Por Canuto  

Meta sostiene que no hay pruebas de que empleados descargaran por torrent películas para adultos ni de que esos archivos se usaran para entrenar sus modelos de IA. Sin embargo, documentos judiciales describen a cinco empleados que, según la empresa, aparentemente interactuaron con archivos vinculados a los productores demandantes, mientras Strike 3 cuestiona las restricciones para investigar sus identidades.
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  • Strike 3 Holdings y Counterlife Media alegan que Meta descargó y compartió mediante BitTorrent 2.396 películas protegidas por derechos de autor para entrenar modelos de IA; la empresa niega esa acusación.
  • Meta comunicó los nombres de cinco empleados que aparentemente interactuaron con archivos, pero los mantiene bajo una reserva de acceso para abogados.
  • En un caso relacionado, Meta afirma que un ejecutivo de Reality Labs ya había dejado la empresa cuando habría ocurrido la actividad investigada.


Una disputa que ahora examina la actividad de empleados

La demanda de Strike 3 Holdings y Counterlife Media contra Meta se centra en una acusación de gran alcance: los productores sostienen que la empresa descargó y compartió mediante BitTorrent 2.396 películas para adultos protegidas por derechos de autor, y que las destinó al entrenamiento de modelos de inteligencia artificial. Meta niega esa versión y, desde las primeras etapas del caso, planteó que empleados o visitantes podrían haber descargado videos para uso personal. La fase de intercambio de pruebas está poniendo a prueba esa explicación, aunque los documentos no demuestran por sí solos quién realizó las descargas ni con qué propósito.

Un informe conjunto presentado ante el tribunal muestra que la búsqueda interna de Meta identificó a empleados que, según la propia empresa, aparentemente “interactuaron” con películas de Strike 3. La compañía describió esa actividad como acciones que podrían incluir visualizar o abrir los videos, y sostuvo que no encontró evidencia de que esas personas, o alguien más, los descargaran por torrent. Esa distinción es central para el litigio: interactuar con archivos no equivale automáticamente a descargarlos, y ninguna de las dos cosas prueba por sí sola que Meta autorizara su uso para entrenar IA.

El informe de gestión del caso se presentó inicialmente el 21 de octubre con extensas partes censuradas. Una semana más tarde, Meta volvió a presentarlo con menos redacciones, lo que permitió conocer datos que antes no eran visibles, entre ellos la referencia a cinco empleados. Según la información recogida por TorrentFreak, Meta había compartido esos nombres por primera vez en julio, pero después explicó que los había incluido en un borrador enviado por error y retiró esa divulgación.

Más adelante, la empresa volvió a proporcionar los cinco nombres, esta vez bajo la designación “Solo para los ojos de los abogados”, una restricción que limita el acceso a los letrados de Strike 3. Los productores consideran que esa condición obstaculiza su investigación sobre las personas mencionadas y advierten que Meta también les informó de otros empleados que habrían interactuado con películas y archivos torrent relacionados, aunque todavía no los identificó. El informe, tal como se describe en la fuente, no explica por qué esos nombres adicionales siguen sin revelarse.

Qué sostiene Meta sobre los archivos y las direcciones IP

Meta sostiene que no ha encontrado pruebas que respalden la afirmación de los demandantes de que las supuestas descargas por torrent se realizaron con su conocimiento, autorización o en su beneficio. La empresa también afirma que ninguna de las actividades enumeradas en su respuesta a los interrogatorios fue autorizada ni tuvo relación con el entrenamiento de sus sistemas de inteligencia artificial. Son argumentos de una de las partes en el litigio, no conclusiones judiciales sobre el origen de los archivos o el propósito de las interacciones.

La diferencia entre “interactuar” con un archivo y descargarlo por BitTorrent adquiere importancia porque las partes discuten qué pueden demostrar los registros encontrados. Meta dijo que algunos empleados parecían haber visto o abierto videos de Strike 3, pero negó tener evidencia de que esas personas hubieran realizado las descargas atribuidas a la empresa. Por ahora, el material descrito en el informe no resuelve si la actividad ocurrió dentro de un entorno laboral, en dispositivos personales o en otras circunstancias, y no permite establecer una conexión con el entrenamiento de IA.

La compañía también respondió a las direcciones IP señaladas por Strike 3. Según Meta, la mayoría de las descargas alegadas se originaron en direcciones IP de terceros que no están bajo su control, mientras que la mayor parte de las direcciones corporativas identificadas correspondería a un servicio de internet que adquirió años atrás y que ofrecía acceso al público. La empresa indicó que ese servicio se eliminó gradualmente en 2019, pero la documentación descrita no nombra el producto ni identifica quién utilizó cada dirección.

TorrentFreak observa que Onavo, el servicio de VPN que perteneció a Meta hasta su cierre a comienzos de 2019, encajaría con la descripción del servicio de internet adquirido y abierto al público. Sin embargo, el documento judicial no menciona Onavo, por lo que esa posible identificación debe mantenerse como una inferencia de la publicación y no como un hecho confirmado por las partes. La discusión sobre las IP tampoco demuestra, por sí sola, que Meta controlara las conexiones o que las descargas se hicieran para beneficio corporativo.

El expediente separado de un exejecutivo

El informe conjunto también actualiza otro procedimiento relacionado con Strike 3, pero separado de la demanda principal contra Meta. A finales de agosto, el productor identificó a un suscriptor anónimo de AT&T como un ejecutivo de Reality Labs y pidió al tribunal que vinculara ese caso, conocido como “John Doe”, con el litigio contra la empresa. La jueza Eumi K. Lee rechazó entonces la solicitud sin perjuicio, porque Strike 3 primero necesitaba autorización para revelar la identidad del suscriptor.

El 15 de octubre, la jueza magistrada Virginia K. DeMarchi autorizó esa divulgación. Después de conocer el nombre, Meta informó a Strike 3 que se opondría a una nueva moción para conectar ambos casos, pues sostiene que la persona ya había dejado la compañía cuando se habría producido la actividad de descarga por torrent. La posición de Meta no cierra la discusión: el productor cuestiona la cronología y afirma que rastreó la presunta infracción hasta varios años antes de la salida del ejecutivo.

Strike 3 todavía quiere relacionar los dos procedimientos, aunque, según lo que se conocía al publicarse la información, aún no había presentado una nueva moción después de recibir la respuesta de Meta. El desacuerdo gira tanto en torno a la fecha atribuida a la infracción como a la posible relevancia de la relación laboral de esa persona con la compañía. La identificación del suscriptor, por tanto, no determina si hubo una descarga ni establece que Meta participara en ella.

Por ahora, los nombres de los empleados mencionados en el informe siguen protegidos por la designación que limita su acceso a los abogados, y no son públicos. Strike 3 sostiene que necesita más margen para investigar, mientras Meta insiste en que no hay evidencia de descargas autorizadas o vinculadas a su entrenamiento de inteligencia artificial. El expediente deberá aclarar qué registros respaldan cada versión y si las interacciones detectadas tienen algún nexo demostrable con las actividades corporativas que los productores denuncian.


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