Por Canuto  

Un informe del Foro Económico Mundial y Boston Consulting Group propone nueve dimensiones para orientar la regulación de activos digitales en 35 jurisdicciones, con especial atención a stablecoins, tokenización y los dilemas de soberanía monetaria.
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  • El informe organiza nueve dimensiones regulatorias en tres áreas: reglas de mercado, integración financiera y salvaguardas.
  • Sus autores anticipan que la tokenización y las nuevas formas de dinero digital podrían impulsar los próximos cambios regulatorios.
  • El marco busca estándares comunes, pero reconoce que cada jurisdicción conservará margen para definir sus políticas.

El WEF y BCG proponen nueve ejes para regular los activos digitales

El Foro Económico Mundial (WEF) y Boston Consulting Group (BCG) presentaron un marco de nueve dimensiones para orientar la regulación de los activos digitales, tras revisar desarrollos en 35 jurisdicciones y dialogar con representantes de los sectores público y privado. El documento sostiene que estas reglas ya no conciernen únicamente a la integridad de los mercados de criptomonedas, porque stablecoins, activos tokenizados y pagos programables pueden incidir en el funcionamiento del sistema financiero en general.

Publicado el 28 de octubre de 2026 bajo el título Regulation of Digital Assets in a Shifting Global Landscape, el informe combina análisis regulatorio con conversaciones con representantes de gobiernos y del sector privado. El WEF lo describe como una guía práctica para que las jurisdicciones evalúen riesgos, sea cual sea el punto en que se encuentren en su proceso de regulación de activos digitales. La propuesta no pretende ser un código universal obligatorio: plantea principios que podrían servir tanto a países que comienzan a redactar normas como a aquellos que buscan ajustar regímenes ya establecidos.

Un marco que abarca más que los mercados cripto

El esquema agrupa sus nueve dimensiones en tres áreas amplias: reglas básicas de mercado, integración con el sistema financiero existente y salvaguardas del mercado. El documento presenta una estructura general que las jurisdicciones pueden adaptar a sus prioridades y a sus marcos institucionales.

La amplitud del enfoque refleja un cambio en la forma de plantear la política sobre activos digitales. La integridad del mercado y la estabilidad financiera siguen siendo objetivos centrales, pero el informe añade cuestiones como la soberanía monetaria, los flujos transfronterizos de capital, la aplicación de sanciones y la competitividad de largo plazo de los sistemas financieros nacionales.

En la práctica, ese alcance conecta decisiones sobre activos digitales con responsabilidades que suelen recaer en distintas áreas del Estado y del sistema financiero. Una norma puede influir no solo en la conducta de una plataforma o en la protección de quienes participan en un mercado, sino también en cómo circula el dinero y en qué medida las autoridades conservan capacidad de intervención.

El WEF y BCG sostienen que las jurisdicciones deberían avanzar hacia estándares regulatorios compartidos, aunque admiten que cada país mantendrá espacio para escoger sus propias políticas. Esa combinación busca evitar que la actividad quede sujeta a reglas completamente inconexas sin exigir, al mismo tiempo, que todos los gobiernos adopten una única fórmula o persigan idénticos objetivos.

Tokenización y stablecoins ganan centralidad

Uno de los mensajes más directos del reporte es que los próximos cambios normativos podrían estar impulsados sobre todo por la tokenización y por nuevas formas de dinero digital, entre ellas las stablecoins y los pagos programables. En esa lectura, los mercados de tokens tradicionales y la negociación especulativa, que ocuparon buena parte de la atención pública durante años, no necesariamente serán el motor principal de la siguiente etapa.

La tokenización consiste en representar activos del mundo real, como valores o fondos, mediante tokens digitales registrados en una blockchain. El proceso puede acercar instrumentos financieros a infraestructuras digitales, pero también obliga a considerar cómo se integran esas representaciones con las reglas y estructuras existentes, un tema que el marco coloca dentro de la relación entre activos digitales y sistema financiero.

Las stablecoins son tokens diseñados para mantener un valor estable, por lo general mediante un vínculo con una moneda, y el informe destaca que su función puede ir más allá de servir como instrumento de negociación. A medida que se utilizan como medio de pago, la pregunta regulatoria deja de limitarse a la actividad de un mercado cripto y alcanza el movimiento de dinero y sus posibles efectos sobre la política monetaria.

Los pagos programables, por su parte, ejecutan transferencias automáticamente cuando se cumplen condiciones codificadas. Esa capacidad puede formar parte de nuevos servicios financieros, pero también plantea preguntas sobre supervisión y control cuando el dinero circula de manera automatizada o entre jurisdicciones; el informe los presenta como una de las innovaciones capaces de reordenar las prioridades regulatorias.

Estándares comunes y decisiones nacionales

La propuesta de estándares transfronterizos responde a la diversidad de enfoques que existe entre jurisdicciones, aunque el reporte no afirma que una armonización completa esté cerca. En cambio, plantea una base común que podría ser utilizada por países con distintos niveles de experiencia regulatoria y deja espacio para que cada uno determine cómo equilibrar sus objetivos nacionales.

Ese margen importa porque las autoridades no persiguen únicamente la estabilidad financiera o la protección de los mercados. El documento también considera la soberanía monetaria, la capacidad de aplicar sanciones y la competitividad, prioridades que pueden llevar a los gobiernos a tomar decisiones distintas incluso cuando comparten principios generales sobre la supervisión de activos digitales.

Las stablecoins vinculadas a monedas extranjeras ilustran esa tensión señalada por los autores. Pueden facilitar nuevas formas de pago y contribuir a la eficiencia que ofrecen las tecnologías digitales, pero también pueden entrar en conflicto con el interés de un país en mantener control sobre su moneda y conservar sus herramientas para aplicar sanciones.

Para las empresas que desarrollan productos basados en stablecoins o activos tokenizados, la existencia de criterios más claros podría facilitar la planificación si varios países adoptan elementos del marco. A la vez, el informe sugiere que esas áreas podrían recibir un escrutinio regulatorio más cercano, por lo que la oportunidad de contar con reglas previsibles vendría acompañada de mayores exigencias de cumplimiento.

Un manual de largo plazo, no una regulación inmediata

El documento se apoya en trabajos previos de ambas organizaciones: un informe jurisdiccional del WEF publicado en octubre de 2024 y un estudio de BCG sobre el futuro de los activos digitales divulgado en mayo de 2026. También sitúa el debate en un entorno geopolítico y geoeconómico cambiante, contexto que ayuda a explicar por qué asuntos como sanciones y soberanía monetaria ocupan un lugar relevante en el análisis.

Su publicación, por sí sola, no supone que las 35 jurisdicciones revisadas vayan a modificar sus leyes ni que exista un calendario común de implementación. El informe funciona como una guía para responsables de política pública y participantes del sector, mientras que su influencia dependerá de si los gobiernos incorporan sus dimensiones a procesos regulatorios concretos.

La consistencia entre países será una de las variables decisivas para las compañías que operan internacionalmente. Una base compartida podría reducir la fragmentación normativa que lleva a las empresas a comparar regímenes distintos, aunque el reconocimiento explícito de las diferencias nacionales indica que las reglas podrían seguir variando de un mercado a otro.

El informe, por tanto, no resuelve el equilibrio entre eficiencia financiera y control estatal, sino que lo coloca en el centro de la conversación regulatoria. Su prueba real llegará cuando ministerios de finanzas, bancos centrales y otras instituciones decidan si convierten estas nueve dimensiones en normas; según la perspectiva del documento, ese proceso se desarrollaría a lo largo de años y no en un solo ciclo de publicaciones.


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