Por Canuto  

Colorado abrió un debate de alto impacto sobre el crecimiento de los centros de datos, especialmente los ligados a servicios de IA. Dos proyectos de ley presentados en su legislatura proponen caminos distintos: uno endurece exigencias de energía renovable, agua, costos de red y beneficios comunitarios, mientras otro crea incentivos fiscales para atraer inversiones millonarias, empleo y nueva infraestructura eléctrica.
***

  • Un proyecto del Senado exigiría desde 2031 que grandes centros de datos cubran 100% de su consumo anual con renovables y cumplan metas de emparejamiento horario.
  • Otro proyecto de la Cámara propone una exención del 100% del impuesto estatal sobre ventas y uso por 20 años para centros certificados que inviertan al menos USD $250.000.000.
  • Ambas iniciativas reflejan la presión que el auge de la IA y la computación intensiva están ejerciendo sobre la red eléctrica, el agua y las comunidades locales.

 

El crecimiento acelerado de los centros de datos se ha convertido en uno de los grandes temas energéticos y tecnológicos en Estados Unidos. En Colorado, ese debate ya llegó formalmente al poder legislativo con dos proyectos de ley que abordan el fenómeno desde ángulos muy distintos, aunque con un mismo telón de fondo: la expansión de la inteligencia artificial, la demanda eléctrica y la competencia por atraer inversión.

Por un lado, el Senado estatal introdujo el proyecto SB26-102, una propuesta centrada en imponer obligaciones estrictas a los llamados centros de datos de gran carga. Por otro, la Cámara presentó el proyecto HB26-1030, que crea un programa de incentivos fiscales para facilitar el desarrollo de estas instalaciones bajo ciertas condiciones laborales, ambientales y energéticas.

La coexistencia de ambas iniciativas muestra una tensión política y económica clara. Colorado quiere participar del auge de la infraestructura digital, pero al mismo tiempo intenta evitar que ese crecimiento eleve las tarifas eléctricas de otros usuarios, aumente emisiones, presione el acceso al agua o profundice impactos sobre comunidades vulnerables.

Ambos textos legislativos fueron introducidos en la Septuagésima Quinta Asamblea General del estado. El SB26-102 aparece patrocinado en el Senado por Kipp y en la Cámara por Brown. El HB26-1030 fue patrocinado en la Cámara por Valdez y Duran, y en el Senado por Mullica.

El proyecto que endurece las reglas para grandes centros de datos

La propuesta del Senado define como gran centro de datos a una nueva instalación con carga máxima superior a 30 megavatios, o a múltiples instalaciones nuevas con carga conjunta superior a 60 megavatios. También incluye centros existentes que añadan más de 30 megavatios, o varias instalaciones existentes que sumen más de 60 megavatios de carga adicional.

El núcleo del proyecto apunta al consumo eléctrico. La iniciativa ordena que, a más tardar el 30 de junio de 2030, la comisión de servicios públicos de Colorado determine si un emparejamiento horario del 100% entre el consumo del centro de datos y electricidad renovable es técnica y económicamente viable. Si concluye que no lo es, deberá fijar el porcentaje más alto posible y actualizarlo al menos cada tres años.

A partir del 1 de enero de 2031, los operadores de estos centros tendrían que generar, comprar o adquirir suficiente electricidad de fuentes renovables para cubrir el 100% del consumo anual total de cada instalación. Además, tendrían que cumplir con el porcentaje de emparejamiento horario definido por la comisión, usando tarifas o contratos con empresas eléctricas, acuerdos de compra de energía con productores independientes o autoabastecimiento.

El texto también exige contratos de al menos 15 años con las utilities cuando se use suministro eléctrico de esas compañías. Esos acuerdos deben hacer que el operador pague todos los costos de generación, transmisión y distribución necesarios para abastecer su instalación, su parte proporcional de recursos ya existentes y también costos ligados a restricciones, reservas y estabilidad de red causados por su demanda.

La propuesta prohíbe a las empresas eléctricas interconectar o abastecer a un gran centro de datos si antes no existe un pago inicial o un contrato de 15 años que cubra esos costos. Desde 2031, tampoco podrían suministrarle energía si no verifican su cumplimiento con el requisito de emparejamiento horario.

Además, la utility tendría que asegurarse de que la incorporación del nuevo centro de datos no afecte negativamente la confiabilidad del servicio para clientes existentes, no comprometa metas de energía limpia y no incremente sus emisiones de gases de efecto invernadero durante los 15 años posteriores, frente a la proyección sin ese nuevo usuario.

Agua, generación de respaldo y transparencia pública

El SB26-102 va más allá del tema eléctrico. El proyecto obliga a los operadores a optimizar la gestión operativa del agua mediante tecnologías eficientes, según lo determine el gobierno local con jurisdicción sobre la instalación.

En materia de respaldo energético, el texto establece que la energía de emergencia en sitio debe maximizar el uso de renovables y almacenamiento, en la medida en que sea técnica y económicamente viable. El uso de generadores de combustión solo sería aceptable luego de evaluar alternativas no basadas en combustión al máximo grado practicable.

Si se utilizan generadores de combustión, el proyecto impone límites severos. Solo podrían emplearse en emergencias y para pruebas o mantenimiento, con un máximo total de 50 horas al año para estas últimas actividades. También quedarían prohibidos para peak shaving rutinario, despacho económico, mercados de capacidad, servicios auxiliares o soporte no emergente a la red.

La propuesta añade requisitos concretos para motores a diésel y a gas. En el caso del fuel oil, exige como mínimo los estándares Tier 4 Final de la EPA, uso de diésel ultra bajo en azufre y tecnologías avanzadas de control de emisiones. Para generadores a gas, exige cumplimiento de estándares federales aplicables y prácticas de detección y reparación de fugas de metano.

En paralelo, los operadores deberían presentar informes anuales al departamento de salud pública y ambiente a más tardar cada 30 de junio, comenzando en 2028. La información incluiría consumo total de electricidad, carga máxima, desglose del suministro por fuente, datos horarios de consumo y energía renovable para las 8.760 horas del año, capacidad instalada de recursos en sitio, horas de uso de generadores de respaldo, consumo de agua, fuentes de agua, efectividad energética y uso de incentivos o subsidios recibidos.

El departamento tendría luego la obligación de compilar esos datos, entregar un reporte anual a la asamblea general y a la comisión, y publicarlo en su sitio web. La idea es dar visibilidad a un tipo de infraestructura cuya huella energética e hídrica se ha vuelto cada vez más relevante en la economía digital.

Comunidades impactadas, gobiernos locales y estándares laborales

Otro punto central del proyecto del Senado es el tratamiento de comunidades desproporcionadamente impactadas. Si un gran centro de datos se propone en una de esas zonas, o si un centro existente en una de ellas planea expandirse hasta entrar en la categoría de gran carga, el desarrollador u operador tendría que someterse a un análisis de impactos acumulativos antes de avanzar.

Ese análisis sería realizado por un tercero seleccionado por el departamento de salud pública y ambiente, aunque el costo recaería totalmente sobre el desarrollador u operador. Luego, el gobierno local tendría que considerar los resultados del análisis, las estrategias de mitigación y emitir un resumen en lenguaje claro de su determinación al revisar el permiso de desarrollo.

El proyecto también exige audiencias públicas, períodos de comentarios, avisos previos y materiales de divulgación traducidos a los dos idiomas más hablados en la comunidad afectada. Además, antes del desarrollo o expansión, el promotor tendría que firmar un acuerdo de beneficios comunitarios legalmente vinculante y de divulgación pública.

Durante esa negociación, la propuesta ordena consultar al gobierno local y a una coalición de al menos tres organizaciones comunitarias dentro de un radio de dos millas. Entre los temas a discutir figuran contratación prioritaria, reparto de ingresos, fondos comunitarios, evaluaciones de impacto en equidad, protecciones para arrendatarios y pequeñas empresas, y paneles públicos de divulgación.

En el plano laboral, la iniciativa exige salarios prevalecientes para empleados a tiempo completo, participación en programas de aprendizaje registrados, cursos de seguridad OSHA 10 o equivalentes, cumplimiento de planes de seguridad ocupacional y ausencia de un patrón documentado de robo salarial o clasificación errónea de empleados.

También ordena al departamento de asuntos locales publicar, a más tardar el 30 de junio de 2027, códigos modelo para el desarrollo de estos centros. Esos códigos deberán contemplar mejores prácticas sobre zonificación, ruido, luz, calidad del aire, gestión hídrica, beneficios comunitarios y reporte de generación fósil en sitio. El mismo texto aclara que los gobiernos locales no podrán tratarlos como un uso permitido por derecho.

La propuesta para atraer inversión con exenciones fiscales

Frente a ese enfoque regulatorio, el proyecto HB26-1030 plantea un camino más orientado al desarrollo económico. La iniciativa crea la “Colorado data center workforce, clean energy, grid modernization, and consumer and environmental protection act” y establece un programa de desarrollo e incentivos administrado por una nueva autoridad dentro de la oficina estatal de desarrollo económico.

Esa autoridad tendría nueve miembros, incluidos dos designados por el gobernador con consentimiento del Senado, el director de la Colorado Energy Office o su delegado, un experto en agua, un experto en energía limpia y renovable, dos miembros con experiencia en desarrollo de centros de datos, un representante de trabajadores de oficios de construcción y un representante de contratistas del sector.

El incentivo principal sería una exención del 100% del impuesto estatal sobre ventas y uso para compras calificadas destinadas a un centro de datos certificado. Entre esas compras se incluyen equipos de TI, software, servidores, routers, sistemas de monitoreo y seguridad, almacenamiento de datos, infraestructura de red, sistemas de control ambiental, almacenamiento energético en sitio y sistemas renovables o limpios en sitio.

La exención aplicaría durante 20 años desde la fecha de certificación, siempre que se cumplan las obligaciones posteriores. El operador también podría solicitar una extensión de 10 años adicionales si demuestra inversiones extra por al menos USD $5.000.000 sobre el mínimo exigido, la creación de al menos 10 empleos nuevos adicionales y el mantenimiento del cumplimiento ambiental.

El programa comenzaría a aplicar a compras realizadas desde el 1 de enero de 2027. La autoridad tendría la capacidad de revocar la certificación si el operador incumple y, en ese caso, el beneficiario tendría que devolver al estado el monto completo del beneficio tributario recibido sobre compras calificadas.

El proyecto especifica además que esta exención no se extendería automáticamente a impuestos locales sobre ventas y uso. Para aplicarse a nivel municipal o condal, tendría que ser incorporada expresamente por ordenanza o resolución local al momento de adoptarla o modificarla.

Condiciones para obtener la certificación y rol de las utilities

Para acceder al incentivo, el operador, solo o junto con sus inquilinos participantes, tendría que comprometer una inversión mínima de USD $250.000.000 en compras calificadas dentro de 60 meses desde la certificación. También tendría que crear y mantener empleos equivalentes a tiempo completo, incluidos puestos de mantenimiento y servicio de largo plazo, con una compensación promedio de al menos el 110% del salario promedio del condado donde se ubique el centro.

El texto exige además iniciar consultas preliminares con la utility eléctrica que atenderá el proyecto antes de presentar la solicitud. Esa consulta debe cubrir factibilidad de interconexión, capacidad e infraestructura requerida, y todos los costos de planificación asociados correrían por cuenta del operador.

La certificación también requeriría medidas de administración del agua basadas en sistemas de enfriamiento de circuito cerrado o en tecnologías de enfriamiento sin uso de agua, con posibilidad de desplegar tecnologías adicionales de eficiencia hídrica. A esto se suma la obligación de obtener certificación bajo estándares como LEED Gold para centros de datos, Energy Star, Green Globes, ISO 50001, ISO 14001 u otros equivalentes aprobados por la autoridad.

En respaldo energético, el proyecto acepta varias rutas de cumplimiento. Entre ellas figuran generadores diésel que cumplan Tier 4 Final o Tier 2 con sistemas de postratamiento equivalentes, baterías, combustibles como aceite vegetal hidrotratado, biodiésel al 100%, celdas de combustible, hidrógeno, gas natural, amoníaco u otras tecnologías limpias o de bajas emisiones aprobadas por la autoridad.

También exige romper tierra dentro de los 24 meses posteriores a la certificación, cumplir requisitos de trabajo especializado y aprendizaje cuando el proyecto encaje en la definición legal correspondiente, pagar salario prevaleciente como si se tratara de una obra pública y presentar planes de seguridad laboral para la construcción.

Una vez recibida la solicitud completa, la autoridad tendría 30 días para determinar si está completa y 90 días para revisarla. En paralelo, la utility eléctrica tendría 60 días para entregar una evaluación de factibilidad y demostrar, mediante varias opciones, que el proyecto no causará impactos de costos irrazonables a otros usuarios. Entre esas opciones está presentar una solicitud de adquisición dirigida de recursos ante la comisión de servicios públicos.

Ese nuevo mecanismo, incorporado al título 40 como sección 40-2-140, permitiría a utilities reguladas proponer recursos e infraestructura específicos para atender clientes emergentes de gran carga, definidos como aquellos con necesidades proyectadas de al menos 100 megavatios, individualmente o en conjunto. La propuesta establece compromisos de demanda mínima, duración contractual, tarifas de salida, securitización crediticia y control del sitio.

Además, para solicitudes presentadas hasta el 31 de diciembre de 2039, los portafolios independientes de recursos deberían apuntar a una relación de 3 a 1 entre recursos no emisores y emisores sobre base de capacidad nominal. Desde el 1 de enero de 2040, todos los recursos propuestos tendrían que ser renovables y limpios.

El proyecto de la Cámara también ordena que al menos el 30% de los recursos e infraestructura propuestos apoyen programas orientados al consumidor en sistemas solares, almacenamiento en baterías y tecnologías de reducción de carga. A la vez, permite que ciertas inversiones se recuperen mediante cláusulas de ajuste antes de pasar a base tarifaria en futuros casos de tarifas.

En conjunto, ambas propuestas retratan el dilema de Colorado ante una industria que gana peso por el auge de la IA, la computación en la nube y los servicios digitales. Según los textos introducidos ante la legislatura estatal, el debate ya no gira solo en torno a atraer centros de datos, sino a definir quién paga su costo real, cómo se integran a la red, cuánta agua consumen y qué beneficios dejan a las comunidades donde se instalan.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


ADVERTENCIA: DiarioBitcoin ofrece contenido informativo y educativo sobre diversos temas, incluyendo criptomonedas, IA, tecnología y regulaciones. No brindamos asesoramiento financiero. Las inversiones en criptoactivos son de alto riesgo y pueden no ser adecuadas para todos. Investigue, consulte a un experto y verifique la legislación aplicable antes de invertir. Podría perder todo su capital.

Suscríbete a nuestro boletín

Artículos Relacionados