Por Canuto  

Malasia está considerando una ley para supervisar el uso de chips de alto rendimiento en centros de datos y exigir información sobre las GPU importadas y la electricidad consumida. El consumo eléctrico puede servir como señal, pero no permite contar con precisión los chips de una instalación; además, la propuesta contempla cobrar por capacidad eléctrica reservada aunque no se utilice.
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  • El Gobierno malasio estudia exigir a los operadores información sobre sus centros de datos, las GPU importadas y el consumo eléctrico.
  • El ministro Johari Abdul Ghani dijo que algunas empresas habrían alquilado espacio en centros de datos locales para importar GPU legalmente y reexportarlas.
  • La electricidad no permite determinar por sí sola cuántas GPU están instaladas; Malasia también evalúa cobrar por capacidad reservada que no se consuma.

Malasia considera una ley para supervisar el uso de chips de alto rendimiento en los centros de datos y seguir el recorrido de las GPU importadas. El consumo eléctrico podría ayudar a detectar discrepancias, pero no basta para saber cuántos aceleradores opera una instalación. La propuesta también contempla cobrar a los operadores por la capacidad eléctrica que reserven aunque no la utilicen.

Una nueva vigilancia sobre las GPU importadas

El Gobierno de Malasia está considerando cambios legales que permitirían vigilar las operaciones de los centros de datos, incluido el uso de chips de alto rendimiento. La iniciativa busca impedir que hardware sujeto a restricciones de exportación termine reexportado después de entrar legalmente al país. El 12 de noviembre, el ministro de Inversión, Comercio e Industria, Johari Abdul Ghani, dijo que algunas empresas habían alquilado espacio en centros de datos malasios para importar GPU legalmente y luego enviarlas al extranjero.

Johari sostuvo que los aceleradores de inteligencia artificial que llegan a Malasia deben utilizarse en el país y no servir de paso para abastecer destinos sujetos a restricciones. La preocupación se relaciona con los controles estadounidenses sobre determinadas exportaciones de procesadores, aunque la información disponible no especifica qué modelos o envíos participaron en los casos mencionados.

El Gobierno también revisa si las leyes vigentes permiten actuar contra entidades que reexporten procesadores sometidos a prohibiciones estadounidenses. La supervisión propuesta no se limitaría a revisar permisos antes de aprobar un proyecto: las autoridades quieren continuar monitoreando las operaciones de los centros de datos después de su autorización. La ley aún se encuentra en evaluación, por lo que no se han definido todos los requisitos.

Entre los datos que, según los reportes, se exigirían a los operadores figuran quién opera cada centro de datos, su ubicación, el consumo eléctrico y las GPU importadas. El Gobierno también busca monitorear el uso de chips de alto rendimiento. La información disponible no precisa si la norma obligaría a registrar cada modelo y número de serie ni si establecería inspecciones presenciales, aspectos que serían relevantes para verificar los datos declarados.

El límite de usar la electricidad como detector

El consumo eléctrico puede aportar una señal para comparar la infraestructura que una empresa dice operar con las GPU que importó, pero no permite deducir con exactitud cuántos aceleradores están encendidos. Las tarjetas no necesariamente consumen su potencia nominal durante todas las cargas de trabajo, y la demanda varía según el uso. Por eso, una discrepancia entre importaciones y consumo podría generar preguntas, pero no demostrar por sí sola que una compañía desvió equipos al extranjero.

Las especificaciones citadas ilustran esa dificultad: las GPU Nvidia H100 y H200 SXM tienen una potencia nominal de 700 vatios, mientras que las B200 SXM están clasificadas en 1.000 vatios. Esos valores no equivalen al consumo constante de cada tarjeta en funcionamiento, pues la carga de trabajo puede cambiar cuánto demanda cada acelerador. Una medición agregada del centro de datos, por tanto, no permite convertir directamente los vatios observados en un inventario fiable de GPU.

Además de los aceleradores, el consumo total de una instalación incluye procesadores centrales, memoria, almacenamiento y equipos de red. También influye la eficiencia de uso de energía, conocida como PUE, que refleja cuánta electricidad requiere el centro de datos en relación con la energía destinada al equipo de cómputo. Sin conocer esas configuraciones y características, las autoridades tendrían que estimar el número de GPU a partir de una cifra eléctrica que mezcla distintos componentes y condiciones operativas.

La diferencia entre el momento de la importación y el del despliegue agrega otra dificultad: una GPU puede llegar antes de instalarse o entrar en operación. Por ello, una verificación confiable podría requerir auditorías físicas del inventario u otros mecanismos capaces de seguir procesadores individuales, según el análisis de Tom’s Hardware. Johari dijo que Malasia está dispuesta a cooperar con sus homólogos estadounidenses y compartir, si se lo solicitan, información sobre instalaciones que alojen GPU específicas, pero no detalló qué controles impondría la norma.

Capacidad eléctrica reservada y expansión de centros de datos

La propuesta contempla que los operadores paguen por la capacidad eléctrica que reserven aunque consuman menos de lo contratado. Así, un centro de datos que asegure más electricidad de la que utiliza podría tener que pagar por la capacidad no consumida. La medida busca desincentivar la reserva anticipada de recursos que quizá no se necesiten durante uno, dos o tres años.

Este posible cobro tiene un objetivo de planificación energética, pero también podría reducir el incentivo a reservar grandes cantidades de electricidad mientras se declara que las GPU importadas están trabajando en Malasia. No reemplaza la verificación del hardware: pagar por capacidad no prueba qué equipos hay en una instalación ni dónde terminaron los que no aparecen en ella. Su efecto dependería de que los registros eléctricos y la información de importación se contrasten con inspecciones u otros mecanismos de seguimiento.

Johari indicó que las autoridades habían aprobado 117 proyectos de centros de datos, de los cuales 55 ya estaban operativos. El crecimiento del sector aumenta la importancia económica de esta actividad y, a la vez, el reto de distinguir el uso local de los equipos de una eventual reexportación ilícita.

La concentración de instalaciones puede dificultar la detección de hardware desviado si los controles dependen únicamente de cifras agregadas de electricidad: el consumo de una GPU puede quedar oculto entre numerosos servidores y proyectos. El planteamiento malasio busca reforzar la supervisión con declaraciones obligatorias y seguimiento continuado, pero su eficacia dependerá de cómo se defina la información exigible y cómo se verifiquen los inventarios. Las autoridades aún no han detallado si habrá números de serie obligatorios o auditorías presenciales; esas decisiones marcarán la diferencia entre una alerta estadística y un control comprobable.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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