Por Canuto  

Cynthia Lummis sostiene que los demócratas rechazaron avanzar con la CLARITY Act pese a que el borrador incorporó una oficina de la SEC para recibir certificaciones de criptoactivos, una disposición que ella presentó como respuesta a una petición demócrata. La votación quedó 11 apoyos por debajo de los 60 necesarios y las discrepancias sobre reglas éticas siguieron en el centro de la disputa.
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  • La moción para avanzar con la CLARITY Act obtuvo 49 votos a favor y 50 en contra, lejos de los 60 necesarios para superar esa instancia.
  • El borrador de septiembre encargaba a una oficina de la SEC recibir certificaciones y dirigirlas a las áreas correspondientes.
  • Ruben Gallego respaldó el proyecto en comisión, pero luego votó contra la moción para avanzar; dijo que seguían pendientes las preocupaciones éticas.


Lummis acusa a demócratas de frenar la CLARITY Act pese a una oficina cripto propuesta para la SEC

La senadora republicana Cynthia Lummis cuestionó a los demócratas del Senado de Estados Unidos por oponerse al avance de la CLARITY Act, un proyecto que busca establecer reglas para el mercado de criptoactivos. Su reproche se centró en una disposición que, según ella, atendía una petición demócrata: asignar una oficina de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) para gestionar certificaciones de tokens.

La moción para avanzar con el proyecto obtuvo 49 votos a favor y 50 en contra, 11 menos que los 60 necesarios para superar esa instancia. Lummis argumentó que la medida incorporada habría dado a los emisores un punto de contacto dentro de la agencia. La votación no prosperó y las diferencias sobre restricciones éticas para funcionarios públicos continuaron sin resolverse.

La oficina propuesta y el proceso de certificación

En una publicación del 20 de noviembre de 2026, Lummis afirmó que los demócratas habían pedido una oficina dedicada de la SEC para evitar que las certificaciones de criptoactivos quedaran desatendidas. Presentó esa disposición como un ejemplo de los cambios que, según su versión, los republicanos aceptaron durante las negociaciones.

En esa misma publicación, Lummis también criticó a los demócratas por oponerse a que las reglas de la SEC para activos digitales no fueran más gravosas que las aplicables a los valores tradicionales. Ambas afirmaciones formaron parte de sus reproches al bloque demócrata, pero no acreditan por sí solas que existiera un acuerdo entre los negociadores sobre esas disposiciones.

La oficina de Lummis ya había defendido ese argumento en septiembre, cuando difundió una lista de 126 modificaciones que los negociadores republicanos atribuyeron a solicitudes demócratas. La oficina especializada figuraba como el punto 31 de esa lista, publicada junto con un borrador actualizado que presentaron Lummis, el presidente del Comité Bancario del Senado, Tim Scott, y el presidente del Comité de Agricultura del Senado, John Boozman.

El borrador indicaba que la SEC debía designar una oficina para reconocer certificaciones, ayudar a los emisores a preparar sus documentos y remitir cada presentación a la división o área correspondiente para su revisión. La agencia habría elegido qué oficina asumiría esa tarea, y esta podría transmitir comentarios o recomendaciones al enviar el expediente al equipo encargado.

La propuesta no equivalía a una aprobación automática de cualquier activo ni eliminaba la intervención de los reguladores. Según el Servicio de Investigación del Congreso, el proyecto habría creado una exención limitada del registro de valores para ciertas ofertas de tokens, a cambio de que sus emisores presentaran información ante la SEC.

Entre los datos previstos estaban los estados financieros del creador del token y una explicación del funcionamiento de la blockchain asociada. Además, el creador podría solicitar el fin de sus obligaciones continuas de divulgación si su participación en el proyecto hubiera disminuido lo suficiente para cumplir el criterio establecido en el proyecto de ley.

Para ese tipo de certificación, la SEC habría contado con 90 días para presentar una objeción escrita o notificar que no tenía objeciones. Si la comisión no emitía ninguna de esas respuestas dentro del plazo, la presentación entraría en vigor automáticamente; si intentaba rechazarla, las partes interesadas tendrían 10 días para presentar argumentos escritos antes de una votación de la comisión.

La votación y el desacuerdo sobre ética

El 15 de septiembre, la moción para avanzar con la CLARITY Act obtuvo 49 votos a favor y 50 en contra. Se necesitaban 60 votos para superar esa instancia. Se opusieron los 44 demócratas que participaron en la votación, dos senadores independientes y cuatro republicanos; el demócrata de Delaware Chris Coons no emitió voto.

El resultado contrastó con el paso del proyecto por el Comité Bancario del Senado en mayo, cuando Ruben Gallego y Angela Alsobrooks, demócrata de Maryland, se sumaron a los republicanos para aprobarlo por 15 votos contra 9. Ambos votaron luego contra la moción de septiembre, una diferencia que refleja que el respaldo en comisión no garantizaba apoyo a la siguiente etapa legislativa.

La Cámara de Representantes había aprobado su propia versión de la CLARITY Act en julio de 2025, con 294 votos a favor y 134 en contra. Entre quienes apoyaron ese texto hubo 78 demócratas, aunque esa votación no resolvió las diferencias que después surgieron en el Senado sobre la regulación del sector y los límites aplicables a los funcionarios.

Tras la votación, Gallego dijo que ambos partidos habían avanzado en el lenguaje relacionado con la ética, pero que los líderes republicanos pusieron fin a las negociaciones y convocaron la votación. El borrador de septiembre habría restringido que determinados funcionarios federales y sus cónyuges emitieran o patrocinaran activos digitales a cambio de una compensación, un asunto que permaneció sin acuerdo.

Siete senadores demócratas que votaron contra la moción pidieron posteriormente reanudar las negociaciones. Ese llamado apuntaba a mantener abierto el diálogo sobre el proyecto, pero no significaba que existiera un acuerdo final sobre las reglas éticas ni sobre el conjunto de las disposiciones de estructura de mercado.

Las funciones de la CFTC y las críticas de Gallego

El borrador también asignaba responsabilidades a la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC), separadas de las tareas previstas para la SEC. Los intercambios que ofrecieran negociación al contado de materias primas digitales tendrían que registrarse ante la CFTC y certificar ante esa agencia los listados que cumplieran los criterios establecidos.

La SEC, por su parte, conservaría supervisión sobre contratos de inversión relacionados con la venta inicial de determinados tokens. En conjunto, el texto planteaba una distribución de funciones entre las agencias, aunque su aplicación habría dependido de las definiciones y los procedimientos incluidos en la ley, que todavía no había superado el trámite del Senado descrito en esta noticia.

Gallego también criticó el gasto político de grupos vinculados a la industria cripto y cuestionó por qué estos gastaron fuertemente contra el demócrata de Ohio Sherrod Brown, mientras no hicieron lo mismo contra la republicana de Maine Susan Collins. Collins había votado contra el avance de la CLARITY Act, mientras que Brown no estaba en el Senado cuando se realizó esa votación.

La periodista Eleanor Terrett informó que Protect Progress, una organización afiliada a Fairshake, gastó alrededor de USD $10 millones para contribuir a la elección de Gallego al Senado en 2024. Después, el senador participó en negociaciones sobre la CLARITY Act y la GENIUS Act, la ley federal mencionada en la nota como regulación de las stablecoins de pago.

En una entrevista con Terrett durante la Cumbre de Blockchain de Norteamérica, Lane Kasselman, co-CEO de Blockchain.com, sostuvo que el Congreso tenía preguntas éticas legítimas sobre World Liberty Financial, empresa cripto vinculada a la familia Trump. Kasselman interpretó los comentarios de Gallego como dirigidos al presidente y a su familia, y dijo que la industria había quedado atrapada en esa disputa.

La controversia deja dos frentes distintos para la CLARITY Act: el diseño de la supervisión de tokens y el establecimiento de límites éticos para los funcionarios públicos. La oficina propuesta habría ordenado el canal de recepción y revisión de ciertas certificaciones, pero su inclusión no bastó para superar la votación ni para cerrar las diferencias políticas que rodean al proyecto.


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