Por Canuto  

Coinbase vuelve al centro de la controversia en Estados Unidos tras una nueva demanda derivada que acusa a altos ejecutivos de engañar a clientes y aprovechar información confidencial para vender acciones, todo mientras Brian Armstrong se reúne en privado con Donald Trump para defender una agenda favorable a las criptomonedas y a las stablecoins.
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  • Un accionista demandó a Coinbase, Brian Armstrong y otros directivos por presuntas declaraciones falsas entre 2021 y 2023.
  • La querella retoma temas sensibles como la custodia de fondos, el listado de tokens, fallas AML y ventas de acciones con información privilegiada.
  • El caso coincide con una reunión privada entre Armstrong y Trump en medio de la disputa por la regulación de las stablecoins en EE. UU.

 

Coinbase enfrenta una nueva demanda en Estados Unidos en un momento especialmente delicado para la empresa. Un accionista acusó a la compañía y a varios de sus principales ejecutivos de haber engañado a clientes e inversionistas, mientras crecen las tensiones regulatorias y políticas alrededor del negocio cripto en el país.

La demanda llega además cuando el CEO de Coinbase, Brian Armstrong, sostuvo una reunión privada con Donald Trump para promover políticas favorables al sector. Ese cruce entre litigio corporativo y lobby regulatorio vuelve a poner a la plataforma en el centro de un debate que abarca custodia de activos, cumplimiento antilavado, valores no registrados y stablecoins, detalla Cryptopolitan.

El caso fue presentado el martes ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Nueva Jersey por el accionista Kevin Meehan. La acción nombra como demandados a Armstrong, al cofundador Fred Ehrsam, así como a otros directores y altos ejecutivos de Coinbase.

Como se trata de una demanda derivada, el reclamante actúa en nombre de la empresa y no en beneficio directo de accionistas individuales. Eso significa que cualquier monto recuperado iría a Coinbase, no a los inversionistas de forma particular.

La base de la demanda contra Coinbase

Según la acusación, entre abril de 2021 y junio de 2023 los ejecutivos habrían realizado declaraciones falsas y violado deberes fiduciarios. El expediente se enfoca en cómo la empresa describió ciertos aspectos clave de su negocio, especialmente los relacionados con la protección de los fondos de clientes y el cumplimiento regulatorio.

Uno de los puntos centrales gira en torno al tratamiento de los activos mantenidos en billeteras alojadas por Coinbase. El Acuerdo de Usuario Minorista de la empresa señalaba que esos fondos eran “activos de custodia mantenidos por Coinbase para su beneficio”.

Sin embargo, la demanda sostiene que la compañía no explicó a sus clientes que esos mismos activos podrían terminar formando parte del patrimonio en quiebra de la empresa en caso de insolvencia. Bajo ese escenario, los usuarios minoristas quedarían como acreedores no asegurados generales, con protección limitada frente a otros reclamos.

Ese asunto toca una preocupación amplia dentro del ecosistema cripto. Tras varias quiebras en la industria durante los últimos años, la diferencia entre activos realmente segregados y activos potencialmente alcanzables en procesos concursales se volvió un tema central para usuarios, reguladores e inversionistas.

Custodia, tokens y acusaciones sobre valores

La demanda también cuestiona cómo Coinbase describió su proceso de selección de tokens. De acuerdo con el texto citado en la querella, la empresa sostenía que “mantiene los valores fuera de la plataforma de Coinbase”.

No obstante, el demandante vincula esa afirmación con la acción de cumplimiento que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) inició en junio de 2023. En ese procedimiento, la agencia acusó a Coinbase de operar un exchange de valores no registrado y de listar tokens no registrados, entre ellos Cardano y Solana.

Ese caso terminó siendo desestimado en 2025, después de un cambio de dirección bajo un nuevo liderazgo en el regulador. Aun así, la nueva demanda usa ese antecedente para argumentar que existió una contradicción entre el discurso corporativo y el escrutinio oficial recibido por la empresa.

Para el mercado, el asunto sigue siendo relevante porque refleja una de las disputas más importantes de la industria en Estados Unidos. Durante años, empresas y reguladores han chocado sobre qué activos digitales deben considerarse valores y qué obligaciones legales surgen de esa clasificación.

Fallas AML y otros antecedentes recientes

El frente de cumplimiento también ocupa un lugar destacado en la acusación. Los demandantes recordaron el acuerdo alcanzado en enero de 2023 entre Coinbase y el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (NYDFS).

En ese momento, los reguladores concluyeron que existían “fallos amplios y duraderos” en los controles contra el lavado de dinero de la compañía. Como resultado, Coinbase aceptó una multa por USD $50.000.000 y además se comprometió a invertir otros USD $50.000.000 para corregir las deficiencias detectadas.

La presión legal no terminó allí. En mayo de 2025, Coinbase y dos ejecutivos afrontaron otra demanda colectiva propuesta por un inversionista que afirmaba que el precio de la acción cayó luego de revelarse una violación de datos de usuarios y el ocultamiento de una infracción a un acuerdo con la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido.

Estos antecedentes muestran que la empresa ha debido responder en varios frentes a la vez. Por un lado, intenta consolidarse como actor clave de la infraestructura cripto en EE. UU. Por el otro, sigue expuesta a litigios que cuestionan la calidad de sus controles internos y de sus divulgaciones al mercado.

Ventas de acciones y uso de información confidencial

La nueva querella también incluye acusaciones ligadas a la cotización directa de Coinbase en 2021. Según el reclamo, ciertos funcionarios vendieron acciones de la empresa mientras poseían información confidencial.

Ese señalamiento se parece a otro caso separado en Delaware. En ese expediente, un tribunal permitió en enero que avanzaran alegaciones contra Brian Armstrong y el miembro de la junta Marc Andreessen por supuestamente usar información privilegiada para vender acciones cerca de la salida al mercado.

En esa causa, ambos fueron acusados de haber evitado pérdidas cercanas a USD $1.000.000.000. La nueva demanda retoma ese tipo de conducta como parte de un patrón presuntamente dañino para la empresa y para su reputación frente a inversionistas.

Entre las medidas solicitadas figuran daños vinculados con multas regulatorias, costos legales y perjuicios reputacionales. Además, se reclama el reembolso de compensaciones y de ganancias obtenidas por la venta de acciones por parte de ciertos ejecutivos.

La reunión de Armstrong con Trump y la batalla por las stablecoins

La coincidencia temporal entre la demanda y la actividad política de Armstrong añade otra capa de interés al caso. Según informó Cryptopolitan, el CEO de Coinbase se reunió en privado con Donald Trump en la Casa Blanca para impulsar políticas procripto.

Poco después de ese encuentro, Trump publicó en Truth Social que los bancos “necesitan llegar a un buen acuerdo con la industria de las criptomonedas”. También acusó al sector bancario de amenazar la Ley GENIUS, descrita como la primera ley federal que fija reglas para emisores de stablecoins.

En el centro del debate está la posibilidad de que los exchanges de criptomonedas paguen rendimientos porcentuales anuales sobre stablecoins. Los bancos sostienen que permitir esos pagos trasladaría depósitos fuera del sistema tradicional y debilitaría la actividad de préstamo.

Coinbase y otras empresas del sector argumentan lo contrario. A su juicio, las restricciones propuestas reducirían la competencia e impedirían que los usuarios obtengan mayores beneficios con instrumentos digitales vinculados al dólar.

Las publicaciones de Trump se parecieron a declaraciones públicas previas de Armstrong, incluida la frase de que “Los estadounidenses deberían ganar más dinero con su dinero”. Desde el lado bancario, el CEO de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, respondió que los programas de rendimiento sobre stablecoins deberían sujetarse a reglas similares a las que cumplen los bancos.

Ni Coinbase ni la Casa Blanca emitieron comentarios sobre la reunión privada. Esa falta de respuesta deja abiertas preguntas sobre el contenido exacto del encuentro, aunque el contexto sugiere que las stablecoins y el diseño de la futura regulación ocuparon un lugar importante en la conversación.

En conjunto, la situación refleja el momento complejo que vive Coinbase. La empresa sigue siendo una de las plataformas más influyentes del sector, pero avanza bajo una combinación de presión legal, vigilancia regulatoria y disputas políticas sobre el futuro de las finanzas digitales en Estados Unidos.

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Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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