La cámara baja de Polonia aprobó un proyecto que permitiría al Gobierno congelar cuentas bancarias, criptomonedas y otros activos mediante decisiones administrativas, sin obtener primero una orden judicial. La iniciativa todavía debe pasar por el Senado y recibir la firma del presidente Karol Nawrocki.
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• La Sejm aprobó la iniciativa el 6 de noviembre de 2026 con 240 votos a favor, 202 en contra y una abstención.
• Las personas afectadas podrían apelar ante un tribunal administrativo, pero la impugnación no suspendería automáticamente el congelamiento.
• El proyecto pasó al Senado y necesitaría la firma del presidente Karol Nawrocki para convertirse en ley.

Polonia aprueba un proyecto para congelar criptomonedas y cuentas sin orden judicial previa

La cámara baja del Parlamento polaco respaldó una iniciativa que permitiría al Gobierno imponer restricciones financieras a individuos y organizaciones sin solicitar primero una orden judicial. La propuesta incluye cuentas bancarias, tenencias de criptomonedas y otros bienes, aunque no autoriza un congelamiento general de activos para toda la población: las medidas recaerían sobre quienes las autoridades incorporen a una lista nacional de sanciones.

La votación ocurrió el 6 de noviembre de 2026 en la Sejm, la cámara baja, donde el proyecto obtuvo 240 votos favorables y 202 en contra, mientras un legislador se abstuvo. La iniciativa todavía no es ley; ahora debe ser examinada por el Senado y, si supera esa etapa, requiere la firma del presidente Karol Nawrocki.

Qué permitiría la iniciativa y quiénes podrían quedar alcanzados

El proyecto, denominado Ley de Medidas Restrictivas, asignaría al ministro del Interior la responsabilidad de mantener una lista nacional de sanciones. El Gobierno podría incluir en ella a personas o empresas consideradas amenazas para la seguridad de Polonia, entre ellas aquellas vinculadas con determinadas formas de interferencia extranjera, y ordenar restricciones sobre sus recursos.

Las medidas contempladas incluyen congelar activos financieros, limitar el acceso a recursos económicos, excluir a entidades incluidas en la lista de la contratación pública y aplicar restricciones de entrada cuando corresponda. Según el registro legislativo citado por crypto.news, las tenencias de criptomonedas quedarían comprendidas en la categoría de activos financieros; las enmiendas aprobadas durante el debate aclararon también el tratamiento de criptoactivos, instrumentos financieros y otras propiedades.

La propuesta no supone que las autoridades puedan congelar arbitrariamente las criptomonedas de cualquier residente o empresa del país. El alcance depende de que una persona u organización sea designada bajo el sistema nacional de sanciones, por lo que el punto central del debate es quién puede ordenar esa inclusión y bajo qué criterios, no una prohibición general de tener o utilizar activos digitales.

La iniciativa también contempla vías para que las personas afectadas impugnen las decisiones ante un tribunal administrativo. Sin embargo, presentar una apelación no suspendería automáticamente las restricciones, de modo que el congelamiento podría seguir vigente mientras avanza la revisión judicial, una diferencia relevante para quienes necesiten acceder a sus fondos durante el proceso.

El efecto sobre exchanges y wallets de autocustodia

Los bancos y los exchanges de criptomonedas que custodien fondos de clientes designados tendrían que cumplir las órdenes de congelamiento que les correspondan. En la práctica, esas restricciones podrían impedir que una plataforma regulada procese operaciones o ponga activos a disposición de una persona incluida en la lista, aunque la iniciativa no describa un mecanismo único para todos los servicios.

La situación sería distinta para quienes guardan sus activos en wallets de autocustodia. En esos casos, la aplicación de las restricciones dependería de que las autoridades pudieran identificar los activos y limitar transacciones relacionadas con las personas sancionadas; una decisión administrativa, por sí sola, no entrega al Gobierno las claves privadas necesarias para mover fondos desde una wallet personal.

Esta distinción muestra por qué una orden dirigida a intermediarios financieros no equivale necesariamente a controlar de forma directa una cartera privada. Los proveedores regulados pueden tener obligaciones para bloquear el acceso o rechazar operaciones, mientras que la aplicación sobre activos autocustodiados dependería de la identificación de los fondos y de las transacciones asociadas a la persona designada.

El texto tampoco crea una medida uniforme para todas las criptomonedas ni para todos los usuarios. Su alcance se relaciona con el sistema de sanciones y con la posibilidad de que bancos, exchanges u otros proveedores detecten vínculos con individuos y organizaciones incluidos en la lista, una diferencia que separa las restricciones selectivas de una congelación general del mercado cripto.

Seguridad nacional, sanciones europeas y críticas a los criterios

La iniciativa apunta a actividades relacionadas con violaciones de sanciones y amenazas a la seguridad nacional, incluidas ciertas formas de interferencia y manipulación de información asociadas con Estados extranjeros. Según las disposiciones propuestas, el Gobierno podría sancionar a personas acusadas de iniciar, financiar o apoyar operaciones coordinadas de información que amenacen la seguridad o el orden público polaco.

El proyecto forma parte de una actualización del marco polaco de sanciones y de la implementación de disposiciones de la Directiva Europea 2024/1226, que aborda delitos penales y sanciones por incumplir medidas restrictivas de la Unión Europea. No obstante, la lista nacional sería un mecanismo doméstico separado que permitiría a las autoridades designar personas y organizaciones adicionales conforme a la legislación polaca.

Las sanciones vigentes de la Unión Europea ya contemplan criptoactivos, incluidos congelamientos relacionados con personas designadas y restricciones a la provisión de recursos financieros. La propuesta polaca operaría junto con esas obligaciones, mientras que MiCA regula principalmente a los proveedores de servicios cripto, sus licencias y actividades de mercado; por ello, el proyecto de sanciones no debe confundirse con la normativa europea sobre servicios de activos digitales.

Legisladores opositores y grupos jurídicos cuestionan que el Ejecutivo pueda imponer restricciones sin aprobación judicial previa. En un análisis publicado en octubre, la organización polaca Ordo Iuris sostuvo que la lista nacional iría más allá de lo exigido por la legislación europea y podría poner en riesgo las protecciones constitucionales de la propiedad y la libertad de expresión.

Ordo Iuris también objetó las disposiciones que permitirían imponer sanciones cuando se considere probable que ciertos recursos financieros apoyen a entidades designadas, así como las relativas a conexiones personales con individuos ya sujetos a restricciones. Por separado, el Consejo Nacional de Radiodifusión de Polonia expresó en septiembre preocupación por las reglas sobre manipulación de información y advirtió que definiciones poco claras podrían afectar a medios de comunicación y a la expresión pública.

Tras la votación, el legislador opositor Roman Fritz condenó el proyecto y lo calificó de totalitario; en declaraciones difundidas por Slavic Networks, afirmó que el comunismo había vuelto por completo. Esa es una caracterización política del diputado, no una conclusión jurídica sobre el texto, cuyo alcance y compatibilidad con las garantías constitucionales todavía podrían discutirse en las instancias legislativas y judiciales.

El Senado y Nawrocki tienen la siguiente palabra

El paso por el Senado aún puede modificar el texto antes de que vuelva a la cámara baja para que los legisladores consideren eventuales enmiendas. Solo después de completar ese recorrido la propuesta llegaría al presidente Karol Nawrocki, quien tendría que decidir si la firma para convertirla en ley.

La postura presidencial recibe atención debido a sus desacuerdos previos con el Gobierno del primer ministro Donald Tusk sobre la regulación de las criptomonedas. En septiembre, la Sejm no consiguió anular un tercer veto de Nawrocki a un proyecto distinto, relacionado con la implementación nacional de MiCA y la supervisión de las empresas cripto por parte de la Autoridad de Supervisión Financiera de Polonia.

En aquella votación, 241 legisladores apoyaron anular el veto y 198 se opusieron, pero el resultado no alcanzó la mayoría de tres quintos requerida. Nawrocki había objetado los costos regulatorios y los poderes de aplicación que, a su juicio, imponía esa iniciativa sobre empresas legítimas de criptomonedas; aquel proyecto regulatorio es distinto de la actual propuesta de sanciones.

Por eso, el veto anterior no determina automáticamente qué hará el presidente con esta legislación, que todavía no ha recibido una decisión presidencial. El Senado puede proponer cambios y la cámara baja deberá pronunciarse sobre ellos, mientras el debate seguirá centrado en el equilibrio entre las herramientas de seguridad del Estado, las garantías de propiedad y el derecho a impugnar restricciones financieras.

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