Por Canuto  

Funcionarios de varios condados de Estados Unidos están prohibiendo que sus empleados operen contratos de mercados de predicción vinculados a elecciones, ante el temor de que utilicen información no pública y alimenten la desconfianza ciudadana.
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  • El condado de Maricopa prohibió a unos 13.000 empleados operar con información no pública en contratos de eventos, incluidos los electorales.
  • Delaware, Pensilvania, amplió su juramento laboral contra las apuestas para incluir expresamente los contratos de mercados de predicción.
  • Funcionarios también cuestionan la confusión entre las cuotas de estos mercados y las encuestas, mientras Goldman Sachs endureció sus reglas internas.

 

Funcionarios electorales y de condados en Estados Unidos están adoptando prohibiciones contra las apuestas de sus empleados en mercados de predicción vinculados a candidaturas y resultados electorales. Las medidas llegan a menos de dos meses de las elecciones de medio mandato y buscan impedir que trabajadores con acceso a materiales o datos sensibles obtengan ganancias mediante información no pública, una preocupación que también ha alcanzado a bancos y a la Casa Blanca, indica Yahoo.

Condados fijan límites antes de los comicios

El condado de Maricopa, en Arizona, aprobó en julio una resolución que cubre a unos 13.000 empleados y les impide operar con información no pública en contratos de eventos. La norma no se limita a las elecciones, pues también abarca mercados relacionados con pronósticos meteorológicos, procedimientos judiciales y otros acontecimientos, con el objetivo de establecer una regla general frente a una tecnología que los funcionarios consideran cada vez más relevante.

Thomas Galvin, supervisor del condado de Maricopa y funcionario involucrado en la supervisión de la tabulación de votos y de la jornada electoral, presentó la medida como una señal de transparencia institucional. Según explicó, impedir que los trabajadores operen o apuesten utilizando información no pública demuestra que la administración está atenta a las nuevas tecnologías y a los riesgos que pueden afectar la confianza en el proceso.

La resolución local se construyó sobre una orden ejecutiva firmada previamente por la gobernadora de Arizona, Katie Hobbs. Esa orden restringe que los empleados estatales utilicen información gubernamental no pública para operar en mercados de predicción, por lo que Maricopa extendió el principio al personal del condado y a un conjunto más amplio de contratos de eventos.

En Delaware, Pensilvania, la oficina electoral modificó el juramento que ya prohibía a sus trabajadores apostar sobre elecciones. La actualización incorporó de manera explícita los contratos de mercados de predicción y alcanza a unos 2.200 empleados del condado situado en las afueras de Filadelfia, según la información reportada por CNBC.

Una disputa sobre apuestas y confianza pública

James Allen, director electoral del condado de Delaware, sostuvo que su oficina concluyó que los mercados de predicción constituyen apuestas. El funcionario afirmó que no quiere que estas plataformas afecten las elecciones locales y las describió como una amenaza nueva y existencial para la confianza pública, una valoración que refleja la creciente tensión entre las autoridades electorales y la expansión de estos productos.

Los mercados de predicción permiten comprar y vender contratos cuyo valor depende de que ocurra un evento determinado, como la victoria de un candidato. Sus precios suelen interpretarse como probabilidades, pero no equivalen automáticamente a una encuesta ni representan una medición directa de la intención de voto, una diferencia que, según funcionarios, muchos ciudadanos no comprenden.

Galvin señaló que algunos votantes han confundido las probabilidades observadas en un mercado con los resultados de los sondeos tradicionales. El supervisor explicó que una probabilidad del 98% para un candidato no significa que las encuestas indiquen una ventaja de 98 a 2, porque ambos instrumentos responden a metodologías y dinámicas distintas.

La confusión no sería solamente académica. Dean Logan, registrador-secretario del condado de Los Ángeles, relató durante un seminario web de julio organizado por la Partnership for Large Election Jurisdictions que los primeros conteos de una carrera local divergieron de las expectativas de los mercados, lo que provocó amenazas y una actitud más agresiva por parte de algunos observadores.

El desfase entre pronósticos y votos contados

El caso mencionado involucró a Nithya Raman, integrante del concejo municipal, quien aseguró un lugar en una segunda vuelta de noviembre después de que se contabilizaran las boletas enviadas por correo. Los operadores de los mercados de predicción no habían anticipado ese resultado, y la diferencia entre la expectativa del mercado y el conteo posterior intensificó la frustración de personas que esperaban una correspondencia inmediata entre ambos datos.

Los funcionarios electorales sostienen que ese tipo de episodio puede convertirse en un problema de seguridad cuando los participantes interpretan una variación normal del escrutinio como evidencia de irregularidades. El conteo de votos puede avanzar por etapas y las boletas enviadas por correo pueden incorporarse en momentos diferentes, mientras que un contrato negociado en un mercado refleja las expectativas de sus operadores en un instante específico.

La preocupación por el uso de información privilegiada también ha impulsado solicitudes de investigación. En julio, el administrador electoral de Maryland escribió al fiscal estatal para pedir que examinara si los contratos de mercados de predicción vinculados con elecciones infringen una ley estatal que prohíbe las apuestas sobre resultados electorales.

La cuestión combina dos debates distintos: el alcance legal de estos contratos y la posibilidad de que una persona con acceso a información reservada opere antes de que el público conozca un dato. Los condados han optado por prohibiciones internas porque consideran que esa herramienta ofrece una forma directa de reducir el riesgo, aunque las plataformas defienden su capacidad para prevenir abusos dentro de sus propios sistemas.

Kalshi y Polymarket enfrentan escrutinio

Kalshi y Polymarket no respondieron las preguntas sobre si planeaban conversar directamente con funcionarios electorales para atender sus inquietudes. Un portavoz de Polymarket afirmó que los estados carecen de jurisdicción legal para regular los mercados de predicción, una posición que anticipa posibles disputas sobre qué autoridad puede supervisar contratos vinculados con procesos electorales.

Ambas plataformas han declarado que adoptaron medidas para prevenir el tráfico de información privilegiada en sus mercados. Sin embargo, las autoridades locales consideran que las salvaguardas privadas no sustituyen las reglas que deben cumplir los empleados públicos, especialmente cuando estos administran materiales electorales, participan en procedimientos de conteo o pueden conocer información antes de su divulgación.

La discusión también revela una tensión entre el atractivo de los mercados como herramientas de pronóstico y su semejanza con las apuestas. Para sus defensores, los precios agregan las expectativas de numerosos participantes y pueden ofrecer una señal en tiempo real; para sus críticos, esa señal puede ser malinterpretada, incentivar conductas especulativas y crear conflictos de interés cerca de una elección.

Las restricciones no se limitan a las oficinas electorales. Goldman Sachs actualizó su política de operaciones personales para impedir que sus empleados apuesten en contratos de mercados de predicción relacionados con resultados electorales, desempeño de los mercados financieros y otros asuntos considerados sensibles, mientras la Casa Blanca advirtió a su personal sobre el uso de información gubernamental no pública en estas plataformas.

Una prueba para la regulación de los pronósticos

El avance de estas prohibiciones coloca a los mercados de predicción ante una prueba institucional antes de los comicios de medio mandato. Las plataformas deberán defender no solo la legalidad de sus contratos, sino también la eficacia de sus controles frente a participantes que puedan tener acceso privilegiado a información electoral o gubernamental.

Para los condados, el objetivo inmediato es preservar la percepción de imparcialidad, incluso cuando no exista evidencia de que un empleado haya utilizado datos reservados para obtener beneficios. Una política que prohíbe la conducta antes de que ocurra permite a las autoridades establecer una línea clara entre el trabajo público y la especulación privada, aunque también puede alimentar el debate sobre si todos los contratos deben tratarse como apuestas.

La diferencia entre una encuesta, un pronóstico y un contrato negociable será decisiva para el debate público. Si los votantes interpretan las cuotas como resultados definitivos, cualquier cambio durante el conteo puede convertirse en una fuente de sospechas, amenazas o acusaciones, aun cuando la variación responda únicamente a la llegada de nuevas boletas.

Mientras se acercan las elecciones, la discusión continuará entre funcionarios, plataformas y legisladores estatales. La prohibición a los empleados públicos no resuelve por sí sola las dudas sobre jurisdicción, transparencia o comunicación, pero muestra que las autoridades consideran prioritario evitar que la información electoral reservada se transforme en una ventaja financiera.

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