Por Canuto  

La Electronic Frontier Foundation pidió al gobernador Gavin Newsom vetar la A.B. 1709, una ley aprobada por la Legislatura de California que establecería restricciones para menores de 16 años en plataformas con funciones consideradas adictivas. La organización advierte que los mecanismos de verificación de edad podrían generar riesgos para la privacidad, la seguridad de la información y la libertad de expresión.

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  • La EFF sostiene que la A.B. 1709 podría llevar a las plataformas a adoptar métodos invasivos, como identificaciones oficiales o comprobaciones biométricas, para verificar la edad.
  • La organización advierte que la ley podría afectar la privacidad, las comunidades de apoyo para adolescentes y derechos protegidos por la Primera Enmienda.
  • La medida fue aprobada por la Legislatura estatal y ahora está pendiente de la decisión de Gavin Newsom; si entra en vigor, sus disposiciones comenzarían a aplicarse el 1 de enero de 2027.

 

 

La Electronic Frontier Foundation, conocida como EFF, pidió al gobernador de California, Gavin Newsom, que vete la A.B. 1709, una medida aprobada por la Legislatura estatal y enviada al Ejecutivo. La organización considera que el texto podría restringir el acceso de los menores de 16 años a redes sociales que utilizan funciones consideradas adictivas, además de crear riesgos para la privacidad y la libertad de expresión.

Si Newsom no veta la medida y esta entra en vigor, sus disposiciones comenzarían a aplicarse el 1 de enero de 2027. La EFF sostiene que el proyecto no solo plantea límites al uso de determinadas funciones por parte de adolescentes, sino que también podría incentivar a las plataformas a recopilar más información personal para determinar la edad de sus usuarios.

La disputa por la verificación de edad

La A.B. 1709 no ordena de manera explícita que cada usuario cargue una identificación física para demostrar su edad. Sin embargo, según el análisis de la EFF, la redacción permitiría que las empresas escojan mecanismos para cumplir el requisito, lo que podría incentivar soluciones más intrusivas que una simple declaración del usuario.

La organización considera posible que algunas plataformas terminen solicitando documentos emitidos por el Gobierno, como licencias de conducir, o recurriendo a comprobaciones biométricas para estimar o confirmar la edad de una persona. Esos sistemas podrían exigir imágenes del rostro, documentos oficiales u otros datos difíciles de sustituir si se filtran, a diferencia de una contraseña que el usuario puede cambiar después de una brecha.

La preocupación no se limita a la posibilidad de que una empresa almacene la información durante el proceso de comprobación. La EFF advierte que la identificación personal de los usuarios podría integrarse en los perfiles de datos que las redes sociales ya construyen sobre sus comunidades, con efectos sobre la privacidad, el seguimiento digital y la capacidad de participar en línea sin revelar la identidad real.

El riesgo de seguridad adquiere mayor relevancia por el historial de filtraciones que han expuesto información de millones de personas. La fuente citó incidentes relacionados con Target, Equifax y UnitedHealth Group como ejemplos de brechas cuyos datos terminaron siendo aprovechados en ataques criminales de suplantación de identidad. Para la EFF, el problema sería especialmente delicado si se traslada más información identificable a las plataformas sociales.

Adolescentes, privacidad y libertad de expresión

La EFF también cuestiona que la A.B. 1709 produzca necesariamente un beneficio para los adolescentes. En su análisis, la organización argumenta que la norma podría dejar a algunos jóvenes fuera de comunidades en línea de apoyo y negarles oportunidades para desarrollar sus propias voces y perspectivas, especialmente cuando la interacción digital constituye una vía relevante para encontrar personas con experiencias similares.

La fundación reconoce que la investigación sobre los efectos de las redes sociales en los adolescentes todavía no ofrece una conclusión definitiva sobre si esas plataformas resultan beneficiosas o perjudiciales. Para la EFF, esa incertidumbre aconseja cautela antes de imponer un sistema general que pueda limitar el acceso de los menores a espacios de comunicación, información y acompañamiento.

La discusión constitucional se relaciona con la Primera Enmienda de Estados Unidos, que protege derechos vinculados con la expresión y la participación pública. La EFF sostiene que exigir controles de identidad o edad para acceder a determinadas plataformas podría afectar la posibilidad de que los adolescentes se expresen, exploren ideas y formen comunidades sin entregar información personal a intermediarios comerciales.

El argumento no implica que las redes sociales carezcan de problemas ni que todas las funciones diseñadas para aumentar la permanencia de los usuarios sean inocuas. La objeción de la organización se centra en que una respuesta regulatoria basada en la identificación o en controles generalizados de edad puede crear daños adicionales, al reducir el anonimato de los usuarios y dificultar su participación en línea.

Funciones adictivas y conflictos regulatorios

La A.B. 1709 incluye disposiciones relacionadas con funciones de las plataformas como los feeds algorítmicos, la reproducción automática, el desplazamiento infinito y las notificaciones push cuando los usuarios son menores de 16 años. La EFF considera que la redacción es suficientemente amplia o ambigua como para interpretarse como una prohibición de funciones habituales en las redes sociales.

La iniciativa también contempla la aplicación de sus disposiciones mediante acciones civiles y, según el análisis de la EFF, podría generar nuevas reglas o interpretaciones sobre las características consideradas adictivas. Para la organización, esa posibilidad amplía la incertidumbre sobre el alcance final de la norma, porque las empresas y los usuarios podrían enfrentar obligaciones que no están completamente definidas en el texto.

La EFF sostiene que la A.B. 1709 probablemente terminaría en los tribunales incluso si el gobernador permite su entrada en vigor. La razón no sería únicamente el posible conflicto con la Primera Enmienda, sino también la relación con otras leyes californianas que ya fueron aprobadas y que abordan la edad o el consentimiento parental desde enfoques diferentes.

Entre esas normas figura la A.B. 1043, relacionada con señales de verificación de edad para aplicaciones de software y servicios en línea, además de la S.B. 976, que exige consentimiento parental para habilitar determinadas funciones de redes sociales. La EFF considera que esas disposiciones podrían chocar con los requisitos de la A.B. 1709 en lugar de complementarlos, aumentando la posibilidad de litigios y de interpretaciones regulatorias contradictorias.

El gobernador Newsom enfrenta así una decisión que combina protección de menores, privacidad, seguridad de datos y derechos constitucionales. Si deja pasar la medida, las plataformas tendrán que preparar mecanismos para cumplir sus restricciones antes del 1 de enero de 2027, mientras que la EFF anticipa una disputa legal sobre la amplitud de las obligaciones y sus efectos sobre los usuarios.

El caso también ilustra una tensión central de la regulación tecnológica: las autoridades buscan limitar prácticas digitales consideradas dañinas, pero las soluciones pueden exigir que empresas privadas conozcan más sobre las personas a las que pretenden proteger. La decisión de California podría convertirse en un referente para futuras normas sobre edad, identidad y acceso a servicios en línea, aunque su alcance definitivo dependerá de la aplicación administrativa y de los eventuales tribunales.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.

 


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