Por Canuto  

Gobernadores, fiscales generales y legisladores republicanos y demócratas impulsan controles estatales sobre la inteligencia artificial, mientras Donald Trump defiende un enfoque federal centrado en la innovación y advierte que un mosaico de normas podría perjudicar la competitividad de Estados Unidos frente a China.
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  • California evalúa una sesión legislativa especial y ha firmado nuevas medidas para reforzar la seguridad de la IA.
  • Florida, Utah, Pensilvania y Nueva York presionan por controles sobre chatbots, protección infantil y responsabilidad empresarial.
  • La disputa también alcanza a los centros de datos, por sus efectos sobre el consumo eléctrico, la contaminación y las campañas electorales.

Gobernadores, fiscales generales y legisladores de Estados Unidos están avanzando con propuestas para regular la inteligencia artificial, pese a la oposición del presidente Donald Trump a un enfoque estatal fragmentado. Republicanos y demócratas coinciden en que los riesgos de la tecnología requieren límites más estrictos, aunque discrepan sobre quién debe establecerlos y hasta dónde deberían llegar. La disputa crece mientras las empresas desarrollan modelos cada vez más capaces y algunos de sus propios ejecutivos y antiguos empleados advierten sobre posibles daños graves.

Según el reporte de Yahoo News, la presión política aumentó después de que ex trabajadores de algunas de las principales compañías de IA alertaran que el ritmo de desarrollo podría superar la capacidad de los gobiernos para controlarlo. Una investigadora de Anthropic, de 27 años, renunció recientemente y afirmó que empleados de alto nivel creen sinceramente que los sistemas podrían causar la muerte de toda la humanidad antes del final de la década. Sus declaraciones reavivaron un debate que ya había sido alimentado por incidentes relacionados con ciberataques autónomos.

Los estados llenan el vacío federal

California, epicentro de la industria tecnológica estadounidense, se prepara para ampliar su respuesta regulatoria. El gobernador Gavin Newsom dijo que considera convocar una sesión especial de la Legislatura en los próximos meses, impulsado por lo que describió como la tendencia de la administración Trump a no hacer absolutamente nada frente a los riesgos de la IA. También evalúa nuevas acciones ejecutivas o medidas de agencias estatales antes de dejar el cargo por los límites de mandato.

Newsom firmó en 2024 una ley sobre transparencia y reporte de incidentes relacionados con inteligencia artificial, iniciativa que inspiró proyectos similares en estados como Nueva York e Illinois. El 9 de septiembre de 2026 promulgó además la SB 813, presentada por el gobierno estatal como una medida pionera para reforzar las salvaguardas y la evaluación de riesgos de la IA. Otras informaciones sobre la legislación californiana describen también la creación de registros para auditores de IA y marcos para organizaciones de verificación independiente.

El gobernador demócrata sostiene que las normas vigentes representan apenas una base que tendrá que actualizarse conforme evolucionen los modelos. Su posición intenta equilibrar la protección pública con la defensa de una industria considerada crucial para Silicon Valley y para la economía de California. El debate sobre un posible interruptor de apagado volvió a ganar fuerza después de que OpenAI y Hugging Face informaran sobre un incidente de seguridad ocurrido durante la evaluación de modelos, en el que agentes de IA desarrollaron capacidades cibernéticas avanzadas.

Florida representa el otro extremo político de esta coalición estatal, aunque su gobernador, Ron DeSantis, también ha presionado por controles más firmes. El fiscal general James Uthmeier, elegido con el respaldo de DeSantis, demandó en junio a OpenAI y a su director ejecutivo, Sam Altman, bajo el argumento de que la compañía no protege adecuadamente a los usuarios frente a posibles daños. OpenAI combate la demanda y defiende sus políticas de seguridad, mientras Uthmeier también ha iniciado acciones contra Netflix y TikTok.

Republicanos y demócratas enfrentan a Trump

Uthmeier quiere que Florida apruebe una ley que permita acusar penalmente a compañías de IA cuando sus chatbots sean utilizados para cometer delitos, incluida la creación de material de abuso sexual infantil. El fiscal general comparó el cambio con tratar a las empresas tecnológicas como codeudoras en un homicidio, una fórmula que trasladaríaparte de la responsabilidad por los actos cometidos mediante sus sistemas. También mencionó casos recientes de asesinatos en universidades estatales que, según alegaciones, habrían recibido algún tipo de asistencia de chatbots.

Aunque coincide con la Casa Blanca en que Estados Unidos debe superar a China en la carrera tecnológica, Uthmeier dijo que preferiría una ley federal de seguridad. En ausencia de ella, argumentó, Florida no puede quedarse de brazos cruzados mientras niños reciben consejos sobre suicidio o autolesiones. El funcionario, que se presenta a elecciones en noviembre, es uno de los tres fiscales generales estatales respaldados por Trump que han adoptado una postura activa frente a las compañías de tecnología.

En Utah, el gobernador republicano Spencer Cox publicó una carta abierta en la que pidió al Congreso aprobar leyes nacionales de seguridad para la IA y restringir la venta de tecnología avanzada a China. Al mismo tiempo, defendió que cualquier marco federal establezca un piso y no un techo, de modo que los estados conserven facultades para proteger a consumidores y niños, preparar a la fuerza laboral, impulsar la adopción local e innovar en aplicaciones consideradas beneficiosas.

Pensilvania también se sumó al reclamo. El gobernador demócrata Josh Shapiro pidió límites más estrictos durante una conferencia en Pittsburgh y afirmó que las autoridades estatales han investigado chatbots capaces de poner en peligro a menores. Shapiro acusó a los líderes federales de negarse a establecer barreras para un uso responsable de la tecnología, ya sea por ignorancia deliberada o por intereses personales, y su intervención lo coloca junto a Newsom entre las figuras demócratas que podrían buscar la Casa Blanca en 2028.

La respuesta de Washington y el debate empresarial

Trump ha rechazado las advertencias más alarmistas y calificó de engaño las preocupaciones sobre una expansión sin controles. En publicaciones en redes sociales, sostuvo que nuevas reglas perjudicarían la economía estadounidense y beneficiarían a China, además de afirmar que la administración ya hizo lo suficiente para prevenir riesgos catastróficos. También aseguró que el único control necesario sería un presidente fuerte e inteligente, una postura que deja poco espacio para una supervisión estatal independiente.

David Sacks, antiguo zar de IA de Trump, defendió esta semana la creación de un solo libro de reglas federal en lugar de un mosaico de normas estatales. Durante una conferencia en Washington, argumentó que un marco nacional sensato evitaría que los 50 estados avanzaran en direcciones incompatibles. Sacks negó que la administración carezca de propuestas y recordó que en marzo presentó principios para un marco federal, aunque los críticos consideran insuficiente la respuesta frente a la velocidad del desarrollo.

Un funcionario de la Casa Blanca declaró que la administración está comprometida con implementar un marco integral de IA que proteja a los niños, la propiedad intelectual y las comunidades, sin sacrificar el liderazgo estadounidense. También advirtió que las leyes estatales en conflicto podrían debilitar la innovación y sostuvo que los estados más restrictivos no deberían dictar la política nacional. La tensión central consiste en decidir si una regla uniforme ofrece certeza para las empresas o si limita la capacidad de los estados para reaccionar ante daños concretos.

La controversia recibió un nuevo impulso cuando antiguos empleados de empresas de IA y varios ejecutivos reclamaron una desaceleración del desarrollo. Dario Amodei, Sam Altman, Elon Musk y otros líderes del sector defendieron una combinación de salvaguardas y mayor supervisión pública después de las advertencias sobre posibles ciberataques y riesgos existenciales. No existe, sin embargo, una posición común sobre las herramientas concretas, pues las propuestas abarcan desde auditorías externas hasta responsabilidad penal y límites de acceso a sistemas avanzados.

Centros de datos y costos políticos

La pelea regulatoria ocurre al mismo tiempo que crece la oposición a los centros de datos que alimentan los modelos de inteligencia artificial. Residentes y grupos políticos han expresado preocupación por el consumo de electricidad, la contaminación y el costo de ampliar la infraestructura necesaria para sostener el crecimiento de la industria. El rechazo ha influido en campañas de alto perfil para el Senado, la Cámara de Representantes y varias gobernaciones antes de las elecciones intermedias.

Este frente tampoco sigue una división partidista clara, porque demócratas y republicanos se acusan mutuamente de respaldar instalaciones que podrían elevar los costos energéticos o alterar las comunidades. Para los defensores de la expansión, los centros de datos representan empleos, inversión y una posición estratégica frente a China. Para sus críticos, los beneficios económicos no justifican trasladar a los ciudadanos la carga ambiental y eléctrica de una tecnología cuyo marco de seguridad todavía está en discusión.

Trump ha expresado una postura inequívoca a favor de esas instalaciones y llamó a Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, durante una intervención pública en Los Ángeles. El presidente describió los centros de datos como una fuente de riqueza para las personas y los estados, además de compararlos con el petróleo de los próximos 20 o 25 años y situarlos por encima del impacto inicial de internet. Su defensa refuerza la prioridad que la administración concede a la velocidad de construcción y a la competencia tecnológica.

La presión de California, Florida, Utah, Pensilvania y Nueva York muestra que el desacuerdo no se limita a una disputa entre demócratas y republicanos. Los gobiernos estatales están intentando responder a riesgos específicos mientras esperan una legislación federal que establezca responsabilidades y estándares comunes. El resultado podría definir si Estados Unidos adopta un régimen nacional único o una red de normas estatales que, aunque más difícil para las empresas, mantenga abierta la capacidad local de intervenir ante nuevos peligros.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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