Por Canuto  

Kalshi y Polymarket enfrentan acciones legales en al menos una docena de estados, mientras la CFTC defiende su jurisdicción federal sobre los contratos deportivos. El conflicto podría convertirse en un precedente decisivo para la regulación de las criptomonedas.

***

  • Kalshi y Polymarket sostienen que sus contratos de eventos son derivados regulados por la CFTC, mientras los estados los consideran apuestas deportivas sin licencia.
  • La CFTC demandó a Connecticut, Arizona e Illinois para defender la jurisdicción federal, una intervención extraordinaria contra gobiernos estatales.
  • Los fallos judiciales están divididos y el resultado puede influir en la futura preeminencia federal sobre los mercados de criptomonedas.

 

Kalshi y Polymarket atraviesan uno de los conflictos jurídicos más amplios de la industria financiera estadounidense. Al menos una docena de estados han iniciado acciones contra ambas plataformas por ofrecer contratos vinculados con deportes, elecciones y otros acontecimientos del mundo real.

El caso enfrenta dos interpretaciones opuestas. Las empresas afirman que operan mercados de derivados bajo supervisión federal, mientras los reguladores estatales sostienen que sus contratos funcionan como apuestas deportivas sin licencia.

Una disputa que llegó a los tribunales

Kalshi opera como un mercado de contratos designado y cuenta con licencia federal de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas, conocida como CFTC, desde 2020. Polymarket regresó al mercado estadounidense mediante la adquisición de una bolsa y una Cámara de Compensación con licencia de la misma agencia.

Las plataformas ofrecen contratos de eventos que pagan según el resultado de una situación verificable. Los usuarios pueden negociar sobre elecciones, temperaturas, premios o partidos, con precios determinados por la oferta y la demanda en un libro de órdenes.

La defensa de las compañías se apoya en la Ley de Intercambio de Productos. Según su interpretación, la CFTC posee jurisdicción exclusiva sobre las transacciones realizadas en bolsas registradas, por lo que los estados no podrían imponer sus propias reglas de apuestas sobre esos instrumentos.

Los reguladores de juegos presentan una lectura distinta. Para ellos, un producto que recibe dinero sobre el resultado de un partido y paga cuando ese resultado ocurre cumple la función económica de una apuesta, aunque utilice contratos y lenguaje financiero.

La tensión aumentó porque cerca del 90% del volumen de Kalshi está relacionado con deportes. En Polymarket, los contratos deportivos representan aproximadamente la mitad de su actividad, de acuerdo con la información citada en el reporte de crypto.news.

Acciones estatales y respuesta federal

Los reguladores de Nueva York, Connecticut, Illinois, Tennessee y otros estados emitieron órdenes de cese y desista entre finales de 2025 y comienzos de 2026. Tennessee también exigió la anulación de operaciones deportivas que todavía no se habían resuelto.

Arizona llevó el conflicto más lejos al presentar cargos criminales contra Kalshi. Las acusaciones incluyeron la prohibición estatal de apuestas electorales, una medida que convirtió el debate sobre jurisdicción en un asunto con consecuencias penales.

Massachusetts y Nevada obtuvieron órdenes de restricción preliminares contra las plataformas. Maryland también emitió una resolución favorable a la autoridad estatal y determinó que sus leyes de juegos podían alcanzar estos contratos.

Rhode Island se sumó al litigio en mayo, cuando su fiscal general demandó a ambas empresas. Desde la perspectiva estatal, las compañías estarían evadiendo las leyes de juegos y utilizando la estructura de un mercado financiero para competir con operadores autorizados.

Kalshi y Polymarket respondieron con demandas en tribunales federales. En algunos casos presentaron sus acciones antes de que las autoridades estatales completaran sus medidas de ejecución, con el argumento de que la regulación estatal invade una competencia federal exclusiva.

La CFTC intervino directamente en abril. La agencia demandó a Connecticut, Arizona e Illinois para defender su jurisdicción y respaldar el derecho de las plataformas registradas a operar frente a las medidas estatales.

El presidente de la CFTC, Michael Selig, prometió públicamente defender a los participantes del mercado contra lo que calificó como una actuación excesiva de los reguladores estatales. La postura resulta inusual porque una agencia federal está litigando contra estados en nombre de sus propios registrantes.

Un marcador judicial dividido

Los fallos no muestran un ganador claro. Tribunales federales bloquearon acciones estatales en Tennessee, Arizona, Ohio y Connecticut, y respaldaron provisionalmente el argumento de preeminencia federal defendido por las plataformas.

La lógica de esas decisiones es directa: si la jurisdicción de la CFTC es exclusiva, un estado no puede criminalizar o prohibir una actividad que la legislación federal permite dentro de una bolsa registrada.

Los estados, sin embargo, han conseguido victorias relevantes. Massachusetts mantiene una orden de restricción preliminar contra Kalshi, mientras la Junta de Control de Juegos de Nevada conserva una medida similar contra Polymarket.

Un juez federal de Nueva York también falló a favor de la comisión estatal de juegos en un caso contra Kalshi. La empresa apeló la decisión, que tiene especial importancia porque Nueva York representa uno de los mercados con mayor presencia cultural y comercial de estas plataformas.

Un tribunal del estado de Washington otorgó además una orden de restricción preliminar contra Kalshi. La resolución consideró que sus actividades de mercado de predicción podían constituir apuestas ilegales bajo la legislación estatal.

La fragmentación produce una situación poco habitual. El mismo contrato puede considerarse legal, ilegal, criminal o protegido por la Constitución según el estado donde se ofrezca y el tribunal que examine el caso.

El frente tribal de California

Tres tribus de California llevaron su disputa al Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito. Argumentan que los contratos deportivos de Kalshi y Polymarket violan la Ley de Regulación de Juegos Indios, conocida como IGRA.

La IGRA estableció el marco federal para los casinos tribales y los juegos de clase III realizados mediante acuerdos entre tribus y estados. Esos acuerdos sostienen una parte central de las economías de los gobiernos tribales.

Los pactos de California ofrecen a las tribus una posición protegida dentro del mercado estatal de juegos. También reflejan compromisos negociados durante décadas, incluidos límites a las apuestas deportivas comerciales que los votantes californianos reafirmaron al rechazar una propuesta electoral.

Las tribus sostienen que las plataformas realizan una actividad equivalente a juegos de clase III sin autorización. En su opinión, la Ley de Intercambio de Productos no puede desplazar silenciosamente las garantías económicas establecidas por la IGRA.

Un tribunal de distrito rechazó su solicitud inicial de orden de restricción. La apelación ante el Noveno Circuito enfrenta dos leyes federales con objetivos distintos y podría ofrecer una base para una futura revisión de la Corte Suprema.

El litigio tribal también modifica el debate político. Los estados pueden ser vistos como defensores de ingresos fiscales y los operadores tradicionales como protectores de sus márgenes, pero las tribus presentan el caso como una defensa de compromisos federales de soberanía y desarrollo económico.

El impacto económico y la conexión con las criptomonedas

El deporte es crucial para las plataformas porque ofrece actividad durante todo el año. Kalshi reportó más de USD $1.000 millones en operaciones vinculadas con el Super Bowl, una cifra que convirtió a los contratos de eventos en su principal producto comercial.

Ese crecimiento compite con una industria de apuestas deportivas licenciadas que mueve aproximadamente USD $150.000 millones al año. Los operadores tradicionales pagan impuestos estatales y cumplen reglas de protección al consumidor que las plataformas consideran inaplicables a sus contratos.

La disputa también implica un posible arbitraje regulatorio y fiscal. Si los contratos financieros quedan fuera del alcance estatal, las empresas podrían competir con operadores de apuestas sin someterse al mismo esquema de licencias, impuestos, controles de edad y programas contra el juego problemático.

Para los estados, el caso amenaza un modelo de federalismo construido durante décadas. Estados como Nevada y Utah han mantenido enfoques muy diferentes sobre los juegos, mientras el régimen de apuestas deportivas posterior a 2018 creó un mosaico de reglas dentro del país.

La conexión con las criptomonedas es especialmente importante. La preeminencia federal que defiende la CFTC se parece al modelo que una futura ley de estructura de mercado, incluida la legislación CLARITY mencionada en el reporte, podría aplicar a los activos digitales.

Si los tribunales concluyen que la jurisdicción exclusiva de la CFTC cede ante los poderes policiales estatales cuando un producto se parece a una actividad tradicionalmente regulada por los estados, esa conclusión afectaría futuros argumentos de preeminencia en el sector cripto.

Polymarket utiliza infraestructura vinculada con criptomonedas y ambas compañías son consideradas éxitos regulatorios de la era Trump. La CFTC, además, está defendiendo esta posición mientras opera con un solo comisionado confirmado.

Cómo podría terminar la guerra

El primer desenlace posible es que la Corte Suprema tome la cuestión de la preeminencia. La división entre los fallos de Tennessee, Nueva York, Maryland y el Noveno Circuito aumenta la posibilidad de una revisión nacional.

Una decisión favorable a la CFTC federalizaría de forma permanente los contratos de eventos. También entregaría a las criptomonedas un precedente relevante sobre el desplazamiento de las normas estatales por una autoridad federal de mercados.

Un fallo que preserve los poderes estatales produciría el efecto contrario. Kalshi y Polymarket tendrían que operar dentro de un mosaico de licencias, prohibiciones y requisitos diferentes en cada jurisdicción.

La segunda puerta es legislativa. El Congreso podría definir qué contratos de eventos son permitidos y establecer límites claros para distinguir entre derivados financieros y apuestas deportivas.

Los estados, las tribus y los operadores tradicionales tienen incentivos para apoyar una solución legislativa. Las plataformas, en cambio, cuentan con el respaldo de la administración actual y buscan preservar el alcance de sus licencias federales.

La tercera posibilidad es que el conflicto continúe durante años. Las empresas pueden financiar litigios con sus ingresos deportivos, mientras los estados pueden iniciar acciones de cumplimiento con mayor rapidez que la resolución de las apelaciones.

Ese escenario mantendría la legalidad como una función de la geografía y del momento procesal. También podría afectar la disposición de socios institucionales, procesadores de pagos y proveedores de datos deportivos a trabajar con plataformas cuya situación cambia entre estados.

La disputa revela una pregunta más profunda: si el diseño de un contrato financiero puede absorber cualquier actividad humana o si algunas categorías, como las apuestas, permanecen bajo responsabilidad estatal sin importar su estructura jurídica.

Por ahora, los usuarios enfrentan un riesgo jurisdiccional real. La legalidad puede cambiar con una decisión judicial, y las recomendaciones de mantener saldos modestos, retirar fondos tras la liquidación y documentar posiciones reflejan una incertidumbre más cercana a los mercados grises que a los intercambios regulados.

El conflicto sigue abierto y la información descrita corresponde al 21 de julio de 2026. La situación no constituye asesoría financiera, legal o de inversión, por lo que los usuarios deben realizar su propia investigación antes de operar.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA.

 


ADVERTENCIA: DiarioBitcoin ofrece contenido informativo y educativo sobre diversos temas, incluyendo criptomonedas, IA, tecnología y regulaciones. No brindamos asesoramiento financiero. Las inversiones en criptoactivos son de alto riesgo y pueden no ser adecuadas para todos. Investigue, consulte a un experto y verifique la legislación aplicable antes de invertir. Podría perder todo su capital.

Suscríbete a nuestro boletín

Artículos Relacionados