Por Canuto  

Un juez de Londres determinó que la ley china, y no la inglesa, regirá las reclamaciones de víctimas de un fraude sobre 61.000 BTC incautados. La decisión no establece quién es dueño de las monedas ni quién las recibirá; el valor citado para el conjunto ronda los £3.800 millones.

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  • El juez Turner concluyó que las operaciones del esquema ocurrieron principalmente en China y que las reclamaciones deben examinarse bajo la ley de ese país.
  • Las víctimas sostienen que aún se les adeudan cerca de £600 millones, mientras que las 61.000 monedas se valoraban en unos USD $5.100 millones al precio citado en la información.
  • La sentencia no define la propiedad de los BTC. Fieldfisher, bufete que representa a las víctimas, planea apelar, según informó el Financial Times.

 

 

Un fallo del High Court de Londres podría complicar el intento de víctimas chinas de fraude por recuperar 61.000 bitcoins (BTC) incautados en Reino Unido, cuyo valor se estima en alrededor de £3.800 millones, o USD $5.000 millones. El juez Turner determinó que la ley china, y no la inglesa, debe regir las reclamaciones presentadas por los afectados, a quienes todavía se les adeudarían unos £600 millones.

La decisión, emitida el 12 de octubre, no resuelve quién es propietario de los bitcoins ni ordena que el Estado británico se quede con ellos. Define qué legislación debe aplicarse para analizar las reclamaciones; según la información de la sentencia citada en el borrador, las consecuencias de aplicar la ley china todavía no se han probado en un juicio.

El fallo define qué ley examinará las reclamaciones

Las víctimas acudieron a la justicia británica en el marco de la Ley de Producto del Crimen de 2002, conocida como Proceeds of Crime Act 2002, que permite iniciar procesos civiles de recuperación de activos vinculados a actividades criminales. Bajo esa vía, cada reclamante debe demostrar que tiene derechos de propiedad sobre las monedas: el hecho de que una persona tenga derecho a cobrar una deuda no basta, por sí solo, para acreditar que determinados BTC le pertenecen.

La diferencia es decisiva porque las víctimas afirman haber perdido dinero en un esquema que luego financió compras de Bitcoin. Una reclamación basada únicamente en que los organizadores les deben dinero puede convertirlas en acreedoras, pero no necesariamente les permite identificar monedas específicas como suyas ni reclamarlas directamente dentro del proceso británico.

El juez Turner consideró que la captación de fondos, las promesas de inversión y las compras de monedas ocurrieron principalmente en China. Según la información de la sentencia citada por BeInCrypto, el magistrado sostuvo que esas operaciones estuvieron «abrumadoramente centradas en China», una conclusión que lo llevó a determinar que la ley de ese país debía regir las reclamaciones.

La ley inglesa podría haber ofrecido a las víctimas una vía distinta mediante reglas de fideicomiso que, en ciertos casos, permiten seguir el rastro de dinero robado hasta los activos adquiridos posteriormente con esos fondos. Sin embargo, el juez no consideró que ese enfoque fuera el aplicable en esta disputa, dado que las operaciones centrales del esquema se desarrollaron en China.

La brecha entre el dinero pendiente y el valor de los BTC

Los registros judiciales citados en la información indican que el esquema recaudó cerca de 40.200 millones de yuanes entre 2014 y 2017, equivalentes a unos £4.100 millones. Se devolvieron alrededor de 34.100 millones de yuanes, aunque esa cifra no significa que todos los inversionistas hayan recibido dinero ni que cada afectado haya recuperado su aporte.

Quedaron sin devolver unos 6.100 millones de yuanes, que la sentencia calcula en aproximadamente £600 millones al tipo de cambio utilizado por el tribunal. Esa deuda pendiente es mucho menor que el valor estimado de las monedas incautadas: a un precio de BTC cercano a USD $83.143, los 61.000 bitcoins se valoraban en unos USD $5.100 millones.

La diferencia entre ambas cifras no significa que las víctimas tengan garantizado el acceso a todo el fondo ni que las autoridades puedan apropiárselo automáticamente. El resultado dependerá de que los afectados logren demostrar derechos de propiedad sobre las monedas y de cómo se resuelvan las reclamaciones bajo la legislación que el juez consideró aplicable.

Los bitcoins recuperados están sujetos a un proceso de recuperación civil en el High Court, según la Fiscalía de la Corona británica (CPS). La sentencia sobre qué ley rige las reclamaciones no determina por sí sola quién recibirá los activos: si las víctimas solo aparecen como acreedoras, sin demostrar que determinados BTC les pertenecen, sus reclamos de propiedad podrían no prosperar. El destino de las monedas dependerá de la resolución de ese proceso y de las pruebas presentadas.

La disputa sigue abierta y podría llegar a una apelación

La operadora del esquema, Zhimin Qian, fue condenada a más de 11 años de prisión en noviembre de 2025, después de declararse culpable en un caso de incautación de Bitcoin descrito como récord. La condena penal no resuelve por sí misma la cuestión civil sobre quién tiene derecho a las monedas incautadas, que es el punto que ahora mantiene enfrentadas a las víctimas y las autoridades.

Fieldfisher, el bufete que encabeza la representación de las víctimas, planea apelar el fallo, según informó el Financial Times. Una apelación podría cuestionar la decisión sobre qué ley debe aplicarse, aunque la información disponible no detalla los argumentos que presentará el equipo legal ni anticipa cuándo podría resolverse ese trámite.

La Fiscalía de la Corona británica indicó que los 61.000 bitcoins recuperados, valorados en £300 millones al momento de la incautación, están sujetos a procedimientos de recuperación civil. Esa cifra corresponde a la valoración de entonces y no determina el resultado del proceso ni quién tiene derecho a los activos.

Por ahora, el efecto concreto del fallo es más acotado, pero relevante: las reclamaciones deberán analizarse bajo la ley china y las víctimas tendrán que demostrar algo más que la existencia de una deuda. La resolución sobre la propiedad sigue pendiente, por lo que tanto una eventual apelación como las pruebas que presenten los afectados podrían influir en quién recibe finalmente el valor de las 61.000 monedas.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA

 


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