Por Canuto  

El Bank Policy Institute, que representa a los mayores bancos de Estados Unidos, contrató abogados para evaluar una demanda contra la OCC por las cartas fiduciarias concedidas a empresas como Ripple, Circle y Paxos. Aunque todavía no existe una denuncia, la amenaza ya está frenando solicitudes y puede decidir quién tendrá autorización para operar como banco en el país.

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  • El Bank Policy Institute estudia demandar a la OCC por ampliar el alcance de las cartas fiduciarias nacionales para empresas de criptomonedas y fintech.
  • Ripple, Circle, Paxos, BitGo y Fidelity Digital Assets recibieron aprobaciones condicionales en diciembre, seguidas por solicitudes o aprobaciones para otras empresas.
  • El conflicto enfrenta la preeminencia federal de las cartas cripto con las exigencias de seguro de depósitos, capital, liquidez y supervisión que soportan los bancos tradicionales.

 

La disputa más importante sobre la banca de criptomonedas en Estados Unidos todavía no llegó a un tribunal. Sin embargo, el Bank Policy Institute, un grupo que representa a cerca de 40 grandes prestamistas, mantiene bajo revisión activa una posible demanda contra la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC).

El consejo del instituto incluye a los directores ejecutivos de JPMorgan, Goldman Sachs y Citigroup. La organización contrató abogados externos y analiza desafiar al regulador por las cartas de banco fiduciario nacional concedidas a compañías de criptomonedas.

El objetivo no sería Ripple directamente. La posible acción buscaría cuestionar la autoridad y la interpretación de la OCC, que durante los últimos meses aprobó solicitudes de empresas vinculadas con stablecoins, custodia de activos digitales y pagos.

La fuente crypto.news informó que no se ha presentado ninguna demanda hasta finales de julio de 2026. Aun así, la amenaza legal ya influye en los calendarios de aprobación, las condiciones regulatorias y las decisiones de las empresas que buscan operar bajo una carta federal.

El conflicto puede definir si una empresa de criptomonedas obtiene los beneficios nacionales de una carta bancaria sin asumir todas las obligaciones de un banco tradicional. También puede establecer qué significa ser un banco dentro del sistema financiero estadounidense.

La expansión de las cartas fiduciarias

Una carta de banco fiduciario nacional es una licencia federal emitida por la OCC. Permite prestar servicios fiduciarios, custodiar activos y conservar bienes, pero no autoriza a aceptar depósitos ni conceder préstamos.

Históricamente, este vehículo estuvo reservado para empresas dedicadas de manera clara a actividades fiduciarias. Su principal atractivo consiste en la preeminencia federal, porque una compañía puede operar en los 50 estados bajo un solo supervisor nacional.

Para las empresas cripto, la carta puede sustituir el largo proceso de obtener licencias de transmisor de dinero en cada estado. Ese proceso exige años de trabajo y decenas de millones de dólares, según el contexto presentado por la fuente.

Anchorage Digital obtuvo una carta condicional en enero de 2021 y siguió siendo durante años la única empresa nativa de criptomonedas que completó el proceso. Circle alcanzó la aprobación final el 10 de julio de 2026, convirtiéndose en la segunda compañía cripto en completar ese camino.

El cambio de ritmo ocurrió bajo la OCC dirigida por el contralor Jonathan Gould. El 12 de diciembre, la agencia concedió aprobaciones condicionales a Ripple, Circle, Paxos, BitGo y Fidelity Digital Assets en una sola oleada.

En febrero llegaron aprobaciones condicionales para Crypto.com, Bridge y Stripe. A comienzos de marzo, unas 11 empresas habían recibido aprobaciones o presentado solicitudes en aproximadamente 83 días, mientras Zerohash y otras compañías esperaban su turno.

El argumento de los grandes bancos

El Bank Policy Institute sostiene que la OCC reinterpretó el alcance de una categoría bancaria de propósito limitado. Según esa visión, algunas empresas estarían usando la carta fiduciaria para obtener poderes similares a los de un banco nacional sin convertirse en bancos de servicio completo.

El cambio central aparece en una regla finalizada en febrero y efectiva desde el 1 de abril. La norma describe las actividades permitidas como operaciones de empresas fiduciarias y actividades relacionadas, en lugar de utilizar un lenguaje centrado únicamente en poderes fiduciarios.

Los críticos consideran que esa modificación permite incluir negocios no fiduciarios sustanciales. Entre ellos mencionan la custodia de reservas de stablecoins, los servicios relacionados con pagos y otras funciones esenciales para la infraestructura financiera digital.

La OCC afirma que la regla no amplía ni reduce su autoridad. Los bancos, en cambio, sostienen que esa redacción sirve como fundamento para convertir cartas fiduciarias limitadas en plataformas nacionales con capacidades más amplias.

Las objeciones del instituto también apuntan a un posible arbitraje regulatorio. Un emisor de stablecoins podría custodiar reservas, una empresa de pagos podría organizar su sistema de liquidación y un exchange podría federalizar su negocio de custodia bajo una carta menos exigente.

Los bancos tradicionales deben cumplir obligaciones que las cartas fiduciarias no incluyen de la misma manera. Entre ellas están el seguro de depósitos y sus evaluaciones, la supervisión bajo la Ley de Compañías de Tenencia Bancaria, los requisitos de reinversión comunitaria y los estándares de capital y liquidez.

El argumento de seguridad también ocupa un lugar importante. Los clientes podrían confundir un banco fiduciario sin seguro de depósitos con una institución bancaria tradicional, y una eventual quiebra podría afectar la confianza pública en toda la figura regulatoria.

Por qué la demanda todavía no llega

El instituto podría obtener ventajas sin presentar una denuncia. La amenaza obliga a la OCC a considerar que cada aprobación futura puede convertirse en evidencia dentro de un eventual proceso judicial.

Las solicitudes pendientes quedan bajo una presión adicional. El regulador puede ralentizar el calendario, imponer condiciones más estrictas o limitar la aplicación práctica de la regla de abril para reducir la exposición legal.

Las compañías que recibieron aprobaciones condicionales también enfrentan incertidumbre. Ripple, por ejemplo, todavía debe cumplir requisitos previos antes de abrir operaciones, y su carta depende de una regla cuyo alcance está bajo amenaza.

Una demanda real tendría riesgos para los bancos. Si un tribunal confirma la interpretación de la OCC, el fallo podría consolidar el camino de las cartas cripto y transformar una política reversible en un precedente duradero.

El litigio también podría generar un proceso de descubrimiento incómodo. JPMorgan opera su propia plataforma de activos digitales y varios miembros del grupo bancario tradicional desarrollan proyectos sobre la misma infraestructura tecnológica que cuestionan públicamente.

Además, demandar a una OCC dirigida por un funcionario alineado con la agenda favorable a las criptomonedas de la Casa Blanca tendría un costo político. Por esa razón, los abogados pueden preferir mantener la presión sin activar todavía una batalla judicial formal.

El Bank Policy Institute ya demostró que está dispuesto a litigar contra reguladores. A finales de 2024 participó en un desafío al marco de pruebas de estrés de la Reserva Federal y consiguió concesiones.

El impacto para Ripple y sus competidores

Ripple representa el caso más visible de la nueva estrategia institucional. Su aprobación condicional le ofrece una ruta hacia una operación bancaria nacional, pero también la deja expuesta a cualquier cambio en la interpretación de la OCC.

La empresa tiene incentivos para completar rápidamente los requisitos pendientes. Una operación activa podría crear relaciones comerciales e intereses de dependencia que dificulten que un tribunal deshaga el proceso más adelante.

Circle alcanzó la aprobación final el 10 de julio. Ese avance no elimina el conflicto, porque una demanda futura podría intentar cuestionar la base regulatoria sobre la que se aprobaron compañías que ya comenzaron a operar.

Las cartas fiduciarias son importantes para la estrategia institucional de toda la industria. Los emisores de stablecoins las consideran una vía para custodiar reservas, mientras los custodios pueden utilizarlas para atender a fondos cotizados y otras instituciones.

Ripple también busca conectar una entidad federal con sus operaciones globales. La compañía mantiene, además, una solicitud pendiente de cuenta maestra de la Reserva Federal, lo que añade una segunda disputa regulatoria independiente.

El escenario permanece vinculado con la Ley GENIUS. Las reglas que deben definir la custodia de reservas de stablecoins siguen sin terminar, pese a que las agencias incumplieron la fecha límite de elaboración fijada para el 18 de julio.

Esas normas podrían legitimar el modelo de la OCC o entregar a los bancos tradicionales un argumento legal más sólido. Sin un marco definitivo, el debate sobre las cartas se desarrolla sobre un territorio regulatorio cuyo mapa todavía no está completo.

El precedente de Anchorage Digital

Anchorage Digital ofrece el principal ejemplo de una empresa cripto que completó el recorrido. Su experiencia muestra que la carta federal puede ofrecer legitimidad, operación nacional y acceso a mandatos de custodia institucional.

También muestra el costo de esa legitimidad. Anchorage enfrentó una orden pública de consentimiento por incumplimientos de la Ley de Secreto Bancario y dedicó años y recursos importantes a sus procesos de remediación.

La compañía tuvo que construir una relación permanente con los examinadores, cumplir ciclos de informes y establecer una estructura de cumplimiento acorde con la supervisión federal. Ese proceso no se parece a una licencia sencilla o a una autorización sin obligaciones significativas.

El historial de Anchorage complica los argumentos de ambos lados. Los bancos deben explicar por qué describen las cartas como un régimen ligero si el único ejemplo operativo afrontó una supervisión exigente y una orden de cumplimiento.

La industria, por su parte, debe reconocer que la aprobación condicional no equivale a una operación bancaria inmediata. Si Anchorage necesitó más de cuatro años para alcanzar una estructura plenamente operativa, las 11 empresas recientes podrían estar apenas al inicio de un proceso prolongado.

La capacidad de la OCC será una variable decisiva. El regulador tendrá que demostrar si puede supervisar con profundidad a las nuevas entidades o si pretende acelerar las aprobaciones finales con una estructura menos intensa.

Un proceso lento y cargado de condiciones fortalecería la defensa de la OCC. Una ola rápida de aprobaciones finales con poca supervisión visible daría a los bancos tradicionales argumentos para cuestionar la legitimidad del programa.

Los próximos acontecimientos

La primera demanda o la primera ola de aprobaciones finales puede romper el equilibrio actual. Una denuncia convertiría la amenaza en años de litigio, con todas las cartas cripto expuestas a una decisión judicial.

Una aceleración de la OCC produciría el efecto contrario. Si Ripple, Paxos y otras empresas convierten sus aprobaciones condicionales en operaciones concretas, el lobby bancario tendría que decidir si demanda frente a hechos ya establecidos.

Las disposiciones de custodia de la Ley GENIUS serán otro indicador clave. Las reglas podrían definir si los bancos fiduciarios regulados por la OCC son los custodios previstos para las reservas de stablecoins.

El Congreso también puede alterar el desenlace. Los proyectos de ley sobre estructura de mercado, incluidos los borradores de CLARITY, podrían establecer legislativamente qué empresas pueden tener cada tipo de carta.

Una solución legislativa podría dejar sin efecto una demanda antes de que llegue a una sentencia. Por eso, las mismas instituciones que presionaron a la OCC también enviaron cartas a líderes del Senado durante junio.

Existen cuatro desenlaces generales. El BPI puede demandar y dejar el alcance de la carta en manos de los tribunales, la OCC puede acelerar las aprobaciones finales, el regulador puede estrechar las condiciones o el Congreso puede intervenir.

Los bancos no contrataron abogados únicamente porque Ripple obtuvo una carta. La disputa surge porque la definición práctica de banco cambió, y las empresas que avanzan por esa brecha podrían competir con las instituciones que dominan el sistema financiero.

Por ahora, ninguna demanda existe. La pelea ocurre mediante cartas de comentarios, condiciones regulatorias y calendarios de aprobación, mientras Ripple y sus competidores esperan saber si la puerta federal permanecerá abierta.

Imagen de Unsplash.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA.

 


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