Por Canuto  

El Congreso de Estados Unidos abrió un nuevo frente contra el plan del Pentágono para arrendar terrenos militares a empresas privadas que desarrollen centros de datos de inteligencia artificial. La disputa combina preocupaciones por el agua, la energía y la seguridad nacional, mientras dos proyectos ya avanzan en Texas y Utah.

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  • Legisladores republicanos y demócratas impulsan informes, restricciones y una posible prohibición de los centros de datos de IA en tierras federales.
  • Carlyle y CyrusOne recibieron asignaciones condicionales para proyectos valorados en aproximadamente USD $2.000 millones cada uno en Fort Bliss y Dugway.
  • La oposición cita el impacto sobre las comunidades, incluido el consumo energético y el riesgo hídrico asociado con el proyecto de Fort Bliss.

 

El Congreso de Estados Unidos intensificó su resistencia al plan del Pentágono para arrendar tierras militares a empresas privadas interesadas en construir centros de datos de inteligencia artificial (IA). La iniciativa enfrenta objeciones de legisladores republicanos y demócratas, una alianza poco habitual en Washington.

Los congresistas cuestionan el volumen de agua y electricidad que exigirían estas instalaciones. También temen que las comunidades cercanas terminen absorbiendo mayores costos y presiones sobre redes eléctricas, embalses y otros servicios esenciales.

La disputa ocurre mientras se redactan los proyectos de ley de defensa correspondientes al año fiscal 2027. Los primeros dos acuerdos del programa se aproximan a su etapa final, aunque el Ejército ya avanzó con asignaciones condicionales.

Según Cryptopolitan, la Fuerza Aérea también busca terrenos disponibles en varias de sus instalaciones. El movimiento podría ampliar el debate más allá de los dos primeros proyectos identificados públicamente.

El Congreso busca frenar el plan del Pentágono

Los legisladores han recurrido a distintos mecanismos para contener la propuesta. Entre ellos figuran enmiendas, estudios, obligaciones de información y una iniciativa que plantea prohibir por completo los grandes centros de datos de IA en terrenos federales.

John Garamendi, representante demócrata de California y miembro de rango del subcomité de Preparación de Servicios Armados de la Cámara, evitó adoptar una posición definitiva sobre la presencia de estas plantas en instalaciones militares. Al ser consultado, respondió: “puede que sí, puede que no”.

El comité rechazó la enmienda de Garamendi, según los informes citados en la noticia. Sin embargo, la oposición no quedó limitada al Partido Demócrata ni desapareció con ese resultado legislativo.

El republicano Ken Calvert consiguió una disposición que obliga al Departamento de Defensa a explicar al Congreso el impacto de cada proyecto sobre las comunidades cercanas. La exigencia busca que los legisladores reciban información antes de que comiencen las obras.

Calvert preside el subcomité de Apropiaciones de Defensa. Su propuesta refleja la preocupación de algunos republicanos por las consecuencias locales de proyectos que, aunque se ubiquen en terrenos militares, podrían modificar el consumo de recursos de ciudades vecinas.

El representante republicano de Florida Cory Mills presentó otra enmienda para bloquear el uso de cualquier componente que el Pentágono haya identificado como un riesgo para la seguridad nacional. La Cámara aprobó esa propuesta durante la semana mencionada en la noticia.

La iniciativa más amplia provino de Rashida Tlaib, representante demócrata de Michigan. El 23 de julio de 2026 presentó la Ley de No AI Data Centers on Federal Lands, cuyo objetivo sería impedir permanentemente la construcción de grandes centros de datos de IA en terrenos administrados o propiedad del gobierno federal.

El proyecto de Tlaib también contempla retirar de manera retroactiva cualquier gran centro de datos de IA que ya se haya construido en esos terrenos. La prohibición incluiría las bases militares, de acuerdo con el contenido de la propuesta descrita en la noticia.

Tlaib justificó su iniciativa con referencias a la contaminación por ruido, luz, aire y agua. También señaló el aumento de los costos energéticos y afirmó que su distrito no desea albergar instalaciones de ese tipo.

Dos proyectos avanzan en Texas y Utah

A pesar del escrutinio legislativo, el Ejército ya asignó condicionalmente dos ubicaciones para centros de datos privados. Cada proyecto tendría un valor cercano a USD $2.000 millones, según información atribuida por la noticia al Financial Times.

Carlyle recibió luz verde condicional para desarrollar aproximadamente 1.384 acres en Fort Bliss, una instalación militar ubicada en El Paso, Texas. El acuerdo representa uno de los primeros pasos concretos del plan para aprovechar terrenos federales con fines vinculados a la IA.

CyrusOne también obtuvo autorización condicional para utilizar 1.201 acres en el campo de pruebas de Dugway, en Utah. El operador está controlado por fondos vinculados con KKR y BlackRock, según la información presentada en la noticia.

El debate sobre estos proyectos forma parte de una discusión nacional más amplia. Las comunidades han retrasado o cancelado planes de centros de datos valorados en casi USD $156.000 millones, de acuerdo con un recuento de Data Center Watch.

La reacción local suele concentrarse en los recursos que necesitan las instalaciones. Los centros de datos de IA requieren grandes cantidades de electricidad para operar sus servidores y pueden aumentar la demanda de agua para sus sistemas de refrigeración.

Politico respaldó el informe previo de Cryptopolitan sobre el impacto de estas plantas en las facturas de energía de los consumidores. La publicación también revisó el caso de Fort Bliss y sus posibles efectos sobre la infraestructura eléctrica de El Paso.

Una evaluación citada en la noticia indicó que el sitio de Fort Bliss podría necesitar más energía que los 460.000 clientes de electricidad de El Paso combinados. La cifra ilustra la magnitud del consumo que los legisladores desean examinar antes de autorizar nuevas construcciones.

Documentos del Departamento de Defensa también clasificaron como “Extremadamente Alto” el riesgo relacionado con el agua en el área de Fort Bliss. Esa evaluación reforzó las dudas sobre la conveniencia de instalar allí una infraestructura que podría ejercer presión adicional sobre un recurso limitado.

El Ejército defiende la participación privada

El Ejército respondió a las objeciones relacionadas con la enmienda de Mills. En declaraciones a Federal News Network, sostuvo que la norma impondría un “estándar inviable” a los constructores que operen dentro de sus bases.

La institución describió esa exigencia como una “penalización por terrenos federales”. Su argumento consiste en que los desarrolladores instalados en bases enfrentarían requisitos que no se aplican a proyectos ubicados fuera de esos terrenos.

Según el Ejército, esas condiciones podrían alejar a “socios comerciales de clase mundial”. La institución también advirtió que el cambio podría poner en riesgo más de USD $1.300 millones en capital privado.

El presidente del Comité de Servicios Armados de la Cámara, Mike Rogers, respaldó esa posición. El republicano sostuvo que las restricciones podrían impedir las negociaciones que el Ejército mantiene sobre los proyectos.

Derrick Van Orden, representante republicano de Wisconsin, planteó una preocupación distinta. A su juicio, bloquear los centros de datos dentro de las bases solo trasladaría las instalaciones hacia tierras cultivables.

El Ejército ha prometido planes con consumo neto cero de agua. También aseguró que los proyectos utilizarían una fuente de energía que no se conectaría a la red eléctrica local.

Varios legisladores demócratas consideran insuficientes esas promesas. Afirman que todavía no han recibido un informe real que explique cómo se aplicarían y supervisarían los compromisos anunciados por la institución.

La disputa, por tanto, no se limita a decidir si las bases militares pueden albergar centros de datos. También enfrenta dos visiones sobre el uso de terrenos federales, la atracción de capital privado y la responsabilidad de proteger los recursos de las comunidades cercanas.

Una batalla con implicaciones para la infraestructura de IA

La oposición bipartidista refleja una tensión creciente entre la expansión de la inteligencia artificial y las limitaciones físicas de la infraestructura. El crecimiento de esta tecnología depende de centros de procesamiento capaces de sostener cargas informáticas cada vez mayores.

Las bases militares pueden parecer ubicaciones atractivas por su disponibilidad de terrenos y su relación con la seguridad nacional. Sin embargo, los legisladores cuestionan si esa ventaja justifica trasladar posibles impactos ambientales y económicos a comunidades que no controlan las decisiones.

El caso también plantea interrogantes sobre la seguridad de los componentes utilizados en los centros de datos. La enmienda de Mills busca impedir que el Pentágono autorice piezas consideradas riesgosas para la seguridad nacional.

La Cámara aprobó esa restricción, pero el Ejército sostiene que su aplicación podría dificultar la participación de empresas privadas. El resultado de la negociación legislativa determinará si los dos proyectos avanzan bajo nuevas condiciones o enfrentan obstáculos adicionales.

El calendario añade presión a ambas partes. Los proyectos de defensa para el año fiscal 2027 se encuentran en proceso de redacción y los primeros dos acuerdos están cerca de alcanzar una definición final.

Para las comunidades, la discusión se concentra en consecuencias concretas, como el acceso al agua, el precio de la electricidad y la contaminación. Para el Pentágono y sus aliados, el objetivo consiste en atraer inversión privada y ampliar la capacidad tecnológica del país.

La decisión sobre Fort Bliss y Dugway podría convertirse en una referencia para futuros proyectos. También mostrará hasta dónde está dispuesto el Congreso a intervenir en la instalación de infraestructura privada de IA dentro de propiedades federales.

Por ahora, el plan continúa avanzando pese a la presión política. La propuesta de prohibición total de Tlaib, las exigencias de información de Calvert y la enmienda de seguridad nacional de Mills mantienen abierta una disputa que combina tecnología, defensa, energía y recursos naturales.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA.

 


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