar una legislación de este tipo durante una audiencia celebrada el 30 de junio. El congresista, quien continúa como miembro de la Cámara de Representantes, sostiene que el mecanismo actual de avisos y retiros bajo la Digital Millennium Copyright Act no responde con suficiente rapidez a transmisiones que pueden perder su valor comercial en cuestión de minutos.

Una propuesta con respuesta acelerada

El texto, denominado American Copyright Protection Act de 2026, fue remitido al Comité Judicial de la Cámara de Representantes, aunque todavía no aparecía publicado en el sitio web del Congreso al momento de la información. Issa preside un subcomité dedicado a tribunales, propiedad intelectual, inteligencia artificial e Internet, áreas que convergen directamente en el debate sobre quién puede ordenar el bloqueo de una dirección digital.

Según el proyecto, un titular de derechos tendría que acudir primero ante un tribunal para obtener una declaración de que una ubicación en línea es un “sitio de piratería extranjero”. La solicitud debería demostrar, bajo el estándar de preponderancia de la evidencia, que se trata de un sitio extranjero diseñado principalmente para facilitar la piratería, antes de pedir una orden dirigida a los operadores de redes.

La propuesta abarcaría a los ISP, proveedores de DNS y servicios de VPN con al menos 100.000 usuarios o suscriptores mensuales en Estados Unidos. En cambio, excluiría a los operadores de servidores raíz y a los registros de dominios de nivel superior, además de las redes Wi-Fi ofrecidas en aeropuertos, bibliotecas, restaurantes, tiendas minoristas y establecimientos similares.

Los proveedores normalmente contarían con 14 días para presentar objeciones a una orden, pero el juez tendría autoridad para modificar ese plazo cuando existieran acontecimientos sensibles al tiempo. Esa facultad permitiría acelerar la respuesta ante transmisiones deportivas en vivo o sitios que comenzaran a distribuir contenido dentro de las 24 horas posteriores a su lanzamiento, precisamente los escenarios que Issa considera más difíciles de combatir con el sistema vigente.

El argumento de los titulares de derechos

Issa argumentó que la piratería en línea no solo perjudica a las industrias creativas, sino que también ayuda a financiar grupos terroristas y otras redes criminales. Durante la audiencia de junio, preguntó si las autoridades podían actuar a la velocidad del sonido o de la luz para impedir que una transmisión deportiva de 45 minutos, o incluso más breve, siguiera siendo rentable para quienes venden contenido de manera clandestina.

El representante reconoció que cada día se eliminan millones de listados que infringen derechos de autor mediante el proceso de aviso y retiro previsto por la legislación estadounidense. Sin embargo, trasladó el debate desde la cantidad de contenidos retirados hacia la velocidad de la respuesta, porque una eliminación posterior puede llegar cuando el evento ya terminó y los operadores ilegales obtuvieron sus ingresos.

La Motion Picture Association ha intensificado durante los últimos dos años su campaña para que Estados Unidos adopte un régimen de bloqueo de sitios. En abril de 2024, su director ejecutivo, Charles Rivkin, dijo que el grupo trabajaría con integrantes del Congreso para exigir a los proveedores de Internet que bloquearan plataformas dedicadas a la piratería.

El respaldo a esta estrategia no se limita al Partido Republicano. En enero de 2025, la representante demócrata por California Zoe Lofgren propuso la Foreign Anti-Digital Piracy Act, mientras que en julio de ese año dos senadores demócratas y dos republicanos presentaron la Block Bad Electronic Art and Recording Distributors Act.

La advertencia sobre la censura

Los opositores sostienen que el proyecto construiría una infraestructura de censura demasiado amplia en lugar de perseguir directamente a los operadores de los sitios extranjeros. Meredith Rose, asesora principal de políticas de Public Knowledge, afirmó que las órdenes obligarían a proveedores de banda ancha residencial, resolutores DNS globales y otros intermediarios a interrumpir el tráfico de páginas simplemente acusadas de infringir derechos de autor.

La preocupación central está en que un bloqueo aplicado a un resolutor DNS puede impedir que los usuarios encuentren un sitio, aunque la infraestructura técnica y el contenido estén alojados en otra jurisdicción. Rose advirtió que una sola decisión judicial podría cortar el acceso a una página a escala global, dependiendo del alcance del servicio involucrado y de la forma en que sus usuarios resuelvan los nombres de dominio.

La coalición Re:Create calificó la propuesta como un proceso legal unilateral inspirado en leyes europeas de bloqueo de sitios. Brandon Butler, director ejecutivo de la organización, afirmó que obligar a proveedores de infraestructura, resolutores DNS y VPN a filtrar tráfico amenaza la privacidad de los usuarios, puede perjudicar la web abierta e invita a abusos en materia de derechos de autor.

Los grupos críticos también cuestionan la inclusión de las VPN, cuyos servicios están diseñados para encaminar el tráfico a través de servidores intermediarios y proteger la privacidad o la ubicación de los usuarios. Aunque una orden judicial podría imponer obligaciones formales, hacer cumplir un bloqueo de manera uniforme en redes con arquitecturas y jurisdicciones distintas plantea dificultades técnicas que el proyecto no resuelve por completo.

El precedente de otros países

Una carta dirigida a Issa por la Computer & Communications Industry Association, la Electronic Frontier Foundation, Fight for the Future, la Internet Infrastructure Coalition, Public Knowledge y el R Street Institute sostuvo que el bloqueo excesivo no es un problema resuelto. Esas organizaciones señalaron que los delincuentes suelen encontrar formas de evadir los bloqueos, mientras los errores pueden interrumpir servicios que no tienen relación con la piratería.

El documento citó el caso de España, donde, según los grupos, bloqueos excesivos afectaron procesadores de pagos y a un proveedor nacional de atención médica. También mencionó movimientos ciudadanos contra esas medidas, como evidencia de que una herramienta presentada como selectiva puede producir consecuencias políticas y económicas más amplias cuando las órdenes alcanzan infraestructura compartida.

Investigadores de la Universidad de Twente en los Países Bajos llegaron a una conclusión similar en un informe de septiembre de 2025 sobre el sistema Piracy Shield de Italia. El estudio encontró que al menos cientos de sitios web legítimos habían sido afectados involuntariamente por los bloqueos, un resultado que los críticos consideran relevante para evaluar cualquier modelo estadounidense con procedimientos acelerados.

Cloudflare mantiene una disputa con Italia por una multa relacionada con su negativa a bloquear el acceso a sitios mediante el servicio DNS 1.1.1.1. La empresa describió Piracy Shield como un esquema regulatorio equivocado que protege los intereses de grandes titulares de derechos a costa del conjunto de Internet, mientras Public Knowledge dijo que en Europa los errores también han afectado hoteles, talleres mecánicos, comercios, programas de telesalud e incluso un convento.

El riesgo para pequeñas empresas

Los detractores de la legislación sostienen que las pequeñas empresas y las organizaciones sin fines de lucro enfrentarían los mayores riesgos, pese a contar con menos recursos para impugnar una orden. Un dominio compartido, un servicio de alojamiento con múltiples clientes o una dirección de red mal identificada podría generar interrupciones comerciales mientras el afectado intenta demostrar que no participa en actividades ilícitas.

Public Knowledge afirmó que los operadores de sitios bloqueados no tendrían necesariamente un recurso efectivo para recuperar los ingresos perdidos durante días, semanas o periodos más largos. Desde esa perspectiva, el problema no consiste únicamente en retirar una página supuestamente infractora, sino en definir quién asumiría el costo cuando una orden urgente bloquee por error servicios legítimos.

El proyecto contempla un procedimiento de objeción para los proveedores, pero la posibilidad de acortar los plazos en eventos sensibles al tiempo concentra buena parte de las críticas. Los defensores de la propuesta consideran que esa rapidez resulta indispensable para transmisiones deportivas, mientras sus opositores temen que la urgencia reduzca la oportunidad de revisar pruebas, identificar errores técnicos y escuchar a las partes afectadas.

La MPA sostiene que más de cincuenta países ya han impuesto mecanismos de bloqueo de sitios y ha pedido que Estados Unidos siga ese ejemplo. La organización afirma que la piratería de películas, programas de televisión, arte y libros estadounidenses priva a la economía del país de miles de millones de dólares y de cientos de miles de empleos, mientras los críticos responden que esas estimaciones no justifican sacrificar controles judiciales y protección para terceros.

Una disputa que seguirá en el Congreso

La propuesta de Issa representa el intento más reciente de establecer en Estados Unidos un mecanismo nacional de bloqueo de sitios, después de iniciativas presentadas por legisladores de ambos partidos. El senador demócrata Chris Coons describió en 2025 a los sitios extranjeros de piratería como operaciones que roban decenas de miles de millones de dólares a la economía estadounidense, mientras el senador republicano Thom Tillis defendió el bloqueo como una herramienta específica compatible con la libertad de expresión y el debido proceso.

El desacuerdo refleja dos prioridades que chocan en el diseño de la política digital. Los titulares de derechos buscan una respuesta suficientemente rápida para impedir que una transmisión ilegal genere ingresos, pero los proveedores y grupos de libertades civiles advierten que una orden contra una dirección de Internet puede afectar a usuarios, negocios y servicios completamente ajenos a la infracción original.

El proyecto aún debe avanzar dentro del Comité Judicial de la Cámara y superar el debate sobre su alcance, sus salvaguardas y la responsabilidad por los bloqueos erróneos. Hasta ahora, la discusión pública muestra que el apoyo bipartidista a combatir la piratería no elimina la disputa sobre si ISP, DNS y VPN deben convertirse en ejecutores directos de órdenes que pueden modificar el acceso a la web.

El resultado también tendrá implicaciones para la privacidad y la arquitectura de Internet, aunque la propuesta no regula criptomonedas ni redes blockchain de manera específica. Su alcance potencial sobre resolutores DNS y VPN convierte el caso en una referencia importante para cualquier empresa digital que dependa de servicios de nombres, conectividad global o herramientas de intermediación del tráfico.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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