Por Hannah Pérez  

Un tribunal federal en Nueva York cerró con un golpe seco una demanda significativa del mundo DeFi. La acción colectiva buscaba responsabilizar a Uniswap Labs, su CEO y firmas de capital de riesgo por pérdidas asociadas a presuntos tokens fraudulentos en el protocolo. La jueza concluyó que, en un sistema sin permisos y gobernado por contratos inteligentes autónomos, la falta de un emisor identificable deja a los demandantes sin un acusado concreto.

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  • La jueza Katherine Polk Failla desestimó con perjuicio las reclamaciones estatales restantes en Risley v. Universal Navigation Inc., tras haber rechazado antes los cargos federales de valores.
  • El tribunal sostuvo que la descentralización y la ejecución autónoma del código impiden trasladar la responsabilidad a desarrolladores e inversionistas por el mal uso de terceros.
  • El fallo podría marcar pauta para DeFi al subrayar la dificultad de asignar responsabilidad civil cuando los emisores de tokens presuntamente fraudulentos son desconocidos.

 

Un juez federal en Nueva York desestimó todas las demandas restantes de una acción colectiva propuesta contra Uniswap Labs, su CEO Hayden Adams y varios patrocinadores de capital de riesgo. La demanda alegaba pérdidas por la compra de docenas de tokens que luego fueron descritos como estafas o “rug pulls” dentro del protocolo Uniswap. Al no poder identificar a los emisores de esos tokens, los demandantes intentaron llevar a juicio a quienes construyeron y financiaron la infraestructura.

La decisión se emitió el lunes en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. La jueza Katherine Polk Failla desestimó las reclamaciones restantes bajo ley estatal en el caso Risley v. Universal Navigation Inc., la firma con sede en Brooklyn que opera Uniswap. Con ese movimiento, el proceso queda efectivamente terminado a nivel de tribunal de distrito.

El núcleo del problema era sencillo, pero difícil de resolver con las herramientas legales tradicionales: había una “lesión” económica atribuida por los demandantes a tokens presuntamente fraudulentos, pero no había un emisor al cual sentar en el banquillo.

En palabras de la jueza, “debido a la naturaleza descentralizada del Protocolo, las identidades de los emisores de tokens fraudulentos son básicamente desconocidas e incognoscibles, dejando a los demandantes con una lesión identificable pero sin un acusado identificable”.

Ese diagnóstico llevó a Failla a rechazar el intento de “reemplazar” al presunto estafador por quienes construyeron el protocolo o invirtieron en su desarrollo. “Ilesos, demandan ahora a los demandados de Uniswap y a los demandados del capital de riesgo, esperando que este Tribunal pase por alto el hecho de que el estado actual de la regulación de criptomonedas les deja sin recursos, al menos en cuanto a las reclamaciones específicas alegadas en este juicio”, escribió.

Uniswap triunfa: juez desestima demanda “con perjuicio”

La decisión fue una desestimación “con perjuicio”, una fórmula jurídica relevante porque, en la práctica, cierra la puerta a volver a presentar el mismo reclamo bajo los mismos fundamentos en ese tribunal. No se trató de una pausa ni de un ajuste de procedimiento. Fue un cierre definitivo del paquete de reclamaciones que quedaba vivo tras el primer revés de los demandantes.

Antes de este fallo, la jueza ya había desestimado las reclamaciones federales de valores presentadas por el grupo de inversionistas.

El lunes, el tribunal eliminó también las reclamaciones estatales restantes, lo que termina por desmontar la estrategia de responsabilizar a Uniswap Labs y a su entorno corporativo. La resolución, además, se vuelve una referencia temprana en una discusión que recién empieza a consolidarse en tribunales: qué obligaciones legales pueden imponerse a quienes crean software descentralizado.

Vale recordar que Uniswap opera como un exchange descentralizado (DEX). En lugar de que una empresa que custodia fondos y aprueba listados, las transacciones se ejecutan mediante contratos inteligentes que, en teoría, cualquiera puede usar. Ese diseño “sin permisos” amplía el acceso, pero complica la identificación del responsable cuando alguien lanza un token con intención fraudulenta.

El fallo es por eso observado como una señal sobre cómo los tribunales podrían tratar la infraestructura DeFi en casos futuros.

Tribunal traza una línea entre infraestructura y control

Uno de los puntos centrales del análisis fue la naturaleza del protocolo Uniswap como sistema descentralizado que funciona mediante contratos inteligentes autónomos. La jueza Failla sostuvo que, al no operar como un intermediario centralizado con control discrecional, no correspondía imputar responsabilidad a los desarrolladores e inversionistas por el uso indebido por parte de terceros.

La jueza rechazó el argumento de que los acusados podían ser responsables por el simple hecho de proveer la infraestructura en la que los tokens se emitieron y negociaron. “Las teorías de responsabilidad de los demandantes siguen basándose en que los acusados hayan ‘facilitado’ las operaciones fraudulentas proporcionando un mercado e instalaciones para reunir a compradores y vendedores de Tokens”, escribió. Concluyó que las demandas fracasaban por motivos legales.

En un fallo anterior sobre las reclamaciones federales, Failla también había usado un lenguaje que ya circula ampliamente entre defensores de DeFi. Dijo que “desafía la lógica” que un redactor de un contrato inteligente, es decir, un código de computadora, pueda ser considerado responsable por el mal uso de un tercero. Ese enfoque se sostiene en la idea de que el autor del software no necesariamente controla cada ejecución ni cada usuario.

Uniswap Labs, CEO y  capitalistas de riesgo en la demanda

Los demandantes, un grupo de inversionistas, afirmaron que perdieron una cantidad no revelada de dinero al comprar docenas de tokens en el protocolo Uniswap, para luego describirlos como estafas. Según el planteamiento, el daño existía, pero los emisores de esos tokens no fueron identificados. Esa ausencia llevó a que la demanda apuntara a actores visibles del ecosistema Uniswap.

La acción incluyó como demandados a Uniswap Labs, la Fundación Uniswap, el CEO Hayden Adams y las firmas de capital de riesgo Paradigm, Andreessen Horowitz y Union Square Ventures. El caso, por tanto, no solo probaba los límites de responsabilidad de un desarrollador de protocolo, sino también la exposición legal potencial de inversionistas que financian empresas asociadas.

Brian Nistler, jefe de política de Uniswap, , celebró la decisión en X y la calificó como “otro fallo que sienta precedentes para DeFi”. Resaltó como su “cita favorita” del caso la idea de que “desafía la lógica” responsabilizar al redactor de un contrato inteligente por el mal uso de un usuario de terceros. El mensaje busca reforzar la noción de que la infraestructura abierta no debe tratarse como un operador tradicional.

Aun así, el caso no elimina el problema que dio origen a la demanda: la existencia de tokens presuntamente fraudulentos que pueden circular en mercados sin permisos, y el daño que eso puede generar a compradores minoristas. Lo que cambia es el mapa de responsabilidad bajo las reclamaciones específicas presentadas en este juicio. Para usuarios e industria, el fallo invita a mirar con más atención la verificación de proyectos, el análisis de riesgo y las herramientas de rastreo, mientras el debate legal sigue evolucionando.

Artículo redactado con ayuda de IA, editado por DiarioBitcoin

Imagen generada con herramienta de IA, bajo licencia de uso libre

 


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