Por Canuto  

La Casa Blanca quiere que el Congreso apruebe la Clarity Act antes del 4 de julio, en una señal de urgencia para definir el marco legal del mercado cripto en Estados Unidos. El plan incluye un paso inminente por el Senado, un acuerdo ya cerrado sobre el rendimiento de las stablecoins y negociaciones finales sobre conflictos de interés.
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  • Patrick Witt dijo que la administración apunta al 4 de julio para la aprobación de la Clarity Act.
  • La Casa Blanca da por cerrado el compromiso sobre rendimiento de stablecoins entre Thom Tillis y Angela Alsobrooks.
  • Washington también negocia una cláusula de conflicto de intereses que se aplique de forma general y no a un funcionario específico.

 

La Casa Blanca quiere que el Congreso de Estados Unidos apruebe la Digital Asset Market Clarity Act antes del 4 de julio, según declaró Patrick Witt, director ejecutivo del Consejo de Asesores del Presidente para Activos Digitales. La meta adelanta el calendario que varios observadores habían estimado para una de las piezas legislativas más importantes para la industria cripto en Washington.

Witt hizo el planteamiento durante la conferencia Consensus Miami 2026. Allí afirmó que el gobierno considera alcanzable ese cronograma, aunque reconoció que el margen es estrecho. Su comentario refuerza la idea de que la administración busca convertir la estructura regulatoria del mercado de activos digitales en una prioridad legislativa inmediata.

Para el ecosistema cripto, la Clarity Act es relevante porque apunta a definir con mayor precisión qué reglas deben regir a los distintos actores del mercado. Esa discusión ha sido central en Estados Unidos durante años, en medio de disputas sobre competencias regulatorias, clasificación de activos y condiciones para la innovación financiera.

De acuerdo con lo expuesto por Witt, el plan consiste en una revisión del Comité Bancario del Senado durante este mes, seguida por cuatro semanas laborables del Senado en junio para intentar la aprobación en el pleno. Ese recorrido dejaría tiempo para una votación en la Cámara de Representantes antes de la fecha límite del Día de la Independencia.

El funcionario dijo que “apuntamos al 4 de julio” y agregó que sería “un tremendo regalo de cumpleaños para Estados Unidos”, en alusión al 250.º aniversario del país. También admitió que “no queda mucha holgura en la cuerda en este momento”, aunque insistió en que se trata de “un cronograma alcanzable”.

Ese cálculo es más ambicioso que la previsión compartida el mismo día por la senadora Kirsten Gillibrand. La demócrata por Nueva York había señalado que la Clarity Act probablemente llegaría al escritorio del presidente hacia la primera semana de agosto, lo que sugiere que dentro de Washington aún existen visiones distintas sobre la velocidad real del proceso.

Acuerdo sobre stablecoins gana peso en la negociación

Uno de los avances que, según la Casa Blanca, despejó el camino para la revisión legislativa fue el compromiso publicado a inicios de mayo por el senador Thom Tillis, republicano por Carolina del Norte, y la senadora Angela Alsobrooks, demócrata por Maryland. El entendimiento se centra en las disposiciones sobre rendimiento de stablecoins incluidas en el proyecto.

El texto de compromiso prohíbe un rendimiento equivalente al de los depósitos bancarios en las stablecoins. Sin embargo, deja margen para recompensas vinculadas al gasto. Esa distinción busca separar el uso de estos activos digitales como instrumento de pagos y recompensas comerciales de productos que puedan parecerse más a cuentas bancarias tradicionales.

Witt explicó que la Casa Blanca reunió a bancos y firmas cripto para trabajar el lenguaje inicial de esa disposición. Luego, ese texto fue entregado a los senadores, quienes desarrollaron su propio proceso y terminaron con una redacción que, según el asesor, dejó a ambos sectores igualmente incómodos.

“El sector cripto está descontento, los bancos están descontentos, pero ambos están más o menos igual de descontentos”, dijo Witt. Añadió que esa reacción era una señal de que se había llegado al compromiso correcto. A su juicio, la cuestión del rendimiento de las stablecoins ya “está cerrada”.

El episodio ilustra una tensión de fondo en la política de activos digitales en Estados Unidos. Los bancos buscan evitar que las stablecoins compitan con productos que consideran cercanos a los depósitos, mientras que las empresas cripto presionan para mantener suficientes incentivos de adopción y utilidad dentro de sus redes.

En ese contexto, el acuerdo entre Tillis y Alsobrooks adquiere valor político porque muestra cooperación bipartidista en un tema sensible. También sugiere que la negociación de la Clarity Act puede avanzar más rápido si los puntos técnicamente complejos ya tienen un equilibrio aceptable para los sectores enfrentados.

Conflicto de intereses sigue en discusión

Otro frente de negociación es la disposición sobre conflicto de intereses, una de las áreas que ha dividido a demócratas y a la administración. La discusión surgió en respuesta a quienes plantearon la necesidad de reglas más estrictas a raíz de los intereses cripto del presidente Donald Trump.

Witt dijo que la posición de la Casa Blanca es respaldar normas que se apliquen “de manera general”. En sus palabras, esas reglas deberían cubrir “desde el presidente hasta el becario recién llegado en Capitol Hill”, pero sin señalar a una oficina o funcionario en particular.

El funcionario fue enfático en rechazar disposiciones diseñadas para apuntar a individuos concretos. “No vamos a permitir que se apunte a la familia de nadie, ni a ningún político en particular”, afirmó. Aun así, se mostró optimista y sostuvo que ve posible cerrar también ese aspecto de la negociación.

La forma en que se resuelva este punto puede ser decisiva para el respaldo final del proyecto. Las cláusulas de ética pública suelen convertirse en un campo de batalla político cuando una ley toca sectores donde funcionarios electos o sus allegados tienen intereses económicos visibles.

Más allá del caso puntual, el debate revela una tensión habitual en la regulación financiera. Por un lado, están quienes exigen barreras estrictas para prevenir capturas regulatorias o ventajas personales. Por el otro, aparecen quienes advierten contra el uso de la legislación para castigar selectivamente a adversarios políticos.

Para la industria, esta discusión también importa porque puede definir qué tan estable y predecible será el entorno normativo. Un marco percibido como general y coherente suele dar más certeza jurídica que uno creado en medio de disputas dirigidas a actores específicos.

La urgencia geopolítica detrás del calendario

Witt también explicó por qué la administración considera urgente aprobar la Clarity Act dentro de 2026. A su juicio, si Estados Unidos no fija el estándar ni escribe las reglas del mercado de activos digitales, terminará siguiendo las normas impuestas por otras jurisdicciones.

En su intervención, advirtió que el peor escenario sería que China termine escribiendo esas reglas. El comentario conecta la política cripto con una lectura más amplia sobre competencia tecnológica y financiera entre potencias, un argumento que ha ganado espacio en Washington en distintos frentes, desde semiconductores hasta inteligencia artificial.

El asesor sostuvo además que el liderazgo de Estados Unidos en los mercados globales de capital es una de las bases que “sustentan la hegemonía estadounidense”. Bajo esa lógica, la regulación de criptoactivos no solo se ve como un asunto sectorial, sino también como una pieza de estrategia económica nacional.

Ese enfoque ayuda a entender por qué la discusión ya no gira solo en torno a protección al consumidor o supervisión de emisores. También entra en juego la capacidad del país para definir estándares internacionales en una industria que cruza pagos, infraestructura digital, finanzas descentralizadas y emisión de activos tokenizados.

La referencia geopolítica tiene implicaciones prácticas. Si el Congreso logra aprobar una ley con apoyo suficiente, Estados Unidos podría influir con más fuerza en cómo otros mercados abordan la supervisión de exchanges, stablecoins y plataformas de negociación de activos digitales.

Si, por el contrario, la legislación vuelve a retrasarse, otras jurisdicciones podrían consolidar modelos regulatorios que luego sirvan como referencia internacional. Ese riesgo es precisamente el que Witt intenta subrayar cuando plantea la discusión en términos de liderazgo o seguimiento.

La GENIUS Act y el desafío de reglamentar

Durante su participación, Witt también habló sobre la Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins, conocida como GENIUS Act. Se trata de la ley sobre emisores de stablecoins aprobada el año pasado, cuya reglamentación por parte del Departamento del Tesoro, la Oficina del Contralor de la Moneda, la Corporación Federal de Seguro de Depósitos y otras agencias se acerca a un plazo de julio de un año.

El funcionario recordó que la implementación regulatoria de este tipo de leyes no es automática. Señaló que se trata de temas complejos, que requieren seguir la Ley de Procedimientos Administrativos, abrir procesos de comentarios y revisar una gran cantidad de observaciones presentadas por los interesados.

“Estos son temas complicados. Requieren seguir la Ley de Procedimientos Administrativos, solicitar comentarios. Y recibimos una avalancha de comentarios”, dijo Witt. Sus palabras reflejan la presión que enfrentan las agencias federales para traducir principios legislativos en reglas operativas y técnicamente viables.

La mención a la GENIUS Act es importante porque muestra que, incluso si el Congreso avanza con nuevas leyes, el verdadero efecto sobre el mercado dependerá luego de cómo se redacten y apliquen las reglas secundarias. En el ámbito financiero, la reglamentación suele definir tanto como la ley misma.

Witt describió esa ley como un ejemplo de “la frontera eficiente de la regulación”. Según dijo, la meta es alcanzar una supervisión lo bastante justa para permitir que una industria florezca, pero sin imponer una carga regulatoria tan pesada que vuelva irrelevante la innovación.

Según informó CoinDesk, el mensaje general de la Casa Blanca en Miami fue que existe una ventana política concreta para sacar adelante la Clarity Act, ahora reforzada por un acuerdo sobre stablecoins y por avances en la discusión ética. El desafío, sin embargo, sigue siendo el tiempo. Con un calendario legislativo apretado y varias negociaciones aún abiertas, el objetivo del 4 de julio luce posible, pero exigente.

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Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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