Por Canuto  

Nueva York, California, Michigan y otras jurisdicciones llevaron a la EPA ante una corte federal para impugnar la derogación de límites de carbono a centrales eléctricas. La coalición también cuestiona la falta de regulación plena para plantas existentes de gas natural.
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  • La fiscal general de Nueva York, Letitia James, encabeza una coalición de 25 estados y ciudades que presentó una demanda ante el Circuito de D.C.
  • La acción busca anular la derogación de las Normas de Contaminación de Carbono de 2024, que exigían reducir emisiones mediante tecnología de captura de carbono.
  • Los demandantes alegan que la EPA no consideró alternativas razonables ni los costos para la salud y el clima, y notificaron que también la demandarán por la contaminación de plantas existentes de gas natural.

 


La fiscal general de Nueva York, Letitia James, encabeza una coalición de 25 estados y ciudades que presentó una demanda contra la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA). La acción, interpuesta ante la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia, busca frenar la derogación de los límites a las emisiones de gases de efecto invernadero de las centrales eléctricas.

La disputa se centra en las Normas de Contaminación de Carbono de 2024, que exigían a las centrales eléctricas estadounidenses reducir sus emisiones mediante la instalación de tecnología de captura de carbono. La coalición pide que la corte anule la decisión de la EPA y sostiene que la agencia no justificó adecuadamente el retiro de esas obligaciones, detalla Yahoo.

La disputa por las normas de carbono

La demanda reúne a estados como California y Michigan, junto con Nueva York, y a otras jurisdicciones incluidas en la coalición. Según Reuters, el grupo presentó su impugnación ante el tribunal federal de apelaciones de Washington, donde busca que los jueces revisen la derogación de la regulación aprobada en 2024.

El alcance de la norma cuestionada importa porque las centrales eléctricas figuran entre las principales fuentes de gases de efecto invernadero en Estados Unidos. La información difundida sobre el caso señala que ocupan el segundo lugar, detrás de los vehículos, y que representan una cuarta parte de las emisiones de dióxido de carbono del país.

La medida de 2024 establecía que las plantas redujeran sus emisiones con tecnología de captura de carbono. La demanda no detalla en el material disponible qué instalaciones concretas quedarían afectadas por la derogación ni ofrece una estimación de cuánto cambiarían las emisiones si la corte acepta el reclamo.

Para la coalición, el debate no se limita a la decisión de retirar una regla: también cuestiona el proceso seguido por la agencia. Los estados y ciudades sostienen que la EPA revocó las regulaciones sin considerar alternativas razonables y sin ponderar los costos para la salud y el clima de permitir más contaminación en la atmósfera.

El reclamo contra la EPA y los próximos pasos

James presentó la disputa como una cuestión de protección pública y criticó la decisión de la agencia. “Desmantelar estas protecciones es una traición a las familias estadounidenses, y lo que está en juego es demasiado alto como para permitir que esta administración ponga una vez más las ganancias por encima de las personas”, afirmó la fiscal general.

La declaración expresa la postura de la coalición, no una conclusión judicial sobre los efectos de la derogación ni sobre la legalidad de la actuación de la EPA. El tribunal deberá examinar el desafío y los argumentos de las partes; la información de origen no anticipa un calendario para ese proceso ni un resultado.

Además de pedir que se anule la derogación, la coalición notificó a la EPA que demandará por lo que describe como el incumplimiento continuo de la agencia en regular plenamente la contaminación de las centrales existentes de gas natural. Se trata de un reclamo adicional al recurso contra el retiro de las normas de 2024, relacionado con la obligación de regular emisiones de instalaciones que ya operan.

El caso pone en primer plano dos asuntos distintos, aunque conectados: la validez de la decisión de revocar los estándares de carbono y la actuación de la agencia frente a las plantas de gas natural existentes. Por ahora, la presentación judicial refleja la posición de los estados y ciudades; la controversia dependerá de la revisión del tribunal y de las respuestas que presente la EPA.


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