Por Canuto  

Elliott Investment Management presentó una nueva demanda contra la London Metal Exchange y HKEX, ahora bajo una teoría de competencia, después de perder su batalla judicial inicial por la cancelación de operaciones de níquel en 2022.
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  • Elliott acusa a la LME de infringir la legislación británica de competencia al gestionar la crisis del níquel de 2022.
  • La disputa original buscaba recuperar cerca de USD $456 millones tras la anulación de operaciones valoradas en aproximadamente USD $12.000 millones.
  • La nueva demanda llega después de que los tribunales británicos respaldaran las medidas de la LME y de que la FCA impusiera una multa de GBP £9,2 millones.

Una nueva ofensiva contra la LME

Elliott Investment Management presentó una nueva demanda contra la London Metal Exchange, conocida como LME, por su manejo de la crisis del níquel de 2022. El fondo de cobertura sostiene ahora que las decisiones adoptadas por el exchange vulneraron la legislación británica de competencia, en lugar de concentrar su argumento en los límites de la autoridad regulatoria de la bolsa de metales.

La reclamación fue presentada por Elliott Associates L.P. y Elliott International L.P., dos filiales del grupo, y también incluye como demandada a Hong Kong Exchanges and Clearing, la empresa matriz de la LME. El nuevo proceso representa otro intento del fondo por obtener una compensación después de que los tribunales del Reino Unido rechazaran su demanda anterior, que reclamaba aproximadamente USD $456 millones.

La información disponible sobre el caso fue publicada por Crypto Briefing, que describió el cambio de estrategia jurídica de Elliott y los antecedentes de la disputa. La demanda no significa que los tribunales hayan aceptado las acusaciones del fondo, por lo que las presuntas infracciones deben distinguirse de los hechos ya establecidos en las decisiones judiciales previas.

HKEX adquirió la LME en 2012 por USD $2.200 millones y ahora enfrenta una exposición reputacional asociada con el litigio. Aunque el nuevo proceso todavía debe avanzar por las instancias correspondientes, mantiene bajo escrutinio la forma en que una infraestructura central del mercado de materias primas puede intervenir durante una dislocación extrema.

El origen de la disputa por el níquel

El 8 de marzo de 2022, el mercado del níquel experimentó una subida extraordinaria en cuestión de horas. El precio pasó de cerca de USD $30.000 por tonelada métrica a más de USD $100.000, en un movimiento impulsado por un masivo short squeeze que desbordó las condiciones habituales de negociación.

Un short squeeze ocurre cuando operadores que apostaron por una caída del precio deben recomprar el activo para cerrar sus posiciones, lo que puede intensificar todavía más el avance del mercado. En el caso del níquel, la magnitud del movimiento llevó a la LME a suspender la negociación y posteriormente a cancelar todas las operaciones ejecutadas durante esa mañana.

Las transacciones anuladas representaban aproximadamente USD $12.000 millones en valor nocional, una cifra que muestra el alcance financiero de la decisión. Para firmas como Elliott, que se encontraban del lado ganador de esas operaciones, la cancelación eliminó de hecho beneficios que habrían surgido de contratos ejecutados antes de la suspensión.

Elliott presentó en junio de 2022 una revisión judicial y reclamó cerca de USD $456 millones en daños. Su argumento inicial sostenía que la LME no tenía derecho a borrar las operaciones ya registradas, pero esa estrategia se enfocó en la legalidad de las medidas del exchange y no en una posible infracción de las normas de competencia.

Los límites de la primera demanda

El Tribunal Superior del Reino Unido dictaminó en noviembre de 2023 que las acciones de la LME habían sido legales. La decisión representó el primer gran revés para Elliott en su intento de recuperar los beneficios asociados con las operaciones anuladas durante la crisis del níquel.

Elliott llevó el caso ante el Tribunal de Apelación, pero esa instancia confirmó el fallo en octubre de 2024. El fondo intentó continuar el proceso ante el Tribunal Supremo, aunque en enero de 2025 esa corte le negó el permiso para presentar una apelación adicional.

Con esa resolución, la vía concreta que cuestionaba la autoridad de la LME para suspender y cancelar las operaciones quedó cerrada. Otros fondos de cobertura, entre ellos AQR y DRW, habían presentado reclamaciones paralelas, pero retiraron sus propios casos en 2025 después de que el litigio de Elliott llegara a ese punto muerto.

La nueva demanda busca evitar el obstáculo que representó la primera teoría jurídica mediante un enfoque distinto. Elliott ya no sostiene solamente que la LME actuó fuera de sus facultades, sino que afirma que la conducta del exchange pudo infringir las reglas británicas destinadas a proteger la competencia.

La multa de la FCA y lo que sigue

El nuevo enfoque de Elliott también coincide con una medida de la Financial Conduct Authority, conocida como FCA, contra la LME. En marzo de 2025, el regulador impuso al exchange una multa de GBP £9,2 millones, equivalente a aproximadamente USD $11,9 millones, por fallos relacionados con la gestión de las disrupciones del mercado.

La sanción fue la primera acción de aplicación de la FCA contra un exchange del Reino Unido. Por sí sola, la multa no determina el resultado de la demanda de Elliott ni prueba todas las acusaciones planteadas por el fondo, pero las conclusiones del regulador podrían ofrecer nuevos elementos para el argumento basado en la legislación de competencia.

Elliott indicó que está revisando los hallazgos de la FCA, en busca de información que pueda respaldar su nueva reclamación. La diferencia entre ambos procesos será relevante: una sanción administrativa por deficiencias en la gestión del mercado no equivale automáticamente a una sentencia que reconozca daños a los operadores afectados.

La disputa también vuelve a poner bajo discusión el equilibrio entre la estabilidad del mercado y la protección de las operaciones ejecutadas. La LME tuvo que responder a una escalada excepcional del níquel, mientras que Elliott considera que se le debía dinero por transacciones legítimas que fueron anuladas de manera arbitraria.

Una batalla con implicaciones para los mercados

El caso tiene importancia más allá del níquel porque plantea preguntas sobre el margen de actuación de los operadores de mercados durante episodios de volatilidad extrema. Suspender una negociación puede limitar pérdidas desordenadas y proteger la integridad del mercado, pero cancelar contratos ya ejecutados puede trasladar el costo de la crisis hacia participantes que esperaban recibir sus ganancias.

Para los fondos de cobertura, la disputa representa una prueba sobre la seguridad jurídica de las posiciones obtenidas en mercados regulados. Si una bolsa puede anular operaciones después de un movimiento extraordinario, los participantes deben evaluar no solo el riesgo del activo, sino también el riesgo institucional asociado con las reglas de emergencia.

Para la LME y HKEX, el nuevo litigio prolonga una controversia que ya atravesó el Tribunal Superior, el Tribunal de Apelación y el Tribunal Supremo. El hecho de que Elliott haya cambiado la base legal de su reclamación no garantiza una victoria, pero mantiene abierta la presión pública sobre la gobernanza del exchange.

Elliott tiene experiencia en litigios financieros prolongados y pasó más de una década persiguiendo al Gobierno de Argentina por bonos impagados, un proceso que finalmente le permitió recaudar más de USD $2.000 millones. En el conflicto del níquel, el fondo vuelve a probar una nueva ruta después de que la anterior no lograra recuperar los beneficios que esperaba.

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Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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