Por Canuto  

Block pactó con el Departamento de Justicia de EE. UU. aplazar durante tres años la persecución de un cargo relacionado con lavado de dinero, mientras enfrenta presión regulatoria por los controles de Cash App y sus operaciones con Bitcoin.
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  • El acuerdo no equivale a una absolución: Block deberá cumplir sus obligaciones durante tres años para cerrar el caso sin una persecución penal posterior.
  • La empresa ya afrontó una multa de USD $40 millones en Nueva York y un compromiso de USD $80 millones para remediar deficiencias AML.
  • Los controles de transacciones vinculadas con activos digitales, incluido Bitcoin, seguirán bajo especial atención regulatoria.

 

Un acuerdo que mantiene el caso abierto

Block, la compañía detrás de Cash App y Square, alcanzó un acuerdo de persecución diferida con el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) por un cargo relacionado con lavado de dinero. El pacto posterga durante tres años la persecución del caso, pero no constituye una absolución ni borra de inmediato las preocupaciones de las autoridades sobre el programa de cumplimiento de la empresa.

En términos generales, un acuerdo de persecución diferida permite que los fiscales suspendan la prosecución de un cargo mientras la compañía cumple condiciones acordadas. Si Block satisface sus obligaciones durante el periodo establecido, el caso puede concluir sin que avance la persecución penal; de lo contrario, el asunto podría volver a la agenda judicial, según la descripción del acuerdo reportada por CryptoBriefing.

El plazo de tres años también significa que la compañía seguirá bajo supervisión federal mientras demuestra que sus controles funcionan. La información disponible no detalla cada obligación específica del pacto, por lo que no es posible precisar qué métricas, auditorías o mecanismos de reporte impondrá el DOJ durante ese periodo.

Para Block, el acuerdo reduce la incertidumbre inmediata de una batalla judicial, pero deja una condición importante: mantener el cumplimiento de las exigencias pactadas. La empresa no obtiene una resolución definitiva por el simple hecho de haber alcanzado el DPA, y cualquier incumplimiento podría elevar nuevamente el riesgo legal asociado con el cargo.

El foco regulatorio: monitoreo y conocimiento del cliente

El caso se relaciona con deficiencias graves que las autoridades identificaron en el programa contra el lavado de dinero, conocido como AML por sus siglas en inglés. Dos áreas resultan centrales para este tipo de controles: el monitoreo de transacciones, que busca movimientos sospechosos, y la debida diligencia de clientes, que ayuda a verificar quién utiliza los servicios financieros.

Evaluaciones previas señalaron debilidades en ambos frentes dentro de Cash App, según los antecedentes descritos en la información del caso. Cuando una plataforma no revisa oportunamente las alertas o no conoce suficientemente a sus clientes, pierde capacidad para detectar operaciones que podrían requerir una revisión adicional o un aviso a las autoridades.

Las transacciones de alto riesgo relacionadas con activos digitales, entre ellos Bitcoin, recibieron atención particular. Cash App permite desde hace tiempo que sus usuarios compren y vendan Bitcoin además de enviar pagos entre personas, de modo que sus controles deben cubrir tanto la actividad de pagos como los movimientos vinculados con ese activo.

El escrutinio federal, por tanto, toca una actividad que Block presenta como parte importante de su estrategia de largo plazo. La información disponible no sostiene que toda operación con Bitcoin sea sospechosa ni que se haya probado que cada transacción señalada fuera ilícita; el punto regulatorio es la capacidad de la compañía para identificar y gestionar operaciones de riesgo.

Multas estatales y compromisos de remediación

El acuerdo federal se suma a medidas estatales que, de acuerdo con el recuento publicado por CryptoBriefing, se acumulan desde al menos 2023. En abril de 2025, el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York emitió una orden de consentimiento contra Block y la compañía pagó una multa de USD $40 millones por fallas relacionadas con la Ley de Secreto Bancario y las normas AML aplicables al programa de Cash App.

Uno de los datos señalados en la resolución de Nueva York fue el retraso en la presentación de informes de actividad sospechosa. En ciertos casos, esos reportes, que permiten a las entidades financieras alertar a las autoridades sobre posibles delitos, tardaron en promedio alrededor de 129 días; una demora de ese tamaño reduce la oportunidad de que la alerta ayude a una investigación.

Más tarde, alrededor de julio de 2025, se concretó un acuerdo que involucró a varias municipalidades y exigió que Block destinara aproximadamente USD $80 millones a corregir deficiencias AML. Esas fallas surgieron de exámenes realizados en noviembre de 2023, y la cifra se presenta como un compromiso de remediación, no como una multa adicional idéntica a la sanción impuesta en Nueva York.

Al sumar los USD $40 millones de la multa estatal y los cerca de USD $80 millones comprometidos para remediar los controles, las acciones estatales vinculadas al asunto AML alcanzan aproximadamente USD $120 millones. Además, la información de origen menciona acuerdos separados de protección al consumidor por USD $45 millones en 2026, que no corresponden a los casos de lavado de dinero, pero agregan presión al calendario legal de la empresa.

El crecimiento de Cash App y lo que sigue

Una parte de las deficiencias se vincula con el rápido crecimiento de Cash App entre 2019 y 2020. Según el recuento del caso, la capacidad de cumplimiento no avanzó al mismo ritmo que la expansión de usuarios, lo que contribuyó a acumular alertas y a retrasar la revisión de algunas operaciones.

Cuando aumentan las transacciones y la base de clientes sin que los equipos de control puedan procesar las señales con la misma rapidez, los avisos se amontonan y los reportes llegan tarde. Esa secuencia, descrita en evaluaciones posteriores, ilustra la tensión entre facilitar el registro y los pagos y sostener verificaciones capaces de detectar a quienes buscan aprovechar una plataforma financiera.

Block ha puesto en marcha mejoras operativas y cooperó con los reguladores durante las distintas investigaciones, de acuerdo con la información suministrada. Esa cooperación suele ser un factor que los fiscales consideran al decidir si ofrecen un acuerdo de persecución diferida en lugar de buscar una condena, aunque no elimina la obligación de demostrar que las correcciones funcionan.

Para los inversionistas, cerrar el asunto federal sin un juicio reduce una fuente inmediata de incertidumbre, mientras que el periodo de supervisión mantiene abierto el riesgo de nuevos costos si la empresa falla. Para los usuarios y el negocio cripto, el punto de atención será si Block informa avances, cumple las condiciones del DPA y completa los tres años sin tropiezos; la fuente no detalla un calendario público de reportes ni las obligaciones exactas.

El caso también deja una señal para las empresas de pagos y criptomonedas: crecer con rapidez no sustituye la necesidad de controles AML adecuados. El desenlace dependerá de que Block atienda las exigencias federales y estatales, especialmente en la supervisión de transacciones de alto riesgo, incluidas las relacionadas con Bitcoin.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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