Por Canuto  

Siete senadores demócratas consideran insuficiente la nueva versión de la Ley CLARITY, mientras los bancos también reclaman cambios por el impacto potencial sobre los depósitos y los préstamos locales.

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  • El proyecto H.R. 3633 tiene 616 páginas y necesita 60 votos para avanzar en el Senado.
  • Las nuevas reglas éticas prohíben a ciertos funcionarios públicos emitir o patrocinar activos digitales durante su mandato.
  • Demócratas y bancos piden más protección al consumidor, controles contra las finanzas ilícitas y salvaguardas para los depósitos.

 

La nueva versión de la Ley CLARITY no consiguió disipar las dudas de un grupo de senadores demócratas. Siete legisladores anunciaron que el texto presentado por los republicanos todavía está por debajo de sus expectativas.

La oposición llega después de que el borrador incorporara reglas éticas para impedir que determinados funcionarios públicos emitan o patrocinen activos digitales. También incluye una sección de aplicación de la ley con facultades relacionadas con la incautación de stablecoins.

El proyecto necesita 60 votos para superar el Senado. La resistencia demócrata complica el calendario del líder de la mayoría, John Thune, quien planea llevar la iniciativa al pleno la próxima semana, antes del receso de agosto.

Un marco federal todavía sin consenso

La Ley de Claridad del Mercado de Activos Digitales, conocida como Ley CLARITY, busca establecer un marco federal para supervisar las criptomonedas en Estados Unidos. Su propuesta principal consiste en dividir las responsabilidades regulatorias entre la Comisión de Bolsa y Valores, SEC, y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas, CFTC.

El texto publicado por los republicanos del Senado tiene 616 páginas y corresponde formalmente al proyecto H.R. 3633. Aunque el documento es extenso, el reporte señala que solo dos partes son nuevas frente al borrador que circuló en mayo.

La primera incorporación corresponde a los requisitos éticos. La segunda añade una sección dedicada a la aplicación de la ley, que contempla poderes de incautación relacionados con stablecoins.

Las reglas éticas buscan impedir que los funcionarios cubiertos emitan o patrocinen un activo digital a cambio de una contraprestación. La disposición alcanza al presidente, el vicepresidente, los legisladores y sus cónyuges durante el tiempo que permanezcan en el cargo.

El acuerdo tiene una vigencia limitada. Según el texto descrito en la información de origen, estas restricciones caducarían el 20 de enero de 2029.

La oposición demócrata persiste

Las senadoras Catherine Cortez Masto y Angela Alsobrooks, junto con los senadores Cory Booker, Ruben Gallego, John Hickenlooper, Mark Warner y Raphael Warnock, cuestionaron públicamente la versión actual.

El grupo afirmó que el lenguaje necesita más trabajo en varias áreas. Entre sus preocupaciones mencionó la protección del consumidor, las finanzas ilícitas y la integridad del mercado.

En una declaración conjunta, los legisladores dijeron que el texto republicano de la Ley CLARITY está por debajo de lo esperado. También aseguraron que han negociado de buena fe con sus colegas republicanos durante el último año y que continuarán trabajando para completar el proceso.

La postura del grupo no representa un rechazo definitivo a cualquier marco regulatorio para los activos digitales. Su declaración deja abierta la posibilidad de seguir negociando, aunque exige modificaciones antes de respaldar el proyecto.

La senadora Alsobrooks adoptó una posición más dura sobre las reglas éticas. De acuerdo con Semafor, señaló que votará en contra del proyecto si los republicanos no fortalecen esas disposiciones.

Su crítica se concentra en el mecanismo de cumplimiento. La legisladora cuestionó que la aplicación dependa únicamente del Departamento de Justicia y describió ese enfoque como “salvaje, poco serio y absolutamente loco”.

El debate sobre la aplicación de la ley

Alsobrooks quiere que los fiscales generales estatales reciban facultades para actuar cuando el Departamento de Justicia no haga cumplir las reglas. Esa propuesta modificaría el equilibrio entre la autoridad federal y la capacidad de intervención de los estados.

La discusión resulta relevante porque una prohibición ética necesita un mecanismo claro para investigar posibles infracciones. Sin una vía de aplicación que los senadores consideren suficiente, la norma podría enfrentar críticas por carecer de efectos prácticos.

El proyecto no solo aborda la conducta de los funcionarios públicos. También incluye herramientas para la aplicación de la ley en el ámbito de las stablecoins, aunque la información disponible no detalla el alcance operativo de cada facultad de incautación.

Las stablecoins son activos digitales diseñados para mantener un valor relativamente estable, normalmente mediante una referencia a monedas tradicionales u otros activos. Por ese papel, suelen ocupar un lugar central en las discusiones sobre pagos, liquidez y riesgos regulatorios.

El desacuerdo sobre la aplicación refleja una preocupación más amplia del debate cripto en Washington. Los legisladores deben definir qué agencia supervisa cada actividad y qué autoridad puede intervenir cuando una conducta cruza las fronteras estatales o federales.

La Ley CLARITY intenta repartir competencias entre la SEC y la CFTC. Sin embargo, las objeciones demócratas sugieren que el reparto institucional no basta para construir un acuerdo político amplio.

Los bancos alertan sobre los depósitos

La industria bancaria también solicitó cambios en la última versión del proyecto. Seis grupos comerciales, liderados por la Asociación Bancaria Americana, ABA, firmaron una declaración conjunta sobre los riesgos para los depósitos.

Las organizaciones sostienen que el texto todavía puede afectar el préstamo local que impulsa la actividad económica en Estados Unidos. Su preocupación conecta la regulación de los activos digitales con el funcionamiento tradicional del sistema bancario.

El señalamiento bancario introduce una dimensión distinta en la negociación. Mientras los demócratas concentran sus reclamos en la ética, el consumidor, las finanzas ilícitas y la integridad del mercado, los bancos advierten sobre posibles efectos en la intermediación crediticia.

Los depósitos permiten a las entidades financieras sostener operaciones de crédito para hogares, empresas y comunidades. Por eso, cualquier cambio regulatorio que modifique la relación entre activos digitales, stablecoins y cuentas bancarias puede generar presión política adicional.

La declaración conjunta no significa que los grupos bancarios rechacen toda legislación sobre criptomonedas. Su mensaje pide revisar el diseño de la Ley CLARITY para evitar consecuencias negativas sobre el financiamiento local.

El debate también muestra que el proyecto enfrenta objeciones desde varios sectores. Los senadores demócratas reclaman salvaguardas públicas, mientras las asociaciones bancarias buscan proteger el modelo de depósitos y préstamos que consideran esencial para la economía estadounidense.

El desafío de alcanzar 60 votos

El obstáculo inmediato para la Ley CLARITY es matemático y político. El proyecto necesita 60 votos en el Senado, por lo que los republicanos requieren apoyo demócrata para alcanzar el umbral.

La oposición de siete senadores reduce el margen disponible para negociar. Cada cambio adicional puede facilitar el respaldo de algunos demócratas, pero también podría generar nuevas objeciones entre legisladores republicanos o grupos de la industria.

John Thune planea llevar la iniciativa al pleno la próxima semana. El calendario aumenta la presión sobre los negociadores, especialmente porque el Senado se aproxima al receso de agosto.

La pregunta central es si el texto revisado puede reunir suficientes votos demócratas antes de esa pausa legislativa. La respuesta dependerá de la disposición republicana a modificar las reglas éticas y atender los reclamos sobre consumidores, finanzas ilícitas y mercados.

Por ahora, la inclusión de nuevas normas no ha sido suficiente para cerrar la brecha. El caso demuestra que un proyecto extenso puede avanzar en la definición técnica de un marco regulatorio y, aun así, enfrentar dificultades para construir confianza entre los partidos.

La negociación continuará con varios puntos abiertos. La aplicación de las reglas, el papel de los fiscales generales estatales, la protección de los depósitos y el reparto de competencias entre la SEC y la CFTC seguirán en el centro de la discusión.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA

 


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