Por Canuto  

Dos legisladores estadounidenses acusan al Ministerio del Interior británico de usar el secreto judicial para limitar la supervisión del Congreso en la disputa de Apple por el cifrado de iCloud.
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  • Ron Wyden y Warren Davidson pidieron al tribunal británico que revele más información sobre el caso de Apple.
  • La disputa comenzó con una exigencia para acceder a copias cifradas de iCloud, incluso fuera del Reino Unido.
  • Apple presentó una nueva impugnación contra la autoridad del gobierno británico para emitir esas órdenes.

Una alianza bipartidista de legisladores estadounidenses pidió al Tribunal de Poderes Investigadores del Reino Unido, conocido como IPT, que abandone parte del secretismo con el que ha tramitado la disputa entre Apple y el gobierno británico. El senador demócrata Ron Wyden, de Oregón, y el congresista republicano Warren Davidson, de Ohio, sostienen que el Ministerio del Interior británico está tensando innecesariamente la relación entre dos países aliados al intentar impedir que el Congreso estadounidense examine el conflicto.

La petición aparece en una carta dirigida al tribunal antes de una audiencia de gestión prevista para este mes, en la que se discutirá cómo avanzará la nueva demanda de Apple. Según la información publicada por Yahoo News, el documento también fue compartido con The Guardian y plantea una discusión que excede el acceso estatal a los datos: hasta dónde puede llegar un gobierno extranjero al imponer órdenes de secreto cuando esas medidas afectan la supervisión constitucional de otra nación.

El origen de la disputa por el cifrado

El conflicto comenzó en enero de 2025, cuando el Ministerio del Interior notificó a Apple un aviso de capacidad técnica bajo la Ley de Poderes Investigadores. Esa legislación exige que las empresas colaboren con las autoridades para proporcionar pruebas, pero en este caso la exigencia buscaba que Apple desarrollara un mecanismo capaz de permitir el acceso a copias de seguridad cifradas de iCloud, con un alcance que incluía datos almacenados por usuarios de todo el mundo.

La compañía respondió retirando en febrero su función Advanced Data Protection para los usuarios del Reino Unido. Esa herramienta ofrecía un nivel adicional de cifrado para las copias de seguridad de iCloud, por lo que su eliminación redujo la protección disponible para los clientes británicos, aunque la disputa legal no terminó con esa decisión comercial.

Apple llevó la orden inicial ante el IPT. Posteriormente, el Ministerio del Interior retiró esa notificación y el gobierno británico emitió una exigencia más limitada, dirigida únicamente a los datos de usuarios británicos. Esta modificación cambió el alcance formal de la controversia, pero no resolvió la objeción central de Apple sobre la autoridad para emitir este tipo de exigencias.

En agosto de 2026, Apple presentó una nueva queja ante el tribunal para cuestionar precisamente ese poder. La empresa ya no centra su impugnación únicamente en el alcance mundial de la orden inicial, sino en la facultad del gobierno británico para emitir avisos de capacidad técnica de esa naturaleza, un planteamiento que ahora llegará a una nueva etapa procesal con la audiencia de gestión del caso.

El choque por el secreto judicial

Wyden y Davidson sostienen que el uso de órdenes de secreto británicas ha impedido que Apple informe plenamente al Congreso estadounidense sobre la disputa. De acuerdo con lo expuesto por la empresa ante legisladores, se le permitió comunicar el asunto únicamente al fiscal general, al vicepresidente y a sus respectivos equipos, mientras que los miembros del Congreso quedaron fuera de ese circuito de información.

En la carta, los dos legisladores afirman que resulta inapropiado que un órgano ejecutivo extranjero intente influir en la distribución de poderes dentro del gobierno estadounidense. También cuestionan que una directiva de confidencialidad emitida bajo la Ley de Poderes Investigadores pueda utilizarse para frustrar las atribuciones del Congreso, cuya autoridad de investigación deriva del Artículo I de la Constitución de Estados Unidos.

Los congresistas describen al Congreso como una rama coigual del gobierno y, en sus palabras, como la “Primera Rama”. Desde esa perspectiva, argumentan que ningún gobierno extranjero debería colocar sus decisiones fuera del alcance de una investigación legislativa estadounidense, especialmente cuando esas decisiones pueden afectar la seguridad digital, los derechos de los consumidores y las políticas de una empresa con operaciones globales.

La carta también invoca las propias tradiciones constitucionales británicas para reforzar su argumento. Wyden y Davidson sostienen que el Reino Unido no puede defender internamente la supervisión parlamentaria y, al mismo tiempo, emplear órdenes administrativas de censura para neutralizar la autoridad constitucional del Congreso de Estados Unidos, una acusación que convierte el caso de Apple en una disputa institucional entre aliados.

Una apertura judicial todavía limitada

Esta no es la primera intervención de ambos legisladores ante el IPT. En marzo de 2025, Wyden y Davidson firmaron otra carta, junto con otros congresistas, para pedir que el caso se escuchara públicamente y para cuestionar el intento del gobierno británico de mantener completamente reservados los procedimientos.

Semanas después, el tribunal rechazó la solicitud de mantener el proceso enteramente en secreto. El IPT determinó que podían divulgarse los detalles básicos de la demanda de Apple, incluidas las identidades de las partes, tras recibir argumentos que, según el propio tribunal, defendían firmemente la justicia abierta y se oponían a que las actuaciones se desarrollaran en secreto.

Ese fallo no convirtió el expediente en un proceso completamente transparente, pero sí estableció un límite al nivel de confidencialidad que pretendía el gobierno. Para los legisladores estadounidenses, la decisión demuestra que existe una base jurídica y democrática para revelar más información, aunque todavía quedan restricciones que dificultan que el Congreso conozca el contenido completo de la disputa.

La nueva carta intenta aprovechar esa apertura parcial antes de que el tribunal defina los siguientes pasos del litigio. Wyden y Davidson quieren que el IPT considere no solo los intereses de seguridad que invoca el Ministerio del Interior, sino también las consecuencias que el secreto puede producir sobre la rendición de cuentas, la cooperación internacional y la capacidad de los legisladores estadounidenses para examinar una decisión extranjera.

Privacidad, seguridad y cooperación internacional

El caso enfrenta dos objetivos que suelen aparecer juntos en las discusiones sobre tecnología: la capacidad de las autoridades para obtener pruebas y la protección de los datos mediante cifrado. Para el gobierno británico, la Ley de Poderes Investigadores ofrece una base para exigir cooperación a las empresas; para Apple y sus críticos, una obligación de acceso puede debilitar la seguridad de todos los usuarios si crea una vía excepcional para entrar en información protegida.

La dimensión internacional complica todavía más el debate. La exigencia original no se limitaba a cuentas ubicadas en el Reino Unido, sino que buscaba un mecanismo para acceder a copias cifradas de iCloud a escala mundial, mientras que la orden posterior redujo formalmente el alcance a los usuarios británicos. Esa evolución explica por qué la controversia interesa tanto al Congreso estadounidense, incluso cuando el procedimiento se desarrolla ante un tribunal del Reino Unido.

Apple ocupa una posición central porque controla la arquitectura de sus servicios y define qué nivel de protección ofrece a sus clientes. La decisión de retirar Advanced Data Protection en el Reino Unido mostró que una disputa regulatoria puede traducirse directamente en diferencias de privacidad entre usuarios de un mismo producto, dependiendo del país donde residan.

La audiencia de gestión programada para este mes será el próximo punto relevante del caso, aunque no necesariamente resolverá de inmediato el fondo de la controversia. El tribunal deberá establecer cómo avanzará la nueva queja de Apple, mientras las presiones de Wyden y Davidson mantienen abierto el debate sobre si el secreto judicial británico puede limitar la supervisión legislativa estadounidense.

Más allá de Apple, el desenlace podría influir en la relación entre gobiernos y empresas tecnológicas cuando las solicitudes de acceso cruzan fronteras. La disputa plantea una pregunta de alcance global: si un Estado puede exigir cambios en la protección de datos de una plataforma internacional y, al mismo tiempo, impedir que legisladores extranjeros examinen esa decisión.

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