Por Canuto  

El Grupo de Acción Financiera advierte que grupos criminales están aprovechando vacíos regulatorios para mover miles de millones mediante criptomonedas. Aunque más países cumplen sus recomendaciones, el organismo alerta sobre el avance de las stablecoins ilícitas y la creciente complejidad de las redes de fraude.

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  • El crimen habilitado por criptomonedas se volvió más complejo e interconectado durante el último año.
  • Solo 51 de 149 jurisdicciones evaluadas, equivalentes al 34%, cumplían ampliamente los estándares de FATF para criptomonedas en abril de 2026.
  • El uso de stablecoins por actores ilícitos aumentó, incluso con redes criminales que desarrollan activos difíciles de congelar o incautar.

 

Los grupos del crimen organizado están aprovechando las brechas regulatorias para mover miles de millones de dólares en fondos ilícitos mediante la industria de las criptomonedas. La advertencia aparece en la más reciente revisión del Grupo de Acción Financiera Internacional, conocido por sus siglas en inglés como FATF o GAFI, por sus siglas en español.

El organismo intergubernamental, con sede en París, analiza el papel de los activos virtuales en el lavado de dinero y otras formas de financiamiento ilícito. Su evaluación describe un entorno donde las redes criminales combinan herramientas digitales, fraude y estructuras internacionales para ocultar el origen de sus recursos.

La revisión señala que el crimen habilitado por criptomonedas se volvió más complejo e interconectado durante el último año. Esa evolución complica el trabajo de reguladores, instituciones financieras y compañías del sector, que deben identificar movimientos sospechosos en un ecosistema con múltiples participantes.

El informe también identifica desafíos significativos y continuos para detectar y detener los flujos de lavado de dinero. Las mayores dificultades aparecen en operaciones vinculadas con compuestos fraudulentos y redes de fraude de inversión.

La advertencia no presenta a las criptomonedas como un instrumento utilizado únicamente por delincuentes. Sin embargo, subraya que los vacíos en la supervisión permiten que determinados actores aprovechen la velocidad, el alcance internacional y la diversidad de servicios disponibles en el mercado cripto.

El crimen cripto amplía su alcance

Según la evaluación, las redes criminales ya no actúan mediante esquemas aislados. El organismo describe una actividad más compleja e interconectada, en la que diferentes actores pueden colaborar para mover fondos, ejecutar fraudes y dificultar la identificación de los responsables.

Los compuestos fraudulentos representan uno de los principales desafíos señalados en el informe. Estas estructuras pueden reunir a numerosos participantes y generar flujos financieros difíciles de distinguir de las operaciones legítimas cuando atraviesan diferentes plataformas y jurisdicciones.

Las redes de fraude de inversión también preocupan a las autoridades. El informe las vincula con flujos de lavado de dinero que los reguladores y las empresas de criptomonedas deben detectar antes de que los recursos abandonen el alcance de los controles financieros.

Las instituciones financieras enfrentan una presión similar. Deben examinar transacciones relacionadas con activos virtuales y responder ante señales de riesgo, mientras los grupos ilícitos buscan aprovechar diferencias entre las normas y los niveles de aplicación de cada país.

El alcance internacional del mercado agrega otra dificultad. Una operación puede involucrar servicios, usuarios y entidades ubicados en distintas jurisdicciones, lo que exige coordinación entre autoridades que no siempre aplican las mismas reglas o cuentan con capacidades equivalentes.

La revisión sostiene que las evaluaciones de riesgo no siempre se convierten en medidas concretas para reducir el crimen relacionado con criptomonedas. Esa distancia entre el diagnóstico y la acción mantiene abiertas oportunidades para los grupos que intentan ocultar fondos ilícitos.

Avances regulatorios todavía insuficientes

El informe registra una mejora en el número de países que siguen las recomendaciones de FATF para las criptomonedas. En abril de 2026, 51 de las 149 jurisdicciones evaluadas estaban ampliamente alineadas con esos estándares.

La cifra representa poco más de un tercio del total, equivalente al 34%. Un año antes, la proporción era del 29%, por lo que el indicador muestra un avance en el cumplimiento global.

Aun así, el progreso no elimina las debilidades identificadas por el organismo. El cumplimiento formal de las recomendaciones no garantiza por sí mismo que las autoridades hayan reducido los riesgos o interrumpido los flujos ilícitos.

FATF advierte que persisten brechas significativas en la traducción de las evaluaciones de riesgo en pasos reales para combatir el delito relacionado con criptomonedas. En otras palabras, conocer el problema no siempre se traduce en controles eficaces.

Para los reguladores, el reto consiste en aplicar medidas que respondan a los riesgos sin crear vacíos adicionales. Las instituciones financieras y las empresas cripto también necesitan procedimientos capaces de detectar patrones sospechosos dentro de un sector que cambia con rapidez.

La diferencia entre jurisdicciones puede favorecer el desplazamiento de actividades ilícitas. Cuando un país tiene controles más débiles o una supervisión limitada, las redes criminales pueden intentar utilizarlo como parte de una cadena para mover o transformar sus fondos.

El papel creciente de las stablecoins

Una de las principales alertas del informe se relaciona con el aumento del uso de stablecoins por parte de actores ilícitos durante el último año. Estos activos digitales ocupan un lugar central en la advertencia debido a su presencia dentro de operaciones criminales descritas por el organismo.

El informe señala que algunas redes criminales están desarrollando sus propias stablecoins. Según la evaluación, esos activos pueden resistir las acciones de congelamiento o incautación emprendidas por las autoridades.

La posibilidad de evitar esas medidas crea un desafío particular para los investigadores. Si una red controla el diseño o la administración de un activo, puede intentar reducir la capacidad de terceros para bloquear los fondos vinculados con actividades ilícitas.

Esta tendencia aumenta la presión sobre los reguladores y las compañías de criptomonedas. Ambos grupos deben comprender cómo funcionan los activos utilizados por las redes criminales y cómo se desplazan los recursos entre diferentes servicios.

El crecimiento de las stablecoins ilícitas también muestra que los delincuentes buscan adaptar sus herramientas. Cuando las autoridades identifican un mecanismo de control, las redes pueden intentar crear estructuras alternativas para preservar el acceso a sus fondos.

La advertencia no ofrece una cifra específica sobre el volumen de recursos movilizados mediante stablecoins. Sí confirma que su uso por actores ilícitos aumentó durante el último año y que algunas redes buscan activos resistentes a las medidas oficiales.

Desafíos para autoridades y empresas

La detección de fondos ilícitos exige colaboración entre reguladores, instituciones financieras y empresas de criptomonedas. Ningún actor opera de forma completamente aislada cuando las transacciones atraviesan servicios y fronteras diferentes.

Las autoridades deben convertir sus evaluaciones de riesgo en acciones prácticas. El informe considera que ese proceso todavía presenta brechas significativas, pese al aumento en el número de jurisdicciones que cumplen ampliamente las recomendaciones.

Las empresas del sector enfrentan una responsabilidad adicional frente a las redes de fraude de inversión y los compuestos fraudulentos. Sus sistemas deben identificar señales de alerta sin confundir automáticamente toda actividad cripto con una conducta delictiva.

La respuesta también depende de la capacidad para seguir los flujos financieros. Cuando los recursos pasan entre diferentes activos, servicios y jurisdicciones, la investigación requiere coordinación y acceso oportuno a información relevante.

La evolución del delito cripto obliga a revisar los controles de manera constante. Las redes criminales no solo utilizan herramientas existentes, sino que también pueden desarrollar activos propios, como las stablecoins resistentes a congelamientos o incautaciones.

La evaluación de FATF plantea así una advertencia doble. Por un lado, registra avances en el cumplimiento internacional; por otro, muestra que esos avances todavía no bastan para cerrar las oportunidades que aprovechan los grupos criminales.

El desafío central consiste en reducir esas brechas sin perder de vista la diversidad del ecosistema de activos virtuales. El organismo sostiene que los riesgos siguen evolucionando, mientras las autoridades y las empresas intentan responder a flujos ilícitos cada vez más complejos.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA.

 


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