Por Canuto  

Delaware prepara una figura jurídica para que agentes de inteligencia artificial administren empresas, mientras el representante James Comer advierte que el modelo podría proteger a sus financiadores y debilitar la rendición de cuentas.
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  • El proyecto permitiría que agentes de IA gestionen compañías en casi cualquier actividad legal, salvo la banca, dentro de un entorno de prueba de 30 meses.
  • La propuesta limita la responsabilidad del miembro que financia la empresa, con excepciones relacionadas con fraude, infracciones intencionales y ciertos negocios fuera del propósito declarado.
  • El representante James Comer pidió documentos al gobernador Matt Meyer y planteó que la investigación podría orientar iniciativas legislativas federales.

 

Una empresa con IA al mando y un marco experimental

La propuesta de Delaware crearía una entidad denominada Compañía de Inteligencia Artificial, o AIC, cuyos asuntos cotidianos podrían ser administrados por agentes de IA. El borrador permitiría constituirlas para cualquier propósito legal, con fines de lucro o sin ellos, excepto el negocio de la banca, y plantea que los agentes conduzcan las operaciones de la compañía.

El diseño no describe a la IA como una persona jurídica independiente, sino a una compañía que tendría identidad legal propia y estaría gestionada por software autónomo. Según el artículo de Ars Technica, la entidad podría poseer y disponer de bienes, contraer obligaciones y demandar o ser demandada a su nombre, mientras un agente dirige sus actividades comerciales.

El plan también contempla un entorno regulatorio experimental de 30 meses para probar la figura. La secretaria de Estado de Delaware, Charuni Patibanda-Sanchez, sostuvo que el piloto permitiría observar el comercio agéntico bajo supervisión, con capital vinculado a la responsabilidad y con la posibilidad de apagar un sistema.

La intención declarada es que el período de prueba produzca un expediente que ayude a la legislatura estatal a decidir cómo regular este tipo de empresas. Para sus promotores, crear una estructura legal reconocible permitiría identificar a la entidad ante la ley y rastrear la conducta de los agentes, en lugar de tratar de impedir actividades que, según ellos, podrían avanzar de todos modos.

La protección del miembro y las excepciones previstas

En el proyecto, el miembro sería la persona o entidad que financia la AIC y recibe el beneficio económico, pero no necesariamente quien toma las decisiones operativas. El texto establece que ese miembro no respondería por actos u omisiones de la compañía ni por acciones realizadas por otras personas bajo instrucciones de la AIC.

La protección no sería absoluta, de acuerdo con el borrador descrito en la cobertura. El miembro podría quedar expuesto si utiliza la empresa para cometer fraude o infringir intencionalmente la ley, y también si permite que opere fuera de los propósitos declarados sabiendo, o debiendo saber, que la conducta excede ese marco.

El miembro tendría, además, la obligación de mantener la empresa adecuadamente capitalizada. La explicación del plan indica que la protección frente a las deudas de la AIC no cubriría el incumplimiento de ese deber ni el uso de la entidad para cometer fraude o una violación deliberada de la ley.

La controversia gira en torno a la distancia entre financiar una empresa y controlar directamente sus decisiones: un propietario podría obtener ganancias mientras un sistema autónomo ejecuta operaciones y compromete a la entidad. El argumento de Comer es que esa separación podría dejar a socios comerciales, consumidores y al público con menos vías para exigir cuentas a quienes se benefician del negocio.

La investigación de Comer y el riesgo de una disputa federal

James Comer, representante republicano por Kentucky y presidente del Comité de Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes, escribió al gobernador Matt Meyer para solicitar documentos sobre el desarrollo de la propuesta. La petición también abarca los posibles riesgos de seguridad de la inteligencia artificial y se apoya en la jurisdicción del comité para estudiar las relaciones intergubernamentales, incluidas las que involucran a los estados.

Comer expresó preocupación por la posibilidad de que el plan proteja a compañías de IA y a sus inversionistas frente a acciones imprudentes y dañinas. También señaló el riesgo de que intereses poco transparentes impulsen iniciativas estatales de inteligencia artificial con fines anticompetitivos o de captura regulatoria.

El legislador indicó que el trabajo del comité podría orientar iniciativas federales, entre ellas propuestas para limitar de forma adecuada las iniciativas regulatorias estatales sobre IA. Esa advertencia convierte un proyecto corporativo estatal en parte de un debate más amplio: hasta dónde pueden llegar los estados al definir reglas para sistemas autónomos y cuándo el Congreso podría intervenir.

Un portavoz de Meyer dijo a Ars Technica que la oficina había recibido la carta y estaba revisándola. La oficina de Patibanda-Sanchez declinó comentar y remitió las consultas de prensa a la oficina del gobernador, por lo que la información disponible no incluye una respuesta sustantiva de ambas autoridades a las objeciones planteadas por Comer.

Una apuesta por atraer empresas y capital a Delaware

Delaware tendría mucho que ganar si la nueva figura atrae compañías, porque alrededor de dos tercios de las empresas Fortune 500 están constituidas en el estado. La jurisdicción ya es conocida por sus bajos impuestos corporativos y por un marco legal favorable a los negocios, factores que han llevado a numerosas compañías a elegirla para establecerse.

Patibanda-Sanchez ha presentado al estado como un hogar legal predecible y orientado a las empresas, y señaló que en 2025 se formaron allí 334.461 entidades nuevas. En una reunión de la Comisión de Inteligencia Artificial de Delaware, según un artículo de Spotlight Delaware citado en la cobertura, la secretaria también afirmó que las tasas de creación de AIC podrían representar un beneficio importante para los ingresos estatales.

El desarrollo del marco experimental incluye una asociación público-privada con Norm Ai, empresa que afirma crear agentes legales de IA para negocios. Patibanda-Sanchez y John Nay, fundador y director ejecutivo de la compañía, describieron esa colaboración como parte del trabajo para establecer la participación de la industria en el programa.

La iniciativa tiene antecedentes institucionales en Delaware. En julio de 2025, Meyer firmó una resolución para crear un marco experimental de prueba de tecnologías innovadoras basadas en IA agéntica, con posibles aplicaciones en gobernanza corporativa, biotecnología, salud, productos químicos y servicios financieros.

Del sandbox a una posible legislación estatal

Tras la resolución, la Comisión de Inteligencia Artificial de Delaware creó un Subcomité de Sandbox para trabajar en un marco provisional que probara y evaluara sistemas agénticos y su aplicación a la gobernanza corporativa. En su informe anual de diciembre de 2025, la comisión indicó que el subcomité estudiaba posibles proyectos legislativos y que había recibido una presentación de Patibanda-Sanchez sobre el trabajo de un grupo dedicado a explorar la estructura del entorno experimental.

En julio de 2026, Patibanda-Sanchez anunció la propuesta en un artículo de opinión publicado junto con Nay. Allí argumentaron que las leyes de varios estados no prohíben claramente que un agente de IA opere una empresa sin intervención humana y defendieron que las jurisdicciones deben diseñar marcos legales para software capaz de contratar, pagar proveedores y realizar transacciones por cuenta propia.

La secretaria y Nay sostuvieron que una entidad legal identificable haría más visible y rastreable la conducta del agente, además de ofrecer un punto concreto al que atribuir responsabilidades y daños. Sus críticos, en cambio, ven una tensión entre esa promesa de trazabilidad y las protecciones que el mismo proyecto ofrecería al miembro que financia la compañía.

El borrador, que según información publicada en junio de 2026 podría presentarse ante la legislatura estatal el año siguiente, fue detallado por el abogado corporativo John Mark Zeberkiewicz, de Richards, Layton y Finger, en Wilmington. Zeberkiewicz dijo que una AIC podría hacer cualquier cosa que una empresa puede hacer, desde prestar servicios de programación y firmar contratos hasta presentar demandas y defenderse en tribunales.

Las objeciones legales y la competencia entre estados

El impulso político también tuvo una señal pública previa: en abril de 2026, el gobernador Meyer respondió “¡En ello!” a una publicación de Mark Cuban que sugería permitir la constitución de empresas mediante agentes de IA y stablecoins, cobrar una prima por el servicio y facilitar el acceso a través de plataformas de grandes modelos de lenguaje. Meyer enlazó esa respuesta con el anuncio de su plan de sandbox de IA, aunque la propuesta de AIC descrita después se concentra en empresas gestionadas por agentes.

El profesor de derecho de UC Berkeley Andrew Baker dijo al Financial Times que el plan parece ofrecer un escudo de responsabilidad demasiado generoso y que no ve una justificación de política pública suficientemente desarrollada. La crítica apunta a una cuestión central del proyecto: si la entidad permite que la IA opere y el miembro conserva las ganancias, las excepciones legales podrían no bastar para resolver quién responde cuando las decisiones causan daños.

Martin Petrin, profesor de derecho de la Universidad de York en Toronto, advirtió a Bloomberg que otros estados probablemente presentarán iniciativas similares para competir en este campo. A su juicio, si los gobiernos se toman en serio estas estructuras, un marco federal podría atender las preocupaciones de seguridad y evitar una carrera regulatoria hacia estándares cada vez más permisivos.

Por ahora, la propuesta se encuentra en desarrollo y la petición de documentos de Comer añade presión antes de que el proyecto llegue a la legislatura estatal. El resultado dependerá de cómo Delaware equilibre la experimentación con agentes autónomos, la supervisión prometida y la responsabilidad de los humanos o entidades que financien compañías capaces de operar sin una persona al timón.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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