Por Canuto  

La disputa por el voto por correo escala nuevamente: 23 estados, Washington D.C. y el gobernador de Pensilvania impugnaron la norma final del USPS, mientras una orden judicial nacional mantiene bloqueada su aplicación para las elecciones del 3 de noviembre.
***

  • La nueva demanda responde al señalamiento de la Corte Suprema de que el desafío anterior era prematuro.
  • La norma exige entregar al USPS nombres, direcciones y códigos de barras únicos asociados con boletas por correo.
  • Una orden judicial separada impide que el Servicio Postal implemente los requisitos durante las elecciones de mitad de período.

La disputa sobre el voto por correo en Estados Unidos volvió a los tribunales después de que la Corte Suprema permitiera temporalmente que continuara la orden ejecutiva impulsada por el presidente Donald Trump. Los estados liderados por demócratas presentaron una nueva demanda contra la norma final del Servicio Postal de Estados Unidos, conocida como USPS, que convierte esa directiva en requisitos operativos concretos.

La coalición está integrada por 23 estados, Washington D.C. y el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro. Su objetivo es bloquear las disposiciones que obligarían a los funcionarios electorales a entregar al USPS información sobre los votantes que solicitan o reciben boletas por correo, además de utilizar sobres con códigos de barras únicos revisados a nivel federal.

El nuevo litigio no modifica de inmediato la situación práctica para los comicios de noviembre. Una orden judicial nacional emitida en un caso separado, presentado por la Liga de Mujeres Votantes y otros grupos defensores del derecho al voto, todavía impide que el Servicio Postal implemente la norma durante las elecciones de mitad de período del 3 de noviembre.

La segunda demanda sigue el criterio de la Corte Suprema

La presentación ocurre después de que la Corte Suprema levantara el lunes una orden judicial anterior contra la política de Trump. La mayoría consideró que los estados habían acudido demasiado pronto a los tribunales, porque en ese momento cuestionaban una orden ejecutiva emitida en marzo, antes de que las agencias federales terminaran de redactar las políticas que debían desarrollarla.

Los jueces señalaron que los tribunales revisan normas finales y no propuestas ni directrices internas previas destinadas a preparar una regulación. Al mismo tiempo, la Corte dejó claro que su decisión procesal no determinaba la legalidad de la orden de Trump ni de las políticas que finalmente la implementan.

El USPS concluyó una norma de 95 páginas, lo que proporciona a los demandantes el texto regulatorio específico que, de acuerdo con el razonamiento de la Corte Suprema, faltaba en el desafío anterior. Por eso, los estados sostienen que ahora sí pueden cuestionar directamente las obligaciones que afectarían la preparación, recepción y seguimiento de las boletas por correo.

La diferencia entre ambos casos es relevante para el calendario judicial y electoral. La primera demanda buscaba frenar una instrucción presidencial antes de que existiera una regulación definitiva, mientras la nueva acción ataca procedimientos concretos que el USPS pretende aplicar a los funcionarios electorales y a los envíos de boletas.

Qué exige la norma del Servicio Postal

La regulación exige que los funcionarios electorales envíen al USPS el nombre y la dirección de cada votante por correo a través de un nuevo portal de la agencia. También requiere códigos de barras Intelligent Mail únicos, asignados a los sobres empleados para enviar y devolver la boleta de cada persona.

Además, las autoridades electorales tendrían que remitir sus diseños de sobres de envío y devolución al Servicio Postal para que este los revise. Antes de aceptar un envío con una boleta, los empleados postales deberían escanear el sobre y comprobar que el código de barras correspondiente aparece en el portal federal.

Los envíos que no superen esa verificación no serían aceptados por el USPS y regresarían a los funcionarios electorales para que corrijan el problema y los vuelvan a enviar. El mecanismo, según la agencia, busca mejorar el seguimiento de las boletas y reducir el fraude sin trasladar al gobierno federal la decisión final sobre quién puede votar.

El USPS afirma que no compararía la información del portal con las listas estatales de votantes ni decidiría de forma independiente si una persona reúne los requisitos para votar. La agencia sostiene que las determinaciones de elegibilidad seguirían en manos de los funcionarios electorales estatales, aunque los demandantes consideran que la recopilación federal de datos y la revisión de sobres representan una intervención mucho más amplia.

Estados alertan sobre privacidad y preparación electoral

Los estados argumentan que las exigencias llegan en un momento especialmente delicado, cuando las oficinas electorales ya diseñaron y compraron sus sobres y organizan el envío de boletas para las elecciones de mitad de período. Con los comicios a menos de 10 semanas, cualquier cambio de última hora podría obligar a rehacer materiales, adaptar sistemas y coordinar nuevos procedimientos bajo presión.

La demanda advierte que errores administrativos, fallas técnicas o demoras en la verificación podrían impedir que votantes elegibles reciban sus boletas. El riesgo señalado no depende de que el USPS rechace deliberadamente una papeleta, sino de que un código de barras ausente o una discrepancia en el portal retrase el proceso hasta comprometer los plazos electorales.

La coalición sostiene además que el USPS excedió su autoridad legal y que la norma viola la Ley de Derechos al Voto. Los estados también alegan que el requisito de identificar ante el Servicio Postal a los votantes por correo invade su poder constitucional para administrar las elecciones y podría entrar en conflicto con protecciones federales de privacidad relacionadas con los registros de actividad individual bajo la Primera Enmienda.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, afirmó que los estados de todo el país ya están inmersos en los preparativos electorales de 2026. En un comunicado, sostuvo que el gobierno federal intenta interferir en esos planes en el último momento y que esa intervención podría amenazar el derecho al voto de un número incalculable de estadounidenses.

El choque político y el escenario que sigue

El gobernador de California, Gavin Newsom, uno de los demandantes, declaró que Trump no dirige las elecciones porque esa responsabilidad corresponde a los estados. Newsom también prometió que California continuará impugnando las acciones de la administración, una postura que refleja el conflicto más amplio sobre los límites del poder federal en la organización electoral.

La Casa Blanca defendió la política y describió el fallo de la Corte Suprema como una gran victoria para la seguridad de las elecciones estadounidenses. Su portavoz, Lauren Bis, acusó a los demócratas de oponerse a medidas que, según la administración, protegerían la seguridad de las boletas por correo y garantizarían que solo los estadounidenses elijan a sus líderes.

Bis añadió que la administración Trump continuará implementando legalmente la agenda por la que fue elegido el presidente, incluida la seguridad electoral. El USPS no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la nueva demanda, por lo que la posición pública de la agencia sigue apoyándose en la explicación incluida en la norma y en sus argumentos sobre trazabilidad y prevención del fraude.

Por ahora, el punto decisivo para la elección de noviembre continúa siendo la orden judicial nacional que bloquea la aplicación de la regulación. La nueva demanda, sin embargo, abre una revisión directa sobre la autoridad del USPS, la privacidad de los votantes, los procedimientos de verificación y el papel constitucional de los estados, asuntos que podrían definir el futuro de la norma más allá de estos comicios.

El caso también muestra cómo una disputa electoral puede desplazarse rápidamente desde una orden ejecutiva hacia una regulación técnica con efectos concretos en sistemas, sobres y datos personales. Mientras los tribunales examinan esos requisitos, los estados deberán seguir preparando la elección bajo las reglas actualmente vigentes, sin saber todavía si el gobierno federal podrá imponer cambios en el proceso postal.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


ADVERTENCIA: DiarioBitcoin ofrece contenido informativo y educativo sobre diversos temas, incluyendo criptomonedas, IA, tecnología y regulaciones. No brindamos asesoramiento financiero. Las inversiones en criptoactivos son de alto riesgo y pueden no ser adecuadas para todos. Investigue, consulte a un experto y verifique la legislación aplicable antes de invertir. Podría perder todo su capital.

Suscríbete a nuestro boletín

Artículos Relacionados