Por Canuto  

Una asesora del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sostiene que el Tribunal General aplicó un criterio equivocado al anular la multa de EUR 1.490 millones impuesta a Google por sus contratos de AdSense. Su opinión no restablece la sanción de inmediato, pero propone devolver el caso para una nueva sentencia y vuelve a poner bajo escrutinio las restricciones que la Comisión Europea atribuyó a la empresa.
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  • Juliane Kokott recomendó anular la sentencia de 2024 que había dejado sin efecto la multa de AdSense.
  • La sanción se relaciona con cláusulas contractuales que restringían anuncios de búsqueda rivales en sitios asociados con Google.
  • El dictamen no es vinculante y, si el Tribunal de Justicia lo sigue, el caso volvería al Tribunal General.

Google vuelve a quedar bajo presión por la multa de AdSense

La asesora jurídica Juliane Kokott considera que el Tribunal General se equivocó al anular la sanción de EUR 1.490 millones impuesta a Google por prácticas vinculadas con AdSense. Su recomendación propone dejar sin efecto la sentencia de 2024 y remitir el expediente para un nuevo fallo, aunque no restablece automáticamente la multa ni anticipa la decisión final de los jueces europeos.

Una opinión que reabre el expediente

La disputa vuelve a tomar impulso después de que una abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea planteara que la anulación de la multa fue jurídicamente incorrecta. Juliane Kokott, asesora del máximo tribunal del bloque, presentó su opinión el jueves y pidió que se revoque el fallo del Tribunal General de 2024, que había dejado sin efecto la sanción de EUR 1.490 millones relacionada con AdSense.

El punto central no es que Kokott haya ordenado recuperar el dinero, sino que considera insuficiente la razón que llevó al tribunal inferior a anular toda la decisión de la Comisión Europea. Su propuesta consiste en devolver el caso al Tribunal General para que emita una nueva sentencia, de modo que la controversia seguiría abierta y todavía dependería de una resolución judicial posterior.

El dictamen de una abogada general orienta a los jueces, pero no los obliga a seguirlo. Por eso, aunque la recomendación constituye un revés para la posición de Google, el Tribunal de Justicia aún debe pronunciarse y el resultado podría diferir de lo planteado por Kokott.

Según informó The Next Web, se espera que el fallo del Tribunal de Justicia llegue el próximo año. Hasta entonces, la recomendación marca un giro relevante en un caso que Google había ganado ante el Tribunal General y que Bruselas apeló para intentar recuperar la validez de su decisión.

Qué prácticas examinó la Comisión Europea

El expediente se refiere a AdSense for Search, un servicio que permite a sitios web incorporar cuadros de búsqueda y mostrar anuncios asociados a las búsquedas de Google. A cambio de integrar esos anuncios, los editores reciben una participación en los ingresos, por lo que las condiciones incluidas en sus contratos podían influir en qué publicidad aparecía junto a los resultados.

La Comisión Europea sostuvo que, desde marzo de 2009, los contratos modelo de Google con los editores incluyeron cláusulas que limitaban o impedían la presencia de anuncios de servicios competidores. La investigación abarcó prácticas que, según Bruselas, se desarrollaron entre 2006 y 2016, cuando Google modificó o retiró esas disposiciones después de la apertura del expediente.

Entre las condiciones cuestionadas figuraba una cláusula de exclusividad que restringía la publicidad de rivales. También había una regla de ubicación que reservaba para los anuncios de Google el espacio más visible de las páginas, además de una cláusula que exigía autorización previa para introducir cambios en la forma de mostrar publicidad competidora.

La relevancia de esas condiciones radica en que no se limitaban a fijar la participación de ingresos de los editores: podían incidir en la posibilidad de que otros proveedores accedieran a espacios publicitarios vinculados con las búsquedas. La Comisión consideró que el conjunto de restricciones podía excluir a rivales; esa valoración, y no una nueva sanción impuesta ahora, está en el centro de la revisión judicial.

El desacuerdo sobre la duración de los contratos

El Tribunal General aceptó buena parte del análisis de la Comisión sobre las cláusulas y sus posibles efectos de exclusión, pero anuló la decisión al considerar que Bruselas no había evaluado suficientemente cuánto duraban los contratos con los editores. Ese reparo bastó para invalidar la multa, aunque el tribunal inferior ya había reconocido que las disposiciones podían producir los efectos anticompetitivos señalados por la Comisión.

Kokott sostuvo que ese razonamiento implicó un error jurídico porque el Tribunal General exigió más de lo necesario al examinar el criterio de duración. En su opinión, una vez aceptada la capacidad de las cláusulas para generar los efectos de exclusión identificados por la Comisión, el análisis sobre la duración no debía convertirse en un requisito de alcance excesivo.

La asesora defendió que la Comisión podía valorar de manera acumulativa los contratos de los editores. Según ese enfoque, no era indispensable revisar cada cláusula por separado y cada contrato individualmente, como si la evaluación conjunta de las condiciones no pudiera aportar una base suficiente para el análisis del caso.

La diferencia entre ambas posiciones es importante para el alcance del litigio: la controversia no se limita a decidir si hubo restricciones, sino que también examina qué nivel de detalle debía exigir el tribunal a la investigación de Bruselas. Si los jueces respaldan a Kokott, el Tribunal General tendrá que volver a pronunciarse con ese criterio jurídico, sin que ello signifique que la sanción queda restaurada de forma automática.

Una sanción dentro de una disputa más amplia

La multa por AdSense fue impuesta en marzo de 2019 y forma parte de seis sanciones antimonopolio de la Unión Europea que, a lo largo de casi dos décadas, han sumado EUR 10.380 millones para Google. Hasta ahora, esta era la única de esas sanciones que un tribunal había anulado, una singularidad que explica por qué la Comisión apeló la decisión del Tribunal General.

La trayectoria de Kokott en otros expedientes también hace que su opinión sea relevante para Google, aunque no determine el resultado de este litigio. La asesora redactó opiniones en los casos Shopping y Android, y el Tribunal de Justicia siguió sus recomendaciones en ambos: en 2024 confirmó la multa de EUR 2.400 millones por Shopping, mientras que la sanción de EUR 4.100 millones por Android se mantuvo en julio y, según la información disponible, ya ingresó en el presupuesto de la Unión Europea.

La presión regulatoria sobre Google no se limita al expediente de AdSense. La empresa impugna por separado una multa de casi EUR 3.000 millones relacionada con tecnología publicitaria, mientras que rivales preparan demandas de indemnización en Europa después de la primera sanción de la compañía bajo la Ley de Mercados Digitales.

La posible devolución del caso al Tribunal General no resolvería por sí sola esos otros frentes, pero sí podría eliminar el único precedente en que Google logró anular una de las multas antimonopolio europeas mencionadas en el informe. Por ahora, el próximo paso depende de los jueces del Tribunal de Justicia y, si aceptan la recomendación, de la nueva evaluación que deberá realizar el tribunal inferior.

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