Por Canuto  

Estados Unidos aseguró haber incautado casi USD $500 millones en activos de criptomonedas vinculados a Irán, una cifra que supera ampliamente los USD $344 millones reportados días antes. La declaración del secretario del Tesoro, Scott Bessent, se da en medio de una ofensiva más amplia de sanciones, congelamiento de cuentas y presión sobre las redes petroleras, bancarias y logísticas que sostienen al régimen iraní.
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  • Scott Bessent dijo que EE. UU. ya incautó casi USD $500 millones en cripto relacionada con Irán.
  • La nueva cifra supera los USD $344 millones en USDT congelados previamente a solicitud de autoridades estadounidenses.
  • La campaña también incluye sanciones a bancos, navieras, una refinería china y redes vinculadas a drones y misiles iraníes.

Estados Unidos aseguró haber confiscado casi USD $500 millones en activos de criptomonedas iraníes, en lo que representa una nueva escalada dentro de su campaña de presión financiera contra Teherán. La cifra fue divulgada por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, durante una entrevista televisiva en la que describió el alcance de una estrategia más amplia para debilitar las fuentes de financiamiento del gobierno iraní.

El dato llama la atención porque supera con amplitud los USD $344 millones en criptoactivos que habían sido reportados previamente. Hasta ahora, esa suma había sido presentada como el monto congelado por las autoridades estadounidenses, con participación del emisor de stablecoins Tether en el bloqueo de fondos denominados en USDt.

La diferencia entre ambas cifras no había sido aclarada al momento de la publicación original. Según reportó Cointelegraph, ese medio contactó al Tesoro de Estados Unidos y a Tether para obtener una explicación sobre el salto desde USD $344 millones hasta casi USD $500 millones, pero no recibió respuesta antes del cierre.

Para los lectores menos familiarizados con este tema, las incautaciones de criptomonedas forman parte de una nueva fase en la aplicación de sanciones económicas. En lugar de centrarse solo en bancos tradicionales, las autoridades también persiguen billeteras digitales, emisores de stablecoins, redes de intermediarios y cualquier infraestructura financiera que permita mover valor fuera del sistema bancario convencional.

Una campaña más amplia contra las finanzas iraníes

Bessent hizo sus declaraciones durante una aparición en “Kudlow”, de Fox Business, donde presentó los avances de la llamada Operación Furia Económica. Se trata de una campaña ordenada por el presidente Donald Trump en marzo de 2025, cuyo objetivo es cortar las líneas de vida financieras de Irán mediante incautaciones de activos, congelamiento de cuentas bancarias y sanciones secundarias a países que sigan comprando petróleo iraní.

El funcionario afirmó que la estrategia no se limita al sistema cripto. “Estamos congelando cuentas bancarias en todas partes. Más importante aún, estamos haciendo que la gente esté menos dispuesta a tratar con el régimen”, dijo Bessent. Añadió además que las acciones estadounidenses también apuntan a fondos de jubilación y bienes inmuebles en el extranjero que estarían en manos de funcionarios iraníes.

La mención a esos activos muestra que Washington está intentando ampliar el alcance de las sanciones más allá del comercio energético. La lógica es presionar no solo al Estado iraní, sino también a personas y estructuras asociadas al poder político, con el fin de elevar el costo de operar con el país o de servir como canal de financiamiento indirecto.

En este contexto, la dimensión cripto resulta especialmente sensible. Las stablecoins y otras herramientas digitales han sido vistas durante años como mecanismos útiles para mover fondos entre jurisdicciones, eludir controles bancarios y preservar acceso a liquidez en entornos con restricciones cambiarias o sanciones internacionales.

De USD $344 millones a casi USD $500 millones

La nueva cifra informada por Bessent se ubica muy por encima de los USD $344 millones en activos digitales que se habían dado a conocer la semana anterior. En ese momento, el propio funcionario había anunciado que la Oficina de Control de Activos Extranjeros, conocida como OFAC, sancionó varias billeteras de criptomonedas vinculadas a Irán.

En paralelo, Tether confirmó que congeló más de USD $344 millones en USDt a solicitud de las autoridades estadounidenses. Ese movimiento fue relevante porque mostró, una vez más, el rol que pueden desempeñar los emisores centralizados de stablecoins cuando una autoridad regulatoria o judicial exige el bloqueo de fondos en determinadas direcciones.

Por ahora, no está claro si la nueva cifra de casi USD $500 millones incluye activos adicionales en otras criptomonedas, fondos confiscados por otras vías o una actualización consolidada de distintas acciones ejecutadas en paralelo. La ausencia de un desglose oficial deja abierta la pregunta sobre el origen exacto del incremento.

Más allá de ese detalle, el anuncio confirma una tendencia más amplia. Las sanciones financieras contemporáneas ya no dependen exclusivamente del cierre de cuentas en bancos tradicionales. También abarcan infraestructura digital, contratos de custodia, proveedores de liquidez y emisores de activos tokenizados que pueden ejecutar congelamientos cuando identifican billeteras sancionadas.

Presión sobre bancos, petróleo y cadenas logísticas

Bessent sostuvo que la Operación Furia Económica ya está teniendo consecuencias sobre la economía iraní. Según dijo, uno de los bancos más grandes del país colapsó en diciembre y la moneda local ha perdido entre 60% y 70% de su valor frente al dólar estadounidense. “Están en medio de una crisis cambiaria”, afirmó el secretario del Tesoro.

La campaña no se ha limitado a anuncios generales. El martes, la OFAC sancionó a 35 entidades e individuos relacionados con la red bancaria en la sombra de Irán. Ese tipo de estructuras suele usarse para facilitar pagos internacionales, mover recursos de forma indirecta y mantener operativas actividades comerciales sujetas a restricciones.

En una acción separada, las autoridades estadounidenses también apuntaron a una refinería de petróleo en China y a cerca de 40 empresas navieras que operarían como parte de la llamada flota en la sombra de Irán. Ese entramado habría servido para transportar crudo iraní a compradores en China y otros destinos, en violación de las sanciones vigentes.

La presión se extendió también al sector militar. De acuerdo con la información divulgada, fueron sancionados 14 individuos y entidades por adquirir componentes para drones de ataque de la serie Shahed y propelentes para misiles balísticos. Eso sugiere que la estrategia financiera estadounidense busca afectar de forma simultánea el comercio, la banca, la energía y la capacidad de producción militar.

Desde febrero de 2025, la OFAC ha sancionado a más de 1.000 personas, embarcaciones y aeronaves relacionadas con Irán como parte de la Operación Furia Económica. Ese volumen ilustra la escala de una campaña que combina herramientas regulatorias, presión diplomática y control sobre flujos financieros transfronterizos.

El trasfondo cripto y el estrecho de Ormuz

El anuncio sobre las incautaciones llega además en un momento en que el vínculo entre Irán y las criptomonedas vuelve a ganar atención por razones geopolíticas. A comienzos de este mes surgieron reportes según los cuales Teherán estaba considerando cobrar peajes en Bitcoin a embarcaciones que atraviesan el estrecho de Ormuz.

Según esos informes, el esquema permitiría el paso libre a los petroleros vacíos, mientras que los buques cargados pagarían alrededor de USD $1 por barril de petróleo. Forbes afirmó que Irán ya había obtenido ingresos mediante ese tipo de peajes, aunque hasta ahora las autoridades iraníes no han confirmado públicamente esas versiones.

El estrecho de Ormuz es uno de los puntos marítimos más sensibles del comercio energético global. Cualquier intento de monetizar su tránsito mediante criptomonedas tendría implicaciones relevantes para la seguridad regional, los mercados petroleros y los esfuerzos occidentales por hacer cumplir sanciones económicas sobre exportaciones iraníes.

En paralelo, la firma de riesgo marítimo Marisks advirtió sobre un fenómeno distinto, pero relacionado con el mismo entorno de tensión. Según indicó, actores fraudulentos se hacían pasar por servicios de seguridad iraníes y contactaban a armadores de barcos varados para exigir pagos en Bitcoin o USDt a cambio de autorizar su paso por el estrecho.

Ese detalle añade otra capa al problema. En escenarios donde convergen sanciones, rutas energéticas críticas y herramientas de pago digitales, también crecen los espacios para extorsión, fraude y operaciones informales difíciles de rastrear. Para los reguladores, esto refuerza la idea de que el uso geopolítico de las criptomonedas ya no es una hipótesis de laboratorio, sino un factor real en zonas de alta fricción internacional.

Lo que deja el nuevo anuncio

La declaración de Bessent confirma que Estados Unidos está elevando el uso de medidas financieras apoyadas en vigilancia digital y capacidad de congelamiento sobre activos tokenizados. También subraya que las stablecoins, pese a operar en redes abiertas, mantienen puntos de control centralizado que pueden ser activados por autoridades nacionales.

Al mismo tiempo, el caso refleja un desafío persistente para la transparencia pública. Sin una explicación oficial sobre por qué la cifra pasó de USD $344 millones a casi USD $500 millones, el mercado queda con información parcial sobre el alcance exacto de las incautaciones y sobre los mecanismos usados para ejecutarlas.

Para el ecosistema cripto, el episodio vuelve a abrir un debate conocido. Por un lado, los activos digitales ofrecen nuevas vías para mover valor a través de fronteras. Por otro, cuando intervienen emisores centralizados, proveedores de infraestructura o listas de sanciones, esos mismos activos pueden ser inmovilizados con rapidez si las autoridades identifican actores o billeteras objetivo.

En el plano geopolítico, la ofensiva contra Irán sugiere que la administración estadounidense seguirá combinando sanciones tradicionales con acciones sobre redes cripto, comercio marítimo y cadenas de suministro estratégicas. La cifra de casi USD $500 millones no solo representa un dato financiero. También funciona como señal política en una disputa que se libra, cada vez más, tanto en mercados globales como en infraestructura digital.


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