Por Canuto  

Corea del Sur propuso reglas para ampliar los valores tokenizados a acciones, bonos y fondos, con una implementación prevista para el 4 de febrero de 2027 y una apertura inicial que favorecería a inversores institucionales.
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  • La Comisión de Servicios Financieros impulsa la inclusión de acciones, bonos y fondos en el marco de valores tokenizados.
  • Las ofertas privadas de ciertos activos se priorizarían para instituciones, mientras que el acceso minorista a bonos y fondos públicos quedaría para una etapa posterior.
  • El plan contempla un límite anual de KRW 1.000 millones por exchange para compras netas de inversores ordinarios en plataformas extrabursátiles.

Corea del Sur propone ampliar la tokenización financiera a bonos y fondos

La iniciativa busca extender el mercado más allá de las inversiones fraccionadas en bienes raíces y arte, con reglas específicas para emitir y negociar activos tokenizados.

Un marco regulatorio más amplio

La Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur propuso ampliar el mercado de valores tokenizados para incorporar instrumentos tradicionales, entre ellos acciones, bonos y fondos. El cambio desplazaría el foco desde las inversiones fraccionadas en bienes raíces y arte hacia una gama más amplia de activos financieros, aunque la propuesta plantea una implementación gradual y no una apertura inmediata para todos los participantes.

Según un reporte de BlockBeats difundido por KuCoin, las normas subordinadas a la Ley de Valores Electrónicos y la Ley de Mercados de Capitales están abiertas a comentarios públicos desde el 2 de octubre hasta el 11 de noviembre. El calendario divulgado prevé que entren en vigor el 4 de febrero de 2027.

Las regulaciones buscan establecer disposiciones detalladas para la emisión y negociación de estos valores. En términos generales, la tokenización representa activos o derechos financieros mediante unidades digitales, pero que un instrumento adopte ese formato no elimina por sí mismo la necesidad de definir quién puede ofrecerlo, cómo se negocia y qué reglas protegen a sus compradores.

La inclusión expresa de acciones, bonos y fondos en el alcance de las enmiendas es uno de los cambios centrales anunciados. La medida no significa que todos esos productos estarán disponibles al mismo tiempo para cualquier inversor: el plan descrito distingue entre ofertas privadas orientadas inicialmente a instituciones y futuras ofertas públicas dirigidas a minoristas.

La primera etapa prioriza a inversores institucionales

En la fase inicial, las autoridades darían prioridad a ofertas tokenizadas privadas de fondos privados de dinero, bonos privados y acciones no cotizadas basadas en fideicomiso. El público objetivo señalado son los inversores institucionales, por lo que el despliegue comenzaría con productos y participantes delimitados antes de ampliar el acceso a otros segmentos.

La fuente también menciona programas piloto para valores de inversión fraccionada de oferta pública, una vía distinta de las ofertas privadas prioritarias. La coexistencia de ambos mecanismos sugiere que la expansión se probaría en más de un formato, aunque la información disponible no detalla el tamaño de los pilotos, los activos concretos que incluirían ni los criterios para seleccionar a sus participantes.

La diferencia entre una oferta privada y una pública resulta importante para entender el alcance de la etapa inicial. En el esquema descrito, ciertos fondos, bonos y acciones no cotizadas entrarían primero en operaciones privadas para instituciones, mientras que los instrumentos públicos fraccionados se abordarían mediante programas piloto y no como una apertura general e inmediata.

El orden de despliegue también deja claro que ampliar el catálogo de activos no equivale automáticamente a democratizar su compra desde el primer día. La Comisión plantea que las ofertas públicas de bonos y fondos destinadas a inversores minoristas se expandan solo después de que el mercado alcance estabilidad, una condición que introduce una etapa de evaluación antes de una mayor participación del público.

Límites de compra y apertura gradual

Entre las medidas previstas figura un límite de KRW 1.000 millones por exchange para las compras netas anuales de inversores ordinarios en plataformas de negociación extrabursátil. El tope se refiere a las compras netas anuales y se aplicaría por plataforma, de acuerdo con el reporte; no debe confundirse con un límite único para todo el mercado ni con una cifra asignada a cada activo tokenizado.

La restricción aparece junto con la intención de permitir que instituciones no financieras gestionen directamente cuentas de inversores, siempre que cumplan determinadas condiciones. Una de ellas sería contar con KRW 4.000 millones en capital propio, requisito que delimita quién podría asumir esa función y que incorpora una barrera financiera antes de operar cuentas bajo el nuevo marco.

En conjunto, las dos disposiciones apuntan a organizar tanto la demanda minorista como la participación de entidades que no son financieras. El límite de compras busca acotar la exposición de inversores ordinarios en plataformas extrabursátiles, mientras que el umbral de capital establece una condición para que otras instituciones administren cuentas; la fuente no detalla sanciones, métodos de cálculo ni excepciones.

El diseño anunciado combina una ampliación del universo de activos con controles y etapas de acceso, en lugar de presentar la tokenización como una liberalización sin restricciones. Para los participantes del mercado, los siguientes puntos relevantes serán el contenido final de las normas tras la consulta pública, el alcance efectivo de los programas piloto y el momento en que las ofertas públicas de bonos y fondos puedan llegar a inversores minoristas.

Qué cambia para el mercado tokenizado

La incorporación de instrumentos como bonos y fondos podría ampliar los usos de la infraestructura de valores tokenizados en Corea del Sur, más allá de los ejemplos de bienes raíces y arte mencionados en el reporte. Sin embargo, el anuncio describe principalmente un marco regulatorio propuesto y una secuencia de implementación; no aporta datos sobre volúmenes de negociación, número de plataformas participantes ni demanda esperada.

Para los inversores, la distinción entre tokenización y disponibilidad comercial será fundamental. Que una norma incluya un tipo de activo en su ámbito no implica que exista desde ese momento una oferta abierta, que el producto sea líquido o que todos los usuarios puedan comprarlo, especialmente cuando las ofertas privadas se orientan inicialmente a instituciones y el acceso público se supedita a la estabilidad del mercado.

La consulta pública, abierta entre el 2 de octubre y el 11 de noviembre, ofrece un periodo para recibir observaciones sobre las normas subordinadas antes de la fecha de implementación prevista para el 4 de febrero de 2027. El reporte no indica qué comentarios se recibieron ni si las disposiciones cambiarán como resultado de ese proceso, por lo que esos aspectos todavía no pueden darse por definidos.

Por ahora, la hoja de ruta presentada combina tres elementos: ampliar la lista de valores elegibles, comenzar con determinados productos privados dirigidos a instituciones y someter la participación minorista a límites y condiciones graduales. El avance dependerá de las reglas definitivas y de cómo las autoridades apliquen la estabilidad de mercado como criterio para extender las ofertas públicas de bonos y fondos.


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