Por Canuto  

California aceptó un acuerdo federal de hasta USD $1.860 millones para ampliar el acceso a internet, pero se reservó el derecho de impugnar la condición que limitaría la aplicación de sus leyes de neutralidad de red y otras normas de telecomunicaciones. La disputa podría retrasar subvenciones y abrir un nuevo frente legal entre el estado, la NTIA y los proveedores.
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  • California prevé destinar USD $1.420 millones a llevar banda ancha a 270.571 ubicaciones, dentro del programa federal BEAD, dotado con USD $42.000 millones.
  • La CPUC sostiene que aceptar los fondos no significa renunciar a las protecciones estatales y no entregará subvenciones a proveedores mientras no resuelva sus diferencias con la NTIA.
  • La condición federal podría eximir a algunos proveedores de reglas estatales por hasta 14 años; especialistas y grupos de consumidores cuestionan su legalidad.

California acepta fondos, pero reserva su posición legal

California firmó el acuerdo final para recibir fondos federales destinados a ampliar la banda ancha, pero dejó claro que no acepta sin reservas las condiciones impuestas por Washington. La Comisión de Servicios Públicos de California (CPUC) comunicó a la Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información (NTIA) que su adhesión no implica renunciar al derecho de aplicar las leyes estatales sobre internet y telecomunicaciones.

El estado prevé invertir USD $1.420 millones para desplegar conexiones en 270.571 ubicaciones que carecen de servicio adecuado. El programa federal de Equidad, Acceso y Despliegue de Banda Ancha (BEAD), creado con una asignación de USD $42.000 millones, podría conceder a California hasta USD $1.860 millones para proyectos de despliegue y otras iniciativas.

El conflicto se centra en una cláusula que la NTIA incorporó a las condiciones del programa y que exige a los estados comprometerse a no hacer cumplir determinadas regulaciones contra los proveedores que reciban fondos. California sostiene que esa exigencia excede la autoridad federal y podría vulnerar los derechos constitucionales del estado, mientras intenta conservar el dinero para conectar comunidades desatendidas.

En una carta dirigida a Arielle Roth, subsecretaria de Comercio y administradora de la NTIA, el presidente de la CPUC, John Reynolds, afirmó que la comisión no puede quedar vinculada por términos inconstitucionales o no autorizados por la ley. Añadió que la agencia no renuncia a argumentos ni impugnaciones sobre la legalidad y el alcance de las condiciones, y que tampoco puede impedir que otras entidades estatales hagan cumplir las leyes de California.

La cláusula que enfrenta a la NTIA con las leyes estatales

La Sección 50 de las condiciones de BEAD pide a cada estado no aplicar normas que regulen directa o indirectamente las tarifas, los términos o las condiciones del servicio de banda ancha. También abarca las reglas de neutralidad de red, acceso abierto y otras obligaciones asociadas a servicios públicos, cuando se dirijan contra un subbeneficiario o sus afiliados dentro del estado.

La restricción podría alcanzar tanto las ubicaciones financiadas por BEAD como las demás áreas donde opere el proveedor beneficiario. Según las condiciones del programa, el compromiso se mantendría mientras la subvención siga en su período de ejecución, en una extensión de ese período o bajo el interés federal aplicable, lo que podría prolongar la exención hasta por 14 años.

Las reglas federales consideran neutralidad de red las normas que prohíben bloquear contenido, reducir velocidades, imponer límites de datos o dar prioridad pagada al tráfico. La carta de Reynolds calificó la condición como vaga y ambigua respecto de su relación con la ley que estableció BEAD, y sostuvo que aceptar los fondos no debe interpretarse como una renuncia a obligaciones legales obligatorias ni como una limitación de las facultades de otras entidades estatales.

California también señala que su ley de neutralidad de red establece expresamente que cualquier renuncia a sus disposiciones es contraria al interés público y, por tanto, nula e inaplicable. La CPUC agrega que varios de sus programas de acceso a banda ancha derivan del Código de Servicios Públicos estatal y no son discrecionales ni renunciables, un argumento que complica la posibilidad de aceptar la cláusula tal como está redactada.

Una disputa que podría llegar a los tribunales

La CPUC votó en septiembre para ratificar el plan de financiación y comunicó que su aceptación se basa en la interpretación que considera más adecuada de la Sección 50. Sin embargo, Reynolds indicó que California no entregará subvenciones a los proveedores hasta que el estado y la NTIA resuelvan sus diferencias, una pausa que deja en suspenso la distribución del dinero mientras continúan las conversaciones.

La agencia federal no dio señales de retirar la condición: un portavoz de la NTIA sostuvo que los términos del acuerdo constituyen el pacto completo entre ambas partes y que la carta de California no forma parte de la adjudicación. La NTIA actualizó su panel para indicar que los 56 estados y territorios habían firmado y devuelto sus acuerdos finales, con California como última jurisdicción en completar ese trámite.

El grupo de defensa del consumidor Public Knowledge respaldó a la CPUC y calificó de improcedente la exigencia de apartar las reglas estatales de asequibilidad, neutralidad de red y privacidad. Su asesor principal de políticas, Raza Panjwani, sostuvo que la ley de infraestructura que creó BEAD no autoriza a la NTIA a modificar las leyes de California ni a exigir que sus agencias dejen de aplicarlas.

La disputa podría complicarse cuando los proveedores reciban las subvenciones: algunos podrían alegar que la condición federal los exime de las normas estatales, mientras California podría iniciar acciones contra quienes las incumplan. La profesora de Derecho de Stanford Barbara van Schewick dijo que la carta preserva los argumentos del estado, pero no modifica por sí misma el acuerdo; a su juicio, solo la NTIA por escrito o un tribunal podría retirar la condición.

Protecciones digitales y el alcance práctico del conflicto

El gobernador Gavin Newsom afirmó que aceptar los fondos no significa que California abandone su derecho a exigir el cumplimiento de sus leyes, y sostuvo que conectar hogares y negocios debe ir de la mano con protegerlos. Su portavoz destacó que el plan busca llevar internet de alta velocidad a cientos de miles de lugares, incluidas comunidades rurales y desatendidas, y aseguró que las protecciones estatales siguen vigentes.

La ley californiana de neutralidad de red impide que los proveedores bloqueen o ralenticen tráfico legal y prohíbe cobrar a sitios web o servicios en línea para entregar o priorizar sus contenidos. La primera administración Trump no logró anular las leyes estatales de neutralidad de red, y los proveedores que impugnaron la norma californiana también perdieron su desafío ante los tribunales, antecedentes que California puede invocar en el nuevo pulso.

El estado cuenta además con una ley que prohíbe a las compañías móviles ralentizar el servicio de los primeros respondedores durante emergencias. Esa norma se aprobó en 2019, después de que Verizon redujera en 2018 la velocidad de un plan descrito como ilimitado que utilizaban los bomberos del condado de Santa Clara durante un incendio forestal; grupos locales también alertaron que la condición BEAD podría afectar reglas sobre baterías de respaldo en torres celulares.

Van Schewick considera que la ley que creó BEAD obliga a los estados a garantizar que los proveedores financiados cumplan las normas federales, estatales y locales, por lo que ve argumentos sólidos contra la Sección 50. No obstante, advirtió que la prueba decisiva llegará si un proveedor bloquea a un competidor, ralentiza a los bomberos o incumple un compromiso de precio: la forma en que California responda determinará si sus protecciones siguen operando en la práctica.

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