Por Canuto  

La Proposición 45 reduciría plazos y cambiaría aspectos de la revisión ambiental en California. Sus críticos temen que la categoría de acceso a internet de banda ancha permita a desarrolladores de centros de datos acogerse a un proceso acelerado y limite la intervención de las comunidades.
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  • La propuesta fijaría 365 días para completar informes ambientales y 270 días para resolver impugnaciones judiciales.
  • Abogados ambientalistas advierten que la categoría de banda ancha podría abarcar centros de datos, aunque sus defensores rechazan esa interpretación.
  • La medida también limitaría los comentarios públicos a 45 días y reduciría las facultades de los tribunales para detener proyectos.

La medida que busca acelerar proyectos de vivienda, energía limpia y otras obras en California también abrió una disputa sobre el alcance de sus reglas. Abogados ambientalistas advierten que la Proposición 45 podría permitir a desarrolladores de centros de datos acceder a una revisión más rápida y reducir las oportunidades de participación pública, aunque los partidarios de la iniciativa niegan que esos complejos queden incluidos.

La propuesta modificaría varios procedimientos de la Ley de Calidad Ambiental de California, conocida como CEQA, que exige a las agencias evaluar posibles efectos sobre el ambiente y la salud pública antes de aprobar proyectos. El reportaje de The Verge recoge tanto las preocupaciones de sus detractores como el argumento de quienes sostienen que la medida no está diseñada para beneficiar a los centros de datos. Por su parte, CalMatters advirtió que la Proposición 45 podría tener consecuencias no previstas para la industria de centros de datos; esto no determina por sí solo si esos proyectos calificarían para el proceso acelerado.

Qué cambiaría la Proposición 45

La CEQA establece un proceso para que las agencias estatales revisen los impactos de un proyecto, consideren alternativas y trabajen con sus promotores para reducir daños ambientales y sanitarios. También contempla la participación de la comunidad antes de que una autoridad emita su aprobación, por lo que modificar sus plazos y procedimientos puede afectar tanto la evaluación técnica como la oportunidad de que los residentes planteen objeciones.

La Proposición 45 establecería un máximo de 365 días para completar el informe de impacto ambiental de los proyectos elegibles y exigiría que las impugnaciones legales se resuelvan en 270 días. Además, limitaría a 45 días el periodo de comentarios públicos, mientras que la normativa actual establece un mínimo de tiempo para la revisión pública, no un máximo. El cambio, por tanto, acotaría el calendario disponible para analizar los proyectos y presentar observaciones.

La propuesta también modificaría quién debe plantear alternativas para mitigar los impactos. En lugar de que las agencias desarrollen opciones durante la revisión, los promotores tendrían que presentar un único plan alternativo para que los reguladores lo consideren. La iniciativa, además, impediría que las agencias soliciten repetidamente información adicional durante el trámite: deberían especificar al inicio qué materiales necesita la autoridad para evaluar la solicitud.

Otro cambio afectaría las consultas con pueblos indígenas y las medidas judiciales. La iniciativa requeriría consultar a tribus reconocidas formalmente por el gobierno federal, mientras que la CEQA vigente también exige consulta con tribus que puedan verse afectadas aunque no tengan ese reconocimiento federal. Y si un tribunal concluyera que una agencia incumplió la ley, podría detener partes problemáticas del proyecto, pero no ordenar que toda la obra se paralice.

La disputa sobre los centros de datos

La iniciativa enumera nueve categorías de proyectos considerados esenciales que podrían acogerse a la revisión simplificada, entre ellas vivienda, energía limpia y acceso a internet de banda ancha. El punto controvertido es la amplitud de esta última categoría: abogados ambientalistas y algunos especialistas legales sostienen que podría permitir que ciertos centros de datos reclamen su inclusión, especialmente si incorporan infraestructura de transmisión de banda ancha.

El texto define los servicios de banda ancha como aquellos que ofrecen conexión masiva por cable, inalámbrica o radio a clientes en California y permiten transmitir y recibir datos desde todos o prácticamente todos los puntos finales de internet. También incluye capacidades incidentales que habiliten la operación del servicio de comunicaciones. Para quienes ven un riesgo de excepción, esa formulación podría dar pie a disputas sobre proyectos que combinan instalaciones de cómputo con infraestructura de conectividad.

Fernando Gaytan, abogado sénior de Earthjustice, organización que se opone a la medida, teme que los desarrolladores intenten encajar sus proyectos en la definición de acceso a internet de banda ancha para aprovechar el procedimiento acelerado. A su juicio, el resultado podría dejar a las comunidades fuera de conversaciones sobre obras que transformen su entorno. Su advertencia es una interpretación crítica de la propuesta, no una decisión jurídica que determine de antemano cómo se aplicaría.

El profesor emérito de la Facultad de Derecho de UC Davis Richard Frank y el abogado Matthew McKerley plantearon una preocupación similar en una columna del Daily Journal: un centro de datos que incluya infraestructura de transmisión podría tratar de acogerse a esa categoría. También señalaron que empresas que desarrollan centros de datos han aportado cientos de miles de dólares a una campaña en apoyo de la iniciativa. La información sobre esos aportes alimenta el debate político, pero por sí sola no demuestra que la propuesta garantice un trato preferencial a esos proyectos.

Argumentos a favor y cuestionamientos

Los partidarios presentan la Proposición 45 como una forma de acelerar proyectos considerados esenciales y de responder a necesidades como la vivienda y la creciente demanda de electricidad mediante nuevas obras de energía renovable. Desde esa perspectiva, acortar trámites evitaría que iniciativas importantes acumulen demoras y costos. La controversia consiste en determinar si el calendario más breve puede convivir con una revisión suficientemente rigurosa y con oportunidades significativas para las comunidades afectadas.

El abogado y cabildero Kurt Oneto sostuvo en The National Law Review que el hecho de que los centros de datos apoyen el funcionamiento de internet no los convierte automáticamente en proyectos esenciales de acceso a banda ancha bajo la medida. Esa postura contradice la lectura de los críticos, que se apoyan en el lenguaje amplio de la definición. La campaña a favor de la Proposición 45 no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios citada en el reportaje.

La iniciativa tiene el respaldo del capítulo de California y Hawái de la NAACP, una organización que también ha expresado oposición a desarrollos de centros de datos en otros lugares. La NAACP presentó una demanda contra xAI por la contaminación del aire de las turbinas de gas en su instalación Colossus 2, y el capítulo de Texas pidió una moratoria estatal sobre el desarrollo de esos complejos. Esos antecedentes muestran que el apoyo del capítulo californiano a la propuesta no equivale a un respaldo general a los centros de datos.

Rick Callender, presidente de la Conferencia Estatal de la NAACP California/Hawái, afirmó en un comunicado del 9 de septiembre que las familias trabajadoras y las comunidades de color soportan costos cuando proyectos esenciales se retrasan y se encarecen. Según Callender, la Proposición 45 busca establecer un proceso más eficiente sin abandonar la responsabilidad, los derechos civiles ni las protecciones ambientales. La postura ofrece un contrapunto a las advertencias de Earthjustice, aunque ambas partes presentan interpretaciones distintas sobre cómo equilibrar rapidez y control público.

El alcance de la revisión y la participación comunitaria

Para Gaytan, la limitación de las órdenes judiciales podría ser la consecuencia más difícil de revertir. Si un juez solo puede suspender partes específicas de una obra, y no detenerla en su conjunto, los trabajos podrían avanzar mientras persisten daños que luego sean complejos de reparar. El abogado advierte que el impacto puede materializarse antes de que una disputa sobre el cumplimiento de la CEQA llegue a una solución definitiva.

La cuestión no se limita a cuánto tarda una agencia en emitir un informe. La posibilidad de pedir información adicional, comparar alternativas y recibir observaciones de residentes forma parte de la revisión que establece la CEQA. Al concentrar los requisitos de información al inicio y reducir el periodo de comentarios, la propuesta cambiaría la forma en que promotores, reguladores y comunidades interactúan durante el proceso.

La consulta con tribus también es un punto concreto de diferencia entre el sistema actual y el texto propuesto. La CEQA contempla a pueblos que puedan resultar afectados aunque no cuenten con el reconocimiento federal formal descrito en la iniciativa. Si la medida restringiera la consulta exigida a ese grupo reconocido, sus críticos sostienen que algunas comunidades tribales quedarían fuera de un procedimiento que puede ser relevante para evaluar los efectos de un proyecto.

En su conclusión, Gaytan describió el debate como una cuestión de participación pública y democracia, y defendió que los vecinos puedan exigir transparencia sobre lo que se construye cerca de ellos. Esa preocupación se cruza con el propósito declarado de acelerar viviendas, energía limpia, agua, instalaciones de salud y transporte, además de los proyectos vinculados con internet. El punto pendiente es cómo se interpretará la categoría de banda ancha y qué garantías conservarán las comunidades si la Proposición 45 se convierte en ley.


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