Por Canuto  

El Senado de Estados Unidos aprobó una iniciativa que permitiría a fondos mutuos retrasar temporalmente ciertos reembolsos cuando sospechen de explotación financiera. La medida, que ya pasó por la Cámara, espera ahora la decisión del presidente Donald Trump para convertirse en ley, mientras las pérdidas por fraude reportadas por adultos mayores alcanzaron USD $3.000 millones en 2025.
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  • La Ley de Prevención de la Explotación Financiera de 2025 superó el Senado por consentimiento unánime y aguarda la firma presidencial para convertirse en ley.
  • Los fondos mutuos podrían retener inicialmente hasta 15 días hábiles un reembolso sospechoso, con una posible extensión de otros 10.
  • La FTC informó pérdidas por fraude de unos USD $3.000 millones entre personas de 60 años o más en 2025, 25% por encima de 2024.

 


El Senado de Estados Unidos aprobó una iniciativa bipartidista que busca dar a las empresas de fondos mutuos una herramienta para responder cuando sospechen que un inversor vulnerable está siendo víctima de explotación financiera. El proyecto ya había recibido el visto bueno de la Cámara de Representantes en junio y ahora espera la decisión del presidente Donald Trump antes de convertirse en ley, según informó CNBC.

La aprobación llega mientras crecen las pérdidas vinculadas al fraude contra adultos mayores y se multiplican las advertencias sobre engaños que presionan a las víctimas para mover sus ahorros. La medida no establece un bloqueo permanente de fondos ni impone una retención automática: habilitaría pausas acotadas en ciertos reembolsos, sujetas a condiciones y a la sospecha razonable de explotación.

Qué permitiría la iniciativa aprobada por el Senado

La Ley de Prevención de la Explotación Financiera de 2025, identificada como H.R. 2478, fue aprobada en el Senado el miércoles por consentimiento unánime, un procedimiento que indica que ningún senador se opuso a su aprobación. Con el paso legislativo completado, el texto fue enviado al escritorio de Trump; la Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios de CNBC sobre si el mandatario planea firmarlo.

Si entra en vigor, la norma permitiría que las empresas de fondos mutuos y sus agentes de transferencia retrasen temporalmente el pago asociado a determinadas solicitudes de reembolso. Estos agentes administran registros y transacciones de los accionistas, por lo que la disposición busca intervenir en una etapa en que el dinero todavía podría no haber salido de la cuenta de inversión.

La protección se aplicaría a inversores de 65 años o más y también a adultos más jóvenes cuando exista una creencia razonable de que una discapacidad mental o física les impide proteger sus propios intereses. La sospecha tendría que relacionarse con explotación financiera, que puede implicar la apropiación o el uso indebido de activos, y no simplemente con una decisión de inversión que resulte desfavorable.

La retención inicial podría durar hasta 15 días hábiles, con una extensión de otros 10 si la empresa aún considera razonablemente que la explotación ocurrió, continúa o fue intentada. Reguladores estatales, ciertas agencias gubernamentales o tribunales también podrían extender la pausa, de modo que el proyecto combina un margen de respuesta para las firmas con la posibilidad de intervención institucional adicional.

Las pérdidas reportadas aumentan y las estafas buscan ahorros de vida

La Comisión Federal de Comercio (FTC) informó que las personas de 60 años o más reportaron pérdidas cercanas a USD $3.000 millones por fraude durante 2025, un incremento de 25% frente a los USD $2.400 millones registrados en 2024. El dato aparece en el informe más reciente de la agencia al Congreso sobre fraude contra adultos mayores, publicado en octubre, y supone un aumento de 400% frente a los USD $600 millones reportados en 2020.

Las pérdidas más elevadas se concentran en una fracción pequeña de quienes denuncian estos delitos, pero representan una parte desproporcionada del daño económico. En 2025, solo 6% de las víctimas mayores reportó haber perdido USD $100.000 o más, aunque esas pérdidas equivalieron a 70% del total informado por ese grupo de edad.

La cantidad de personas que reportó pérdidas de al menos USD $100.000 casi se multiplicó por seis: pasó de 1.136 en 2020 a 6.769 en 2025. La FTC advierte que las cifras reportadas no capturan todo el fenómeno, y calcula que las pérdidas reales del último año podrían ubicarse entre USD $13.300 millones y USD $119.500 millones, frente a un rango estimado de USD $10.100 millones a USD $81.500 millones en 2024.

Según la FTC, los estafadores se hacen pasar cada vez más por bancos, empresas y agencias gubernamentales, y suelen inventar emergencias para convencer a sus víctimas de transferir dinero con el supuesto propósito de proteger sus cuentas. El FBI también ha advertido que las herramientas de inteligencia artificial pueden facilitar la creación de contenidos engañosos y hacer que estos sean más difíciles de detectar, lo que añade presión a los mecanismos de prevención.

Contactos de confianza y otras medidas contra la explotación

La iniciativa también contempla el uso de un contacto de confianza, es decir, una persona a quien una firma financiera puede llamar cuando detecta inquietudes sobre una cuenta. Ese tercero podría comunicarse con el titular y ayudar a verificar una operación o una situación sospechosa, aunque no sustituye al inversor ni recibe automáticamente control sobre sus activos.

Las empresas de fondos mutuos que opten por acogerse a las nuevas protecciones tendrían que pedir a sus clientes el nombre y los datos de contacto de al menos una persona de confianza. Erin Koeppel, directora gerente y asesora de relaciones gubernamentales y políticas públicas de CFP Board, dijo que la explotación financiera puede tener consecuencias devastadoras para las víctimas y sus familias, y sostuvo que la legislación cubriría un vacío regulatorio antes de que se pierdan los activos.

La propuesta se apoyaría en herramientas que ya existen para otras firmas financieras. FINRA permite actualmente que las casas de corretaje impongan retenciones temporales sobre ciertas transacciones si sospechan explotación de un inversor mayor o vulnerable, y les exige hacer un esfuerzo razonable para añadir un contacto de confianza a las cuentas, aunque el cliente no está obligado a proporcionarlo.

La aprobación también se produce en un contexto en que bancos y otras instituciones suelen pedir a sus clientes datos de una persona de confianza, pero el proyecto se centra en fondos mutuos y sus agentes de transferencia. Bob Blancato, coordinador nacional de Elder Justice Coalition, afirmó que su organización apoya la legislación destinada a prevenir cualquier forma de abuso financiero contra adultos mayores.

Otra iniciativa aborda las consecuencias fiscales de las estafas

Por separado, la Cámara aprobó en septiembre la Ley de Alivio Fiscal para Víctimas de Fraude, H.R. 9500, que busca reducir algunas consecuencias tributarias para quienes pierden dinero en estafas. La propuesta pasó por 408 votos contra 17 y fue remitida al Comité de Finanzas del Senado, pero no estaba claro si esa cámara la consideraría antes del fin del Congreso.

El proyecto derogaría límites a ciertas deducciones por pérdidas de robo personal que se remontan a la Ley de Recortes de Impuestos y Empleos de 2017 y que la legislación fiscal de 2025 de Trump hizo permanentes. Algunas pérdidas por estafas de inversión todavía podrían ser deducibles, mientras que las relacionadas con ciertos fraudes románticos o de suplantación generalmente no lo son, según un memorándum del Servicio de Impuestos Internos de 2025.

Las víctimas que retiran dinero de un plan 401(k) tradicional o de una cuenta IRA también pueden enfrentar impuestos sobre el retiro y, si tienen menos de 59 años y medio, una penalización de 10%. H.R. 9500 eliminaría esa penalización para retiros vinculados a pérdidas por fraude deducibles, además de derogar los límites de deducción contemplados por la iniciativa.

Blancato expresó que esperaba que el Senado se sumara a la Cámara para aprobar H.R. 9500, al considerar que podría terminar otra forma de abuso financiero contra adultos mayores. Por ahora, ese proyecto sigue pendiente, mientras la Ley de Prevención de la Explotación Financiera ya completó su trámite en el Congreso y aguarda la firma presidencial.


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Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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