Por Canuto  

Un extenso ensayo reavivó el debate sobre la inteligencia artificial en Estados Unidos al sostener que una red de ONG, fundaciones y regulaciones estatales estaría frenando la expansión de centros de datos y del cómputo de IA, con un efecto que, según su autor, termina favoreciendo la estrategia de China en plena competencia tecnológica.
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  • El texto afirma que más de 1.080 proyectos de ley sobre IA fueron considerados en las 50 legislaturas estatales durante 2025, y que 38 estados adoptaron más de 100 leyes.
  • También vincula a Energy Foundation China y al Future of Life Institute con marcos narrativos y políticos que impulsarían moratorias, mayores auditorías y frenos a centros de datos.
  • La pieza concluye que Washington debería imponer preeminencia federal en materia de IA y rechazar cualquier pausa unilateral si China no hace lo mismo.

La discusión sobre quién debe fijar las reglas de la inteligencia artificial en Estados Unidos ganó nueva intensidad tras la publicación de un ensayo de @amuse, que plantea una tesis de alto voltaje político. Su argumento central es que una combinación de ONG, fundaciones y legislación estatal está elevando los costos para los desarrolladores estadounidenses de IA, mientras China mantiene una expansión más libre de restricciones en sectores clave como cómputo, energía y centros de datos.

El texto no presenta la idea como un caso tradicional de espionaje o sobornos. En cambio, describe lo que llama una operación de influencia basada en ecosistemas institucionales. Según esa lectura, ciertas organizaciones en Estados Unidos promueven marcos regulatorios que, incluso sin proponérselo, terminan alineándose con los intereses estratégicos de Beijing.

La pieza sostiene que este patrón hace que la preeminencia federal sobre la regulación estatal de IA ya no sea solo una preferencia política de corte desregulatorio. A juicio del autor, se ha convertido en una necesidad de seguridad nacional, en un momento en que la carrera tecnológica con China gira alrededor de chips, energía, centros de datos y modelos de frontera.

Para el público que sigue de cerca temas de blockchain, infraestructura digital y mercados tecnológicos, el debate resulta relevante porque la IA comparte con la industria cripto una dependencia creciente de energía, centros de datos y hardware especializado. Cuando cambia el marco regulatorio en esos frentes, también cambian las barreras de entrada, la inversión y la competitividad de compañías que operan en la economía digital.

La tesis del “ecosistema” y las organizaciones señaladas

El ensayo distingue entre intención y efecto. No acusa de forma directa a activistas estadounidenses de recibir órdenes del Partido Comunista Chino. Lo que sí afirma es que existe una construcción institucional de largo plazo en la que fundaciones, ONG y centros de pensamiento producen resultados políticos que benefician a China, aunque muchos de sus participantes actúen por convicción propia.

Como uno de los nodos centrales, el autor menciona a Energy Foundation China, una organización sin fines de lucro registrada en San Francisco. Según el texto, esta entidad ha desembolsado más de USD $330.000.000 a organizaciones registradas en Estados Unidos a lo largo de los años, mientras opera desde dos oficinas arrendadas en Beijing y mantiene una dirección integrada en gran medida por exfuncionarios y exejecutivos vinculados a instituciones estatales y científicas de China.

Entre los ejemplos citados figuran transferencias de USD $375.000 al Natural Resources Defense Council, USD $820.000 al Rocky Mountain Institute y USD $480.000 al International Council on Clean Transportation en un año reciente de reporte. También se mencionan subvenciones a Harvard, UC Berkeley, UCLA y la Universidad de Maryland para programas relacionados con energía limpia y ciudades de bajas emisiones.

El texto añade que, en enero de 2024, presidentes de tres comités de la Cámara de Representantes de Estados Unidos abrieron una investigación formal sobre la entrega de subvenciones por parte de Energy Foundation China. Además, el Comité de Medios y Arbitrios remitió a la organización al IRS. Según la pieza, esas investigaciones siguen abiertas.

La conexión con la IA aparece en el frente energético. El autor argumenta que la mayor nueva carga eléctrica en Estados Unidos es la de los centros de datos para inteligencia artificial. Bajo esa lógica, cualquier política o litigio que retrase nueva generación eléctrica o nuevas conexiones de gas encarece o limita la capacidad de ampliar el cómputo necesario para entrenar y desplegar modelos avanzados.

El otro nodo central que desarrolla el ensayo es el Future of Life Institute, o FLI. En este caso, el texto aclara que no se trata de una entidad financiada directamente por China. Sin embargo, la presenta como la organización más influyente a la hora de defender moratorias sobre el desarrollo de IA de frontera.

Según el artículo, FLI fue autora de la carta “Pause Giant AI Experiments” de marzo de 2023, hizo lobby para incluir la IA de propósito general en la Ley de IA de la Unión Europea y lanzó en 2024 una beca doctoral dedicada a la gobernanza de IA entre Estados Unidos y China. También recuerda que su mayor financiador individual ha sido Vitalik Buterin, quien donó aproximadamente USD $665.000.000 en criptomonedas durante 2021 y 2022.

La pieza destaca además a Max Tegmark, presidente de FLI, por haber compartido escenario en el Capitolio con Xue Lan y Zeng Yi el 29 de abril de 2026 durante un evento convocado por Bernie Sanders bajo el título “La amenaza existencial de la IA y la necesidad de cooperación internacional”. El ensayo ve en ese episodio una expresión pública de una arquitectura política que, según su tesis, viene operando desde hace años.

Centros de datos, Texas y el mosaico regulatorio estatal

Uno de los pasajes más llamativos del texto se centra en Texas. El autor relata que su alarma personal comenzó durante una reunión del Comité Ejecutivo Republicano Estatal del Partido Republicano texano, donde observó la aprobación de una resolución en contra de la construcción de centros de datos en el estado.

Para el ensayista, ese hecho tuvo un valor simbólico especial. Texas, dice, ha pasado dos décadas promoviendo una imagen de jurisdicción favorable a los negocios, orgullosa de su independencia eléctrica y bien posicionada para liderar la expansión del cómputo. Que allí surgiera una postura adversa a nuevos centros de datos fue interpretado como una señal de que el marco narrativo ya había penetrado incluso espacios republicanos.

La pieza sostiene que el problema no es una ley aislada, sino la suma de normas en múltiples jurisdicciones. Con datos atribuidos a MultiState, afirma que las 50 legislaturas estatales consideraron más de 1.080 proyectos de ley relacionados con IA solo en 2025, y que 38 estados adoptaron más de 100 de esas leyes.

Entre los ejemplos mencionados aparece la SB24-205 de Colorado, conocida como la Ley de Inteligencia Artificial de Colorado, que impone obligaciones amplias a desarrolladores e implementadores de sistemas de IA de alto riesgo. También se cita la Transparency in Frontier AI Act de California, sucesora de la vetada SB 1047, con obligaciones de reporte de riesgo catastrófico y auditoría para desarrolladores con ingresos anuales combinados superiores a USD $500.000.000.

El ensayo añade la ley RAISE de Nueva York, firmada en diciembre de 2025 y enmendada en marzo de 2026, así como la HB 3773 de Illinois, que modifica la ley estatal de derechos humanos para prohibir usos de IA que produzcan impacto dispar. En conjunto, el autor describe estas normas como una red de cumplimiento de 50 jurisdicciones cuyos hilos individuales pueden parecer razonables, pero cuyo peso agregado sería asfixiante.

Desde esta perspectiva, un desarrollador estadounidense de IA de frontera tendría solo tres salidas. La primera sería cumplir con el estándar más estricto en todo el país. La segunda sería reducir la capacidad del modelo para no quedar atrapado en ciertos umbrales regulatorios. La tercera sería retirarse de mercados importantes dentro de Estados Unidos. Ninguna de esas cargas, subraya el texto, recaería del mismo modo sobre empresas chinas que desarrollan y entrenan sus modelos dentro de China.

La disputa sobre China, seguridad y una pausa unilateral

El ensayo dedica una parte importante a confrontar la idea de una pausa o moratoria estadounidense en el desarrollo de IA avanzada. Para ello, propone lo que denomina la “prueba del Proyecto Manhattan”, una pregunta binaria dirigida a quienes promueven pausas, mayores frenos o marcos multilaterales más duros.

La pregunta es si apoyarían una pausa unilateral de Estados Unidos incluso si la República Popular China no se detuviera. El autor rechaza respuestas ambiguas sobre cooperación internacional futura y argumenta que el público merece una definición clara, porque la asimetría tecnológica y política sería hoy demasiado evidente.

Como respaldo de esa tesis, el texto enumera varios hitos chinos. Señala que el Plan de Desarrollo de IA de Nueva Generación de 2017 no fue revisado, que la iniciativa “AI Plus” anunciada en 2024 reforzó la integración de IA en toda la economía y que el plan quinquenal de marzo de 2026 llamó a una adopción agresiva. También menciona que DeepSeek lanzó en abril de 2026 un modelo optimizado para chips Huawei.

La pieza agrega que, según el South China Morning Post, el mayor receptor individual de graduados de ingeniería de Tsinghua en los últimos cinco años ha sido Huawei, seguido por State Grid, China National Nuclear Corporation y China North Industries Group Corporation. Además, sostiene que Beijing bloqueó en abril de 2026 una adquisición de Manus AI por parte de Meta valorada en USD $2.000.000.000 y detuvo a sus fundadores.

Otro punto destacado es el papel del Beijing Institute of AI Safety and Governance, dirigido por Zeng Yi. Con base en un análisis de Carnegie Endowment de junio de 2025, el ensayo afirma que esta institución fue estructurada para resaltar la representación internacional de China en discusiones de gobernanza, sin imponer requisitos vinculantes de seguridad sobre desarrolladores domésticos de IA de frontera.

A partir de allí, el autor concluye que una pausa estadounidense sin reciprocidad verificable sería, en la práctica, una forma de desarme unilateral. Reconoce que figuras como Yoshua Bengio y Geoffrey Hinton sostienen posiciones cercanas a aceptar ese costo estratégico por temor al riesgo existencial de la IA, pero critica a quienes, según él, eluden responder con claridad qué debería ocurrir si China simplemente sigue acelerando.

El trasfondo político y lo que propone el ensayo

En el tramo final, la pieza sostiene que la Orden Ejecutiva del presidente Donald Trump del 11 de diciembre de 2025, titulada “Garantizar un marco de política nacional para la inteligencia artificial”, y la TRUMP AMERICA AI Act de la senadora Marsha Blackburn avanzan en la dirección correcta. La tesis del ensayo es que ya no basta con debatir una preferencia ideológica por menos regulación, sino que hace falta un marco federal único y de baja carga para evitar que los estados definan por separado las condiciones de una tecnología estratégica.

El autor compara el momento actual con la lógica histórica del Proyecto Manhattan. Su argumento es que Estados Unidos construyó primero y negoció después, y que los acuerdos nucleares posteriores solo fueron posibles porque Washington llegó a la mesa con superioridad tecnológica real. Trasladado al presente, eso implicaría desarrollar primero la ventaja en IA frente a China y solo luego negociar desde una posición de fuerza.

El texto reconoce que existen personas sinceras dentro del movimiento de seguridad de la IA y concede que la preocupación por un riesgo catastrófico no es absurda. Sin embargo, insiste en que el contexto de 2026 es distinto porque hay una potencia rival intentando cerrar la que considera la última gran brecha tecnológica a favor de Estados Unidos.

En consecuencia, la pieza propone tres líneas de acción. La primera es desplazar el mosaico regulatorio estatal mediante preeminencia federal. La segunda es adoptar un marco nacional mínimamente gravoso para que los desarrolladores estadounidenses puedan competir con sus pares chinos. La tercera es exigir que quienes defienden una pausa de la IA respondan de forma pública y directa si apoyarían una detención unilateral de Estados Unidos aunque China no lo hiciera.

Más allá de la polémica, el ensayo deja planteada una discusión de fondo para mercados e industrias tecnológicas. En una economía donde la ventaja depende cada vez más de energía abundante, cómputo escalable y reglas previsibles, la pregunta ya no es solo cuánto regular la IA, sino quién paga el costo estratégico de hacerlo primero.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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