Por Canuto  

Un estudio encargado por CCIA Europa estima que la propuesta de ley europea sobre nube e inteligencia artificial podría elevar los costos hasta unos €115.000 millones en diez años. La cifra incluye un escenario para industrias privadas que depende de ampliar los requisitos de soberanía. Amazon, Google y Meta figuran entre los miembros del grupo que encargó la investigación.
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  • El informe calcula €33.300 millones en costos directos para el sector público y proyecta otros €80.000 millones para empresas privadas bajo un escenario específico.
  • La investigación fue realizada por ECIPE para CCIA Europa, cuyos miembros incluyen a Amazon, Google y Meta, compañías con intereses en el mercado europeo de nube.
  • CCIA cuestiona la evaluación de la Comisión Europea y pide limitar los requisitos de soberanía a cargas de trabajo sensibles.

 

El debate sobre quién controla la infraestructura digital europea sumó una advertencia económica de gran escala: reducir la dependencia de proveedores de nube estadounidenses podría resultar costoso para gobiernos y empresas, según un nuevo estudio. La investigación, elaborada por el Centro Europeo de Economía Política Internacional (ECIPE) para CCIA Europa, se refiere a la propuesta de Ley de Desarrollo de la Nube y la IA, conocida como CADA.

La cifra central difundida por el informe se sitúa en torno a €115.000 millones en diez años, más de seis veces el límite superior de €18.000 millones que CCIA atribuye a la estimación de la Comisión Europea. Sin embargo, la comparación reúne cálculos con alcances distintos: el total incorpora tanto gastos públicos como un escenario de costos privados que todavía no constituye una obligación aprobada para las empresas.

Qué incluye la estimación de costos

ECIPE calcula €33.300 millones en costos directos para el sector público, asociados a las exigencias que la propuesta podría imponer sobre la contratación de servicios de nube e inteligencia artificial. El informe también proyecta otros €80.000 millones para compañías de sectores privados esenciales, entre ellos banca, salud, energía y transporte, pero esa segunda cifra depende de una hipótesis regulatoria concreta.

Ese escenario supone que la Comisión ampliaría los requisitos de soberanía más allá de las compras públicas para cubrir el 25% de las cargas de trabajo en la nube de industrias privadas esenciales. Por eso, los €80.000 millones no representan una factura que Bruselas ya haya enviado a las empresas ni una obligación vigente, sino una proyección condicionada a una posible extensión del alcance de la norma.

La distinción es relevante para interpretar el total de hasta €115.000 millones: el cálculo combina un componente público y otro privado que depende de cómo avance la legislación. La Comisión presentó una propuesta de ley, pero esta no establece por sí sola que todas las organizaciones deban abandonar de inmediato sus actuales proveedores estadounidenses.

El estudio atribuye buena parte de los costos potenciales a la migración de cargas de trabajo y a la adaptación de los programas que las empresas ya utilizan. De acuerdo con sus cálculos, reescribir y reconfigurar software representaría el 69% de los costos estimados, lo que convierte la transición tecnológica, y no solo el cambio de proveedor, en una parte central de la advertencia.

El interés de quienes encargaron el estudio

CCIA Europa es un grupo de presión cuyos miembros incluyen a Amazon, Google y Meta, empresas con intereses directos en el debate sobre la contratación de tecnología en Europa. Amazon y Google están entre los principales proveedores estadounidenses de servicios de nube en el mercado europeo, por lo que las decisiones sobre soberanía pueden influir en las condiciones de acceso a clientes públicos y privados.

La investigación fue realizada por ECIPE y encargada por CCIA, una procedencia que importa al evaluar sus conclusiones sin que, por sí sola, invalide los cálculos. The Register informó que las compañías representadas por el grupo tienen razones comerciales para defender que los gobiernos europeos sigan comprando servicios de nube estadounidenses, mientras la propuesta regulatoria podría alterar ese escenario.

Al mismo tiempo, Amazon y Google han desarrollado ofertas que presentan como soluciones de nube soberana para responder a preocupaciones sobre propiedad extranjera, acceso a datos y control regulatorio. Amazon trabaja en AWS European Sovereign Cloud, mientras Google comercializa distintas soluciones de nube soberana; ambas iniciativas muestran que los grandes proveedores también buscan conservar clientes que demandan más control local.

Esta dualidad atraviesa la discusión: los hiperescaladores ofrecen productos dirigidos a clientes que buscan garantías de soberanía y, a la vez, una asociación que representa intereses de grandes tecnológicas cuestiona requisitos regulatorios más amplios. Meta también forma parte de CCIA y tiene intereses en la infraestructura europea de inteligencia artificial, aunque no opera servicios comerciales de nube a la escala de AWS o Google Cloud.

La disputa regulatoria alrededor de CADA

CCIA concentra parte de sus objeciones en el artículo 31 de la propuesta, que, según el grupo, permitiría a la Comisión extender los requisitos de soberanía a servicios privados esenciales. La asociación teme que obligar a organizaciones a alejarse de infraestructuras existentes desencadene proyectos de reingeniería y eleve los costos de operación, especialmente cuando sus aplicaciones dependen de herramientas que tendrían que adaptarse o reescribirse.

El informe también presenta cálculos por trabajador para distintos países durante diez años. Luxemburgo registraría el mayor impacto, con €1.711 por trabajador, seguido por Dinamarca con €905, Austria con €900 y Finlandia con €864; Irlanda, sede europea de varias grandes tecnológicas estadounidenses, aparece con €856 por trabajador.

CCIA pide a los gobiernos de la Unión Europea que revisen la legislación y limiten las restricciones de soberanía a cargas de trabajo sensibles. También propone abandonar los requisitos basados en el origen corporativo o la nacionalidad del personal y sustituirlos por salvaguardas técnicas basadas en el riesgo, un enfoque que, según el grupo, permitiría proteger los datos sin imponer cambios generales de proveedor.

Mitchell Rutledge, gerente de políticas de CCIA Europa, sostuvo que los Estados miembros no deberían basarse en las estimaciones incompletas de la Comisión al decidir los requisitos para proveedores de nube e IA. “Los contribuyentes y las empresas pagarán la factura, y sin embargo la evaluación oficial pasó por alto el 70% del verdadero impacto de CADA”, afirmó, según la declaración recogida en la información sobre el estudio.

Una cifra que no resuelve el debate

La discusión enfrenta dos objetivos que no se excluyen automáticamente: acceder a servicios tecnológicos competitivos y mantener capacidad de decisión sobre datos, infraestructura y cumplimiento regulatorio. Los costos de migración descritos por ECIPE forman parte del debate, pero la cifra más alta depende de que Bruselas extienda los requisitos al 25% de las cargas de trabajo de ciertas industrias privadas.

Las ofertas de nube soberana de Amazon y Google añaden otro matiz, porque los proveedores estadounidenses también intentan adaptar sus servicios a las exigencias de clientes europeos. Esa estrategia puede permitirles retener contratos que, de otro modo, podrían dirigirse a competidores europeos, aunque el informe no calcula cuánto negocio podría cambiar de manos ni compara costos entre proveedores concretos.

Amazon y Google no respondieron a las preguntas de The Register sobre el estudio, de acuerdo con la publicación. La ausencia de comentarios de ambas compañías deja sin una respuesta directa de los proveedores las críticas sobre el interés comercial detrás de la campaña de CCIA, pero no modifica el carácter estimado y condicionado de varias de las cifras difundidas.

Por ahora, los €115.000 millones deben leerse como una proyección del estudio encargado por CCIA, no como un costo definitivo de CADA ni como un desembolso ya aprobado por gobiernos y compañías. La magnitud real dependerá del texto final de la legislación, de si se aplican requisitos a sectores privados y del alcance de las migraciones que eventualmente se exijan.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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