Por Canuto  

Meta pidió al Tribunal Superior de Londres que limite la forma en que Ofcom calcula las tarifas y las multas máximas bajo la Ley de Seguridad en Línea. El regulador defiende su método y sostiene que el límite legal no equivale a la sanción que necesariamente impondrá.
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  • La ley permite multas de hasta el 10% de los ingresos mundiales calificados o £18 millones, la cifra que resulte mayor.
  • Meta cuestiona qué ingresos puede contabilizar Ofcom y cómo calcula sanciones cuando varios servicios responden conjuntamente.
  • Ofcom defiende su fórmula; una organización de derechos infantiles intervino a su favor y se espera un fallo sobre las tarifas más adelante.


Meta lleva a los tribunales el cálculo de multas de Ofcom

La disputa sobre el alcance de las sanciones

Meta pidió al Tribunal Superior de Londres que limite la manera en que Ofcom calcula las tarifas de seguridad en línea y el máximo de las multas que puede aplicar. La audiencia se celebró el 13 y 14 de octubre y concluyó tarde el miércoles, después de un día y medio de argumentos. No se centró en una sanción particular impuesta a la compañía, sino en la interpretación del regulador sobre los ingresos que puede tomar en cuenta.

La Ley de Seguridad en Línea permite a Ofcom imponer una multa de hasta el 10% de los ingresos mundiales calificados de una empresa o £18 millones, según cuál de esos montos sea mayor. La norma establece así un techo legal, mientras que Ofcom también financia la operación del régimen mediante tarifas calculadas en función de los ingresos de las compañías. Son mecanismos relacionados con el tamaño económico de las empresas, pero no idénticos: uno fija un máximo sancionador y el otro contribuye a cubrir los costos del sistema.

Meta impugnó ante los tribunales la forma en que el regulador calcula esos importes. Según el reporte de The Next Web, que cita información de Courthouse News, la compañía objeta tanto la definición de ingresos mundiales calificados como el método para calcular multas cuando varios servicios de una misma empresa son considerados responsables conjuntamente. La discusión, por tanto, abarca el alcance de la fórmula y no una cifra final de sanción.

La diferencia importa porque una base de cálculo global puede arrojar un límite potencial mucho más amplio que una referencia circunscrita a los servicios regulados en el Reino Unido. Esa consecuencia es el argumento central de Meta, no una conclusión judicial sobre cómo debe interpretarse la ley. El tribunal deberá considerar el marco legal y las posiciones enfrentadas antes de determinar si Ofcom aplicó correctamente sus facultades.

Los argumentos de Meta sobre ingresos y servicios

La empresa sostiene que Ofcom interpretó sus poderes de manera demasiado extensa al definir qué ingresos mundiales califican para el cálculo. También pone en duda cómo debe operar el límite cuando varias plataformas pertenecientes a un mismo grupo reciben responsabilidad conjunta. En los documentos judiciales, la abogada de Meta, Monica Carss-Frisk, describió como «preocupante» el enfoque del regulador.

Carss-Frisk argumentó que el método podría llevar a que «empresas como Meta soporten la gran mayoría de los costos de Ofcom», aunque la ley abarca muchos servicios de internet en el Reino Unido. La preocupación presentada por la compañía se refiere a cómo se distribuye la carga de financiar el régimen entre las empresas alcanzadas. No significa que el tribunal haya determinado que Meta efectivamente pague la mayoría de esos costos ni que Ofcom ya le haya impuesto una tarifa específica bajo ese argumento.

Meta afirma que las tarifas y las sanciones deberían reflejar los servicios regulados en los países donde operan. Desde esa perspectiva, un cálculo centrado en el Reino Unido seguiría permitiendo multas sustanciales, sin recurrir a una base global de ingresos, según la posición defendida por la empresa. La controversia enfrenta así dos lecturas sobre la escala apropiada para una regulación nacional que alcanza a compañías con operaciones internacionales.

La compañía también dijo que está comprometida a cooperar con Ofcom, una declaración que acompaña su impugnación de los criterios financieros del regulador. Esa posición separa la discusión sobre el cumplimiento de sus obligaciones de la disputa sobre cuánto puede cobrar o fijar como límite la autoridad. El proceso judicial no resuelve por sí mismo todas las obligaciones de las plataformas ni establece, a partir de la información disponible, una sanción contra Meta.

Ofcom defiende su fórmula ante el tribunal

Ofcom rechazó los argumentos de Meta y afirmó que su enfoque alcanzó «un equilibrio cuidadoso». En sus escritos, el regulador sostuvo que las reglas determinan la multa máxima posible, pero no el importe que necesariamente impondrá en cada caso. Esa distinción constituye una parte importante de su respuesta: el límite legal define el margen de actuación, mientras la sanción concreta no se deduce automáticamente de ese techo.

El abogado de Ofcom calificó de «descabellado» el cuestionamiento de Meta a la pericia del organismo. Fuera del tribunal, un portavoz indicó que el regulador defendería su razonamiento y sus decisiones. Las declaraciones reflejan la confianza de Ofcom en su interpretación, aunque el pronunciamiento judicial deberá establecer cómo se aplica la ley a los puntos específicos que Meta impugnó.

La disputa plantea una cuestión de diseño regulatorio: cómo financiar la supervisión y establecer un límite de multa que tenga alcance suficiente sin que la base de cálculo se vuelva desproporcionada para una empresa particular. Meta pone el énfasis en la relación entre los ingresos y los servicios sujetos a regulación en el Reino Unido; Ofcom, en cambio, defiende el método general que adoptó para fijar los máximos y las tarifas. Ninguna de esas posturas debe confundirse con una decisión definitiva del tribunal.

5Rights Foundation, organización dedicada a los derechos de la infancia, recibió autorización para intervenir en el proceso a favor de Ofcom. Su directora ejecutiva, Leanda Barrington-Leach, dijo que «la Ley de Seguridad en Línea no puede ser un tigre de papel» y que el Parlamento pretendía crear «un disuasivo potente». Su intervención incorpora al debate el objetivo de que la legislación tenga capacidad efectiva para incentivar el cumplimiento, además de la discusión sobre los cálculos económicos.

El fallo pendiente y otras disputas regulatorias

Alexandros Antoniou, profesor titular de derecho de los medios en la Universidad de Essex, dijo a Courthouse News que el desafío más amplio de Meta tendría dificultades para prosperar. Para ilustrar el alcance de las facultades concedidas al regulador, sostuvo que «el Parlamento le dio a Ofcom una cinta métrica muy larga». Su análisis apunta a que la ley podría haber otorgado un margen amplio, aunque no descarta que existan límites sobre qué ingresos pueden contabilizarse.

De hecho, Antoniou consideró que Meta sí tiene fundamentos para cuestionar cómo Ofcom define los ingresos que puede incluir en sus cálculos. Esa distinción sugiere que el tribunal podría examinar por separado la amplitud general de las facultades del regulador y los criterios concretos para determinar la base de ingresos. Se trata de una valoración del experto citada por el medio, no de una predicción oficial ni de una conclusión que ya haya adoptado el tribunal.

El caso sobre tarifas y multas forma parte de un panorama más amplio de desacuerdos entre las plataformas y Ofcom. Meta se unió recientemente a TikTok y X en una impugnación separada sobre la cantidad de información que el regulador puede exigir. Además, Ofcom investiga Instagram Instants, un asunto que la información disponible menciona sin detallar aquí el alcance ni las conclusiones de esa investigación.

Se espera que el tribunal emita más adelante un fallo en el caso relacionado con las tarifas. Hasta entonces, la audiencia deja en discusión cómo deben leerse los ingresos mundiales calificados, qué peso corresponde a los servicios regulados en el Reino Unido y cómo se calcula la responsabilidad cuando varias plataformas de una empresa quedan involucradas. La decisión podrá aclarar el alcance de la fórmula impugnada, pero el material disponible no permite anticipar su resultado ni atribuirle efectos que aún no han sido establecidos.


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