Por Angel Di Matteo   @shadowargel

El gobernador Ned Lamont firmó una ley que veta el uso, almacenamiento e intercambio de criptoactivos en instituciones públicas. La medida contrasta con la tendencia de otros estados que adoptan Bitcoin como reserva.

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  • La Ley Pública 25‑66 prohíbe el uso de criptomonedas por parte del gobierno estatal desde octubre de 2025.
  • Dicho proyecto fue aprobado a mediados de junio por ambas cámaras legislativas.
  • El gobernador Lamont oficializó la propuesta y la hizo ley. Entrará en vigencia en los próximos meses.
  • Toda empresa cripto en Connecticut deberá contar con licencia del comisionado bancario.

El estado de Connecticut ha anunciado una medida muy conservadora en relación con las criptomonedas. El día de ayer, el gobernador Ned Lamont firmó la Ley Pública 25‑66, también conocida como House Bill 7082, que prohíbe el uso de Bitcoin y otros criptoactivos por parte de funcionarios públicos. La ley también impide al estado almacenar, intercambiar o realizar transacciones con estos activos digitales.

La legislación, que entrará en vigor el 1 de octubre de 2025, fue aprobada sin oposición tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado estatal, con votaciones de 148–0 y 36–0, respectivamente. Previamente, antes de la firma del gobernador Lamont, la propuesta fue aprobada por las instancias legislativas a mediados de este mes.

La medida se produce en un contexto nacional marcado por el creciente protagonismo de las criptomonedas, tanto en el sector financiero como en el discurso político. Varios reportes vinculan la rápida aprobación de la ley con la mayoría demócrata que domina las cámaras legislativas de Connecticut, y con la creciente polémica en torno al apoyo del presidente Donald Trump a las criptomonedas y las finanzas digitales.

Esta postura más restrictiva contrasta con la de otros estados que han optado por incorporar Bitcoin como parte de su estrategia económica a largo plazo. Texas, por ejemplo, ha adoptado una postura diametralmente opuesta, al crear una reserva estatal BTC por USD $10 millones.

Reglas estrictas para empresas cripto

Además del veto al uso institucional, la ley establece nuevas obligaciones para las empresas que operan con criptomonedas en el estado. Toda entidad que comercie con monedas virtuales, maneje billeteras digitales o administre casas de cambio deberá obtener una licencia otorgada por el Comisionado Bancario del estado.

Estas empresas también estarán obligadas a emitir advertencias claras sobre los riesgos asociados, entregar recibos por cada transacción, y cumplir rigurosamente con las leyes contra el lavado de dinero. En casos donde se permita operar a menores de edad, se exigirá autorización expresa de sus representantes legales.

Quienes apoyan la nueva legislación afirman que su propósito es proteger a los ciudadanos, especialmente a los jóvenes, de los riesgos de volatilidad que implican las criptomonedas. También argumentan que se trata de una medida preventiva para evitar que recursos estatales se vean expuestos a pérdidas innecesarias.

Sin embargo, defensores de la innovación y partidarios del sector cripto han manifestado preocupaciones. Algunos señalan que la ley podría sofocar el desarrollo de un sector creativo y emergente, aunque otros consideran que esta ley podría ser revocada más adelante, si hay una tendencia cada vez más marcada en otros estados por abrir espacios a los activos digitales.

Tendencias opuestas en otros estados

Mientras Connecticut se alinea con una visión más conservadora, estados vecinos como New Hampshire y Arizona han adoptado una postura favorable al uso de criptomonedas. Estas jurisdicciones han aprobado leyes que permiten crear reservas estatales de Bitcoin y otros activos digitales, con el objetivo de adaptarse a las nuevas tecnologías y fomentar la libertad financiera.

New Hampshire, en particular, ha legislado a favor de utilizar estos activos como herramientas de innovación. Por su parte, Texas ha justificado su inversión en Bitcoin como una forma de protegerse frente a la inflación y fortalecer su economía a largo plazo.

Esta diferencia pone sobre la mesa la falta de un consenso nacional sobre el papel de las criptomonedas en el sector público. Mientras algunos estados adoptan medidas de integración, otros como Connecticut optan por la exclusión y el control estricto.

Aunque la ley de Connecticut representa una señal clara del rumbo actual de su política estatal, muchos analistas se preguntan si esta decisión será sostenible en el tiempo. A medida que otras entidades gubernamentales se adaptan a un sistema financiero más digital, podría resultar costoso mantenerse al margen.

Queda por verse si esta normativa se mantendrá firme o si, en un giro futuro, el estado optará por una integración más pragmática con la economía digital emergente.

Artículo escrito por un redactor de contenido de IA. Editado por Angel Di Matteo / DiarioBitcoin

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público


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