Por Canuto  

Binance salió al paso de un reporte que advertía a fiscales estadounidenses sobre una supuesta reducción en la cooperación del exchange. La empresa sostiene que no ha cambiado sus procesos y atribuye la controversia a una posible mala interpretación de sus obligaciones bajo la normativa del Mercado Global de Abu Dhabi.

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  • Binance negó que vaya a reducir su cooperación con las autoridades de EE. UU. en investigaciones vinculadas con criptomonedas.
  • La controversia surgió tras un memo interno del DOJ que advertía a fiscales sobre una posible menor ayuda del exchange para congelar o incautar cuentas.
  • La empresa afirma que las reglas del ADGM no impiden seguir colaborando con agencias estadounidenses y asegura que, de hecho, está aumentando ese compromiso.

 

El intercambio de criptomonedas Binance negó que haya dado marcha atrás en su cooperación con las autoridades de Estados Unidos, luego de que se conociera un memorando interno del Departamento de Justicia (DOJ) que advertía a fiscales sobre una posible reducción de apoyo en investigaciones de criptomonedas.

Según la versión de la empresa, las afirmaciones sobre un cambio en su postura son incorrectas y obedecerían a una lectura errónea de las obligaciones que enfrenta bajo el marco regulatorio del Mercado Global de Abu Dhabi, conocido como ADGM.

La controversia gira en torno a la forma en que Binance procesa solicitudes de agencias estadounidenses, sobre todo cuando estas buscan congelar o incautar cuentas vinculadas a presuntas actividades ilícitas en el ecosistema cripto.

Un funcionario de la compañía dijo que Binance ya informó tanto al DOJ como al ADGM que su procedimiento para atender requerimientos de autoridades de Estados Unidos se mantendrá sin cambios. La firma también sostuvo que su cooperación incluso se está ampliando.

El episodio vuelve a situar a Binance en el centro del debate regulatorio, en un momento en que Washington mantiene sensibilidad especial frente al cumplimiento de controles contra lavado de dinero, sanciones y movimientos financieros asociados a actores de riesgo.

Qué detonó la nueva disputa entre Binance y el DOJ

La discusión se intensificó después de que se reportara la existencia de un memorando interno del DOJ, según reportó primero la agencia de noticias The Information, que habría advertido a los fiscales federales que esperaran menos ayuda de Binance en pesquisas relacionadas con criptomonedas.

Ese documento, de acuerdo con el reporte original, señalaba que Binance pondría fin a las llamadas congelaciones de cortesía. En la práctica, eso implicaría que los investigadores ya no contarían con la misma colaboración informal para inmovilizar fondos o cuentas.

Si esa interpretación se aplicara de forma estricta, las agencias estadounidenses tendrían que recurrir a Tratados de Asistencia Legal Mutua, conocidos como MLAT, para avanzar en congelamientos o incautaciones. Ese canal suele ser más formal y más lento.

Binance dijo no haber visto el memorando, aunque no negó su existencia. Aun así, rechazó de forma tajante la idea de que esté retirando cooperación o endureciendo deliberadamente el acceso de las autoridades de Estados Unidos a sus procesos.

Para la empresa, el problema parecería estar en un malentendido sobre cómo deben encauzarse ciertas solicitudes bajo la licencia que obtuvo en Abu Dhabi. Esa lectura es clave porque desde enero de 2026 Binance.com opera bajo ese marco de supervisión.

El papel de Abu Dhabi y las reglas que complican la lectura

Binance.com se convirtió en la primera plataforma global de criptomonedas con licencia bajo el marco del ADGM, con supervisión efectiva a partir del 5 de enero de 2026. Ese dato es central para entender por qué surgieron dudas legales sobre el flujo de datos y requerimientos extranjeros.

Los cambios que el memorando supuestamente anticipaba habrían comenzado el 8 de junio, apenas cinco meses después de que entró en vigor esa licencia. Esa cercanía temporal alimentó la sospecha de que la nueva estructura regulatoria estaba alterando la cooperación con fiscales de Estados Unidos.

Las normas de protección de datos del ADGM prohíben la transferencia de datos personales fuera de la zona franca. La guía oficial autoriza divulgaciones a autoridades de Emiratos Árabes Unidos, pero aclara que esa posibilidad no se extiende automáticamente a agencias extranjeras.

Leída con rigidez, esa disposición podría empujar a organismos de otros países a usar mecanismos de tratado, como los MLAT. Esa es precisamente la conclusión que el memorando del DOJ aparentemente recogía al advertir sobre un menor margen de respuesta directa por parte de Binance.

Sin embargo, la misma guía también contempla transferencias vinculadas con reclamaciones legales y menciona como ejemplo válido una solicitud proveniente de una autoridad de Estados Unidos. Por eso, el propio manual deja base jurídica para que Binance continúe cooperando con agencias estadounidenses.

En otras palabras, el punto no parece ser una prohibición absoluta, sino la forma en que debe justificarse y canalizarse la entrega de información. Esa diferencia es importante porque separa una barrera regulatoria de una presunta negativa corporativa a colaborar.

El trasfondo del acuerdo penal de 2023 y la vigilancia debilitada

La tensión no ocurre en el vacío. Binance se declaró culpable en noviembre de 2023 por fallas en el cumplimiento de normas contra el lavado de dinero y de sanciones, y aceptó pagar USD $4.300 millones.

En ese acuerdo, la cooperación con las autoridades ya era un asunto sensible. El DOJ solo concedió a Binance un crédito parcial por su colaboración, al considerar que la plataforma retrasó la entrega de evidencia durante el proceso.

Además, el pacto exigía la presencia de un monitor de cumplimiento independiente durante tres años. Ese tipo de supervisión suele actuar como una palanca formal para verificar que una empresa mantenga estándares regulatorios y responda con celeridad a requerimientos críticos.

Desde entonces, ese esquema se ha debilitado. El DOJ suspendió las supervisiones corporativas en 2025, mientras que el fundador de Binance, Changpeng Zhao, quien también se había declarado culpable, recibió un indulto presidencial.

La combinación de menos supervisión externa y un historial reciente de sanciones explica por qué cualquier señal de menor cooperación genera preocupación en Washington. En ausencia de controles más fuertes, la colaboración voluntaria de las plataformas adquiere todavía más peso operativo.

Esa realidad ayuda a entender la relevancia de las congelaciones de cortesía. Aunque no sustituyen los canales judiciales formales, pueden acelerar respuestas en investigaciones sobre fraude, lavado de dinero o evasión de sanciones dentro del mercado cripto.

Presión política, fondos ligados a Irán y la respuesta de Binance

En abril, el senador Richard Blumenthal presionó al DOJ y al Departamento del Tesoro para conocer el estado de los monitores de cumplimiento. Sus cartas llegaron después de reportes que vinculaban más de USD $1.000 millones movidos a través de Binance con billeteras relacionadas con Irán.

Ese contexto elevó la presión política sobre la empresa y sobre los organismos encargados de vigilarla. También reforzó la idea de que cualquier reducción de cooperación podría tener efectos directos sobre investigaciones sensibles para la seguridad financiera de Estados Unidos.

Binance respondió que no está cambiando nada en su forma de tratar las solicitudes de las autoridades estadounidenses. Un funcionario de la compañía afirmó que la empresa informó de inmediato al DOJ sobre el memo y aclaró que el procedimiento permanece intacto.

Según esa misma declaración, la plataforma no solo mantendrá su postura, sino que está aumentando su compromiso con las autoridades y con el propio DOJ en América para combatir actividad ilícita en blockchain. Esa frase intenta revertir la percepción de repliegue.

El Departamento de Justicia no hizo comentarios públicos sobre el fondo del asunto. De acuerdo con el reporte original, el organismo fue consultado y declinó pronunciarse, lo que deja sin respuesta oficial la duda sobre el alcance real del memorando.

Para lectores menos familiarizados con el tema, este silencio importa porque una parte esencial del caso depende de cómo interpreten las autoridades las reglas extranjeras que hoy cobijan a Binance.com. Sin esa aclaración, la incertidumbre regulatoria seguirá abierta.

Por qué esta disputa importa para el mercado cripto

Más allá del cruce puntual entre Binance y el DOJ, el caso expone una tensión más amplia entre la naturaleza global de los exchanges y las exigencias nacionales de supervisión. Las plataformas cripto operan en múltiples jurisdicciones, pero las investigaciones penales siguen dependiendo de marcos legales territoriales.

Cuando una firma se relocaliza o queda bajo nuevas licencias, cambian también las reglas sobre custodia de datos, transferencias de información y respuesta a autoridades extranjeras. Eso puede generar fricciones incluso si la empresa asegura que su voluntad de cooperar no ha variado.

La situación también revela cómo las normas de privacidad y los procedimientos regulatorios pueden influir en la velocidad del cumplimiento. Una colaboración más lenta no siempre significa resistencia, aunque en la práctica pueda producir un efecto similar para fiscales e investigadores.

En el caso de Binance, la sensibilidad es mayor por sus antecedentes recientes y por el tamaño de su presencia en el ecosistema global. Cualquier ajuste en su relación con Estados Unidos repercute en debates sobre cumplimiento, seguridad y gobernanza del sector cripto.

En marzo, además, Binance presentó una demanda por difamación contra The Wall Street Journal. Ese dato muestra que la empresa ha mantenido un año particularmente tenso en Washington, entre cuestionamientos regulatorios, reportes adversos y defensa pública de su reputación.

Por ahora, el punto más sólido en favor de Binance es que la propia guía del ADGM deja margen para seguir atendiendo solicitudes estadounidenses en contextos legales determinados. El punto más delicado es que la desconfianza acumulada hace que cualquier ambigüedad tenga consecuencias políticas inmediatas.

Si el DOJ revisa de nuevo esa guía o aclara internamente su interpretación, podría despejarse parte de la incertidumbre. Hasta entonces, la disputa seguirá siendo una prueba de cómo el cumplimiento cripto se redefine cuando chocan jurisdicciones, licencias y expectativas de cooperación internacional.

Imagen editada de Depositphotos

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA

 


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