Por Canuto  

Los archivos de la Comisión Federal de Elecciones muestran que 39 candidatos al Congreso de Estados Unidos reportaron pagos a OpenAI durante el ciclo electoral, mientras al menos dos campañas habrían utilizado esas herramientas para publicidad política pese a las restricciones de uso de la empresa.
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  • 39 candidatos reportaron pagos a OpenAI, una cifra que podría subestimar el uso real de ChatGPT en campañas.
  • El representante republicano Mike Lawler acumuló aproximadamente USD $3.260 en pagos, mientras el Comité Nacional Republicano declaró cerca de USD $9.700.
  • La FEC todavía no ha finalizado reglas vinculantes sobre la divulgación de contenido electoral generado con inteligencia artificial, según el análisis citado.

La inteligencia artificial generativa dejó de ser una curiosidad tecnológica para convertirse en una partida identificable dentro de algunos presupuestos de campaña en Estados Unidos. Un análisis de los archivos presentados ante la Comisión Federal de Elecciones, revisado por The Washington Post según informó CryptoBriefing, encontró que 39 candidatos al Congreso reportaron pagos por suscripciones de OpenAI durante el ciclo electoral actual.

El número probablemente representa solo una parte del uso real, porque una campaña puede contratar ChatGPT Plus por USD $20 mensuales, registrar el gasto bajo categorías generales o canalizarlo a través de un consultor. El hallazgo adquiere mayor relevancia porque al menos dos campañas habrían utilizado sus suscripciones para publicidad, una práctica que aparentemente contradice las políticas de uso de OpenAI sobre campañas políticas.

Los pagos identificados en los registros electorales

El representante Mike Lawler, republicano de Nueva York, encabeza el gasto individual entre los candidatos mencionados en los registros. Desde 2025, su campaña reportó aproximadamente USD $3.260 en pagos a OpenAI, aunque los documentos no detallan qué tareas concretas se realizaron con las herramientas contratadas.

Entre los comités políticos, el Comité Nacional Republicano aparece como el mayor gastador identificado, con alrededor de USD $9.700 destinados a OpenAI. La diferencia entre ambos montos ilustra que la adopción no se limita a candidatos individuales, sino que también alcanza estructuras partidarias con mayores presupuestos y equipos especializados.

Estas cifras no equivalen a una medición exhaustiva del uso de inteligencia artificial en la política estadounidense. Los archivos de la FEC solo reflejan los desembolsos que las campañas decidieron informar y, además, no siempre permiten distinguir si una suscripción se utilizó para redactar mensajes, analizar información, preparar documentos internos o producir materiales destinados al público.

El personal puede pagar una cuenta personal, recurrir a niveles gratuitos o incluir el costo dentro de la factura de una agencia y un proveedor tecnológico. Por esa razón, los USD $3.260 de Lawler y los USD $9.700 del Comité Nacional Republicano deben leerse como gastos documentados, no como el valor total de la inteligencia artificial empleada en el ciclo electoral.

La tensión con las políticas de OpenAI

Las políticas de uso de OpenAI prohíben emplear sus herramientas para campañas políticas, actividades de presión o interferencia electoral. En ese contexto, el uso de suscripciones para anuncios políticos plantearía una posible infracción de las reglas de la empresa y una separación entre las condiciones de servicio y las prácticas cotidianas de algunos equipos electorales.

El posible incumplimiento no significa que cada texto o imagen creado con un modelo de lenguaje constituya automáticamente un anuncio político. La diferencia depende del uso final, del público al que se dirige el material y de si el contenido busca influir directamente en una elección, pero los casos reportados muestran que las campañas pueden interpretar esas fronteras de manera flexible.

Un tercer candidato admitió haber empleado inteligencia artificial no especificada para redactar y personalizar mensajes o crear medios sintéticos. Ese reconocimiento amplía el debate más allá de OpenAI, porque sugiere que las campañas ya incorporan modelos y herramientas diversas para adaptar comunicaciones, aunque los registros públicos no indiquen qué sistemas concretos utilizaron.

Un marco electoral todavía incompleto

La legislación federal estadounidense todavía no se ha actualizado por completo para responder a la expansión de la inteligencia artificial generativa en las elecciones. Según el análisis citado, la Comisión Federal de Elecciones debate si debe exigir que las campañas divulguen contenido generado con IA, pero hasta mediados de 2026 no había finalizado reglas vinculantes sobre esa obligación.

La ausencia de un requisito uniforme deja sin respuesta preguntas relevantes para los votantes: cuánto de un anuncio fue redactado por una persona, cuánto fue producido por un modelo y cuándo una edición automatizada cambia de forma sustancial el mensaje. También dificulta comparar campañas, porque una organización puede describir el gasto con detalle mientras otra lo incorpora dentro de servicios generales.

Algunos estados han actuado con mayor rapidez y aprobaron normas que exigen advertencias en anuncios políticos generados con inteligencia artificial o que prohíben ciertos medios sintéticos de candidatos. Esas diferencias crean un mapa regulatorio fragmentado, en el que una misma pieza de contenido puede enfrentar exigencias distintas según el territorio donde se publique.

La cifra de 39 candidatos representa un aumento significativo frente a los primeros años de disponibilidad pública de ChatGPT, a finales de 2022 y durante 2023, cuando el uso de IA en campañas era principalmente anecdótico. Sin reglas obligatorias de divulgación, las organizaciones no tienen que identificar si un mensaje fue producido enteramente por un modelo, refinado con su ayuda o simplemente revisado para mejorar su redacción.

El crecimiento de estos pagos convierte a la inteligencia artificial en un nuevo asunto de transparencia electoral, incluso cuando los montos individuales parecen modestos. Mientras la FEC decide cómo actuar y los estados ensayan respuestas diferentes, los registros disponibles ofrecen una señal clara: las campañas ya están incorporando estas herramientas, pero la supervisión pública todavía avanza detrás de la tecnología.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.
Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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