Por Canuto  

Un grupo de privacidad liderado por Max Schrems sostiene que los cambios propuestos al RGPD podrían permitir a las grandes tecnológicas reutilizar enormes volúmenes de datos personales para desarrollar y operar sistemas de IA.

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  • Noyb acusa a la Comisión Europea de priorizar la competitividad de la industria de IA sobre los derechos fundamentales de privacidad.
  • La propuesta permitiría invocar el interés legítimo para procesar datos personales vinculados con el desarrollo y funcionamiento de sistemas de IA.
  • El grupo de Schrems advierte que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea podría convertirse nuevamente en el escenario de la disputa.

 


La organización europea de defensa de la privacidad None of Your Business, conocida como Noyb, arremetió contra los cambios que la Unión Europea estudia introducir en sus normas de protección de datos para facilitar el desarrollo de inteligencia artificial (IA).

El grupo está dirigido por el abogado austríaco Max Schrems, cuya campaña consiguió que el máximo tribunal del bloque anulara dos acuerdos de transferencia de datos entre Estados Unidos y la Unión Europea. Su argumento central es que la adaptación regulatoria no debe convertir los derechos fundamentales en un costo secundario de la carrera tecnológica.

La Comisión Europea ha situado la competitividad en el centro de su agenda económica y digital, con medidas destinadas a reducir cargas regulatorias y fortalecer la capacidad del bloque frente a Estados Unidos y China. En ese contexto, Bruselas plantea ajustes a la legislación digital y cambios en las normas que regulan el procesamiento de datos personales mediante el Reglamento General de Protección de Datos, o RGPD. La iniciativa busca responder a las presiones de la industria de IA, pero noyb considera que el enfoque puede alterar el equilibrio que sostiene la regulación europea.

La propuesta contempla que, cuando el procesamiento de datos personales resulte necesario para los intereses del responsable en el contexto del desarrollo y el funcionamiento técnico de un sistema o modelo de IA, la empresa pueda apoyarse en la base jurídica del interés legítimo. En términos prácticos, esa fórmula podría permitir que determinadas compañías procesen información sin solicitar nuevamente el consentimiento individual de cada persona. La discusión no se limita a los modelos generativos, porque el texto también alcanza el funcionamiento técnico y otros productos relacionados con la inteligencia artificial.

Según noyb, las enmiendas planteadas por la Comisión para el artículo 88c, que un borrador de compromiso del Consejo de la UE renombra como artículo 88bis, abrirían una vía demasiado amplia para la reutilización de información personal. La organización sostiene que las grandes tecnológicas podrían emplear prácticamente todos los datos recopilados durante las últimas décadas siempre que lograran vincular ese uso con la IA. Para sus críticos, la expresión “en el contexto” de la inteligencia artificial deja un margen de interpretación capaz de debilitar las limitaciones actuales.

El conflicto enfrenta dos objetivos que Bruselas presenta como complementarios, pero que noyb considera potencialmente incompatibles si la norma no incorpora salvaguardas estrictas. Por un lado, la Unión Europea quiere que sus empresas compitan en un mercado dominado por grandes compañías tecnológicas y modelos de IA; por otro, el RGPD establece que el tratamiento de información personal debe respetar principios de necesidad, proporcionalidad y protección de los derechos individuales. La organización teme que la presión económica termine inclinando la balanza de manera permanente hacia los intereses comerciales.

El argumento de la expropiación digital

Schrems calificó la propuesta como un abandono de los principios europeos de protección de datos y afirmó que las ganancias de las empresas de IA pasarían a prevalecer sobre el derecho fundamental a la privacidad. El abogado describió el posible resultado como una “expropiación digital de los europeos”, una expresión con la que busca subrayar que las personas perderían control sobre información que aportaron originalmente en contextos muy distintos. La acusación es política y jurídica, no una conclusión definitiva sobre el texto, que todavía se encuentra dentro del proceso legislativo europeo.

Noyb puso como ejemplo a quienes nunca fueron clientes de una empresa de IA, pero pudieron haber dejado información en chats, redes sociales u otros servicios digitales hace años o incluso décadas. Si esos registros terminaran incorporados a un sistema y la nueva base jurídica resultara aplicable, las personas afectadas podrían descubrir que sus datos están siendo utilizados por una compañía con la que jamás mantuvieron una relación directa. El grupo sostiene que el cambio reduciría la necesidad de obtener consentimiento y asumiría de antemano que existe un interés legítimo prioritario.

En una declaración recogida por The Register, Schrems afirmó que una mayoría de los Estados miembros podría estar considerando que los intereses de Elon Musk, Mark Zuckerberg, Google u OpenAI, orientados a obtener enormes ganancias, deben prevalecer sobre la protección de datos de los europeos. También sostuvo que todo lo que las personas hayan introducido en sistemas digitales, o que las corporaciones de IA hayan obtenido por otros medios, podría convertirse en material disponible para esas compañías. Las afirmaciones reflejan la posición de noyb y no describen una decisión final adoptada por la Unión Europea.

La organización acusó a la Comisión Europea de abandonar sus prioridades de privacidad para atender al lobby de la industria tecnológica, mientras describió como mixta la postura del Parlamento Europeo. Esa división política podría influir en el alcance final de las enmiendas, especialmente si los legisladores buscan preservar la competitividad sin crear una excepción general para el entrenamiento o la operación de modelos. El debate también plantea una pregunta más amplia: si el interés legítimo basta para justificar usos nuevos de datos obtenidos bajo expectativas originales completamente diferentes.

El antecedente judicial de noyb explica por qué la organización considera que los tribunales podrían ser la última barrera contra una flexibilización profunda del RGPD. Su campaña consiguió que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea invalidara el acuerdo de Puerto Seguro en 2015, en el caso Schrems I, y el Escudo de Privacidad entre la UE y Estados Unidos en 2020, mediante el caso Schrems II. Ambos fallos mostraron que los arreglos políticos y comerciales sobre transferencias de datos pueden caer cuando el tribunal considera que no protegen adecuadamente los derechos fundamentales europeos.

Noyb advirtió que el Tribunal de Justicia también podría examinar si las modificaciones relacionadas con la IA son compatibles con esos derechos, aunque no existe todavía una sentencia sobre el proyecto. La organización recordó que el tribunal anuló legislación europea en asuntos que, a su juicio, implicaban infracciones menos graves, como la retención de datos o la transferencia de información hacia Estados Unidos. El posible litigio dependería del texto aprobado, de su aplicación concreta y de la existencia de un caso que permita cuestionarlo ante la justicia europea.

Schrems sostuvo que una ley extrema, con un alto riesgo de ser anulada, produciría más incertidumbre jurídica en lugar de la simplificación que la Comisión promete. Desde la perspectiva de las empresas, reglas más claras podrían facilitar la planificación de inversiones y el entrenamiento de modelos, pero una excepción amplia también podría provocar nuevas demandas y decisiones contradictorias entre autoridades nacionales. El desafío para los legisladores será definir un marco que permita desarrollar IA sin convertir la información personal acumulada durante décadas en un recurso de libre disposición corporativa.

El proceso aún no equivale a una autorización automática para que las compañías de IA utilicen cualquier dato europeo ni confirma que el Parlamento y el Consejo aprobarán exactamente la redacción cuestionada. El borrador de compromiso del Consejo que menciona el artículo 88bis tampoco constituye por sí mismo una norma definitiva. Sin embargo, la disputa deja claro que la expansión de la inteligencia artificial abre una nueva fase de tensión entre competitividad, innovación y privacidad, con los tribunales europeos nuevamente en el horizonte. Para los ciudadanos, el resultado determinará hasta qué punto conservarán capacidad de oponerse a usos posteriores de la información que ya entregaron a servicios digitales.


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Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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