Por Canuto  

Emmanuel Macron pidió a la Comisión Europea una prohibición de las redes sociales para menores de 15 años, poco más de dos semanas después de que el Consejo Constitucional francés anulara el núcleo de su iniciativa nacional. El planteamiento busca convertir el debate en una norma común para los 27 países del bloque, pero mantiene abierto el problema de verificar la edad de millones de usuarios sin recopilar datos personales de forma desproporcionada.
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  • Macron solicitó a Ursula von der Leyen un nuevo texto legislativo europeo para impedir el acceso de menores de 15 años a determinadas plataformas.
  • El Conseil constitutionnel francés anuló el núcleo de la prohibición nacional al considerar que la medida vulneraba de forma desproporcionada derechos como la libertad de comunicación y la privacidad.
  • La Comisión Europea prepara herramientas de verificación de edad, mientras los gobiernos discuten si una norma común puede superar los obstáculos legales y técnicos.

Macron lleva el debate a Bruselas

El presidente francés Emmanuel Macron pidió a la Comisión Europea que prohíba el acceso de los menores de 15 años a las redes sociales en todo el bloque. La solicitud llegó poco más de dos semanas después de que el Conseil constitutionnel, la máxima autoridad constitucional de Francia, rechazara el núcleo de una iniciativa nacional.

La petición fue formulada en una carta dirigida a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, fechada el 29 de agosto. En ella, Macron plantea avanzar mediante un nuevo texto legislativo europeo para proteger a los menores de todos los países de la Unión Europea, en lugar de dejar la regulación en manos de cada Estado miembro.

La propuesta todavía no equivale a una norma europea aprobada. Para convertirse en legislación tendría que obtener respaldo político e institucional y superar las diferencias entre los gobiernos del bloque, además de los controles judiciales relacionados con la proporcionalidad de la medida y el tratamiento de los datos personales.

La petición llega antes del discurso de von der Leyen sobre el Estado de la Unión, previsto para el 16 de septiembre de 2026 ante el Parlamento Europeo. Macron busca que la protección infantil ocupe un lugar destacado en la agenda comunitaria y que Bruselas evalúe una respuesta común.

El revés constitucional en Francia

El 14 de agosto, el Conseil constitutionnel anuló el artículo central de la prohibición francesa, que pretendía impedir el acceso de los menores de 15 años a las redes sociales. La decisión dejó sin efecto el núcleo de la medida antes de su aplicación general prevista para el 1 de septiembre.

Según los reportes sobre la decisión, el tribunal consideró que la restricción no era adecuada, necesaria ni proporcionada para alcanzar el objetivo de protección perseguido. También cuestionó las garantías asociadas con la verificación de edad y el impacto de la norma sobre la libertad de comunicación y la privacidad.

El fallo no significa que Francia haya abandonado toda regulación del uso de dispositivos o de las plataformas digitales por parte de menores. Sí impide, en cambio, que entre en vigor la prohibición general anulada por el tribunal en los términos aprobados por el Parlamento.

El problema de alcance es central para cualquier intento posterior. Una futura ley tendría que definir con precisión qué servicios quedarían sujetos a la restricción y demostrar por qué la limitación es necesaria frente a alternativas menos invasivas.

La tensión entre verificación y privacidad

El conflicto plantea una paradoja regulatoria para Europa: las autoridades buscan demostrar que los usuarios cumplen una edad mínima, pero los datos necesarios para hacerlo pueden convertirse en información sensible sobre la identidad y los hábitos digitales de millones de personas.

Trasladar la iniciativa de París a Bruselas no elimina esa tensión. Una ley europea seguiría necesitando explicar qué datos se recogen, quién los procesa, durante cuánto tiempo se conservan y cómo se evita que la comprobación de edad se transforme en un sistema general de seguimiento.

La Comisión Europea ha presentado una aplicación de verificación de edad que, según la propia institución, está técnicamente lista. La herramienta está diseñada para que una persona pueda demostrar que supera una determinada edad sin compartir necesariamente toda su identidad con la plataforma. Su existencia, sin embargo, no resuelve por sí sola las objeciones jurídicas planteadas en Francia ni determina qué edad mínima debería aplicar cada país.

Macron tampoco ha abandonado la vía nacional. El planteamiento francés contempla revisar la legislación para que sea compatible con el derecho de la Unión Europea y con la Constitución de Francia, mientras el gobierno mantiene abierta la posibilidad de impulsar una solución común para los 27 países.

La doble estrategia refleja la incertidumbre sobre cuál de los dos caminos podría prosperar primero. Una norma europea permitiría evitar que cada Estado redacte reglas incompatibles, pero también tendría que enfrentar un proceso legislativo complejo y una revisión judicial capaz de evaluar la proporcionalidad de las restricciones.

El precedente australiano y los límites europeos

Los defensores de una prohibición suelen citar a Australia como precedente. Ese país aplica una restricción para menores de 16 años y ha identificado varias plataformas incluidas en el régimen, entre ellas Facebook, Instagram, Snapchat y Threads.

Australia también debate obligaciones adicionales para las plataformas y medidas relacionadas con los algoritmos de recomendación. La comparación, no obstante, tiene límites: Australia opera dentro de una sola jurisdicción, mientras que la Unión Europea reúne a 27 países con distintas posiciones políticas y marcos nacionales de aplicación.

La Comisión Europea ha optado por desarrollar herramientas técnicas de comprobación de edad mientras los gobiernos siguen debatiendo si debe existir una prohibición común. La aplicación europea pretende permitir la verificación sin revelar más información personal de la necesaria, aunque su funcionamiento práctico dependerá de cómo la adopten los Estados miembros y las plataformas.

El orden de los acontecimientos es relevante: Macron intenta convertir en iniciativa continental una medida cuyo equivalente francés fue anulado. Una norma europea redactada a partir de ese fallo podría incorporar garantías más precisas, pero también quedaría sometida a los mismos principios de necesidad, proporcionalidad y protección de la privacidad.

Una decisión con consecuencias para la identidad digital

El desafío no consiste únicamente en decidir si los menores deben tener acceso a TikTok, Instagram, Snapchat u otros servicios. También implica definir cómo una población de cientos de millones de personas podría demostrar su edad sin crear una base de datos de identidad que concentre información sobre sus hábitos digitales.

Una solución técnicamente viable tendría que separar la confirmación de edad de la identidad completa, reducir la cantidad de información compartida y establecer controles claros para impedir usos secundarios de esos datos. La propuesta de Macron todavía no explica cómo funcionaría ese sistema ni cómo resolvería las objeciones constitucionales planteadas en Francia.

La discusión también puede modificar la relación entre plataformas, gobiernos y usuarios. Si las empresas reciben la responsabilidad de impedir el acceso a menores, deberán demostrar que sus sistemas funcionan sin aplicar controles desproporcionados, mientras los reguladores tendrán que decidir qué servicios representan un riesgo suficiente para justificar una restricción tan amplia.

Macron puede conseguir respaldo político para llevar el asunto a Bruselas, pero una nueva ley necesitará algo más que una mayoría favorable: deberá definir con precisión los servicios afectados, justificar la edad mínima y proteger la privacidad de quienes no están acusados de ninguna infracción. El punto decisivo será demostrar que Europa puede cuidar a los niños sin construir una infraestructura de identidad incompatible con sus propias reglas de protección de datos.

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