Por Canuto  

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda civil para decomisar aproximadamente USD $61 millones en criptoactivos que, según fiscales, provienen de ventas ilícitas de petróleo iraní y fueron blanqueados mediante Binance. La investigación también identifica una red de direcciones no custodiadas que habría movido más de USD $1.500 millones y conectado los fondos con entidades relacionadas con el IRGC.
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  • El DOJ busca decomisar aproximadamente USD $61 millones en criptoactivos vinculados a ventas de petróleo iraní sancionado.
  • Fiscales estadounidenses alegan que Blessed Trust y Hexa Whale utilizaron cuentas de trading en Binance para canalizar fondos hacia Irán y sus proxies.
  • La investigación identifica direcciones no custodiadas que habrían recibido y distribuido más de USD $1.500 millones procedentes del comercio ilícito de crudo iraní.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda civil de decomiso contra aproximadamente USD $61 millones en criptoactivos que, según los fiscales, proceden de ventas en el mercado negro de crudo y productos petrolíferos sancionados de Irán. La acción busca privar de esos recursos a una estructura que presuntamente destinaba los ingresos al Gobierno iraní y a componentes militares, incluido el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, conocido como IRGC por sus siglas en inglés y designado como organización terrorista extranjera por Estados Unidos en 2019.

El caso coloca nuevamente a los activos digitales en el centro de una investigación sobre evasión de sanciones y financiación de actividades vinculadas con Teherán. Según la información citada en la investigación, los fiscales sostienen que dos empresas chinas utilizaron cuentas de trading en Binance para blanquear ingresos procedentes de las ventas petroleras y transferirlos hacia Irán y sus proxies, aunque la demanda representa alegaciones del Gobierno estadounidense que deberán seguir su curso judicial.

Una demanda contra fondos del petróleo sancionado

La demanda civil no constituye por sí misma una condena penal contra las empresas o personas señaladas, sino un procedimiento mediante el cual el Gobierno estadounidense intenta obtener la titularidad de los activos que considera vinculados con actividades ilícitas. En este caso, la acusación central sostiene que los criptoactivos representan el producto de operaciones comerciales prohibidas por las sanciones de Estados Unidos contra Irán.

Los fiscales afirmaron que las ventas de petróleo estaban destinadas a financiar al Gobierno iraní y a sus componentes militares, incluido el IRGC. El fiscal federal adjunto Sean S. Buckley declaró que la acción demuestra la determinación de Estados Unidos de privar al Gobierno de Irán y a sus proxies terroristas del dinero ilegal que, según su caracterización, necesitan para amenazar la vida y la seguridad de ciudadanos estadounidenses y de otros lugares.

La declaración oficial también vinculó los ingresos del crudo con otros objetivos atribuidos a Teherán por el Gobierno estadounidense. Buckley sostuvo que Irán depende de las ventas de petróleo sancionado en el mercado negro para financiar a su ejército, fomentar el terrorismo en Oriente Medio y otras regiones, y respaldar esfuerzos relacionados con un programa nuclear y misiles balísticos capaces de transportar cargas nucleares.

El señalamiento refleja la importancia que las autoridades estadounidenses conceden al seguimiento financiero de las exportaciones de petróleo iraní. Para los investigadores, las criptomonedas pueden servir como una capa adicional dentro de cadenas de pagos internacionales, pero las direcciones públicas y los registros de los exchanges también pueden aportar evidencia para reconstruir transferencias, contrapartes y rutas de fondos.

El papel atribuido a Blessed Trust y Hexa Whale

Según los fiscales, Blessed Trust y Hexa Whale utilizaron cuentas de trading en Binance para procesar los ingresos derivados de las ventas de petróleo del mercado negro. Ambas compañías tenían entre sus clientes a empresas chinas dedicadas al petróleo y a productos petrolíferos, una relación que el DOJ presenta como parte de la infraestructura utilizada para mover el dinero hacia entidades iraníes y sus proxies.

Los investigadores describieron a Blessed Trust como una compañía que se presentaba ante otros proveedores de servicios financieros como un operador de custodia de activos digitales. Sin embargo, alegan que la empresa también ofrecía conversiones entre moneda fiduciaria y criptomonedas para transacciones vinculadas con Irán, lo que habría facilitado la transformación y transferencia de recursos originados en el comercio sancionado.

Hexa Whale, por su parte, habría prestado servicios similares mientras se presentaba como una correduría de materias primas. La diferencia entre la imagen comercial de la firma y las operaciones que le atribuyen los fiscales es relevante para el caso, porque la acusación apunta a posibles servicios financieros encubiertos bajo actividades empresariales aparentemente legítimas.

El uso de cuentas de trading en un exchange internacional también muestra el tipo de infraestructura que las autoridades buscan examinar en investigaciones de sanciones. La acusación no afirma que todos los usuarios o fondos que pasaron por Binance estuvieran involucrados, sino que identifica cuentas y empresas concretas que, según el DOJ, ayudaron a canalizar ingresos petroleros hacia estructuras relacionadas con Irán.

Una red de direcciones con más de USD $1.500 millones

Además de los aproximadamente USD $61 millones objeto de la demanda, el DOJ dijo que identificó un conjunto interrelacionado de direcciones de criptomonedas no custodiadas. Los fiscales las denominaron colectivamente «Entity A» y afirmaron que esas direcciones recibieron y distribuyeron más de USD $1.500 millones en ingresos procedentes de la venta ilícita de petróleo iraní.

Las direcciones no custodiadas son billeteras cuyos fondos no permanecen bajo control directo de un exchange o de otro intermediario centralizado. Esa característica no impide rastrear los movimientos en una blockchain pública, pero puede complicar la identificación inmediata de las personas que controlan las claves privadas, por lo que los investigadores suelen combinar el análisis de transacciones con información de empresas y proveedores de servicios.

De acuerdo con el comunicado citado en la investigación, Entity A canalizó fondos hacia compañías relacionadas con el IRGC, otras direcciones de criptomonedas y un exchange iraní. Blessed Trust y Hexa Whale habrían desempeñado un papel importante en esas transferencias, al facilitar conversiones y movimientos que conectaban el dinero procedente del petróleo con destinatarios vinculados a Irán.

La diferencia entre la suma perseguida en la demanda y el volumen total atribuido a Entity A sugiere que los fiscales están enfocando la acción civil en activos específicos dentro de una red más amplia. El procedimiento, por tanto, no solo intenta recuperar fondos, sino también presentar una lectura de cómo determinadas empresas, billeteras y plataformas habrían participado en el flujo financiero relacionado con el petróleo sancionado.

Más sanciones sobre activos digitales y petróleo

La acción del DOJ ocurre en un contexto de sanciones estadounidenses dirigidas contra los ingresos petroleros y el transporte marítimo de Irán. El Gobierno de Estados Unidos ha buscado presionar los canales que permiten vender crudo, moverlo entre jurisdicciones y convertir los ingresos en recursos disponibles para instituciones estatales o grupos considerados aliados de Teherán.

El mes pasado, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció una nueva ronda de sanciones estadounidenses contra Irán y sus facilitadores. La estrategia incluye medidas sobre activos digitales, tecnología, aviación, oro y transporte marítimo, y funcionarios describieron la ofensiva como un «Día D económico» por la amplitud de los sectores que pretende alcanzar.

En junio, Estados Unidos sancionó a Nobitex, identificado como el mayor exchange de criptomonedas de Irán. Las autoridades estadounidenses afirmaron entonces que la plataforma desempeñaba un papel clave en la evasión de sanciones, la financiación del terrorismo y transacciones relacionadas con el IRGC, de modo que el nuevo caso amplía la presión sobre intermediarios y rutas financieras conectadas con ese ecosistema.

Para la industria cripto, el expediente subraya que la exposición a operaciones sancionadas puede surgir tanto por clientes directos como por redes de intermediarios, proveedores y billeteras vinculadas. El desenlace de la demanda determinará el alcance del decomiso solicitado, mientras las autoridades probablemente continuarán utilizando el análisis blockchain para identificar movimientos y relaciones financieras asociadas con Irán.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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